Geopolítica y Chile

Chile juega con Europa

Chile debe dejar de lado su armamentismo

Chile: el falso problema del desfinanciamiento de la Defensa

Esteban McLaren




Las recientes advertencias sobre un supuesto desfinanciamiento de la Defensa Nacional merecen ser examinadas con menos dramatismo y mayor perspectiva. Que el mecanismo creado por la Ley 21.174 no haya funcionado como se esperaba puede constituir un problema administrativo. No demuestra, sin embargo, que Chile haya abandonado a sus Fuerzas Armadas ni que deba comprometer nuevos recursos para conservar indefinidamente todas las capacidades acumuladas durante las últimas décadas.

Los datos contradicen la imagen de una defensa históricamente postergada. Entre 2001 y 2025, Chile destinó aproximadamente US$116.000 millones a gasto militar, medidos en dólares constantes de 2024. En el mismo período, Argentina gastó cerca de US$112.000 millones; Perú, US$66.000 millones, y Bolivia, menos de US$15.000 millones. Es decir, entre los países frente a los cuales se estructuraron tradicionalmente buena parte de nuestras hipótesis estratégicas, Chile fue el que más recursos acumulados destinó a la defensa durante el último cuarto de siglo. En 2025 seguía gastando alrededor del 1,5% del PIB, frente al 0,6% de Argentina, el 0,8% de Perú y el 1,2% de Bolivia. Se trata de cálculos realizados a partir de la serie del SIPRI en dólares constantes.

El gasto, por cierto, no equivale automáticamente a capacidad militar. El propio SIPRI advierte que se trata de una medida de los recursos absorbidos por el sector, no de un indicador directo de su eficacia. Pero tampoco es razonable sostener que un país que gastó más que sus principales referentes estratégicos, que adquirió F-16, submarinos, fragatas, carros Leopard y sistemas avanzados de vigilancia, haya sufrido un abandono presupuestario comparable al de otras fuerzas de la región.

Chile realizó durante años una inversión extraordinaria para construir una ventaja militar cualitativa. Esa política puede haber sido justificable en su momento. El error sería convertirla en una obligación perpetua, como si cada sistema adquirido debiera ser reemplazado por otro equivalente y toda reducción del inventario representara una decadencia nacional.

La Defensa no puede improvisarse, pero tampoco puede quedar exenta de prioridades, restricciones y evaluaciones de costo. Ningún ministerio dispone de un derecho adquirido a conservar todas sus estructuras. Las necesidades militares deben definirse a partir de los riesgos actuales, no de las adquisiciones realizadas hace veinte años ni de escenarios heredados de las crisis fronterizas de la segunda mitad del siglo XX.

Chile no enfrenta hoy una amenaza convencional inmediata que justifique mantener, a cualquier precio, una fuerza diseñada para disputar simultáneamente la superioridad terrestre, naval y aérea frente a sus vecinos. Sus misiones más plausibles son el control del territorio y del espacio marítimo, la protección de infraestructura crítica, la vigilancia de fronteras, la ciberdefensa, la presencia antártica, el apoyo ante catástrofes y la contribución a operaciones internacionales. Todas requieren fuerzas profesionales. No todas exigen preservar cada avión, fragata, submarino o brigada acorazada existente.

La discusión de fondo no es si Chile debe tener Fuerzas Armadas. Debe tenerlas. La pregunta es qué tamaño, composición y nivel de disponibilidad resultan proporcionales a sus riesgos y a sus necesidades sociales. Allí es donde el argumento del desfinanciamiento comienza a perder fuerza.

Chile ha avanzado más que la mayoría de América Latina en esperanza de vida, escolarización, estabilidad institucional e infraestructura. Encabeza la región en desarrollo humano. Pero compararse únicamente con América Latina produce una peligrosa complacencia. Cuando se lo contrasta con los países europeos a los que pretende asemejarse, la distancia continúa siendo enorme.

El ingreso por habitante, ajustado por poder adquisitivo, ronda los US$28.000, poco más de la mitad del promedio de los países con desarrollo humano muy alto. Cuando el índice de desarrollo humano se corrige por desigualdad, Chile pierde un 17,6% de su valor. Hay comunas con indicadores comparables a los del norte de Europa y otras cuyas condiciones se aproximan a las de países considerablemente más pobres. Esa fractura territorial y social no es compatible con la imagen de una nación que ya hubiera completado su transición al desarrollo.

La educación ofrece otro contraste incómodo. El 41% de los adultos jóvenes cuenta con estudios superiores, mientras el promedio de la OCDE alcanza el 48%. La diferencia no parece inmensa hasta que se examina quién accede, quién termina y quién paga. Entre los jóvenes cuyos padres poseen educación superior, el 68% alcanza ese nivel; entre aquellos cuyos padres no completaron la enseñanza media, solo lo consigue el 25%. Apenas el 47,7% del financiamiento de la educación terciaria proviene de fuentes públicas, una de las proporciones más bajas de la OCDE. El gasto estatal por estudiante universitario es de aproximadamente US$4.500, frente a más de US$15.000 en el promedio de la organización. Más grave todavía, el 57% de los adultos presenta competencias de comprensión lectora en los niveles más bajos, frente al 27% en la OCDE.

En salud, la cobertura formal es amplia, pero la protección financiera y la igualdad de acceso siguen lejos del estándar europeo. Los hogares financian directamente alrededor de un tercio del gasto sanitario, una de las proporciones más elevadas de la OCDE. Solo el 44% de los chilenos declara estar satisfecho con la disponibilidad de atención de calidad, frente al 64% del promedio de la organización. La existencia de cobertura no elimina las listas de espera, las diferencias territoriales, el precio de los medicamentos ni la distancia que separa la atención recibida según el ingreso del paciente.

Y esto es apenas una parte. Chile todavía debe reducir la desigualdad, garantizar pensiones suficientes, ampliar el acceso a la vivienda, mejorar la educación inicial, fortalecer la salud pública, aumentar la participación laboral femenina, reducir la contaminación, asegurar el agua, adaptar las ciudades al cambio climático y cerrar las brechas digitales y territoriales. Son, en términos concretos, los compromisos de la Agenda 2030: terminar con la pobreza, garantizar salud y educación de calidad, avanzar hacia la igualdad de género, ofrecer trabajo digno, reducir las desigualdades, construir ciudades sostenibles, proteger los ecosistemas y fortalecer las instituciones. El propio reporte chileno de avance para 2023-2025 reconoce progresos, pero también numerosos ámbitos pendientes.

Frente a esas carencias, no debería escandalizar que la inversión militar disminuya. Lo sorprendente sería asumir que el bienestar de los ciudadanos debe adaptarse al inventario de las Fuerzas Armadas, y no al revés.

Una revisión seria de la defensa debería identificar capacidades indispensables, capacidades deseables y capacidades prescindibles. Esto implica aceptar decisiones que durante años fueron evitadas: reducir unidades, consolidar bases, revisar dotaciones, extender racionalmente la vida de ciertos sistemas y vender aquellos activos cuyo costo de operación no se corresponda con su utilidad estratégica.

La eventual venta de una parte de la flota de F-16, de aeronaves de alerta temprana o de otros sistemas de alto costo no debería considerarse una humillación. Puede ser una decisión responsable si preserva un núcleo disuasivo suficiente y libera recursos permanentes en mantenimiento, entrenamiento, personal e infraestructura. Vender activos produce ingresos por una sola vez; reducir una estructura sobredimensionada genera, además, ahorros recurrentes. Ambos deberían destinarse con reglas transparentes a inversiones sociales verificables, no a cubrir gasto corriente indiscriminado.

Chile necesita hospitales capaces de atender oportunamente, universidades accesibles sin que la deuda determine el futuro de una familia, escuelas que reduzcan las diferencias de origen, viviendas dignas, ciudades menos segregadas y una red de protección que no abandone a las personas cuando envejecen, enferman o pierden su empleo. Necesita también fuerzas militares modernas, pero no necesariamente las más grandes ni las más costosas que pueda financiar.

El verdadero riesgo estratégico de Chile no consiste hoy en disponer de algunas fragatas menos o de una flota de combate más pequeña. Consiste en consolidar una sociedad partida, donde la seguridad, la educación, la salud y la vejez dependen demasiado del ingreso y del lugar de nacimiento.

Durante veinticinco años el país financió una defensa superior a la de sus vecinos relevantes. Esa inversión produjo resultados y otorgó un margen de seguridad que no debe desconocerse. Precisamente por ello, Chile puede permitirse revisar su estructura militar sin alarmismo. No se trata de desarmar al país, sino de reconocer que la seguridad nacional también se construye con cohesión social, capital humano, salud, infraestructura, instituciones confiables y un desarrollo que alcance a todos.

Antes de crear otro mecanismo automático para garantizar recursos a la Defensa, corresponde preguntarse cuánto necesita realmente Chile y qué otras obligaciones continúan desfinanciadas. Las Fuerzas Armadas están para servir al país. El país no existe para financiar indefinidamente a las Fuerzas Armadas.

Chile: Embajador trasandino ruega que usemos la logística adversaria

Gonzalo Uriarte: “Chile está preparado para ser la puerta de Argentina hacia el Pacífico”

En diálogo con DEF, el embajador de Chile en Argentina se refirió a la ambiciosa agenda de reformas del gobierno de José Antonio Kast y al presente y futuro del vínculo bilateral. El intercambio comercial entre los dos países se encuentra en pleno crecimiento, mientras se busca profundizar la integración energética, la conexión interfronteriza y la cooperación en materia de seguridad

• El embajador pide que usemos su infraestructura para conectarnos con el Pacífico
• El chileno no ofrece nada de ceder en su ayuda a las fuerzas de ocupación de Malvinas
• La desesperación tapada de "oportunidades de negocios" es una constante en la entrevista
• Argentina no debe ceder un ápice a esta desesperación

Por Mariano Roca || Infobae + Addendum



En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones (Foto: Fernando Calzada)

Con un modelo económico orientado a las exportaciones y una extendida red de tratados de libre comercio que le permiten acceder a mercados que representan más del 89 % del PBI global, en las últimas cuatro décadas, Chile mantuvo una economía abierta al mundo. En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones: “Un Banco Central autónomo, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica, apertura comercial y respeto por los contratos y la ley”.

“Los distintos gobiernos han introducido cambios sociales, tributarios y regulatorios, pero han mantenido ese núcleo, porque reduce la incertidumbre y facilita la inversión de largo plazo”, señala el diplomático, acreditado ante el Gobierno argentino desde abril de este año. “El desafío actual es complementar esa apertura con mayor productividad, predictibilidad, competencia, innovación y cohesión social”, completa Uriarte, al tiempo que destaca los múltiples proyectos de integración y cooperación con Argentina.

El nuevo gobierno de Chile y una ambiciosa agenda de reformas económicas

-¿Cuáles son las claves del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el presidente José Antonio Kast?
-La primera clave es recuperar competitividad mediante una reducción gradual del impuesto corporativo del 27 % al 23 %. La segunda es entregar mayor certeza jurídica, incluyendo invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares. La tercera es acelerar permisos y establecer mayores responsabilidades del Estado cuando una autorización ambiental favorable sea posteriormente anulada.

-¿Cuáles son los incentivos que plantea el gobierno en materia impositiva y tributaria para impulsar mayores inversiones?

-Los incentivos combinan una menor carga corporativa con instrumentos específicos. Además de la reducción del impuesto corporativo a la primera categoría, se contempla un crédito tributario por contratación de trabajadores, especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas; una exención temporal del IVA para determinadas viviendas nuevas; invariabilidad tributaria para grandes proyectos y mecanismos de declaración o repatriación de capitales. El objetivo es disminuir el costo de invertir, contratar y financiar nuevos proyectos. Naturalmente, estos incentivos deben aplicarse preservando la sostenibilidad fiscal y evitando tratamientos arbitrarios entre empresas.

La relación bilateral con Argentina, un vínculo en ascenso y con enorme potencial

-Chile es el cuarto socio comercial de Argentina. ¿Cómo se puede potenciar el intercambio y cuáles son los sectores con mayor potencial?

-El intercambio bilateral alcanzó aproximadamente 8150 millones de dólares en 2025, su nivel más alto de la última década. Para potenciarlo, debemos reducir barreras no arancelarias, digitalizar las aduanas, armonizar normas técnicas y mejorar la conectividad terrestre y aérea. Los sectores con mayor potencial son energía, minería y proveedores mineros, alimentos, agroindustria, economía del conocimiento, servicios profesionales, turismo y logística. Es ahí donde debemos poner el esfuerzo conjunto. También existe una oportunidad estratégica: combinar las capacidades productivas argentinas con la infraestructura portuaria y la red de acuerdos comerciales de Chile para acceder conjuntamente a los mercados del Asia-Pacífico. Chile está preparado para ser la puerta de acceso de los productos argentinos hacia el Pacífico, con los beneficios que ello traería para ambos lados de la cordillera.

-El sector energético es un capítulo central en el vínculo bilateral. Usted acompañó, en junio, a la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, y al canciller Francisco Pérez Mackenna, en su visita a Vaca Muerta.

-La integración energética puede avanzar en tres direcciones. Primero, contratos estables de largo plazo para el suministro de gas argentino mediante los gasoductos existentes. Segundo, una interconexión eléctrica bidireccional que combine el gas argentino con la capacidad renovable chilena. Tercero, estudiar seriamente una plataforma logística entre Vaca Muerta y los puertos del Biobío, que permita procesar o exportar hidrocarburos hacia el Pacífico. No es un proyecto inmediato, pero su potencial estratégico para ambos países es considerable.

-La minería es un sector en el que Chile tiene una larga historia y que Argentina quiere potenciar a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ¿Qué importancia tiene el Tratado de Integración y Complementación Minera?

-El Tratado Minero, firmado en 1997, es fundamental porque ofrece un marco jurídico específico para yacimientos, infraestructura y servicios que atraviesan la cordillera. El RIGI mejora las condiciones de inversión dentro de Argentina; mientras que el Tratado resuelve la dimensión propiamente binacional. Su reactivación debe traducirse en procedimientos más rápidos, reuniones permanentes de la Comisión Administradora y una participación efectiva de proveedores y comunidades de ambos lados de la frontera.

-Los corredores bioceánicos son otro foco de atención para una mejor integración entre los dos países y a nivel regional. El proyecto del túnel de Agua Negra vuelve al centro de la agenda. ¿Cuáles son las perspectivas de avanzar en este y otros proyectos, y cómo podrían financiarse?

-El túnel de Agua Negra conserva un alto valor estratégico porque conectaría la región chilena de Coquimbo con la provincia de San Juan y completaría un corredor entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, debemos ser realistas: antes de iniciar la construcción, es necesario actualizar los estudios técnicos, geológicos, ambientales, de demanda y de costos. El esquema de financiamiento, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017, constituye un antecedente, pero debe ser revisado. Probablemente se requerirá una combinación de aportes públicos, financiamiento multilateral y participación privada en accesos, terminales y servicios logísticos. Mientras tanto, debemos modernizar también los pasos fronterizos actualmente operativos, haciéndolos más simples. Debemos mirar las fronteras europeas y seguir su ejemplo.

-La agenda de la seguridad ha estado presente desde el primer momento en el gobierno del presidente Kast. ¿Cómo pueden colaborar Argentina y Chile en el combate al crimen organizado transnacional?

-Chile y Argentina deben pasar de la cooperación declarativa a una cooperación operacional. Eso significa intercambiar inteligencia en tiempo real, elaborar mapas conjuntos de riesgo, coordinar controles en pasos fronterizos y puertos, rastrear flujos financieros y beneficiarios finales, y fortalecer la cooperación entre policías, fiscalías, aduanas y unidades de inteligencia financiera. También debemos actuar conjuntamente frente al tráfico de drogas, armas y personas, el contrabando y el ciberdelito. El Compromiso Regional de Santiago, acordado el pasado 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, y al cual se han unido recientemente Paraguay y Uruguay, ofrece un marco regional adecuado. Ahora debe traducirse en metas verificables, operaciones coordinadas y mecanismos permanentes de evaluación. De igual manera, en octubre tendremos un nuevo seminario binacional argentino-chileno sobre combate al crimen trasnacional; esa será la segunda ocasión en que se reúnan autoridades y policías de nuestros dos países, para buscar caminos de mejora para combatir de manera eficiente el crimen que traspasa la frontera.

De la protección de la Antártida a una elección clave en la ONU

-Argentina y Chile comparten la condición de países signatarios del Tratado Antártico y una visión sobre la protección del ecosistema del continente. ¿Cuál es la postura de su gobierno?

-La posición de Chile es preservar la Antártida como un continente dedicado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional, fortaleciendo el Sistema del Tratado Antártico. Con Argentina, tenemos una relación histórica y capacidades complementarias. Podemos profundizar la investigación conjunta sobre cambio climático, océanos y glaciares; coordinar logística, búsqueda y rescate y respuesta ante emergencias ambientales; y avanzar en la protección de ecosistemas marinos, particularmente mediante la propuesta conjunta de un área marina protegida y una gestión sostenible del kril. En esta materia, nuestros países trabajan de manera conjunta hace décadas, pues ambos creemos en la conservación de la Antártida. Somos países complementarios, y eso se aprecia en el trabajo conjunto de nuestros científicos y militares. (NdA: no, ustedes son un estado parasitario nuestro)

-Por último, el gobierno de José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet en la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Podría aclararnos la posición oficial de su país?

-La posición oficial es clara: Chile retiró el patrocinio de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet y dejó de realizar gestiones diplomáticas para promoverla, al considerar que no existían condiciones suficientes para sostener una candidatura regional competitiva. No obstante, la candidatura continúa formalmente respaldada por Brasil y México. Asimismo, nuestro gobierno ha señalado que, mientras ella permanezca en competencia, Chile no apoyará otra candidatura. En consecuencia, Chile respetará el procedimiento institucional: corresponde al Consejo de Seguridad recomendar un nombre y a la Asamblea General efectuar el nombramiento. 

¿El fin del problema? Chile sin habitantes

Argentina se está convirtiendo en una superpotencia minera

Chile: La política interna en el sur chileno

Política interna regional del sur chileno

Para hablar de la política sureña chilena conviene tomar un arco amplio: Ñuble y Biobío como zona de transición; La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos como sur propiamente dicho; Aysén y Magallanes como sur austral. No constituyen un bloque político uniforme. La cuestión mapuche y la seguridad dominan en Biobío y La Araucanía; la regulación de las actividades agropecuarias, forestales y acuícolas pesa especialmente entre Los Ríos y Los Lagos; mientras que en Aysén y Magallanes prevalecen el aislamiento, la conectividad, el costo de vida y la autonomía regional.

La fórmula más aproximada sería esta: el sur chileno puede ser conservador en materia de orden, propiedad y seguridad; estatista cuando reclama infraestructura, subsidios y servicios; productivista frente a la regulación ambiental; y profundamente regionalista cuando percibe que Santiago desconoce sus particularidades.

Un giro conservador nacional, pero no una hegemonía uniforme

Las elecciones presidenciales de 2025 confirmaron el fortalecimiento de la derecha en el centro-sur y el sur. José Antonio Kast, que asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026, ganó la segunda vuelta en todas las regiones; su mayor diferencia se produjo precisamente en Ñuble, donde alcanzó aproximadamente el 69% frente al 30% de Jeannette Jara. La seguridad, la propiedad rural, el rechazo al desorden y la reactivación económica encontraron allí una recepción particularmente favorable.

Pero ese predominio nacional no se traduce automáticamente en control de todos los gobiernos regionales. En las elecciones de gobernadores de 2024, Sergio Giacaman obtuvo una victoria contundente en Biobío con el 72,65%; en cambio, el independiente René Saffirio derrotó por escaso margen al gobernador derechista Luciano Rivas en La Araucanía; y Alejandro Santana, de Chile Vamos, ganó Los Lagos con el 51,87%. El dato importante es el voto diferenciado: una persona puede apoyar a la derecha en la elección presidencial por razones de seguridad y, simultáneamente, elegir a un independiente o a un dirigente de centroizquierda para administrar inversiones regionales.

Esto indica que el votante sureño no siempre se comporta como un militante ideológico. Suele distinguir entre el liderazgo nacional —orden público, economía, política indígena— y la gestión territorial —caminos, hospitales, conectividad, agua potable, reconstrucción y apoyo productivo—.

Biobío: industria, reconversión y seguridad rural

Biobío contiene varias sociedades políticas dentro de una misma región. El área metropolitana de Concepción posee tradición industrial, sindical, universitaria y portuaria. En cambio, Arauco, la provincia de Biobío y las comunas interiores presentan mayor ruralidad, actividad forestal y exposición al conflicto territorial. La industria manufacturera, la celulosa y la generación eléctrica siguen teniendo un peso relevante en su economía regional.

Por eso pueden identificarse dos grandes preocupaciones. En el espacio urbano-industrial aparecen el empleo, la desindustrialización, la contaminación, la reconstrucción y el transporte metropolitano. En las áreas rurales predominan la seguridad de las rutas, los ataques contra instalaciones productivas, el robo de madera, los incendios, la presencia policial y la defensa de la propiedad.

La victoria abrumadora de Giacaman en 2024 debe interpretarse dentro de ese contexto: no fue solamente una adhesión partidaria, sino también una demanda por gestión ejecutiva, reconstrucción y una respuesta más firme frente a la inseguridad. Sin embargo, Concepción y su entorno continúan proporcionando a la izquierda y a la centroizquierda una base urbana considerable. Biobío es, por consiguiente, una región competitiva, pero con una periferia rural que ha empujado el promedio regional hacia posiciones más conservadoras.

La Araucanía: el gran clivaje territorial de Chile

La Araucanía posee la dinámica política más compleja del sur. Allí se superponen reivindicación territorial mapuche; pobreza rural; agricultura y actividad forestal; propietarios pequeños, medianos y grandes; comunidades indígenas; empresas; turismo; violencia política y delincuencia común. Reducir todo eso a un conflicto entre “mapuches y chilenos” sería profundamente incorrecto.

La política regional gira alrededor de una pregunta básica: ¿el problema se resuelve prioritariamente mediante seguridad, restitución de tierras, desarrollo económico, reconocimiento político o alguna combinación de esos instrumentos?

El Estado de excepción continuaba siendo prorrogado en junio de 2026 para La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Su permanencia demuestra que la militarización parcial dejó de ser una medida extraordinaria de corta duración y pasó a integrarse en la administración habitual del conflicto.

Al mismo tiempo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó en 2025 propuestas sobre tierras, reparación y relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Posteriormente comenzó una consulta indígena para diseñar un nuevo sistema de tierras. Esto produjo dos reacciones contrapuestas: para algunos sectores era una posibilidad de ordenar y acelerar la resolución de reclamaciones históricas; para otros podía ampliar la incertidumbre sobre la propiedad y premiar indirectamente la presión territorial.

El gobierno de Kast desplazó el centro de gravedad hacia una política de control territorial y seguridad primero, acompañada por una revisión crítica de la política tradicional de compra y restitución de tierras. Ese giro coincide con una parte importante del electorado regional, pero enfrenta el riesgo de tratar como un único problema fenómenos distintos: terrorismo, delincuencia rural, reivindicación indígena pacífica, pobreza, disputas judiciales y falta de inversión.

La elección de René Saffirio como gobernador muestra precisamente la complejidad de la región. La Araucanía pudo apoyar electoralmente una agenda presidencial conservadora y, a la vez, elegir un gobernador independiente no alineado con la derecha. Eso sugiere que una parte del electorado desea firmeza en seguridad, pero desconfía tanto de los partidos tradicionales como de las respuestas exclusivamente coercitivas.

Los Ríos: equilibrio entre Valdivia y el interior rural

Los Ríos presenta una política menos militarizada. Valdivia concentra universidades, servicios públicos, actividad cultural, organizaciones ambientales y una sociedad civil relativamente densa. El interior regional, en cambio, depende en mayor medida de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y las pequeñas ciudades.

La actividad agropecuario-silvícola, la generación eléctrica, los servicios y el comercio explican una parte considerable de su desempeño económico. Esa estructura produce controversias sobre protección de humedales, proyectos energéticos, plantaciones forestales, turismo, empleo rural y uso del agua.

Políticamente, Los Ríos suele ser más equilibrada que La Araucanía o Ñuble. Valdivia puede favorecer candidaturas progresistas, regionalistas o ambientalistas, mientras que las comunas rurales tienden a posiciones más conservadoras. La competencia no se organiza tanto alrededor de la seguridad nacional como alrededor de qué tipo de desarrollo debe seguir la región y quién controla sus recursos naturales.

Los Lagos y Chiloé: producción, ambiente e identidad insular

Los Lagos posee una economía vinculada a la ganadería, la industria alimenticia, la pesca, la acuicultura, la actividad forestal y el turismo. La salmonicultura es particularmente relevante, tanto por el empleo y las exportaciones como por los conflictos ambientales, sanitarios y laborales que genera.

El clivaje principal no enfrenta simplemente a izquierda y derecha. En numerosas localidades la disputa es entre quienes priorizan la continuidad del empleo productivo y quienes exigen mayores controles ambientales; entre las grandes empresas y los proveedores locales; entre Puerto Montt como centro administrativo y las provincias periféricas; entre el continente y el archipiélago de Chiloé.

Chiloé posee una identidad territorial especialmente fuerte. La movilización de 2016 mostró que trabajadores, pescadores, comerciantes y organizaciones locales podían construir una protesta transversal contra el Estado central y contra la gestión de una crisis ambiental. Al igual que el movimiento de Aysén, se articuló alrededor de una sensación de abandono y no encajó completamente dentro de la división partidaria nacional.

Por eso la política de Los Lagos combina conservadurismo rural, empresariado productivo, sindicalismo pesquero, ambientalismo, demandas indígenas huilliches y regionalismo chilote. Alejandro Santana puede representar electoralmente a la derecha, pero como gobernador también debe enfrentarse a Santiago para obtener presupuesto, carreteras, conectividad marítima e inversiones hospitalarias.

Aysén: regionalismo antes que ideología

Aysén es probablemente el territorio donde la división entre izquierda y derecha resulta menos explicativa. Las distancias, el combustible, la conectividad terrestre y marítima, el acceso a especialistas médicos, el costo de los alimentos y la dependencia del transporte condicionan la política cotidiana.

El movimiento social de 2012 reunió organizaciones muy diferentes alrededor de demandas territoriales: combustibles, salud, educación superior, conectividad y mayor participación regional en los recursos naturales. La identidad regional operó como un factor de unificación por encima de las filiaciones partidarias.

Aysén puede votar por candidatos conservadores en una elección nacional y, al mismo tiempo, reclamar subsidios, empresas públicas, protección de actividades locales y una fuerte intervención estatal. No existe contradicción para el votante: considera que una zona extrema no puede someterse a las mismas reglas de costos que Santiago.

La acuicultura, la pesca, el turismo, la construcción y el sector público tienen una incidencia importante, pero presentan fuertes oscilaciones. En 2024 la economía regional cayó levemente por la menor actividad pesquera, salmonera y minera; durante el primer trimestre de 2025 volvió a crecer con fuerza por la acuicultura y la construcción. Esa volatilidad fortalece la demanda de políticas regionales anticíclicas.

Magallanes: una sociedad regional con conciencia de excepcionalidad

Magallanes posee una identidad regional muy marcada, basada en el aislamiento, el clima, la historia de poblamiento, la ganadería, los hidrocarburos, la navegación y su vinculación con la Antártida. Diversos estudios encuentran una fuerte identificación emocional con el territorio y con su singularidad respecto del resto de Chile.

La llamada crisis del gas de 2011 demostró la capacidad de la sociedad magallánica para movilizarse transversalmente. El intento de aumentar el precio del gas produjo una reacción regional que atravesó partidos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales, hasta forzar una modificación de la política nacional.

Eso explica una característica persistente: Magallanes puede tener representantes de izquierda, centro o derecha, pero todos enfrentan fuertes incentivos para adoptar posiciones regionalistas. El político que aparece excesivamente subordinado a Santiago corre el riesgo de perder legitimidad local.

La política contemporánea incorpora además nuevos ejes: desarrollo del hidrógeno verde, papel de ENAP, salmonicultura, protección ambiental, infraestructura antártica, turismo y conectividad con el resto de Chile. La discusión no es únicamente si debe haber inversión, sino qué parte de sus beneficios, empleos y decisiones permanecerá en la región.

Gobernadores, delegados y centralismo

La elección directa de gobernadores regionales produjo una nueva legitimidad territorial. Los gobernadores administran inversiones, elaboran estrategias regionales y presiden los consejos regionales, pero no controlan plenamente la seguridad, las policías ni los servicios nacionales. Esas atribuciones permanecen en buena medida bajo autoridades y ministerios designados desde Santiago.

En el sur esta división es especialmente visible. El gobernador puede financiar caminos, cámaras, programas productivos o recuperación urbana, pero la conducción del Estado de excepción depende del Ejecutivo nacional. Puede promover conectividad, pero las grandes obras dependen de ministerios centrales. Puede reclamar una política acuícola regional, pero la regulación principal continúa siendo nacional.

En 2026, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, asumió la presidencia de la Asociación de Gobernadores Regionales. Paralelamente, Los Lagos, Aysén y Magallanes vienen impulsando la coordinación denominada “Chile por Chile”, orientada a mejorar la conexión terrestre y marítima del sur austral sin depender necesariamente del tránsito por territorio argentino. Son ejemplos de un regionalismo institucional que busca negociar colectivamente con el poder central.

La síntesis política

La política sureña chilena puede resumirse como una combinación de conservadurismo territorial y demanda estatal.

En Biobío y La Araucanía, la seguridad, la propiedad y el conflicto territorial favorecen a la derecha, aunque subsisten importantes bases urbanas de centroizquierda y liderazgos independientes. En Los Ríos y Los Lagos, la disputa se concentra en la relación entre producción, regulación ambiental, empleo y autonomía territorial. En Aysén y Magallanes, el regionalismo puede imponerse sobre las fronteras ideológicas nacionales.

Por eso no conviene definir al sur simplemente como “derechista”. Es más preciso decir que una gran parte de su electorado desea orden sin abandono estatal; inversión privada sin subordinación absoluta a las grandes empresas; protección de la propiedad, pero también subsidios territoriales; explotación de recursos, pero con beneficios visibles para las comunidades locales.

El norte chileno dice: “producimos la riqueza minera que Santiago distribuye”. El sur formula una queja parecida, pero con otro contenido: “aportamos recursos forestales, agrícolas, pesqueros, energéticos y territoriales, mientras Santiago decide cómo debemos vivir y producir”.

Chile: Política y desigualdades en el Norte

Política interna del norte chileno

 EMcL (c)

La política del norte chileno no se entiende bien si se la reduce a una simple disputa entre izquierda y derecha. Su dinámica está determinada por una combinación particular de economía extractiva, centralismo santiaguino, frontera, migración, identidad regional y desconfianza hacia los partidos tradicionales.

Además, conviene distinguir el Norte Grande —Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta— del Norte Chico, principalmente Atacama y Coquimbo. Comparten ciertos problemas, pero no forman un bloque político homogéneo. Todos territorios apropiados a Perú y Bolivia.

El eje central: riqueza minera y sensación de abandono

La contradicción política fundamental es bastante evidente: el norte produce una parte decisiva de la riqueza chilena, pero buena parte de sus habitantes considera que esa riqueza no se traduce proporcionalmente en infraestructura, vivienda, hospitales, seguridad, transporte urbano o calidad ambiental.

La minería representaba en 2023 aproximadamente el 52,6% del PIB regional de Antofagasta, el 32,8% del de Atacama y el 28,9% del de Tarapacá. En 2024, Antofagasta fue además una de las regiones de mayor crecimiento del país, con una expansión del 7,3%, impulsada principalmente por el cobre, el litio y otras actividades mineras. (Biblioteca del Congreso Chile)

De allí surge un regionalismo que podría resumirse así:

“El norte produce, pero Santiago recauda, decide y distribuye”.

No necesariamente es separatismo ni federalismo doctrinario. Es más bien una demanda por retención territorial de rentas, compensaciones ambientales, inversión pública visible y mayor capacidad de decisión regional.

El royalty minero comenzó a modificar parcialmente ese cuadro mediante fondos para gobiernos regionales, comunas mineras y municipios con menores ingresos. También se contemplaron recursos específicos para infraestructura productiva entre Arica y Coquimbo. Sin embargo, incluso la política oficial de descentralización reconoce que las regiones extractivas siguen soportando externalidades ambientales, sanitarias y urbanas que no siempre son compensadas adecuadamente. (Subdere)

Una institucionalidad regional todavía ambigua

Chile creó gobernadores regionales elegidos directamente, pero no eliminó el control político del gobierno central. Actualmente conviven dos autoridades:

El gobernador regional, elegido por la población, conduce el gobierno regional y administra políticas de desarrollo e inversión.

El delegado presidencial regional, designado por el presidente, conserva el gobierno interior, el orden público, la coordinación estatal, la seguridad y buena parte de las cuestiones migratorias. (Biblioteca del Congreso Chile)

En el norte esta división es especialmente problemática. Cuando aparecen dificultades fronterizas, ocupaciones, campamentos, delincuencia organizada o crisis migratorias, el gobernador puede reclamar medidas, pero las herramientas policiales y de control territorial dependen principalmente del delegado presidencial y de los ministerios nacionales.

Esto produce una dinámica de doble legitimidad:

• El gobernador afirma representar a la región frente a Santiago.

• El delegado representa a Santiago dentro de la región.

• Los alcaldes reclaman que ninguno de los dos resuelve con suficiente rapidez.

Por eso los gobernadores norteños tienden a construir un discurso regional, incluso cuando pertenecen a partidos nacionales.

Frontera, migración y seguridad

En Arica, Tarapacá y, en menor medida, Antofagasta, la política está fuertemente condicionada por la condición fronteriza. Allí convergen migración regular e irregular, pasos no habilitados, comercio transfronterizo, contrabando, transporte, narcotráfico y una economía informal que no puede separarse completamente de la vida cotidiana.

Antofagasta concentraba en 2023 unas 128.744 personas extranjeras residentes, el 6,7% del total nacional; de ellas, alrededor de 13.664 se encontraban en situación migratoria irregular. El Censo 2024 volvió a mostrar a Antofagasta como la segunda región del país con mayor concentración de población nacida fuera de Chile. (INE)

Esto ha desplazado el debate regional. La discusión ya no es solamente cuánto debe invertir el Estado, sino también:

• quién controla la frontera;

• cómo se distribuyen los costos de la migración;

• qué municipios deben financiar salud, educación y vivienda;

• cómo se combate al crimen organizado sin convertir al migrante en enemigo colectivo.

En términos electorales, seguridad y migración han ganado centralidad. Pero sería incorrecto interpretar esto simplemente como una “derechización”. Muchos votantes norteños combinan posiciones que, desde Santiago, parecen contradictorias: reclaman fronteras más controladas, pero también mayor gasto público, royalty regional, vivienda social y protección laboral.

Del norte obrero al norte antiestablishment

El norte chileno posee una fuerte tradición obrera y sindical: salitre, cobre, puertos, ferrocarriles y grandes campamentos mineros. Esa historia favoreció durante décadas a socialistas, comunistas, radicales y dirigentes sindicales.

Sin embargo, la actual estructura laboral es diferente. Junto al trabajador sindicalizado de una gran minera existen contratistas y subcontratistas; pequeños empresarios proveedores; trabajadores por turnos; empleados que viven en otra región; comerciantes informales; transportistas; profesionales mineros de ingresos relativamente altos; población urbana instalada en campamentos o periferias precarias.

Ese mundo fragmentado debilitó la antigua identificación automática entre trabajador minero e izquierda. El resultado es un electorado económicamente heterogéneo, digitalizado, desconfiado y muy volátil.

La expresión más clara ha sido Franco Parisi y el Partido de la Gente. Ya en 2021 Parisi había construido una base particularmente fuerte en el norte. En la primera vuelta presidencial de 2025 volvió a dominar buena parte de ese territorio y alcanzó, por ejemplo, aproximadamente el 35% en Antofagasta. Su electorado ha sido caracterizado por su distancia de la política tradicional, su fuerte presencia masculina y laboral, y su combinación de discurso promercado, regionalista, antipolítico y favorable a políticas más severas de seguridad. (El País)

Más que una adhesión ideológica coherente, el fenómeno expresa una especie de populismo regional-productivista:

“Trabajamos, producimos, pagamos impuestos y la clase política no nos devuelve servicios ni seguridad”.

El peso de los liderazgos locales

Las elecciones regionales de 2024 mostraron que las marcas partidarias nacionales no controlan completamente el territorio. En Arica y Parinacota, Diego Paco derrotó al gobernador Jorge Díaz; en Antofagasta, Ricardo Díaz logró reelegirse en una competencia estrecha; en Atacama, Miguel Vargas también retuvo la gobernación; y en Coquimbo, Cristóbal Juliá obtuvo una victoria amplia. (Servicio Electoral de Chile)

El patrón importante no es sólo quién ganó, sino que los votantes norteños parecen valorar:

• la presencia territorial;

• la capacidad de negociar recursos con Santiago;

• la gestión municipal o regional previa;

• la autonomía respecto de las directivas partidarias;

• la imagen personal del candidato.

Por eso abundan independientes, exmilitantes, alianzas transversales y dirigentes que cambian de coalición sin perder necesariamente su base electoral.

Las diferencias dentro del norte

Arica y Parinacota tiene una política de frontera. Pesan la relación con Perú y Bolivia, la seguridad, la migración, el comercio, la agricultura de los valles y la presencia aymara. Existe una sensibilidad muy fuerte respecto de la presencia efectiva del Estado.

Tarapacá combina Iquique, Alto Hospicio, la ZOFRI, minería, logística y frontera. Alto Hospicio concentra problemas de vivienda, expansión urbana, seguridad y servicios públicos. Es probablemente uno de los territorios donde el voto de protesta y la antipolítica encuentran mejores condiciones.

Antofagasta representa la gran paradoja minera: salarios elevados y enorme generación de riqueza junto con vivienda cara, segregación urbana, campamentos, déficit de servicios y fuertes impactos ambientales. Allí la política regionalista y el voto de clase media minera tienen especial peso.

Atacama posee una identidad minera más ligada a Copiapó, Vallenar y las comunas productoras. El agua, la pequeña y mediana minería, los proyectos de inversión y la relación entre empresas y comunidades resultan centrales.

Coquimbo es más diversificada. Combina minería, agricultura, pesca, turismo, servicios y una mayor vinculación funcional con la zona central. Su política se parece menos a la frontera norteña y más a una competencia entre ciudades, municipios, sectores productivos y liderazgos regionales.

Pueblos originarios y conflictos ambientales

La presencia aymara, quechua, atacameña o lickanantay, diaguita y de otras comunidades introduce una dimensión adicional. Sus reivindicaciones no se organizan únicamente alrededor de autonomía cultural, sino también de:

• propiedad y uso del agua;

• salares y explotación de litio;

• protección de territorios;

• consulta indígena;

• caminos, conectividad y servicios;

• distribución de beneficios mineros.

Sin embargo, el voto indígena tampoco constituye un bloque uniforme. Algunas comunidades se vinculan con la izquierda ambientalista; otras negocian pragmáticamente con empresas y autoridades; otras adoptan posiciones conservadoras en cuestiones sociales y comunitarias.

La síntesis

La política norteña chilena es hoy regionalista, volátil y pragmática. Conserva una memoria obrera y estatalista, pero simultáneamente muestra una fuerte penetración del discurso promercado, antipartidos y de mano dura.

El votante norteño puede apoyar:

• mayor control migratorio;

• más presencia policial;

• reducción de burocracia para inversiones;

• mayores impuestos o royalties mineros;

• más recursos para municipios y gobiernos regionales;

• protección ambiental y del agua.

No es necesariamente una contradicción. Es la consecuencia de una percepción territorial bastante coherente: la actividad económica debe continuar, pero una proporción mucho mayor de sus beneficios y decisiones debe permanecer en el norte.

Por eso, más que una región simplemente “de derecha” o “de izquierda”, el norte chileno se está convirtiendo en un laboratorio de regionalismo productivo, populismo digital y política postpartidaria.

Crisis diplomática entre Chile y USA por un cable submarino chino

Preocupación en Chile por el avance minero argentino

Preocupación en Chile: “Sin estabilidad fiscal 20-30 años, no competimos con el RIGI argentino”

El presidente de la Cámara Minera chilena escribió un duro artículo en el que aseguró que el país perdió una década y advirtió que “Chile necesita urgentemente su propio RIGI”.

Minería y desarrollo

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En las puertas del boom del cobre, una dura advertencia empieza a resonar con fuerza del otro lado de la Cordillera de los Andes. El presidente de la Cámara Minera chilena, Manuel Viera Flores, escribió un severo artículo en el que ponderó el RIGI establecido por el gobierno de Milei, aseguró que frente a la estabilidad fiscal que hoy ofrece Argentina, Chile está atrasado una década y reclamó el mismo régimen para su país.

Aunque señaló que con la asunción del presidente Kast, el gobierno envió fuerte señales al sector con inversiones comprometidas por más de US$ 62 millones y anunció que acelerará la tramitación de una cartera histórica de más de US$ 105.000 millones además de resaltar el nombramiento del biministro Daniel Mas, aseveró que “sin estabilidad fiscal 20-30 años, no competimos con el RIGI argentino”.

Viera advirtió que “Chile va en la dirección correcta, pero con la velocidad equivocada” y agregó que el país “perdió una década. En el documento al que M&D tuvo acceso, señaló que “mientras Argentina aprobó 12 proyectos, a través del RIGI, en 18 meses con US$ 26.000 millones, nosotros priorizamos proyectos por 62 millones. La escala de la urgencia no coincide con la escala de la respuesta”.

Además, detalló que mientras Chile debatía el modelo de litio, Argentina captó inversiones por miles de millones de dólares en el Triángulo del Litio. “Hoy Argentina superará en producción de litio en los próximos 5 a 8 años por tener una política de fomento a la inversión inteligente y reglas claras”.


Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile 

En la extensa misiva, el minero chileno se deshizo en halago hacia las políticas implementadas en Argentina por el gobierno nacional. “Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, es un instrumento de política pública notable y Chile tiene que tomarlo como referencia. Es la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global. Vean el resultado: muy rápido llegaron inversionistas de la talla de RTZ, BHP, Lundin, First Quantum, etc. con grandes montos de inversión, así de claro”.

Viera aseguró que eso es lo que los inversionistas de minería necesitan: certeza de largo plazo que coincide con los horizontes de los proyectos mineros; permite la repatriación de utilidades sin cepo cambiario. “Para BHP, Lundin, First Quantum, Rio Tinto esto era una barrera histórica de Argentina. Hoy ya no lo es”.

También resaltó la “escala masiva de captación del régimen con US$ 33.876 millones captados en proyectos aplicados en 18 meses, de los cuales 73% es minería de cobre. Son 12 proyectos ya aprobados y 11 en trámite. “Chile no logró este volumen de inversión nueva en la última década”, advirtió.

En ese sentido, destacó el anuncio de BHP y Lundin para invertir 18 mil millones de dólares en Vicuña, al que definió como “la joya de la corona”. La inversión estará bajo la categoría especial PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), con beneficios de 40 años. “Es potencialmente una de las 5 minas de cobre más grandes del mundo. Eso lo gana Milei para Argentina, no Chile”.

Frente a ese escenario, aseguró que “Chile no se puede quedar dormido:  Debe competir por atraer inversiones. El boom de Chile ya pasó, ahora hay que buscar una estrategia distinta con las ventajas que ofrece el país, por ejemplo, aumentar la capacidad de fundición y refino”.

Insistió con que “el RIGI es una lección de política pública pro-inversión” y que el país no debe copiarlo idéntico, “pero sí aprender sus principios: estabilidad fiscal a largo plazo, simplicidad normativa, libre disponibilidad de divisas, trato preferencial a proyectos estratégicos, y —fundamental— compromiso del Estado de no cambiar las reglas”.

El presidente de la Cámara Minera de ese país, reveló que “Chile necesita urgentemente su propio RIGI, adaptado a nuestra institucionalidad, pero con la misma ambición, pensar en grande nuevamente” para recuperar velocidad y no quedarse afuera de la carrera por atraer inversiones mineras

Argentina: Intereses chilenos mantienen paralizado el desarrollo minero del cobre

El vínculo de la familia más rica de Chile con el freno al desarrollo minero en Mendoza

A través de CCU, el grupo Luksic, el más poderoso de Chile, integra la estructura empresaria que litiga contra el avance del proyecto cuprífero Paramillos.

Edu Gajardo || Minergy



Hay dos procesos judiciales frenando el avance de Paramillos en Uspallata. Uno de ellos tiene a los inversores chilenos como parte.

La familia chilena Luksic es uno de los grupos empresarios más influyentes de América Latina. Quiñenco, el grupo familiar, controla Antofagasta PLC (Antofagasta Minerals), uno de los mayores productores privados de cobre del mundo, con operaciones de escala global en Chile. En paralelo, es accionista central de Compañía Cervecerías Unidas (CCU), firma nacida en Chile que desde hace décadas opera en Argentina y que incluso fue sponsor oficial de la Selección Argentina de fútbol.

CCU, históricamente asociada al negocio cervecero en Chile y Argentina, también opera en el segmento de bebidas sin alcohol y aguas. Y en esa línea es donde aparece Mendoza. El 29 de abril de 2022, la compañía francesa Danone anunció públicamente una alianza estratégica con CCU para el negocio de aguas en Argentina. La operación, concretada el 28 de abril de ese año, implicó el ingreso de la compañía controlada por el grupo Luksic con el 49% en Aguas Danone de Argentina S.A. y en Aguas de Origen S.A., sociedades vinculadas a marcas como Villavicencio, que produce en Mendoza.

Desde ese momento, el holding chileno pasó a integrar la estructura empresaria, la misma que interviene en el conflicto judicial por el proyecto minero Paramillos, en Mendoza, muy cerca de PSJ Cobre Mendocino. Se trata de una disputa legal desde la firma francesa contra el estado mendocino.

El grupo chileno no llegó como un mero observador que heredó un conflicto preexistente. A través de Aguas de Origen S.A., se hizo parte en uno de los dos procesos que conforman el litigio por Paramillos y tuvo intervención formal en el otro. Esa participación directa en la discusión judicial agrega un elemento singular: mientras el holding es protagonista de la minería cuprífera de primera línea en Chile, integra en Argentina una estructura que cuestiona el avance de un proyecto de cobre en Mendoza.

El origen del conflicto: concesión y Declaración de Impacto Ambiental

La historia de Paramillos se remonta a fines de los años noventa. En 1999 se otorgó la concesión minera de Paramillos Sur I, II y III, en el departamento de Las Heras. En el año 2000 el proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La titularidad estaba por ese entonces en manos de Minera del Oeste S.R.L. (MIDO), que también controlaba Paramillos Norte I y II. El distrito presenta antecedentes geológicos favorables para cobre y oro.

En abril de 2005, MIDO firmó un contrato de exploración con opción a compra con Desarrollos de Prospectos Mineros S.A. (Deprominsa), subsidiaria del grupo canadiense Lundin, que hoy tiene el 50% de Vicuña. El acuerdo apuntaba a realizar tareas exploratorias en la zona.

En mayo de 2006, Aguas Danone de Argentina S.A., propietaria de los terrenos superficiales donde está el yacimiento, interpuso una acción de amparo contra la exploradora, alegando la falta de servidumbre minera y posibles afectaciones al recurso hídrico. El 11° Juzgado Civil hizo lugar al planteo y paralizó los trabajos. Desde entonces, el proyecto no logró avanzar en campañas exploratorias.

Compra de derechos y escalada administrativa

Además de lo mencionado, Danone adquirió en 2001 un total de 23 derechos mineros en Las Heras mediante cesión de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., incluyendo permisos de exploración y minas dentro y fuera de la zona de Villavicencio. Esa acción activo a los grupos antimineros mendocinos, pero a través de manifestaciones en medios de comunicación, la misma empresa se encargó de aclarar que no quería hacer minería, sino evitar que se hiciera en el subsuelo de su propiedad superficial.

Eso derivó en presentaciones judiciales alegando a la Dirección de Minería actuar sobre las propiedades, como establece el Código de Minería, por la inactividad de las propiedades, pero el organismo estatal mendocino nunca actuó contra la compañía, cuestión que derivó en que hasta hoy sigan con la titularidad de los derechos mencionados.

Desde entonces y a lo largo de los años, la compañía francesa desplegó una estrategia judicial y administrativa múltiple vinculada a Paramillos. En febrero de 2019 interpuso un recurso jerárquico contra las resoluciones que validaban la DIA del proyecto. En junio de 2023, el gobernador Rodolfo Suarez rechazó ese planteo mediante el Decreto 1046/2023, lo que derivó en una nueva Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Dos causas de fondo ante la Suprema Corte

Actualmente el conflicto se estructura sobre dos procesos diferenciados, ambos desde las compañías hacia el estado mendocino. El primero cuestiona la validez de la concesión minera otorgada en 1999. Se trata de una Acción Procesal Administrativa promovida exclusivamente por Aguas Danone de Argentina S.A., centrada en la legalidad del derecho minero.

El segundo eje es ambiental. Allí se impugna el Decreto 1046/2023, que rechazó el recurso jerárquico contra la Declaración de Impacto Ambiental de exploración. En esta causa actúan como coactoras Aguas Danone de Argentina S.A. y Aguas de Origen S.A. (Grupo Luksic), sociedad donde participa CCU.

En la acción contra la concesión minera, si bien Aguas de Origen no promovió la demanda principal, la Suprema Corte le dio vista en el incidente de acumulación y la empresa adhirió al planteo formulado por Danone. De este modo, la compañía vinculada al grupo Luksic es parte procesal en el frente ambiental y tuvo intervención formal en el expediente administrativo a favor de sus socios y en contra del Gobierno de Mendoza.

En el intertanto, la compañía francesa logró que parte de sus terrenos fueran designados como reserva y como sitio Ramsar.

La última resolución: causas separadas

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió rechazar un pedido de acumulación formulado por Danone, que pretendía tramitar en conjunto la causa contra la concesión minera y la acción contra la DIA.

El Tribunal entendió que no se verifican los requisitos del artículo 28 de la Ley 3.918 para acumular procesos, al tratarse de actos administrativos distintos, con diferente objeto y en etapas procesales diversas. También sostuvo que no existe riesgo de sentencias contradictorias al tramitar ambos expedientes ante el mismo órgano jurisdiccional.

La consecuencia procesal es que cada causa continuará su curso por separado. La acción que cuestiona la concesión minera podrá avanzar sin quedar condicionada al desenlace del litigio ambiental.

Una tensión que cruza la cordillera

Dentro de los análisis que circulan en Mendoza también aparecen interrogantes sobre la posición estratégica que podría asumir el grupo chileno en este entramado societario. Danone posee derechos mineros sobre 23 propiedades en Las Heras, de las cuales es superficiaria, y si bien la firma francesa ha sido explícita en señalar que adquirió esos activos para evitar operaciones mineras en su superficie, algunos observadores no descartan que, en el marco de la sociedad con CCU, puedan existir lecturas de mayor alcance vinculadas al control territorial y al posicionamiento sobre activos estratégicos en la zona.

Mientras Antofagasta Minerals -controlada por la familia Luksic- desarrolla operaciones cupríferas que posicionan a Chile como líder mundial en producción de cobre, en Mendoza una empresa participada por el mismo holding integra la estructura societaria que sostiene una acción judicial contra el avance de Paramillos, un proyecto de cobre que dentro del escaso nivel de exploración que tiene el territorio mendocino, aparece como una de las propiedades con mayor potencial dados los indicadores que existen de la zona desde la época de los estudios realizados por Fabricaciones Militares. De hecho, hoy el Ejecutivo mendocino apunta a desarrollar un nuevo distro minero, el Distrito Minero Norte, justamente alrededor de PSJ, mismo territorio en el que se encuentra Paramillos.

Recordemos que PSJ Cobre Mendocino es el único proyecto cubicado en Mendoza y está en etapa de factibilidad para iniciar la construcción. Este proyecto podría ser el primero en volver a poner a la Argentina en el mapa mundial de producción de cobre, del cual salió con el cierre de Bajo de La Alumbrera.

En tanto, Paramillos, con buenos antecedentes geológicos, una DIA otorgada hace más de 25 años y un historial de interés internacional, permanece condicionado por un entramado judicial que continúa abierto. La reciente decisión de la Corte no define el fondo del conflicto, pero ordena el escenario procesal y mantiene separadas las discusiones sobre concesión y ambiente.

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Elizondo pide que nos tiren una bomba nuclear por tener un alambrado 3 metros dentro de territorio chileno.

Perú: Chileno realizaba espionaje en base aérea de la FAP

¿Espionaje en al FAP? Exmilitar chileno instaló un taller aeronáutico en una base aérea con permiso del MTC

Empresa ‘Puma Air’ cuenta con un espacio en el Ala Aérea 2 de la Fuerza Aérea del Perú. DINI y la Fiscalía ya investigan el caso


Por Renato Silva || Infobae

El taller mecánico de un exmilitar chileno dentro de base de la FAP | Panorama

Una investigación fiscal y una alerta al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) han puesto bajo escrutinio a ‘Puma Air’, una empresa aeronáutica con operaciones en Perú, pero que cuenta con un detalle relevante para el sector de Defensa: está vinculada a un exmilitar chileno que declaró públicamente sus vínculos con el ejército del país vecino.

El caso de ‘Puma Air’ no solo ha causado alerta por sus vínculos con un país vecino, sino que además fue capaz de arrendar un amplio espacio en el Ala Aérea 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una de las instalaciones militares más importantes del país.

Bandera chilena en ‘Puma Air’

La empresa ‘Puma Air’ es representada por el exmilitar chileno Walton Humberto Mery Pinto, quien obtuvo todos los permisos necesarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes (MTC), por lo que cuenta con la autorización necesaria para operar en territorio peruano y arrendar 271 metros cuadrados dentro de la base aérea.

Puma Air arrienda un amplio espacio en el Ala Aérea 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). (Foto: Puma Air)

Sin embargo, en la DINI ya están analizando si este acceso y la actividad de la empresa dentro del sector energético representan una posible infiltración extranjera bajo sospecha de espionaje. La alerta se activó tras descubrirse que la compañía opera aeronaves en ubicaciones estratégicas del país y ha logrado vínculos contractuales con empresas que proveen servicios esenciales como gas y electricidad para buena parte del territorio nacional.

La identidad y los antecedentes militares de su representante, Walton Humberto Mery Pinto, son ahora objeto de una investigación formal.

Bajo la lupa de la Fiscalía

Las indagaciones sobre ‘Puma Air’ indican que, aunque la empresa especializada en soluciones de transporte y trabajo aéreo, se presenta como una firma con sedes en Santiago de Chile como en San Isidro, en Perú; su estructura accionarial y los mecanismos a través de los cuales obtuvo contratos y permisos han levantado sospechas.

Fuerza Aérea del Perú. (Foto: Andina)

El caso también es materia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción desde agosto de 2024, bajo la hipótesis de un posible tráfico de influencias que habría afectado a los intereses del Estado. La participación del exmilitar chileno en gestiones ante la DGAC, pese a que no figura en documentos públicos empresariales, agrava la preocupación de las autoridades.

Uno de los puntos clave del caso es que, según la Ley de Ética Civil, la participación extranjera en una aerolínea peruana no puede superar el 70% del accionariado, con el objetivo de preservar la seguridad nacional.

Documentación del caso sugiere que la empresa habría cumplido el requisito del 66,54% de capital extranjero, pero esto no ha evitado las dudas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de los permisos y el impacto en la soberanía nacional.

Opinólogos chilenos piden a Perú que no gaste en Gripen y lo destinen a salud y educación

“Genera inquietud”: la reacción de expertos chilenos sobre la posible compra de Perú de cazas Gripen

Texto basado en una noticia de Infobae
  

La intención del gobierno peruano de adquirir 24 aviones de combate Gripen E, como parte de una posible modernización de su Fuerza Aérea, ha generado una serie de reacciones en Chile. Mientras algunos expertos consideran la iniciativa una necesidad técnica ante el envejecimiento de su flota actual —particularmente los Mirage con más de 40 años de servicio—, otras personas a quiénes alguien les ha asignado el rol de "analistas", cuestionan la decisión por considerar que prioriza el gasto militar frente a necesidades sociales urgentes como salud, educación o lucha contra el crimen organizado. Esos mismos descerebrados no dicen lo mismo cuando la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha comprado 2 AWACS, más de 40 F-16s, SAMs, la ACh buques, submarinos, el ECh hizo lo mismo con tanques, etc. aun cuando ellos tienen zonas del país copados por el terrorismo araucano y el norte copado por la droga. Aparentemente tienen la caradurez moral de opinar sobre qué debe el gobierno de otro país en su política interna.

La "periodista" y académica chilena Margarita Pastene en un enfoque histérico y ajeno al sentido común criticó duramente la compra, señalando que en un contexto global donde se busca la paz, una señal armamentista resulta contradictoria. Para ella, el pueblo peruano necesita inversiones sociales y no equipamiento bélico. Considera que esta compra proyecta una imagen errónea y desalineada con las verdaderas prioridades ciudadanas. En ningún extiende ese razonamiento a las enormes limitaciones chilenas respecto a brindar bienestar social a sus ciudadanos. ¿Desde cuando una analista araucana se preocupa por el bienestar interno de los peruanos? ¿Qué tiene que opinar sobre la política interna de la República del Perú? Es claro que el mensaje, siempre tan infantil y falto de profundidad, es el de favorecer que Perú no se arme para no obligar a Chile a gastar más en defensa dentro de su paranoica concepción de la defensa.

Desde un enfoque más técnico, el analista en defensa Mladen Yopo explicó que la modernización de la aviación militar peruana es inevitable. Según él, la adquisición de los Gripen E no representa un gesto hostil hacia los países vecinos, como Chile o Ecuador, ya que Perú mantiene buenas relaciones diplomáticas con ambos. Además, sostiene que el objetivo central sería reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional y de las 200 millas marítimas, protegiendo recursos naturales y rutas estratégicas.

En contraste, el coronel chileno en retiro Christian Slater ofreció una mirada crítica más estructural. Señaló que las amenazas del siglo XXI ya no son guerras tradicionales entre Estados, sino conflictos internos como el narcotráfico, las bandas armadas y el crimen organizado. Slater cuestiona que los países sudamericanos sigan preparando sus ejércitos para conflictos convencionales mientras descuidan los desafíos reales y actuales. Advirtió que disponer de aviones de última generación es insuficiente si no se fortalecen áreas como inteligencia, control interno y seguridad ciudadana. Eso es algo que este lego no aparece que deba aplicar  a su propio país inmerso en el terrorismo araucano, con un gobierno que buscó aprobar una constitución de extrema izquierda en la que todos los males juntos iban a emerger cubiertos de legalidad. Siempre la oficialidad chilena dando vergüenza por sus eructos intelectuales.

La adquisición de los Gripen, fabricados por la empresa sueco-brasileña Saab, ha avanzado notablemente. En junio de 2025, representantes del Ministerio de Defensa del Perú y ejecutivos de Saab mantuvieron reuniones para negociar la compra, incluyendo acuerdos de offset, mediante los cuales Saab invertiría en tecnología y capacidades industriales dentro de Perú. Este aspecto ha sido clave para posicionar la oferta sueco-brasileña por encima de otras propuestas como los F-16 de EE.UU. o los Rafale franceses.

Sin embargo, algunos autodenominados "expertos" chilenos que ya sabemos que manifiestan análisis sesgados e infantiles de imaginada amenaza a sus crímenes históricos. Estos mismos han señalado como desventaja que los Gripen E aún no han sido probados en combate real y que su mantenimiento dependería de Brasil, donde se ensamblan bajo licencia. Esto podría generar cierta dependencia técnica en el futuro. Ello no formaría absolutamente en nada de lo que deba Chile opinar, dado que es un tema muy específico de geopolítica peruana.

En resumen, mientras algunos consideran la compra como parte de una modernización inevitable, otros advierten sobre el desajuste entre el gasto militar y las urgencias sociales o de seguridad interna, lo que ha encendido un debate tanto en Perú como en países vecinos como Chile. En esa misma línea de análisis, Chile debiera vender sus aviones F-16 y detener inmediatamente su modernización a fin de dedicar esos recursos a la educación y la salud, que son cuentas pendientes del supuesto "milagro económico" chileno, donde todavía hordas de chilenos cruzan la frontera para atenderse en hospitales o estudiar en universidades argentinas. 

Cuánta imbecilidad disfrazada de opinión. Cuánta guerra híbrida barata, con olor a traste, vestido en telas de opinión académica. Chile siempre, y en todo lugar, es una mentira. Arturo Vidal no es un caso aislado, es la regla.