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viernes, 24 de julio de 2026

Argentina: Coyuntura y crecimiento económico en el corto plazo

lunes, 22 de junio de 2026

Argentina: Empresas podrán ser creadas y gestionadas por IA

Milei responde a Harari sobre dar personería jurídica a los agentes de IA: “No significa lanzar el día del juicio final de Terminator”

El presidente argentino defiende la creación de sociedades de responsabilidad limitada operadas de forma autónoma

Javier Milei en Buenos Aires (Argentina), el 25 de mayo.
Sebastian Hipperdinger (Europa Press vía Getty Images)
Mar Centenera || EL PAÍS

Javier Milei se muestra decidido a convertir Argentina en un paraíso para las empresas de inteligencia artificial (IA). En paralelo al proyecto legislativo que busca atraer inversiones multimillonarias en industrias experimentales, este jueves defendió la idea de crear un nuevo marco legal que permita otorgar personería jurídica con responsabilidad limitada a compañías administradas por sistemas de IA. El presidente argentino respondió a través de un comunicado oficial al historiador Yuval Noah Harari, crítico con la iniciativa que impulsa el Gobierno argentino. Para Milei, la modificación de la Ley General de Sociedades que quiere aprobar en el Congreso no supone “desencadenar el día del juicio final de Terminator” sino crear un marco legal que permita el desarrollo tecnológico y la innovación.

La idea de Milei entusiasma a magnates tecnológicos como Peter Thiel, quien desembarcó dos meses atrás en Buenos Aires, pero preocupa a pensadores de la talla de Harari, quien ha advertido que convertir Argentina en un espacio sin control para la IA es “extremadamente riesgoso”. Para el autor de Sapiens, reconocer legalmente a corporaciones no humanas significaría darles poder para intervenir de manera autónoma en el sistema financiero, económico y político sin rendir cuentas de sus acciones. “Cuando hablé en el Foro Económico Mundial en enero de este año, advertí que los gobiernos podrían algún día otorgar personería jurídica a los modelos de IA. Jamás imaginé que ese algún día llegaría tan solo cuatro meses después”, escribió Harari el lunes en una columna en el Financial Times en la que respondía a otra escrita por Milei bajo el título “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse”.

En su respuesta, el mandatario argentino calificó de “inesperada” la preocupación que expresa el historiador israelí. “Probablemente ninguna persona en el mundo pueda prever el futuro tan bien como él; y otorgarles a las empresas gestionadas por IA un marco jurídico parece ser una característica necesaria de ese futuro”, escribió Milei. En su opinión, la personería jurídica es “una de las herramientas más probadas en la historia del derecho comercial” y puede ser clave también para regular las corporaciones no humanas: “Una empresa autónoma que opere dentro de un marco jurídico capaz de disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad legal no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella. Y, en gran medida, esa es precisamente la razón por la que importa otorgarle personalidad jurídica".

Milei expresó sus dudas sobre la advertencia de Harari de la capacidad de la IA para encontrar vacíos legales o hacer trampas. “¿Acaso los seres humanos no hacen lo mismo? Y aun así, eso no es motivo para abolir las estructuras corporativas, y no creo que nadie lo haya sugerido en el caso de empresas dirigidas por personas”, señaló. El economista argentino destacó que en caso de verse perjudicado por una IA “preferiría tener un patrimonio contra el cual hacer valer un reclamo” que no tenerlo y destacó que las penas y sanciones serán las mismas que rigen ahora para las demás compañías.

El pensador israelí señaló que el miedo a ir a la cárcel tiene un efecto disuasor para los humanos que piensan en infringir la ley, un castigo que no sería aplicable para la IA. Para Milei, en cambio, un agente autónomo “preferiría mantenerse estrictamente dentro de la ley y minimizar los riesgos” si ve que el riesgo de no hacerlo es la quiebra.

El presidente argentino cita el clásico de Isaac Asimov, Yo, Robot, publicado en 1950, que incluye un relato sobre un candidato político sospechoso de ser un robot. “El robot trabaja las veinticuatro horas, es escrupulosamente honesto y nunca pierde la compostura. ¿Por qué no probar con el político robot? Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas de IA sean más adversas al riesgo que los seres humanos", compara Milei.

El proyecto para otorgar personería jurídica a empresas administradas por IA se complementa con otro que busca crear un régimen con generosos beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares en industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa también la flexibilización de la normativa que hoy limita la compra de tierras a extranjeros y un programa para usar inteligencia artificial en el desarrollo de políticas públicas que despertó dudas sobre la posible vulneración de datos personales. Las advertencias públicas a estos proyectos no alteran el rumbo decidido por Milei.

domingo, 7 de junio de 2026

Justificando todas las conspiraciones

miércoles, 20 de mayo de 2026

Judaísmo: La secta de Milei, Netanyahu y Zelensky

martes, 14 de abril de 2026

Presos políticos: La legal pero ilícita baja de 34 militares con condena firme

La legal pero ilícita baja de 34 militares con condena firme

Prisionero en Argentina

Coronel VGM (R) Enrique Stel.

El 28 de marzo de 2026, un artículo del diario La Nación, firmado por Mariano De Vedia nos informaba de que el jefe del Ejército, por pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, daba de baja a 34 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad con el efecto inmediato de dejar de percibir retiros, pensiones y la cobertura de la obra social. Escribe De Vedia “La decisión del jefe militar fue en respuesta a un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace dos semanas había detectado 78 casos de miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad con sentencia firme que no habían sido desafectados, como ordena la ley vigente.”

Los abogados saben o deberían saber que las resoluciones judiciales deben ser legales – lo que está permitido por ley – y lícitas – no transgrede ninguna norma jurídica -. Pero en el “mundo jurídico argentino” de los juicios de lesa humanidad, los operadores judiciales se aprovechan de la ignorancia, el temor y/o la ambición de los integrantes de las fuerzas armadas, así como la precaria respuesta profesional de sus asesores jurídicos, para que no cumplan con sus obligaciones como funcionarios públicos. En este caso, desobedecer a una ley ilícita.

Tomemos un ejemplo claro para entender la diferencia entre legal e ilícito: la Constitución Nacional en su artículo 18 establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá se lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Sin embargo, resulta frecuente escuchar que las cárceles argentinas son un instrumento de tortura, mugrientas, sin las instalaciones adecuadas, insalubres y menos aún, están adaptadas a las necesidades de los adultos mayores. En este contexto, el juez que condena a sabiendas de que éstas no reúnen las condiciones establecidas en el artículo 18, está emitiendo una resolución ilícita. No obstante, se sigue encarcelado en establecimientos que no se ajustan a la madre de las leyes.

Ahora bien, lo ordenado por el juez ¿es legal y lícito? Es legal porque está facultado para ello, pero es ilícito porque las condiciones de alojamiento no están dadas conforme dispone la norma legal.

En este contexto, recapacitemos respecto a la última decisión de bajas de personal del Ejército Argentino. ¿Es legal? sí. ¿Es lícito? no. Porque la ley vigente de la que se ufanan los estamentos judiciales es contraria a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Es dable destacar que la convención señala en el artículo 4 inciso B que los estados partes “… se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma”.

No solo la convención estaría en grave riesgo de cumplimiento – como el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la seguridad social-, sino que, además propicia el abandono, que la convención prohíbe a rajatabla y lo define como “la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral”.

Asimismo, se está violando la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes también con jerarquía constitucional, en tanto que dentro de la definición de tortura se incluye cualquier acto que tienda a castigar a la persona cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Resulta peor aún considerar, que tal decisión, con las consecuencias que conlleva, podría encuadrarse dentro del delito de genocidio, conforme establece en su artículo II la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, al someter de manera intencional a un grupo de personas, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

La privación de libertad no debe suponer la muerte del ser humano, independientemente del delito cometido. Una persona privada de su libertad tiene derecho a percibir su jubilación, ya que es una prestación contributiva por años de servicio. Asimismo, la persona jubilada tiene derecho a mantener su obra social, derecho reconocido por diversas leyes. La mayoría de las personas con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad son octogenarios, que hace años que están encerrados en un circuito judicial que los ha privado de absolutamente todo al punto tal que algunos no desean ser excarcelados y otros, solicitan volver a ser encarcelados porque no tienen otra forma de subsistir.

Este tipo de decisiones, que se suceden cada tanto ante la indiferencia ciudadana, me recuerda a la Antigua Grecia (1200- 800 AC) con la muerte civil del ciudadano, es decir, la pérdida de sus derechos civiles y políticos sin su muerte biológica. En los países civilizados, la muerte civil es inaplicable por las consideraciones éticas y morales que conlleva.

Entiendo que los generales Carlos Presti y Oscar Zarich no hayan tenido en cuenta estas consideraciones jurídicas – no carentes de tintes políticos – porque son militares, por ende, su desarrollo profesional implica la incorporación de otros conocimientos, capacitaciones y experiencias, pero sus abogados de las asesorías jurídicas, debería estar lo suficientemente preparados como para producir el asesoramiento pertinente, a los efectos de evitar que sean denunciados por la posible comisión de genocidio y violación de otras normas, tratados y convenciones con jerarquía constitucional. Nadie está obligado a cumplir con una orden judicial que es ilícita, en este caso, contraria a los derechos humanos que dicen proteger.

Espero que este artículo genere por lo menos alguna reflexión y acción por parte de los responsables, a los efectos de evitar el cumplimiento de resoluciones ilícitas aberrantes con tintes de venganza.

Recordando la ley 14346 de 1954 – ley Benítez – pienso que jamás se me ocurriría negarles a mis mascotas el derecho a la alimentación y la asistencia veterinaria que recoge esta norma jurídica – la que asimismo establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes maltrate o cometa actos de crueldad contra los animales-. Y me pregunto ¿cómo el señor presidente de la Nación, Javier Milei, quien lleva grabado en su bastón de mando a sus amados perros, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, permite que se trate a sus subordinados, de la manera en que el Poder Judicial, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino lo están haciendo?

Cuando la venganza a menudo se entrelaza con la búsqueda de justicia, el resultado es la pérdida de la ética y la legalidad y por ende, lo que representamos como seres humanos.

Dios nos ayude, porque está visto que los hombres no lo hicieron, no lo hacen, ni lo harán.

ENRIQUE STEL – Doctor en Estudios Legales. Abogado, Escribano, Especialista en Derecho Penal y Master en Derecho Penal. Licenciado en Estrategia y Organización. Master en Fenomenología Terrorista.

Es Coronel (R) del Arma de Comunicaciones, Veterano de la Guerra de Malvinas, ex integrante de las Misiones de Paz en los Balcanes. Comando, Paracaidista Militar, Buzo de Ejército, Mecanizado, Blindado y Radiotelegrafista Militar.