Argentina: El hijo de puta Plan Patria Grande

Argentina: ¿Qué pasaría si vuelven los peronistas?

La venganza de la izquierda peronista a los militares que los derrotaron

Las verdaderas razones por las cuales los hombres que defendieron a la Patria están condenados

Escribe: Rodolfo Richter (*) || David Rey

Más de 2800 camaradas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Fuerzas de Seguridad, (FF. SS.), Fuerzas Policiales (FF. PP.), Servicio Penitenciario (SP) y civiles han estado o están en prisión falsamente acusados de crímenes de lesa humanidad. Esos hombres no fueron privados de su libertad por un afán de justicia sino por otra razón: un pacto espurio entre el terrorismo y la corrupción ocurrido hace más de 20 años.

Néstor Kirchner, luego de asumir la presidencia en 2003, con un exiguo 20% de los votos, se propuso conseguir un poder hegemónico y la impunidad para sus delitos de corrupción. Para tal fin debía colonizar la justicia. En esa circunstancia se le acercó el terrorista montonero Horacio Verbitsky que prometió apoyarlo. Era el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos con un presupuesto millonario en dólares (US$ 519.000 en 2000; US$1.946.084 en 2012 y US$ 2.600.000 en 2014), apoyada por ciertos sectores de la prensa y auspiciada por cuantiosas organizaciones extranjeras y por la Embajada Británica en la Argentina. A cambio, Kirchner le ofreció una política de Derechos Humanos sesgada e ideologizada; el reemplazo de la historia de la violencia de los 70 por un relato tendencioso y una campaña de desprestigio de las FF. AA. sin parangón en nuestra historia nacional. De esa manera se le dio un viso de legalidad a los juicios, mal llamados de lesa humanidad, y se consiguió el apoyo de la izquierda que se mantuvo en silencio ante los actos de corrupción. 

Néstor Kirchner, a pesar de que como gobernador de la provincia de Santa Cruz nunca se preocupó por los Derechos Humanos, fue presentado como el adalid de los mismos. También tuvo un golpe de suerte dado que, al asumir, el precio de los productos agropecuarios en el mundo, en especial de la soja, estaban por las nubes. Entró mucho dinero al país, una situación similar al fin de la Segunda Guerra Mundial. Kirchner no empleó ese dinero para que la Argentina diera un salto de calidad. No, lo empleó para establecer el poder hegemónico y enriquecerse.

Con relación al pacto con la izquierda, el paso fundamental fue la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, aplicando convenios internacionales que, al momento de cometerse los hechos, no existían. Esas leyes beneficiaban, en general, a los cuadros que habían obedecido órdenes, tanto de las fuerzas legales como de las organizaciones subversivas que pretendieron tomar el poder por las armas. Sin embargo, la anulación, con carácter retroactivo, se estableció solamente para los miembros de las fuerzas legales. 

Verbitsky y Kirchner, con la aplicación de métodos deleznables, colonizaron una parte importante del Poder Judicial con jueces que sostenían que había propósitos que estaban por encima de los principios del Derecho. Esa particular concepción, inaceptable para la civilización occidental, favorecía tanto a los fines corruptos como a los ideológicos.

La política de Derechos Humanos fue claramente sesgada, mandando al olvido a las víctimas inocentes del terrorismo, que no eran miembros de ninguna fuerza armada, a la vez que defendía como si fueran las verdaderes víctimas de una represión ilegal a los terroristas. De esa manera se estableció que los únicos culpables de la violencia de los 70 eran las FF. AA., las FF. SS. las FF. PP., el Servicio Penitenciario y civiles considerados cómplices. No faltó tampoco, como quedó demostrado, el infame negocio de los Derechos Humanos donde el Estado pagó cuantiosas sumas de dineros a terroristas o a sus familiares, como si hubieran sido víctimas de una represión ilegal. No hay tiempo para recorrer todos esos casos que están fehacientemente demostrados (Ver D’Angelo Rodríguez José Luis, “La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones”, CABA, El Tatú ediciones, 2º edición, 2023 y “Mentirás tus muertos, Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos”, CABA, El Tatú ediciones, 2015). 

El relato, que reemplazó a la historia de la violencia de los años 60 y 70, con una última acción militar en 1989, tiene como basamento argumental negar que en la Argentina hubo una Guerra Revolucionaria y que, por el contrario, sólo se trató de una represión sobre el pueblo. Con cuantiosos recursos del erario público se difundió esa falsedad. La historia real es otra:

El Tribunal que juzgó a las Juntas Militares, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en el fallo que dictó el 9 de diciembre de 1985, afirmó:

Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria.

A su vez, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuando creó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el folleto Resoluciones del 5º Congreso y de los Comité central y Comité Ejecutivo Posteriores, Ediciones “El Combatiente”, 1973, dijo:

“… y hoy asistimos a algo más concreto: la guerra civil revolucionaria ha comenzado. A partir de esta realidad, es inútil que nos pongamos a discutir en qué lugar geográfico vamos a comenzar una guerra que ya empezó hace más de un año …”.

Y Montoneros, en el documento llamado “La Resistencia Peronista ataca”, de marzo de 1975, afirmó. 

“No hay política revolucionaria (…) sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo”.

La Guerra Revolucionaria comenzó a gestarse cuando Cuba empezó a exportar su revolución al resto de Latinoamérica. Así aparecieron en la Argentina las primeras organizaciones subversivas: Ejército de Liberación Nacional (ELN) o Uturuncos; Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL); Acción Revolucionaria Peronista; Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional; Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), organizado en Cuba; Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); Organización Comunista poder Obrero (OCPO) y otras.

Paulatinamente crecieron en importancia hasta que la mayoría de ellas fueron absorbidas por el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP), de ideología marxista leninista, y por Montoneros, que surgió del peronismo, pero pronto fue derivando hacia la izquierda hasta enfrentarse al mismo Perón. El ERP, brazo armado del PRT, fue fundado en 1970. En ese año, por su parte, Montoneros asesinó al ex presidente de la Nación Pedro Eugenio Aramburu, crimen que constituyó una verdadera declaración de guerra al Estado Argentino. Se puede considerar que en ese año comenzó la Guerra Revolucionaria en la Argentina y que las acciones delictivas anteriores fueron su preparación. Los hechos ocurridos son imposibles de desmentir. 1094 civiles inocentes asesinados, hombres, mujeres y niños, que hasta hoy se ocultan; 8 cuarteles militares atacados, 7 de ellos durante la vigencia de gobiernos constitucionales, lo que desmiente categóricamente que esas organizaciones luchaban por la democracia; numerosos puestos policiales o de gendarmería también atacados; la apertura de un frente rural en la provincia de Tucumán; un promedio de una bomba por día durante años; la preparación de cuadros subversivos en Cuba; la existencia de escuelas miliares clandestinas en varios puntos del país; la fabricación de armas, tanto por parte del ERP como de Montoneros: pistolas ametralladoras, granadas y  lanzacohetes; la capacidad militar del ERP, reconocida, en un momento, como la más importante de Latinoamérica; la creación de una organización supranacional llamada Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), formada por Tupamaros de Uruguay; Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, lo que explica la presencia de extranjeros en las organizaciones sediciosas argentinas; secuestros con rescates millonarios en dólares; robos de todo tipo: material médico, dinero, equipos de comunicaciones, armas y explosivos, etc.

También es de destacar algunos hechos que ocurrieron luego de que el ERP fuera derrotado militarmente en 1976. Sus principales cuadros se exiliaron produciéndose una división interna. Un grupo, liderado por Arnol Kremer, nombre de guerra “Luis Matini”, decidió dejar las armas y tratar de reinsertarse en la política argentina, propósito que se logró a partir de 1983, reflotando al PRT que en 1970 había creado el ERP. El otro grupo, conducido por Enrique Gorriarán Merlo, se dirigió a Nicaragua y participó activamente en la Guerra Revolucionaria Sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza, aunque sólo para cambiar una dictadura por otra. Los miembros de esa fracción del ERP alcanzaron importantes cargos públicos y grados militares. Gorriarán Merlo, por ejemplo, fue el nexo entre la inteligencia cubana y la nicaragüense. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, llegaron a la Argentina bajo la fachada de un partido político llamado Movimiento Todos por la Patria (MTP) y atacaron el cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989. Fueron derrotados, juzgados y condenados. Sin embargo, tiempo después, a pesar de los muertos y heridos que dejaron, fueron amnistiados y la única persona que fue a prisión fue el jefe de las fuerzas legales que recuperaron el cuartel, el general Alfredo Arrillaga. La justicia argentina se sacó la venda de los ojos.

El oportunismo es otro de los factores que ha favorecido la difusión del relato y con ello la justificación de los juicios aberrantes. A varios sectores de la sociedad les conviene su vigencia para que tape sus propias culpas. Aprovechando los excesos cometidos por las FF. AA., encontraron la gran oportunidad de señalarlas con el dedo y condenarlas. La clase política y judicial; gremialistas; intelectuales y artistas comprometidos ideológicamente; la sociedad en general y hasta un sector de la Iglesia Católica Argentina erigieron a las FF. AA. como el chivo expiatorio para lavarse las manos como Poncio Pilato.  Algunos ejemplos: El Poder Judicial  argentino oculta, además de sus privilegios incompatibles con una república, que siempre tuvo inclinación a subordinarse al poder de turno; la izquierda se olvidó de su apoyo al terrorismo; el peronismo se olvidó que desde su riñón nacieron los Montoneros y la Triple A; el radicalismo se olvidó que su ala izquierda simpatizaba con el ERP y que es harto sospechosa de ser cómplice del ataque a La Tablada; algunos intelectuales y artistas comprometidos, luego de justificar la violencia aduciendo que fue provocada por los de arriba, pasaron a ser grandes pacifistas y defensores de los Derechos Humanos; algunos gremialistas se olvidaron que se hicieron muy ricos en la supuesta defensa de la clase obrera a la que ellos no pertenecen; un sector de la Iglesia Católica se olvidó que de su seno nació lo que Carlos Sacheri llamó La Iglesia Clandestina, una Iglesia que supuestamente uniría en un abrazo a Marx con Jesucristo y que cobijó a los curas del tercer mundo y a los teólogos de la liberación, por eso lo mataron; la sociedad argentina, en general, ya se olvidó que para fines de 1975, harta de bombas y con miedo, gritaba a viva voz que las fuerzas legales acabaran con los violentos. Hay que agregar que la clase política argentina también quería un golpe militar para que le cuidara su pellejo hasta que se dieran las condiciones para retomar el poder. Su cobardía no le permitió asumir su responsabilidad histórica y con hipocresía, sólo en privado manifestaron su apoyo al golpe.

A las FF. AA., en el afán de desprestigiarlas, se les negó cualquier mérito. Tuvimos muchos hombres que murieron defendiendo heroicamente la Patria, y también mártires, en la lucha contra la sedición; todos han sido olvidados y, peor aún, paralelamente, muchos terroristas han sido elevados a la categoría de héroes o han obtenido indemnizaciones o importantes cargos públicos. Todavía tenemos una estación de subte que lleva el nombre de unos de los principales responsables de la bomba que estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal y que dejó un saldo de 24 muertos y unos 70 heridos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue empeñado en rendirle honores a ese terrorista, lo que constituye una apología del crimen. En cuanto a los terroristas premiados con cargos públicos, el caso más indignante es el del terrorista Jorge Taiana como ministro de Defensa, cargo que mantuvo hasta fines de 2023. 

La última razón que ha incidido en la prisión de nuestros camaradas es la más grave: una política de defensa, inalterable desde 1983, que en el mejor de los casos roza la traición a la Patria. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirigía Horacio Verbitsky, luego del pacto con Néstor Kirchner, como ya se ha dicho, entre sus numerosos auspiciantes extranjeros se destaca la Embajada Británica en la República Argentina. Sospechosa relación entre un terrorista y un Estado. Gran Bretaña, después de la Guerra de Malvinas, que ganó a un costo que nunca imaginó, puso en marcha una política para desarmar material y espiritualmente a las FF. AA. argentinas. El armamento obsoleto no fue reemplazado; la industria del armamento se desactivó a la vez que se demonizó a las FF. AA. y a los cuadros se les dieron haberes con los que no podían mantener a sus familias provocando la baja de los mismos, en busca de un trabajo con una retribución digna.

En 2005, Verbitsky logró colocar como ministra de defensa a su compañera de militancia, Nilda Garré, peronista de izquierda que, en 1974, luego del ataque del ERP a los cuarteles de Azul, se opuso, como diputada, a las leyes que Perón impulsaba para combatir a las organizaciones terroristas. Nilda Garré, designó como directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, a la ciudadana británica Natalia Federman a la que se le otorgó la facultad de acceder a todos los legajos personales de los cuadros en forma irrestricta. Esos legajos fueron fotocopiados y sacados del ministerio a fin de estudiarlos para ver donde estuvieron destinados los causantes a fin de armar acusaciones que los llevaran a prisión. Para que una ciudadana extranjera pudiera trabajar en el ministerio, en esa área, se hizo necesario un decreto presidencial que Kirchner firmó sin dudar. Natalia Federman era hija de Andrés Federman, terrorista exiliado en Londres que, al regresar al país fue, durante 20 años, jefe de Prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. (Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, “El Pacto. La historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a someter la Justicia a un proyecto político que consagre la impunidad y sirva de herramienta de persecución a opositores”. Buenos Aires, 2020, pp. 83 y 84). El resultado de la política de Defensa está a la vista. Argentina, el 8º país más extenso del mundo, se encuentra indefensa.

Teniendo en cuenta la Guerra de Malvinas y sus implicancias; el tejido de relaciones que Gran Bretaña elaboró en nuestro país, ininterrumpidamente, desde el siglo XIX hasta hoy, incluyendo el citado apoyo al Centro de Estudios Legales y Sociales, todo parece indicar que la mencionada guerra ha tenido mucho que ver con el desarme de las FF. AA. y su condena. Ese estado de cosas nos lleva recordar la siguiente frase del general San Martín: “Lo que no concibo es que haya argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su Patria. Una tal felonía ni el sepulcro podrá redimir”.

(*) Teniente coronel (R)

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Los crueles experimentos sociales del castrismo pueden ser hoy evaluados por sus terribles resultados en términos de extrema pobreza y emigración
La Nación



Fidel Castro y Cristina Kirchner, durante un encuentro que mantuvieron en 2019

No siempre es posible verificar en el curso de la historia, las vicisitudes que podrían haber sucedido si el camino hubiera sido otro. Esto es de particular interés en Cuba y también en la Argentina, si la experiencia socialista intentada por Héctor Cámpora en 1973 durante los 49 aciagos días de su mandato no hubiera sido interrumpida por el propio Juan Perón. A la asunción de Cámpora concurrieron el chileno Salvador Allende, primer presidente comunista de Chile, y su par de Cuba, Osvaldo Dorticós. Sin duda, esas compañías poco le gustarían al anciano general, amigo de Alfredo Stroessner, Rafael Trujillo, Anastasio Somoza, Francisco Franco, Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet.

En 1947, el filósofo marxista Maurice Merleau-Ponty, al justificar las purgas estalinistas sostuvo que “la revolución no define el delito según el derecho establecido, sino según el de la sociedad que pretende instaurar”. Una forma complicada de decir que, para el comunismo, el fin justifica los medios. Pues bien, después de casi siete décadas ya es posible evaluar la Revolución Cubana y emitir juicio acerca de sus crueles experimentos sociales para lograr la sociedad que ahora existe. Y también como modelo contrafáctico de una Argentina que no fue, aunque el kirchnerismo, admirador de Cámpora, continúe usando su apellido como consigna de liberación.

¿Cuáles eran los valores que esos “idealistas” querían implantar? ¿Cuál era el justificativo ético de sus “luchas populares”? ¿Puede excusarse el homicidio sobre la base de ideas y creencias personales erradas? ¿Adónde conducía la sociedad que aspiraban a imponer y por cuyo logro mataron personas con petulancia redentora?

    Es posible evaluar la Revolución Cubana como modelo contrafáctico de una Argentina que no fue, aunque el kirchnerismo, admirador de Cámpora, continúe usando su apellido como consigna de liberación

En 1959 comenzó en Cuba una experiencia novedosa para América Latina con un régimen marxista bajo el mando de Fidel Castro. En plena Guerra Fría, era funcional a la estrategia de la Unión Soviética para expandir su esfera de influencia en la región. Y así, Nikita Khruschev instaló misiles en su nuevo país satélite (1962) y su sucesor, Leonid Brezhnev, fogoneó la lucha armada hasta su muerte (1982).

“Crear uno, dos, tres Vietnam”, arengó el sanguinario Ernesto “Che” Guevara, artífice de la expansión de la guerrilla en la región, afirmando ante la Asamblea de las Naciones Unidas: “Fusilamiento sí; hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario” (1964). Nuestro país debe a esas siniestras consignas las muertes causadas desde entonces por atentados subversivos y la posterior represión militar.

Quien haya visitado Cuba esta Navidad no encontró el país feliz, próspero e igualitario que prometió el Che Guevara para justificar sus fusilamientos. Quedan pocos jóvenes en la isla, pues la población se redujo de 11 millones de habitantes, a 8,5 millones. Un millón y medio se fue en busca de oportunidades –en su mayoría a los Estados Unidos–, dejando hijos a cargo de los abuelos. Por esa razón no hay reacción ante la crisis: la tercera edad solo conoció esa realidad y no tiene fuerzas para protestar.

    “Crear uno, dos, tres Vietnam”, arengó el sanguinario Ernesto “Che” Guevara, artífice de la expansión de la guerrilla en la región. Nuestro país debe a esas siniestras consignas las muertes causadas desde entonces por atentados subversivos y la posterior represión militar

Con resignación y sus nietos de la mano, hacen colas para conseguir alimentos. Ya no existen las libretas que permitían comprar productos básicos (“alimentos normados”) en las bodegas estatales. Sus estanterías están ahora vacías mientras prosperan las mipymes privadas que los ofrecen a quienes pueden pagarlos con dólares. Antes, los niños tenían asegurado un litro diario de leche fluida que también ha desaparecido y es difícil conseguirla en polvo para alimentarlos. Otra novedad son los “apagones” durante la mayor parte del día. Las familias recurren a generadores a batería, que se cargan cuando hay luz. En esos lapsos también se recargan los ventiladores y los celulares, aunque quedan sin internet. Ese drama no tiene solución, pues el gobierno no tiene divisas para reparar las vetustas usinas rusas o para importar gasoil. Y no hay divisas porque allí no hay propiedad privada, ni inversiones, ni exportaciones que las generen. Por ello, tiene una gran “brecha” cambiaria, fuente de corrupción para los allegados, como fue en la Argentina durante la gestión económica de Sergio Massa.

Para colmo de males, debido a la inacción sanitaria y la acumulación de basura se han difundido el dengue, zica, oropouche y chikunguña, con efectos devastadores por el abarrotamiento de los hospitales, sin medios materiales ni personal para atender a los infectados, quienes prefieren quedarse en casa con remedios caseros. Los fallecidos por la “enfermedad silenciosa” son enterrados en bolsas plásticas o cajones de cartón.

En 1953, tras ser juzgado por el ataque al Cuartel Moncada, Fidel Castro terminó su alegato con el célebre “la historia me absolverá“, luego catecismo de la revolución. Denunció falta de tierra, de vivienda, de salud y de educación prometiendo resolverlas con el programa socialista aplicado a partir de 1959. A esta altura, la historia puede verificar sus resultados para determinar si lo absuelve o no. El salario promedio en Cuba es de 10 dólares, la extrema pobreza alcanza al 90% y un millón y medio de jóvenes han emigrado, provocando un dramático envejecimiento poblacional.

Quien haya visitado Cuba esta Navidad no encontró el país feliz, próspero e igualitario que prometió Guevara para justificar sus fusilamientos

El régimen atribuye sus males al llamado “bloqueo” de los Estados Unidos cuando solo se trata de un embargo a las exportaciones de ese país y omitiendo decir que Cuba puede comerciar con toda América Latina, desde Canadá hasta la Argentina. Y con toda Europa, África y Asia, incluyendo Rusia, China, Irán, India, Australia y Japón. Lo que no funciona es el socialismo, ni en Cuba, ni en ningún otro lugar del mundo.

Cristina Kirchner utilizó la misma frase altanera y desafiante en 2019, golpeando el estrado y agraviando a los jueces del Tribunal Oral N° 2 cuando la indagaron en la causa Vialidad. Allí los acusó de “lawfare” y de constituir un “pelotón de fusilamiento” para eliminarla de la escena política. Sin duda, aprendió bien las lecciones de Fidel, su mentor y amigo, a quien conoció por primera vez cuando este asistió a la asunción presidencial de su esposo. Luego lo visitó varias veces en La Habana, en forma privada, consolidando su vínculo político y su admiración personal.

Cuando Castro falleció en 2016, la expresidenta declaró que era “el último de los modernos, el último de los líderes globales anteriores a la caída del Muro de Berlín”. ¿Lo comparaba Cristina con los siete déspotas de Europa del Este alineados con Fidel y la URSS? ¿Serían modernos Wojciech Jaruzelski (Polonia); Nicolas Ceaucescu (Rumania); János Kádár (Hungría); Gústav Husak (Checoslovaquia); Josip Broz “Tito” (Yugoslavia); Erich Honecker (Alemania) y Todor Zhivkov (Bulgaria)?

Cristina Kirchner utilizó la misma frase altanera y desafiante que Castro: “La historia me absolverá”

Los cuatro mandatos kirchneristas dejaron al país en crisis terminal por tomar al pie de la letra las enseñanzas de Fidel Castro para demoler desde adentro una democracia republicana. Su fiel discípulo, Axel Kicillof, todavía lo intenta en la provincia de Buenos Aires. Estado presente, extinción de la moneda, fuga de capitales, cierres de empresas, inseguridad creciente, expansión de la informalidad y pauperización de las familias. Sin contar con la malversación de los derechos humanos para consolidar su poder y dañar los valores de la familia, el esfuerzo personal, el mérito y el progreso individual.

Afortunadamente, la caída ha podido detenerse, aunque sus secuelas tardarán en curarse. Pero en la Argentina, mal que mal, esta Navidad ha sido más feliz y próspera que en Cuba porque la población tiene esperanzas. Y allí nadie las tiene.

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Milei pidió el ascenso de 15 militares que el kirchnerismo frenó por ser familiares de condenados por los 70

El gobierno de Cristina Kirchner había impedido su promoción al grado de coronel. Son expedientes que se iniciaron en 2010. El Presidente envió los pliegos al Senado, como antes lo hizo con seis marinos
Facundo Chaves || Infobae




El último acto en el Colegio Militar que encabezó el presidente Milei

El presidente Javier Milei solicitó al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles que el gobierno de Cristina Kirchner frenó debido al parentesco que tenían con condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La mayoría de los expedientes que serán analizados por la Cámara alta datan del 2010 y la decisión que tomó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que a esos efectivos, que ya están retirados, se les reconozca el grado de coronel a partir del 31 de diciembre de 2018.

“Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido”, explicaron a Infobae fuentes oficiales. La crítica apunta a la gestión que durante el kirchnerismo ejecutó Nilda Garré, quien le dio intervención a los organismos de derechos humanos para que tuvieran la última palabra antes de que se definiera un ascenso a grados superiores.

En un mensaje fechado el martes al que accedió este medio -firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri- le solicitó al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, darle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles:

Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.


El mensaje de Milei y Petri

En el mensaje firmado por Milei y Petri se advierte que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias". Es una posición que modifica el anterior criterio que había tenido la gestión del kirchnerismo y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
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Esta decisión repite el mismo sentido que la tomada en los últimos días hábiles de diciembre, cuando el Gobierno envió un mensaje similar pero referido a la Armada Argentina pidiendo al Senado la promoción de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

Según confirmaron hoy fuentes de la Casa Rosada, si se aprueba la solicitud, los uniformados tanto del Ejército como de la Marina -la Fuerza Aérea no tuvo situaciones similares- serán promovidos con carácter retroactivo desde el último día de 2018, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.


La ex-terrorista Nilda Garré, junto a Roberto Bendini, el primer jefe del Ejército que tuvo el presidente más corrupto de la historia argentina, Néstor Kirchner

Cuando se anunció a fines de 2024 el envío del primero de los mensajes, las autoridades nacionales remarcaron que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional".

Antes de esta medida, durante la presidencia de Macri, quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Aguad, había iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida de bloquear los ascensos que había ejecutado su antecesora Garré. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, afirmó entonces el funcionario.


El ministro Luis Petri

La decisión de volverle a pedir al Senado el ascenso de estos 21 militares va en sintonía con una medida previa que tomó la actual conducción del Ministerio de Defensa. Desarmó la dirección de derechos humanos que revisaba sin intervención judicial los legajos de los militares y bloqueaba los ascensos y les daba documentos e información a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en un giro clave, el Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata de la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974 fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado; y el hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que vivió un brutal cautiverio de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado.


Coroneles asesinados por el ERP. Argentino del Valle Larrabure y Jorge Ibarzábal

La misma doctrina que juzgó a los militares es la que se aplica al Kirchnerismo

'Autoría mediata': Cristina Kirchner se enfrenta a la teoría de Claus Roxin que usó contra los militares

Urgente 24

  
La teoría de la 'autoría mediata' del alemán Claus Roxin, que fue clave en los juicios de lesa humanidad de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, ahora la condena, y la enfrenta al dilema de no hundirse en una contradicción política.



La misma teoría jurídica que en Argentina fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, fue utilizada ahora en el Juicio Vialidad para imputar a la exmandataria.

La teoría de la autoría mediata del jurista alemán Claus Roxin permite imputar a una persona la autoría de delitos que, si bien no ha ejecutado directamente, ha dirigido a través de estructuras jerárquicas de poder, ejerciendo influencia sobre quienes los ejecutan de forma directa. Fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que la propia Cristina Kirchner fue una férrea defensora y con los que se condenó a militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. E incluso, sirvió para condenar a perpetua a Jorge Rafael Videla.

Y de allí surge la gran paradoja. Y es que la misma teoría jurídica que en Argentina fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, fue utilizada ahora por la fiscalía en el Juicio Vialidad para imputar a la exmandataria como autora mediata en delitos de corrupción relacionados con la obra pública, bajo el argumento de que bajo su poder y autoridad permitió y organizó los actos ilícitos contra el Estado.

Esta "estructura de poder organizada" no es una dictadura sino una supuesta red de corrupción en la obra pública, a través de la cual se habrían canalizado millonarios recursos hacia empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Pero para la defensa, la aplicación de esta teoría en casos de corrupción es una interpretación excesiva y forzada de la teoría original.



Sin embargo, se usó en Brasil para casos de corrupción, y en Italia apelaron a una teoría similar al popular "no podía no saber" por diversos casos de corrupción conocidos como Mani pulite que descabezaron al poder político de ese país.

En Perú, se aplicó para la extradición y condena del ahora fallecido peruano Alberto Fujimori por diversos delitos.

E incluso, en Alemania, se han planteado casos de autoría mediata en delitos económicos...
La teoría de Roxin postula que cuando agentes estatales cometan graves delitos en base a órdenes del Estado, serían también autores (mediatos) quienes dieron la orden, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos.

La teoría de Roxin postula que cuando agentes estatales cometan graves delitos en base a órdenes del Estado, serán también autores (mediatos) quienes dieron la orden, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos.

Pero más allá de los antecedentes, cierto es que los detractores afirman que el derecho penal entra con esta tesis en terreno muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno y a los humores de la opinión pública.

Los defensores, al contrario, creen que es una moderna manera de sancionar delitos complejos, cometidos por una red de personas, con un vértice de poder muy claro, concreto y efectivo. Algo que sostenían los propios kirchneristas durante las violaciones a los derechos humanos. ¿Tendrán que decir ahora que cambian de opinión para delitos de corrupción? ¿Y si no, cómo criticará este paradigma jurídico emblemático de su gobierno?, y ¿cómo apelar a esta estrategia sin hundirse en una contradicción política?

Será toda una novedad para la figura de la expresidente Cristina Kirchner por el peso simbólico de esta teoría en su propio legado de derechos humanos...

Horacio Verbitsky y las "cáscaras vacías"

Según la teoría de Roxin, no es necesario encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razonable, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Rafael Videla hubiera secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permitió condenarlo porsu "rol decisivo en una organización delictiva".

En agosto de 2022, en el sitio 'El Cohete a la Luna' un artículo titulado "Abusos de la dogmática alemana", citaba además de la teoría de la "autoría mediata", otros recientes desarrollos del doctrinario Erick Guimaray, del que publicó:

"La contratación fraudulenta de la obra pública, decisión que en el ejemplo proviene de las atribuciones políticas del Poder Ejecutivo, esto es, de un poder ajeno al control del simple ejecutor material, no puede ser consecuencia del actuar errático e individual de los operadores subordinados. Y esto es así porque una orden ilegal al interior de la Administración sólo puede pervivir cuando quien la emite no solamente se ubica en el vértice más importante de la misma, sino que la controla, gracias al poder normativo que ostenta, dejando al ejecutor material no más que las circunstancias de trámite y ejecución de su orden (…) La aplicación de la tesis de la autoría mediata por dominio de organización o aparato de poder parece razonable, pues los cauces burocráticos pueden ordenar verticalmente la comisión del delito de corrupción, asegurando así la relación de idoneidad material entre el automatismo del aparato y la comisión del hecho delictivo. Es más, las especiales características de composición política de la Administración redundan en la pertinencia de los elementos de la autoría mediata como criterio de imputación contra los superiores jerárquicos del organigrama público".

Inmediatamente, aclara que a diferencia de lo planteado por Guimaray, en nuestro país "la jurisprudencia ha mantenido la idea de utilizar la teoría del autor mediato para atribuir responsabilidad en los juicios de lesa humanidad respecto de personas que ocupaban cargos públicos de poder y dominio en un contexto de genocidio, en delitos tales como homicidio, privación de libertad, aplicación de tormentos, etc". Pero recuerda también que pese a ello, se ha comenzado a utilizar la teoría del autor mediato para atribuir responsabilidad en casos de juzgamiento de delitos de asociación ilícita, estrago, trata, narcotráfico, etc; ocurridos en el presente. Es decir, "relajando las exigencias de la que hablaba Roxin en las primeras versiones de su tratado".

Recordó que en 2013, la Justicia brasileña utilizó la "teoría del dominio del hecho" para condenar por corrupción a José Dirceu, la ex mano derecha de Luiz Ignacio Lula da Silva durante su gobierno. En dicho caso, los miembros de la Corte Suprema de Justicia brasileña llegaron a la conclusión de que, por su rol de jefe de Gabinete y su influencia decisiva en el Partido de los Trabajadores, Dirceu era "el hombre de atrás del escritorio", creador de una red de corrupción para asegurar al gobierno de Lula una amplia mayoría legislativa.

También citó el caso de Ecuador que en 2020 condenó en ausencia a Rafael Correa con la utilización de las fórmulas de autoría mediata de Roxin, subestimando y relegando las acciones de sus subordinados ministeriales a "meras intervenciones ejecutivas", como si fueran eslabones fungibles.

Y concluye dando "letra":

En nuestro país, en ciertos delitos contra la administración pública, la jurisprudencia ha optado por la teoría de la imputación objetiva de Günther Jakobs para atribuir responsabilidad a los superiores jerárquicos, fundada en la supuesta insuficiencia o lagunas que deja la teoría del dominio del hecho para sancionar al llamado intraneus, que utiliza a un extraneus para su provecho. (Intraneus: persona que interviene en un delito especial y reúne la condición personal exigida por el tipo para ser autor de dicho delito. Por ejemplo: funcionario público.)

Pero más allá de esta diferencia de usos entre la teoría de Roxin y Jakobs, estas sofisticadas construcciones dogmáticas corren el riesgo de ser cáscaras vacías que subsuman fragmentos de realidad, recortada por la mera situación de haber ocupado vértices del poder formal, pero no por haber probado de manera fehaciente que, desde allí, se haya dado una verdadera orden de delinquir.

Como en el caso de la Causa 13/84, las teorías de la participación elaboradas por la doctrina alemana deben aplicarse con máximo rigor y, además, deben ser acompañadas con pruebas contundentes, que expongan que, aun sin apelar a ellas, es posible demostrar el grado de certeza y responsabilidad que se afirma.

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Intervención de la ANAC: un reducto kirchnerista que puso en riesgo la seguridad aerocomercial y dejó al país al borde del aplazo

Una auditoría determinó que el sistema cumple apenas con el 37% de los requisitos de control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves; duro golpe a los cielos abiertos ya que Estados Unidos podría sancionar al país y bajar la categoría

Diego Cabot

LA NACION

El mercado aerocomercial, en plena discusión sobre la seguridad operacional
 

Fue uno de los reductos preferidos de La Cámpora, por varias razones: buenos sueldos, viáticos, viajes al exterior y penetración territorial al punto de tener representación en cada lugar donde hay un aeropuerto. Con semejantes características, los exjóvenes kirchneristas se frotaban las manos cuando empezaron a manejar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El año pasado los sorprendió una auditoría que mostró enormes irregularidades, el mundo aéreo tomó nota y la Argentina está a punto de bajar una categoría en materia aerocomercial. Hoy, el Gobierno intervino el organismo, urgido por los tiempos, para intentar frenar la mala nota. En medio quedó una factura por desidia, mala gestión, puestos políticos, acomodos y falta de conocimiento. Llegó la hora de pagarla, quizá, de la peor manera ya que un descenso en la nota del país (de categoría 1 a 2) sería un impacto bajo la línea de flotación de los mentados “cielos abiertos”.

Formalmente, lo que sucedió es la intervención del la dependencia oficial encargada de la seguridad operacional del sistema aéreo local. “Dispónese la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”, dice el decreto que se conoció ayer.

Pero más allá de la letra de la norma, en realidad lo que el Gobierno hizo es construir una suerte de contrafuego para intentar salvaguardar la calificación del sistema argentino antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos baje la nota, algo que ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad del la operación local. Entonces, fueron años de fuerte trabajo y finalmente, el sistema regresó a su anterior lugar en 2005.


Otros tiempos, Paola Tamburelli con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo CerianiGentileza Aerolíneas Argentinas

En la práctica, perder la categoría significa que se toma una foto actual que funciona como el universo de lo “permitido”, algo así como no innovar. No se puede sumar ningún servicio más, ni tampoco autorizar que ninguna empresa americana llegue al país, o que alguna Argentina quiera volar a Estados Unidos. Los servicios actuales, se mantienen, pero ni siquiera se puede cambiar el tipo de avión. Claro que tiene efecto sólo para el mercado americano pero tal es la influencia de la FAA que todos los organismos del mundo la toman como referencia. Un golpe letal a los cielos abiertos.

Veinte años después, todo el mercado nuevamente está al borde del abismo. Esta vez, se trata de pagar las consecuencias de la gestión de La Cámpora, que repartió amigos y funcionarios por todo el sector aerocomercial. De hecho, en la ANAC estaba Paola Tamburelli, un alfil de la organización kirchnerista, amante de los viajes al exterior, que pese a haber dejado la dirección, aún se mantiene en la nómina de empleados con la categoría A, la más alta en el escalafón del organismo. Aún está al resguardo de la motosierra, como muchos funcionarios de la gestión anterior, seguramente embelesada por el cargo público.

Hace tres meses, pidió licencia al organismo, para conservar el cargo. Se fue a trabajar al gobierno de Axel Kicillof, puntualmente, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Le otorgaron el beneficio y la silla hasta que regrese a la ANAC.

Un asterisco al asunto: la nómina de empleados de la ANAC es un formidable ayuda memoria de apellidos ilustres de la política que pasaron por el área de transporte. Jaime, por caso, Ricardo, exsecretario y condenado por corrupción, que se lee antes del nombre de una de sus hijas, Julieta, que trabaja en el organismo.

El antecedente más cercano es de 2005, cuando se levantó la categoría. De hecho, no son pocos los que en el sector recuerdan que entonces, el ascenso se dio por una razón práctica: el presidente George Bush (hijo) tenía que viajar al país en 2005 a la Cumbre de las Américas. Tal fue la alevosía de la coincidencia temporal que el entonces canciller Rafael Bielsa definió como “una afortunada coincidencia” el hecho de que este cambio aconteciera a pocos días del inicio de la reunión de mandatarios que ocurriría en noviembre de ese año.

La historia de este regreso al banquillo de los acusados y que involucra a Tambulelli ocurrió durante 2022, cuando se llevó a cabo la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizada por la Organización de Aviación Internacional (OACI), uno organismo de las Naciones Unidas. El tema, claro, fue el rutinario informe sobre el sistema aeronáutico, y tenía que evaluar el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina respecto de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo. Un dato más: la funcionaria camporista, como se dijo amante de los viajes al exterior, tenía una silla en la OACI, lugar al que viajaba con frecuencia y que sesiona en Montreal, Canadá.

¿Qué sucedió con ese informe? “Como resultado de esa evaluación, la ANAC, como autoridad aeronáutica, ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial”, reconoció el Gobierno en los considerandos del decreto.

La calificación fue una catástrofe. “Organización de la Aviación Civil” arrojó un nivel de cumplimiento de 41.67%, mientras que en “Operaciones”, asociada al cumplimiento de los estándares internacionales en relación con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue de 37,29%”, sentenció la norma.

Semejante nivel de incumplimiento generó que la FAA, autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, “haya realizado una inspección al sistema aeronáutico argentino, detectando novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país”, se lee en el decreto.

El asunto se convirtió en un tema de Estado. Ni bien llegó al gobierno Javier Milei se encontraron con un viaje inmediato y programado para febrero de la FAA. La canciller, Diana Mondino, fue la encargada de negociar una prórroga para que la noticia no llegue los primeros meses de mandato. Finalmente, se pasó a abril, cuando la FAA tomó los antecedentes receptados en la auditoría de OACI en 2022 y 2023 y llegó al país. Se fue con la hoja llena de anotaciones en rojo.

La gestión de Tamburelli quedó en el ojo de la tormenta. De hecho, un poco de memoria lleva inmediatamente a los últimos meses de del año pasado cuando engrosó la nómina de la entidad con medio centenar de cargos para empleados sin ninguna experiencia en la inspección, ni de aeronaves ni de aeropuertos. Algunos malpensados hablan de favores políticos, pero como se dijo, son sólo malpensados.

En una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que se presentó en febrero, quedaron expuestos enormes irregularidades en el organismo más importante para el mundo de los aviones. De hecho, para entender el tamaño del reducto camporista, los exjóvenes kirchnerista manejaron el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria que en diciembre de 2023 tenía $ 11.313.448.086 en una cuenta del Banco Nación.

Se daban los gustos en las oficinas de la ANAC, al punto que contrataban buenos servicios. Por caso, atendían bien a quienes pasaban por esos despachos. Mediante el expediente 2023-90324848 pagaban un abono a Señal de Ajuste SRL por el “servicio integral de ceremonial”. La factura era de 17,63 millones de pesos. Como para que no se vayan con el estómago vacío, mediante la orden de compra (directa) número 327-0010-OCA23, expediente 2023135748291, el 4 de diciembre le pagaron a Servicios en Gastronomía SRL la suma de 1.998.000 pesos.

A semejante herencia se sumó cierto malestar con Gustavo Marón, el administrador que nombró este Gobierno, a quién le pedían un poco más de velocidad, además de una conjunción con la actual política de cielos abiertos. Finalmente, asumirá María Julia Cordero, una funcionaria que ingresó a la administración pública de la mano de Nilda Garré cuando era ministra de Defensa. Gran parte de su carrera la hizo de la mano de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, designado por La Cámpora y Mariano Recalde cuando se estatizo la empresa. Cordero, conocedora de que le pueden realizar un test de cultura libertaria en sangre, olvidó incluir en el currículum aquel contacto cercano con el kirchnerismo. Apenas una mención: “Directora Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2016″. En ese momento, Dapena era subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.

Antes de que sea tarde, se optó por la tangente: intervenir el organismo. Dicen que tienen tiempo hasta septiembre para revertir el asunto, es decir, poco. Intentarán negociar una un plazo mayor antes de que el aplazado se imprima en el sistema aerocomercial local, un duro golpe a la política de cielos abiertos.

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