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La misma doctrina que juzgó a los militares es la que se aplica al Kirchnerismo

'Autoría mediata': Cristina Kirchner se enfrenta a la teoría de Claus Roxin que usó contra los militares

Urgente 24

  
La teoría de la 'autoría mediata' del alemán Claus Roxin, que fue clave en los juicios de lesa humanidad de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, ahora la condena, y la enfrenta al dilema de no hundirse en una contradicción política.



La misma teoría jurídica que en Argentina fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, fue utilizada ahora en el Juicio Vialidad para imputar a la exmandataria.

La teoría de la autoría mediata del jurista alemán Claus Roxin permite imputar a una persona la autoría de delitos que, si bien no ha ejecutado directamente, ha dirigido a través de estructuras jerárquicas de poder, ejerciendo influencia sobre quienes los ejecutan de forma directa. Fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que la propia Cristina Kirchner fue una férrea defensora y con los que se condenó a militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. E incluso, sirvió para condenar a perpetua a Jorge Rafael Videla.

Y de allí surge la gran paradoja. Y es que la misma teoría jurídica que en Argentina fue clave en los juicios de lesa humanidad, de los que Cristina Kirchner fue una férrea defensora, fue utilizada ahora por la fiscalía en el Juicio Vialidad para imputar a la exmandataria como autora mediata en delitos de corrupción relacionados con la obra pública, bajo el argumento de que bajo su poder y autoridad permitió y organizó los actos ilícitos contra el Estado.

Esta "estructura de poder organizada" no es una dictadura sino una supuesta red de corrupción en la obra pública, a través de la cual se habrían canalizado millonarios recursos hacia empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Pero para la defensa, la aplicación de esta teoría en casos de corrupción es una interpretación excesiva y forzada de la teoría original.



Sin embargo, se usó en Brasil para casos de corrupción, y en Italia apelaron a una teoría similar al popular "no podía no saber" por diversos casos de corrupción conocidos como Mani pulite que descabezaron al poder político de ese país.

En Perú, se aplicó para la extradición y condena del ahora fallecido peruano Alberto Fujimori por diversos delitos.

E incluso, en Alemania, se han planteado casos de autoría mediata en delitos económicos...
La teoría de Roxin postula que cuando agentes estatales cometan graves delitos en base a órdenes del Estado, serían también autores (mediatos) quienes dieron la orden, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos.

La teoría de Roxin postula que cuando agentes estatales cometan graves delitos en base a órdenes del Estado, serán también autores (mediatos) quienes dieron la orden, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho, incluso, más responsabilidad que los ejecutores directos.

Pero más allá de los antecedentes, cierto es que los detractores afirman que el derecho penal entra con esta tesis en terreno muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno y a los humores de la opinión pública.

Los defensores, al contrario, creen que es una moderna manera de sancionar delitos complejos, cometidos por una red de personas, con un vértice de poder muy claro, concreto y efectivo. Algo que sostenían los propios kirchneristas durante las violaciones a los derechos humanos. ¿Tendrán que decir ahora que cambian de opinión para delitos de corrupción? ¿Y si no, cómo criticará este paradigma jurídico emblemático de su gobierno?, y ¿cómo apelar a esta estrategia sin hundirse en una contradicción política?

Será toda una novedad para la figura de la expresidente Cristina Kirchner por el peso simbólico de esta teoría en su propio legado de derechos humanos...

Horacio Verbitsky y las "cáscaras vacías"

Según la teoría de Roxin, no es necesario encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razonable, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Rafael Videla hubiera secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permitió condenarlo porsu "rol decisivo en una organización delictiva".

En agosto de 2022, en el sitio 'El Cohete a la Luna' un artículo titulado "Abusos de la dogmática alemana", citaba además de la teoría de la "autoría mediata", otros recientes desarrollos del doctrinario Erick Guimaray, del que publicó:

"La contratación fraudulenta de la obra pública, decisión que en el ejemplo proviene de las atribuciones políticas del Poder Ejecutivo, esto es, de un poder ajeno al control del simple ejecutor material, no puede ser consecuencia del actuar errático e individual de los operadores subordinados. Y esto es así porque una orden ilegal al interior de la Administración sólo puede pervivir cuando quien la emite no solamente se ubica en el vértice más importante de la misma, sino que la controla, gracias al poder normativo que ostenta, dejando al ejecutor material no más que las circunstancias de trámite y ejecución de su orden (…) La aplicación de la tesis de la autoría mediata por dominio de organización o aparato de poder parece razonable, pues los cauces burocráticos pueden ordenar verticalmente la comisión del delito de corrupción, asegurando así la relación de idoneidad material entre el automatismo del aparato y la comisión del hecho delictivo. Es más, las especiales características de composición política de la Administración redundan en la pertinencia de los elementos de la autoría mediata como criterio de imputación contra los superiores jerárquicos del organigrama público".

Inmediatamente, aclara que a diferencia de lo planteado por Guimaray, en nuestro país "la jurisprudencia ha mantenido la idea de utilizar la teoría del autor mediato para atribuir responsabilidad en los juicios de lesa humanidad respecto de personas que ocupaban cargos públicos de poder y dominio en un contexto de genocidio, en delitos tales como homicidio, privación de libertad, aplicación de tormentos, etc". Pero recuerda también que pese a ello, se ha comenzado a utilizar la teoría del autor mediato para atribuir responsabilidad en casos de juzgamiento de delitos de asociación ilícita, estrago, trata, narcotráfico, etc; ocurridos en el presente. Es decir, "relajando las exigencias de la que hablaba Roxin en las primeras versiones de su tratado".

Recordó que en 2013, la Justicia brasileña utilizó la "teoría del dominio del hecho" para condenar por corrupción a José Dirceu, la ex mano derecha de Luiz Ignacio Lula da Silva durante su gobierno. En dicho caso, los miembros de la Corte Suprema de Justicia brasileña llegaron a la conclusión de que, por su rol de jefe de Gabinete y su influencia decisiva en el Partido de los Trabajadores, Dirceu era "el hombre de atrás del escritorio", creador de una red de corrupción para asegurar al gobierno de Lula una amplia mayoría legislativa.

También citó el caso de Ecuador que en 2020 condenó en ausencia a Rafael Correa con la utilización de las fórmulas de autoría mediata de Roxin, subestimando y relegando las acciones de sus subordinados ministeriales a "meras intervenciones ejecutivas", como si fueran eslabones fungibles.

Y concluye dando "letra":

En nuestro país, en ciertos delitos contra la administración pública, la jurisprudencia ha optado por la teoría de la imputación objetiva de Günther Jakobs para atribuir responsabilidad a los superiores jerárquicos, fundada en la supuesta insuficiencia o lagunas que deja la teoría del dominio del hecho para sancionar al llamado intraneus, que utiliza a un extraneus para su provecho. (Intraneus: persona que interviene en un delito especial y reúne la condición personal exigida por el tipo para ser autor de dicho delito. Por ejemplo: funcionario público.)

Pero más allá de esta diferencia de usos entre la teoría de Roxin y Jakobs, estas sofisticadas construcciones dogmáticas corren el riesgo de ser cáscaras vacías que subsuman fragmentos de realidad, recortada por la mera situación de haber ocupado vértices del poder formal, pero no por haber probado de manera fehaciente que, desde allí, se haya dado una verdadera orden de delinquir.

Como en el caso de la Causa 13/84, las teorías de la participación elaboradas por la doctrina alemana deben aplicarse con máximo rigor y, además, deben ser acompañadas con pruebas contundentes, que expongan que, aun sin apelar a ellas, es posible demostrar el grado de certeza y responsabilidad que se afirma.

Cómo cambiar para siempre un Poder Judicial corrupto

Cambiando un poder judicial corrupto

Lucha Internacional Contra la Corrupción Judicial: Estrategias y Experiencias

FDRA

• Si un país tiene un sistema judicial corrupto, tal que nunca un político es juzgado por casi ningún crimen, como han sido las experiencias internacionales para corregir este problema?

La corrupción en los sistemas judiciales, particularmente cuando permite la impunidad de los políticos, representa un desafío grave que socava la confianza pública en las instituciones y debilita el estado de derecho. Diversos países han abordado este problema mediante distintas estrategias, algunas con mayor éxito que otras, y han dejado valiosas lecciones para la comunidad internacional.

Reformas Institucionales: Fortaleciendo la Independencia Judicial

Una de las estrategias más comunes ha sido la implementación de reformas institucionales profundas. Estas incluyen cambios legislativos destinados a fortalecer la independencia del poder judicial y aumentar las sanciones por actos de corrupción. Un ejemplo destacado es Guatemala, donde se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, que se dedicó a investigar y desmantelar estructuras criminales dentro del gobierno.

En Colombia, la autonomía del Ministerio Público ha sido clave en la lucha contra la corrupción política. La Fiscalía General ha ganado mayor independencia, lo que ha permitido avances significativos en la persecución de delitos de corrupción, demostrando que una fiscalía autónoma puede ser un pilar fundamental en la lucha anticorrupción.

Intervención Internacional: El Papel de los Organismos Globales

En algunos casos, la intervención de organismos internacionales ha sido crucial para apoyar las reformas judiciales y garantizar que se lleven a cabo juicios justos. Además de la CICIG en Guatemala, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la ONU han desempeñado un papel importante en el monitoreo y la presión internacional para que los países adopten y mantengan estándares anticorrupción.

Sociedad Civil: El Poder de la Vigilancia Ciudadana

El fortalecimiento de la sociedad civil también ha sido esencial en la lucha contra la corrupción. En Brasil, organizaciones no gubernamentales como Transparencia Brasil han jugado un papel clave en la vigilancia del poder político, ayudando a destapar numerosos casos de corrupción. Un periodismo libre y fuerte es igualmente crucial; en Sudáfrica, investigaciones periodísticas revelaron varios escándalos de alto perfil que involucraban a políticos de alto rango, subrayando la importancia de la libertad de prensa en el combate a la corrupción.

Transparencia en la Selección de Jueces: Hacia una Justicia Imparcial

Reformar el proceso de selección de jueces es otra estrategia esencial para reducir la corrupción en el poder judicial. En Costa Rica, por ejemplo, el sistema de nombramiento de jueces es considerado un modelo a seguir por su transparencia y meritocracia, lo que ha contribuido a mantener la independencia judicial frente a influencias políticas.

Movilización Ciudadana: La Fuerza de las Protestas

En algunos países, la movilización popular ha sido decisiva para exigir justicia. En Rumania, las protestas masivas contra la corrupción en 2017 llevaron al gobierno a revertir decisiones judiciales que favorecían a políticos corruptos, demostrando el poder de la ciudadanía en la lucha por un sistema más justo.

Cooperación Regional: Un Enfoque Coordinado

Finalmente, la cooperación regional ha sido fundamental en América Latina. Organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) han promovido la colaboración entre países a través de convenciones y programas específicos, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que buscan fortalecer la capacidad de los estados para combatir la corrupción.

Ejemplos Exitosos: Lecciones del Pasado

La historia ofrece ejemplos de éxito en la lucha contra la corrupción. Italia, con la operación "Mani Pulite" ("Manos Limpias") en la década de 1990, y Hong Kong, con la creación de la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) en 1974, son dos casos emblemáticos donde se lograron avances significativos al confrontar la corrupción con determinación y recursos adecuados.

Estas experiencias subrayan que, aunque la lucha contra la corrupción judicial y política es compleja, no es imposible. Con un compromiso firme, la implementación de reformas estratégicas y la colaboración de la sociedad civil y la comunidad internacional, es posible construir un sistema más justo y transparente.

• ¿Pueden esos cambios, por ejemplo, implicar una cambio de shock, es decir, por ejemplo, reemplazo jueces o cierre de juzgados, en un período muy corto de tiempo?
  

Reformas de Shock en Sistemas Judiciales: Ejemplos de Cambios Drásticos para Combatir la Corrupción

En varios países, los sistemas judiciales corruptos han sido blanco de reformas radicales que buscan restaurar la justicia y la confianza pública. Estos "cambios de shock" han implicado el reemplazo masivo de jueces, el cierre de juzgados y la creación de nuevas instituciones, todo en un esfuerzo por eliminar la corrupción endémica en un corto período de tiempo. Sin embargo, aunque estas medidas pueden ser efectivas a corto plazo, también presentan riesgos significativos para la independencia judicial y la estabilidad democrática.

El Caso de Perú: Fujimori y la Reforma Judicial

Uno de los ejemplos más notables de un cambio de shock en el sistema judicial ocurrió en Perú durante la década de 1990. El entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992 y asumió poderes extraordinarios, lo que le permitió implementar reformas drásticas en el poder judicial. Se destituyó a numerosos jueces, se reestructuraron tribunales y se crearon nuevas instituciones judiciales. Aunque estas medidas fueron promovidas como una lucha contra la corrupción, también fueron duramente criticadas por socavar la independencia del poder judicial y consolidar el poder en manos del ejecutivo.

Mani Pulite en Italia: Un Terremoto Judicial y Político

A principios de la década de 1990, Italia vivió un "terremoto" judicial y político con la operación "Mani Pulite" ("Manos Limpias"). Aunque no implicó el reemplazo masivo de jueces, la operación desmanteló un sistema profundamente corrupto y llevó a la caída de toda la clase política tradicional de la época. Esta serie de investigaciones, dirigidas por magistrados y fiscales, resultó en la reestructuración de las instituciones judiciales y políticas, transformando el país de manera radical.

Georgia y la Revolución Rosa: Un Golpe de Timón

Tras la Revolución Rosa en 2003, el gobierno de Mikheil Saakashvili en Georgia implementó una reforma judicial radical para combatir la corrupción endémica. La medida incluyó el despido masivo de jueces y fiscales, el cierre de varias cortes y la creación de nuevas instituciones judiciales. Si bien estos cambios fueron efectivos en reducir la corrupción a corto plazo, también generaron críticas por la rapidez y la falta de debido proceso en la remoción de jueces.

Rumania: Reformas en Respuesta a la Protesta Ciudadana

En Rumania, las protestas masivas de 2017 contra la corrupción forzaron al gobierno a implementar cambios significativos en su sistema judicial. Aunque no fue un cambio de shock completo, sí se realizaron despidos de jueces y fiscales implicados en corrupción, y se reformó el sistema judicial en un esfuerzo por fortalecer la lucha anticorrupción. Este proceso de reformas, aunque rápido, ha sido continuo y ha buscado consolidar la legitimidad del poder judicial.

Ucrania Post-Euromaidán: Purga Judicial en Busca de Transparencia

Ucrania, tras las protestas de Euromaidán en 2014, emprendió una purga en su sistema judicial como parte de una serie de reformas anticorrupción. Jueces fueron destituidos en masa, se establecieron tribunales especializados en la lucha contra la corrupción, y se revisaron las credenciales de los jueces existentes. Aunque estas reformas se implementaron en un corto período de tiempo, su efectividad y el impacto a largo plazo siguen siendo objeto de debate.

Consideraciones y Riesgos

Los cambios de shock en sistemas judiciales pueden ser una herramienta poderosa para combatir la corrupción, pero no están exentos de riesgos. La independencia judicial puede verse comprometida si estas reformas no se manejan con cuidado, y la confianza en las instituciones podría debilitarse si las medidas se perciben como autoritarias o injustas.

A pesar de los desafíos, estos ejemplos internacionales muestran que, con un compromiso firme y la implementación de reformas estratégicas, es posible avanzar hacia un sistema judicial más justo y transparente. Sin embargo, el éxito a largo plazo de estos cambios depende de la legitimidad y el apoyo de la sociedad, así como de la capacidad para mantener un equilibrio entre la eficacia y la justicia.

Argentina: La corrupción peronista desvía una inversión en Bahía Blanca

La trastienda de cómo Milei dio un golpe a la "casta portuaria" y Kicillof perdió una inversión histórica

• Las verdaderas razones por las que Bahía Blanca pierde una de las iniciativas privadas más importantes de la historia Argentina no son solo políticas

iProfesional | Por Antonio D'Eramo




Susbielles (al medio) y Elías (derecha): Los responsables de que la principal inversión de la historia del país no vaya al puerto de Bahía Blanca y se vaya al páramo de Punta Colorada (Río Negro).

Por la dimensión de la inversión que estaba en disputa, una obra de más de 30 mil millones de dólares que permitirá que la Argentina se transforme en el quinto productor de LNG del mundo, la decisión de YPF y Petronas de dejar de lado el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, con salida directa al Océano Atlántico y al mercado mundial, una estación portuaria de enorme trayectoria con una vía de acceso de 190 mts. de ancho de solera y 98 Km. de longitud, el cual permite la navegación de buques de gran porte y calado, por el puerto en Punta Colorado,  ubicado a pocos kilómetros de Sierra Grande, en la que casi todo está por hacerse, obedece no sólo a cuestiones técnicas e ideológicas o de modelos de administración que enfrentan al presidente, Javier Milei con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino a una cuestión más profunda y delicada que los accionistas y el management de las empresas privadas involucradas no estaban dispuestas a tolerar.

Las cajas negras de la política bonaerense de libre disponibilidad que se realizan a través de los Entes Públicos No Estatales que conforman los Consorcios de Gestión de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, y que son los verdaderos semilleros de dirigentes políticos del peronismo o del Frente de Todos que han recibido un tremendo revés con la decisión de YPF y Petronas de ignorar a la tradicional estación portuaria de Bahía Blanca y con ello a los planes de tener acceso a uno de los negocios más rentables que la humanidad ha creado: el petróleo y sus derivados.

Bien mirado se trata de un golpe gigantesco a lo que el presidente Javier Milei y sus seguidores libertarios suelen definir como la "casta" que rodea todo aquello que de beneficios económicos, políticos y sustente proyectos hegemónicos a futuro en nuestra Nación.

Pero, para comprender las razones profundas de la decisión empresarial que conmueve a toda una provincia, Buenos Aires, y a una ciudad, Bahía Blanca, que soñaba con contar, de manera lógica por la importancia de su posición geográfica, con un nuevo hub del sector energético hay que prestar atención a unas pocas frases del comunicado oficial de las compañías donde anunciaron la trascendental decisión.

En el documento se especifica que la "... zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta", hay que recordar que lo que se podría haber ahorrado en gasoductos hasta Bahía Blanca en el sur bonaerense, se podría amortizar con un menor trayecto de traslado de buques que deberán alcanzar el océano desde Río Negro.

Pero también se especificó que "...la existencia de una mayor profundidad marítima, disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos". Malas noticias para compañías dragadoras de primer nivel mundial que suelen facturar por la cantidad de lecho marino que remueven y que nadie puede auditar de manera certera.

Y señala el comunicado oficial, "...la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas y la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". Se habla también de las cuestiones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto y allí entraría la polémica por la firma tardía del gobierno de La Plata en el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI) nacional, cuestión por la cual ya corrieron ríos de tinta.

Pero, detengámonos en esta frase del comunicado, "la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". ¿Qué significa que en Bahía Blanca no hay personal capacitado? Se trata de una estación riquísima en historia portuaria y en técnicos y trabajadores altamente capacitados para operar. La respuesta hay que hallarla en la conducción del puerto de Bahía Blanca que, por estar dirigidos por entes de gestión no públicos, es similar a lo que sucede en el puerto de Quequén de Necochea o en el tradicional de Mar del Plata.

Los maneja una "casta portuaria" integrada por sindicalistas, empresarios del sector y políticos que hacen y deshacen contratos con operadores sin que nadie los controle, los audite y donde la Justicia local suele hacer oídos sordos a todos los reclamos de los que sufren injustas persecuciones empresarias.

Las cajas negras de los puertos bonaerenses

Para tener una idea de los montos recaudados por estos Entes, podemos citar como ejemplo al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que informa una recaudación anual de unos 100 millones de dólares, con una estructura de 90 empleados.

Bajo este modelo de gestión a cargo de Entes no Estatales que primero se impuso para dos puertos en Buenos Aires, en la actualidad se administran la totalidad de los puertos comerciales e industriales de conexión internacional transferidos de la Nación a la Provincia de Buenos Aires hace 30 años: La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Dock Sud, Coronel Rosales, San Pedro y Olivos que es una estación portuaria recreativa. Además de los ya mencionados, Bahía Blanca y Quequén.

Los Consorcios de Gestión presentan una particularidad paradójica e inconciliable: no son sociedades comerciales, razón por la cual carecen de los instrumentos de control interno y auditoría sobre su funcionamiento, ni tampoco la inclaudicable demanda de los accionistas de eficiencia y rentabilidad del capital invertido.

Tampoco son organismos del Estado, y, por lo tanto, en principio se encuentran excluidos de los mecanismos de control y fiscalización que auditan a la administración pública provincial. Esta figura híbrida, caracterizada como Ente Público No Estatal, carece de una legislación supletoria que se les aplique y se rigen esencialmente por su Estatuto y norma de creación; allí se diseña su objeto, su finalidad, su capacidad, quienes lo dirigen, la actividad para la que se los crea, lo que no pueden realizar etc.



El legislador provincial tomó algunos recaudos a la hora de crear estos Entes a los que se le confiaba a título gratuito la explotación de un capital -los puertos- valuados en miles de millones de dólares, por los que se exporta e importa una enorme cantidad de productos y commodities de nuestro país.

Debió también dotar a los Entes de suficiente autonomía para cumplir la condición de transferencia, pero a su vez imponerles límites a los encargados de la administración, pues de ellos depende, en una parte sustancial, el destino económico del país. Sin embargo, esta figura ha generado una cantidad de suspicacias: el capital -vale decir las instalaciones del Puerto- se les dispone a título gratuito, y de lo recaudado no aportan un solo peso ni a la Nación, ni a la Provincia. De manual: imposible que funcionen con transparencia y que cumplan con los fines para los que fueron creados.

Estas condiciones fueron  las que  rechazaron los ejecutivos de YPF y Petronas. De ninguna manera iban a negociar con personajes como el "turco" Elías, un empresario del puerto, devenido en editor de medios porque los Massot decidieron abandonar el tradicional negocio en sus manos, y que fue ligado a Hugo Moyano con firmas espejos en Panamá, como fuera mencionado en los Panamá papers por un trabajo periodístico muy destacable de Hugo Alconada Mon para el diario La Nación.

Pero Rubén Elías no es el único y el gremio SUPA tiene sus dirigentes de confianza en la mesa chica de Bahía Blanca como denunció la abogada Florencia Arrieto, que defendió a los directivos de la empresa ENERGEN, una pyme de combustible, que ganó una concesión de la posta inflamable y fue bloqueada y extorsionada durante cuatro meses para que venda. Arrieto explicaba "...para trabajar en el puerto de Bahía Blanca hay que pagarle un peaje al SUPA y el que no lo hace, no trabaja". Las denuncias las realizó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo.


Rubén Elías, dueño de los principales medios de la ciudad, mencionado como testaferro de Moyano y sospechado de provocar aprietes y bloqueos a empresas del puerto

Además como se señaló, Federico Susbielles, que continúa lamentándose por la decisión de YPF, llegó al poder por el Frente de Todos, desbancando a PRO de Héctor Gay, en una ciudad refractaria históricamente al peronismo, tras perder tres veces. Sólo lo logró cuando condujo el millonario Consorcio de Gestión portuaria. Luego de hacerlo, llegó a la intendencia de Bahía.

Conocida la decisión ofreció una conferencia de prensa y allí Susbielles, sostuvo, que Bahía Blanca está preparada para "comenzar a operar mañana" con la licuefacción y gasificación de los hidrocarburos de Vaca Muerta, porque la experiencia así lo demuestra, mientras que en la vecina provincia se debe montar toda una infraestructura que demandará muchos años y miles de millones de dólares. En ese sentido, dijo que esta decisión de YPF afecta a la ciudad, pero advirtió: "El tiempo dirá si esto es solo un daño a Bahía Blanca o para todos los argentinos".

Susbielles nada dijo del entramado político, sindical, empresarial, cuasi monopólico donde no entra nadie sino que se pacta con ellos. Los verdaderos dueños del puerto y la ciudad. Con esos antecedentes, la elección rionegrina de parte de YPF y Petronas se caía de maduro. Ahora, solo quedará el show de acusaciones cruzadas entre Kicillof y Milei. Al menos por esta vez. La casta perdió una batalla.

Argentina: Vetos, militares y pelotudos

Argentina: La Cámpora copó el órgano de control de la aviación civil y fue pura corrupción

 

Intervención de la ANAC: un reducto kirchnerista que puso en riesgo la seguridad aerocomercial y dejó al país al borde del aplazo

Una auditoría determinó que el sistema cumple apenas con el 37% de los requisitos de control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves; duro golpe a los cielos abiertos ya que Estados Unidos podría sancionar al país y bajar la categoría

Diego Cabot

LA NACION

El mercado aerocomercial, en plena discusión sobre la seguridad operacional
 

Fue uno de los reductos preferidos de La Cámpora, por varias razones: buenos sueldos, viáticos, viajes al exterior y penetración territorial al punto de tener representación en cada lugar donde hay un aeropuerto. Con semejantes características, los exjóvenes kirchneristas se frotaban las manos cuando empezaron a manejar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El año pasado los sorprendió una auditoría que mostró enormes irregularidades, el mundo aéreo tomó nota y la Argentina está a punto de bajar una categoría en materia aerocomercial. Hoy, el Gobierno intervino el organismo, urgido por los tiempos, para intentar frenar la mala nota. En medio quedó una factura por desidia, mala gestión, puestos políticos, acomodos y falta de conocimiento. Llegó la hora de pagarla, quizá, de la peor manera ya que un descenso en la nota del país (de categoría 1 a 2) sería un impacto bajo la línea de flotación de los mentados “cielos abiertos”.

Formalmente, lo que sucedió es la intervención del la dependencia oficial encargada de la seguridad operacional del sistema aéreo local. “Dispónese la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”, dice el decreto que se conoció ayer.

Pero más allá de la letra de la norma, en realidad lo que el Gobierno hizo es construir una suerte de contrafuego para intentar salvaguardar la calificación del sistema argentino antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos baje la nota, algo que ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad del la operación local. Entonces, fueron años de fuerte trabajo y finalmente, el sistema regresó a su anterior lugar en 2005.


Otros tiempos, Paola Tamburelli con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo CerianiGentileza Aerolíneas Argentinas

En la práctica, perder la categoría significa que se toma una foto actual que funciona como el universo de lo “permitido”, algo así como no innovar. No se puede sumar ningún servicio más, ni tampoco autorizar que ninguna empresa americana llegue al país, o que alguna Argentina quiera volar a Estados Unidos. Los servicios actuales, se mantienen, pero ni siquiera se puede cambiar el tipo de avión. Claro que tiene efecto sólo para el mercado americano pero tal es la influencia de la FAA que todos los organismos del mundo la toman como referencia. Un golpe letal a los cielos abiertos.

Veinte años después, todo el mercado nuevamente está al borde del abismo. Esta vez, se trata de pagar las consecuencias de la gestión de La Cámpora, que repartió amigos y funcionarios por todo el sector aerocomercial. De hecho, en la ANAC estaba Paola Tamburelli, un alfil de la organización kirchnerista, amante de los viajes al exterior, que pese a haber dejado la dirección, aún se mantiene en la nómina de empleados con la categoría A, la más alta en el escalafón del organismo. Aún está al resguardo de la motosierra, como muchos funcionarios de la gestión anterior, seguramente embelesada por el cargo público.

Hace tres meses, pidió licencia al organismo, para conservar el cargo. Se fue a trabajar al gobierno de Axel Kicillof, puntualmente, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Le otorgaron el beneficio y la silla hasta que regrese a la ANAC.

Un asterisco al asunto: la nómina de empleados de la ANAC es un formidable ayuda memoria de apellidos ilustres de la política que pasaron por el área de transporte. Jaime, por caso, Ricardo, exsecretario y condenado por corrupción, que se lee antes del nombre de una de sus hijas, Julieta, que trabaja en el organismo.

El antecedente más cercano es de 2005, cuando se levantó la categoría. De hecho, no son pocos los que en el sector recuerdan que entonces, el ascenso se dio por una razón práctica: el presidente George Bush (hijo) tenía que viajar al país en 2005 a la Cumbre de las Américas. Tal fue la alevosía de la coincidencia temporal que el entonces canciller Rafael Bielsa definió como “una afortunada coincidencia” el hecho de que este cambio aconteciera a pocos días del inicio de la reunión de mandatarios que ocurriría en noviembre de ese año.

La historia de este regreso al banquillo de los acusados y que involucra a Tambulelli ocurrió durante 2022, cuando se llevó a cabo la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizada por la Organización de Aviación Internacional (OACI), uno organismo de las Naciones Unidas. El tema, claro, fue el rutinario informe sobre el sistema aeronáutico, y tenía que evaluar el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina respecto de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo. Un dato más: la funcionaria camporista, como se dijo amante de los viajes al exterior, tenía una silla en la OACI, lugar al que viajaba con frecuencia y que sesiona en Montreal, Canadá.

¿Qué sucedió con ese informe? “Como resultado de esa evaluación, la ANAC, como autoridad aeronáutica, ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial”, reconoció el Gobierno en los considerandos del decreto.

La calificación fue una catástrofe. “Organización de la Aviación Civil” arrojó un nivel de cumplimiento de 41.67%, mientras que en “Operaciones”, asociada al cumplimiento de los estándares internacionales en relación con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue de 37,29%”, sentenció la norma.

Semejante nivel de incumplimiento generó que la FAA, autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, “haya realizado una inspección al sistema aeronáutico argentino, detectando novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país”, se lee en el decreto.

El asunto se convirtió en un tema de Estado. Ni bien llegó al gobierno Javier Milei se encontraron con un viaje inmediato y programado para febrero de la FAA. La canciller, Diana Mondino, fue la encargada de negociar una prórroga para que la noticia no llegue los primeros meses de mandato. Finalmente, se pasó a abril, cuando la FAA tomó los antecedentes receptados en la auditoría de OACI en 2022 y 2023 y llegó al país. Se fue con la hoja llena de anotaciones en rojo.

La gestión de Tamburelli quedó en el ojo de la tormenta. De hecho, un poco de memoria lleva inmediatamente a los últimos meses de del año pasado cuando engrosó la nómina de la entidad con medio centenar de cargos para empleados sin ninguna experiencia en la inspección, ni de aeronaves ni de aeropuertos. Algunos malpensados hablan de favores políticos, pero como se dijo, son sólo malpensados.

En una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que se presentó en febrero, quedaron expuestos enormes irregularidades en el organismo más importante para el mundo de los aviones. De hecho, para entender el tamaño del reducto camporista, los exjóvenes kirchnerista manejaron el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria que en diciembre de 2023 tenía $ 11.313.448.086 en una cuenta del Banco Nación.

Se daban los gustos en las oficinas de la ANAC, al punto que contrataban buenos servicios. Por caso, atendían bien a quienes pasaban por esos despachos. Mediante el expediente 2023-90324848 pagaban un abono a Señal de Ajuste SRL por el “servicio integral de ceremonial”. La factura era de 17,63 millones de pesos. Como para que no se vayan con el estómago vacío, mediante la orden de compra (directa) número 327-0010-OCA23, expediente 2023135748291, el 4 de diciembre le pagaron a Servicios en Gastronomía SRL la suma de 1.998.000 pesos.

A semejante herencia se sumó cierto malestar con Gustavo Marón, el administrador que nombró este Gobierno, a quién le pedían un poco más de velocidad, además de una conjunción con la actual política de cielos abiertos. Finalmente, asumirá María Julia Cordero, una funcionaria que ingresó a la administración pública de la mano de Nilda Garré cuando era ministra de Defensa. Gran parte de su carrera la hizo de la mano de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, designado por La Cámpora y Mariano Recalde cuando se estatizo la empresa. Cordero, conocedora de que le pueden realizar un test de cultura libertaria en sangre, olvidó incluir en el currículum aquel contacto cercano con el kirchnerismo. Apenas una mención: “Directora Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2016″. En ese momento, Dapena era subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.

Antes de que sea tarde, se optó por la tangente: intervenir el organismo. Dicen que tienen tiempo hasta septiembre para revertir el asunto, es decir, poco. Intentarán negociar una un plazo mayor antes de que el aplazado se imprima en el sistema aerocomercial local, un duro golpe a la política de cielos abiertos.

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