El lado oscuro de la Revolución Francesa

Chile: Política y desigualdades en el Norte

Política interna del norte chileno

 EMcL (c)

La política del norte chileno no se entiende bien si se la reduce a una simple disputa entre izquierda y derecha. Su dinámica está determinada por una combinación particular de economía extractiva, centralismo santiaguino, frontera, migración, identidad regional y desconfianza hacia los partidos tradicionales.

Además, conviene distinguir el Norte Grande —Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta— del Norte Chico, principalmente Atacama y Coquimbo. Comparten ciertos problemas, pero no forman un bloque político homogéneo. Todos territorios apropiados a Perú y Bolivia.

El eje central: riqueza minera y sensación de abandono

La contradicción política fundamental es bastante evidente: el norte produce una parte decisiva de la riqueza chilena, pero buena parte de sus habitantes considera que esa riqueza no se traduce proporcionalmente en infraestructura, vivienda, hospitales, seguridad, transporte urbano o calidad ambiental.

La minería representaba en 2023 aproximadamente el 52,6% del PIB regional de Antofagasta, el 32,8% del de Atacama y el 28,9% del de Tarapacá. En 2024, Antofagasta fue además una de las regiones de mayor crecimiento del país, con una expansión del 7,3%, impulsada principalmente por el cobre, el litio y otras actividades mineras. (Biblioteca del Congreso Chile)

De allí surge un regionalismo que podría resumirse así:

“El norte produce, pero Santiago recauda, decide y distribuye”.

No necesariamente es separatismo ni federalismo doctrinario. Es más bien una demanda por retención territorial de rentas, compensaciones ambientales, inversión pública visible y mayor capacidad de decisión regional.

El royalty minero comenzó a modificar parcialmente ese cuadro mediante fondos para gobiernos regionales, comunas mineras y municipios con menores ingresos. También se contemplaron recursos específicos para infraestructura productiva entre Arica y Coquimbo. Sin embargo, incluso la política oficial de descentralización reconoce que las regiones extractivas siguen soportando externalidades ambientales, sanitarias y urbanas que no siempre son compensadas adecuadamente. (Subdere)

Una institucionalidad regional todavía ambigua

Chile creó gobernadores regionales elegidos directamente, pero no eliminó el control político del gobierno central. Actualmente conviven dos autoridades:

El gobernador regional, elegido por la población, conduce el gobierno regional y administra políticas de desarrollo e inversión.

El delegado presidencial regional, designado por el presidente, conserva el gobierno interior, el orden público, la coordinación estatal, la seguridad y buena parte de las cuestiones migratorias. (Biblioteca del Congreso Chile)

En el norte esta división es especialmente problemática. Cuando aparecen dificultades fronterizas, ocupaciones, campamentos, delincuencia organizada o crisis migratorias, el gobernador puede reclamar medidas, pero las herramientas policiales y de control territorial dependen principalmente del delegado presidencial y de los ministerios nacionales.

Esto produce una dinámica de doble legitimidad:

• El gobernador afirma representar a la región frente a Santiago.

• El delegado representa a Santiago dentro de la región.

• Los alcaldes reclaman que ninguno de los dos resuelve con suficiente rapidez.

Por eso los gobernadores norteños tienden a construir un discurso regional, incluso cuando pertenecen a partidos nacionales.

Frontera, migración y seguridad

En Arica, Tarapacá y, en menor medida, Antofagasta, la política está fuertemente condicionada por la condición fronteriza. Allí convergen migración regular e irregular, pasos no habilitados, comercio transfronterizo, contrabando, transporte, narcotráfico y una economía informal que no puede separarse completamente de la vida cotidiana.

Antofagasta concentraba en 2023 unas 128.744 personas extranjeras residentes, el 6,7% del total nacional; de ellas, alrededor de 13.664 se encontraban en situación migratoria irregular. El Censo 2024 volvió a mostrar a Antofagasta como la segunda región del país con mayor concentración de población nacida fuera de Chile. (INE)

Esto ha desplazado el debate regional. La discusión ya no es solamente cuánto debe invertir el Estado, sino también:

• quién controla la frontera;

• cómo se distribuyen los costos de la migración;

• qué municipios deben financiar salud, educación y vivienda;

• cómo se combate al crimen organizado sin convertir al migrante en enemigo colectivo.

En términos electorales, seguridad y migración han ganado centralidad. Pero sería incorrecto interpretar esto simplemente como una “derechización”. Muchos votantes norteños combinan posiciones que, desde Santiago, parecen contradictorias: reclaman fronteras más controladas, pero también mayor gasto público, royalty regional, vivienda social y protección laboral.

Del norte obrero al norte antiestablishment

El norte chileno posee una fuerte tradición obrera y sindical: salitre, cobre, puertos, ferrocarriles y grandes campamentos mineros. Esa historia favoreció durante décadas a socialistas, comunistas, radicales y dirigentes sindicales.

Sin embargo, la actual estructura laboral es diferente. Junto al trabajador sindicalizado de una gran minera existen contratistas y subcontratistas; pequeños empresarios proveedores; trabajadores por turnos; empleados que viven en otra región; comerciantes informales; transportistas; profesionales mineros de ingresos relativamente altos; población urbana instalada en campamentos o periferias precarias.

Ese mundo fragmentado debilitó la antigua identificación automática entre trabajador minero e izquierda. El resultado es un electorado económicamente heterogéneo, digitalizado, desconfiado y muy volátil.

La expresión más clara ha sido Franco Parisi y el Partido de la Gente. Ya en 2021 Parisi había construido una base particularmente fuerte en el norte. En la primera vuelta presidencial de 2025 volvió a dominar buena parte de ese territorio y alcanzó, por ejemplo, aproximadamente el 35% en Antofagasta. Su electorado ha sido caracterizado por su distancia de la política tradicional, su fuerte presencia masculina y laboral, y su combinación de discurso promercado, regionalista, antipolítico y favorable a políticas más severas de seguridad. (El País)

Más que una adhesión ideológica coherente, el fenómeno expresa una especie de populismo regional-productivista:

“Trabajamos, producimos, pagamos impuestos y la clase política no nos devuelve servicios ni seguridad”.

El peso de los liderazgos locales

Las elecciones regionales de 2024 mostraron que las marcas partidarias nacionales no controlan completamente el territorio. En Arica y Parinacota, Diego Paco derrotó al gobernador Jorge Díaz; en Antofagasta, Ricardo Díaz logró reelegirse en una competencia estrecha; en Atacama, Miguel Vargas también retuvo la gobernación; y en Coquimbo, Cristóbal Juliá obtuvo una victoria amplia. (Servicio Electoral de Chile)

El patrón importante no es sólo quién ganó, sino que los votantes norteños parecen valorar:

• la presencia territorial;

• la capacidad de negociar recursos con Santiago;

• la gestión municipal o regional previa;

• la autonomía respecto de las directivas partidarias;

• la imagen personal del candidato.

Por eso abundan independientes, exmilitantes, alianzas transversales y dirigentes que cambian de coalición sin perder necesariamente su base electoral.

Las diferencias dentro del norte

Arica y Parinacota tiene una política de frontera. Pesan la relación con Perú y Bolivia, la seguridad, la migración, el comercio, la agricultura de los valles y la presencia aymara. Existe una sensibilidad muy fuerte respecto de la presencia efectiva del Estado.

Tarapacá combina Iquique, Alto Hospicio, la ZOFRI, minería, logística y frontera. Alto Hospicio concentra problemas de vivienda, expansión urbana, seguridad y servicios públicos. Es probablemente uno de los territorios donde el voto de protesta y la antipolítica encuentran mejores condiciones.

Antofagasta representa la gran paradoja minera: salarios elevados y enorme generación de riqueza junto con vivienda cara, segregación urbana, campamentos, déficit de servicios y fuertes impactos ambientales. Allí la política regionalista y el voto de clase media minera tienen especial peso.

Atacama posee una identidad minera más ligada a Copiapó, Vallenar y las comunas productoras. El agua, la pequeña y mediana minería, los proyectos de inversión y la relación entre empresas y comunidades resultan centrales.

Coquimbo es más diversificada. Combina minería, agricultura, pesca, turismo, servicios y una mayor vinculación funcional con la zona central. Su política se parece menos a la frontera norteña y más a una competencia entre ciudades, municipios, sectores productivos y liderazgos regionales.

Pueblos originarios y conflictos ambientales

La presencia aymara, quechua, atacameña o lickanantay, diaguita y de otras comunidades introduce una dimensión adicional. Sus reivindicaciones no se organizan únicamente alrededor de autonomía cultural, sino también de:

• propiedad y uso del agua;

• salares y explotación de litio;

• protección de territorios;

• consulta indígena;

• caminos, conectividad y servicios;

• distribución de beneficios mineros.

Sin embargo, el voto indígena tampoco constituye un bloque uniforme. Algunas comunidades se vinculan con la izquierda ambientalista; otras negocian pragmáticamente con empresas y autoridades; otras adoptan posiciones conservadoras en cuestiones sociales y comunitarias.

La síntesis

La política norteña chilena es hoy regionalista, volátil y pragmática. Conserva una memoria obrera y estatalista, pero simultáneamente muestra una fuerte penetración del discurso promercado, antipartidos y de mano dura.

El votante norteño puede apoyar:

• mayor control migratorio;

• más presencia policial;

• reducción de burocracia para inversiones;

• mayores impuestos o royalties mineros;

• más recursos para municipios y gobiernos regionales;

• protección ambiental y del agua.

No es necesariamente una contradicción. Es la consecuencia de una percepción territorial bastante coherente: la actividad económica debe continuar, pero una proporción mucho mayor de sus beneficios y decisiones debe permanecer en el norte.

Por eso, más que una región simplemente “de derecha” o “de izquierda”, el norte chileno se está convirtiendo en un laboratorio de regionalismo productivo, populismo digital y política postpartidaria.

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Escribe: Rodolfo Richter (*) || David Rey

Más de 2800 camaradas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Fuerzas de Seguridad, (FF. SS.), Fuerzas Policiales (FF. PP.), Servicio Penitenciario (SP) y civiles han estado o están en prisión falsamente acusados de crímenes de lesa humanidad. Esos hombres no fueron privados de su libertad por un afán de justicia sino por otra razón: un pacto espurio entre el terrorismo y la corrupción ocurrido hace más de 20 años.

Néstor Kirchner, luego de asumir la presidencia en 2003, con un exiguo 20% de los votos, se propuso conseguir un poder hegemónico y la impunidad para sus delitos de corrupción. Para tal fin debía colonizar la justicia. En esa circunstancia se le acercó el terrorista montonero Horacio Verbitsky que prometió apoyarlo. Era el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos con un presupuesto millonario en dólares (US$ 519.000 en 2000; US$1.946.084 en 2012 y US$ 2.600.000 en 2014), apoyada por ciertos sectores de la prensa y auspiciada por cuantiosas organizaciones extranjeras y por la Embajada Británica en la Argentina. A cambio, Kirchner le ofreció una política de Derechos Humanos sesgada e ideologizada; el reemplazo de la historia de la violencia de los 70 por un relato tendencioso y una campaña de desprestigio de las FF. AA. sin parangón en nuestra historia nacional. De esa manera se le dio un viso de legalidad a los juicios, mal llamados de lesa humanidad, y se consiguió el apoyo de la izquierda que se mantuvo en silencio ante los actos de corrupción. 

Néstor Kirchner, a pesar de que como gobernador de la provincia de Santa Cruz nunca se preocupó por los Derechos Humanos, fue presentado como el adalid de los mismos. También tuvo un golpe de suerte dado que, al asumir, el precio de los productos agropecuarios en el mundo, en especial de la soja, estaban por las nubes. Entró mucho dinero al país, una situación similar al fin de la Segunda Guerra Mundial. Kirchner no empleó ese dinero para que la Argentina diera un salto de calidad. No, lo empleó para establecer el poder hegemónico y enriquecerse.

Con relación al pacto con la izquierda, el paso fundamental fue la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, aplicando convenios internacionales que, al momento de cometerse los hechos, no existían. Esas leyes beneficiaban, en general, a los cuadros que habían obedecido órdenes, tanto de las fuerzas legales como de las organizaciones subversivas que pretendieron tomar el poder por las armas. Sin embargo, la anulación, con carácter retroactivo, se estableció solamente para los miembros de las fuerzas legales. 

Verbitsky y Kirchner, con la aplicación de métodos deleznables, colonizaron una parte importante del Poder Judicial con jueces que sostenían que había propósitos que estaban por encima de los principios del Derecho. Esa particular concepción, inaceptable para la civilización occidental, favorecía tanto a los fines corruptos como a los ideológicos.

La política de Derechos Humanos fue claramente sesgada, mandando al olvido a las víctimas inocentes del terrorismo, que no eran miembros de ninguna fuerza armada, a la vez que defendía como si fueran las verdaderes víctimas de una represión ilegal a los terroristas. De esa manera se estableció que los únicos culpables de la violencia de los 70 eran las FF. AA., las FF. SS. las FF. PP., el Servicio Penitenciario y civiles considerados cómplices. No faltó tampoco, como quedó demostrado, el infame negocio de los Derechos Humanos donde el Estado pagó cuantiosas sumas de dineros a terroristas o a sus familiares, como si hubieran sido víctimas de una represión ilegal. No hay tiempo para recorrer todos esos casos que están fehacientemente demostrados (Ver D’Angelo Rodríguez José Luis, “La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones”, CABA, El Tatú ediciones, 2º edición, 2023 y “Mentirás tus muertos, Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos”, CABA, El Tatú ediciones, 2015). 

El relato, que reemplazó a la historia de la violencia de los años 60 y 70, con una última acción militar en 1989, tiene como basamento argumental negar que en la Argentina hubo una Guerra Revolucionaria y que, por el contrario, sólo se trató de una represión sobre el pueblo. Con cuantiosos recursos del erario público se difundió esa falsedad. La historia real es otra:

El Tribunal que juzgó a las Juntas Militares, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en el fallo que dictó el 9 de diciembre de 1985, afirmó:

Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria.

A su vez, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuando creó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el folleto Resoluciones del 5º Congreso y de los Comité central y Comité Ejecutivo Posteriores, Ediciones “El Combatiente”, 1973, dijo:

“… y hoy asistimos a algo más concreto: la guerra civil revolucionaria ha comenzado. A partir de esta realidad, es inútil que nos pongamos a discutir en qué lugar geográfico vamos a comenzar una guerra que ya empezó hace más de un año …”.

Y Montoneros, en el documento llamado “La Resistencia Peronista ataca”, de marzo de 1975, afirmó. 

“No hay política revolucionaria (…) sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo”.

La Guerra Revolucionaria comenzó a gestarse cuando Cuba empezó a exportar su revolución al resto de Latinoamérica. Así aparecieron en la Argentina las primeras organizaciones subversivas: Ejército de Liberación Nacional (ELN) o Uturuncos; Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL); Acción Revolucionaria Peronista; Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional; Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), organizado en Cuba; Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); Organización Comunista poder Obrero (OCPO) y otras.

Paulatinamente crecieron en importancia hasta que la mayoría de ellas fueron absorbidas por el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP), de ideología marxista leninista, y por Montoneros, que surgió del peronismo, pero pronto fue derivando hacia la izquierda hasta enfrentarse al mismo Perón. El ERP, brazo armado del PRT, fue fundado en 1970. En ese año, por su parte, Montoneros asesinó al ex presidente de la Nación Pedro Eugenio Aramburu, crimen que constituyó una verdadera declaración de guerra al Estado Argentino. Se puede considerar que en ese año comenzó la Guerra Revolucionaria en la Argentina y que las acciones delictivas anteriores fueron su preparación. Los hechos ocurridos son imposibles de desmentir. 1094 civiles inocentes asesinados, hombres, mujeres y niños, que hasta hoy se ocultan; 8 cuarteles militares atacados, 7 de ellos durante la vigencia de gobiernos constitucionales, lo que desmiente categóricamente que esas organizaciones luchaban por la democracia; numerosos puestos policiales o de gendarmería también atacados; la apertura de un frente rural en la provincia de Tucumán; un promedio de una bomba por día durante años; la preparación de cuadros subversivos en Cuba; la existencia de escuelas miliares clandestinas en varios puntos del país; la fabricación de armas, tanto por parte del ERP como de Montoneros: pistolas ametralladoras, granadas y  lanzacohetes; la capacidad militar del ERP, reconocida, en un momento, como la más importante de Latinoamérica; la creación de una organización supranacional llamada Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), formada por Tupamaros de Uruguay; Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, lo que explica la presencia de extranjeros en las organizaciones sediciosas argentinas; secuestros con rescates millonarios en dólares; robos de todo tipo: material médico, dinero, equipos de comunicaciones, armas y explosivos, etc.

También es de destacar algunos hechos que ocurrieron luego de que el ERP fuera derrotado militarmente en 1976. Sus principales cuadros se exiliaron produciéndose una división interna. Un grupo, liderado por Arnol Kremer, nombre de guerra “Luis Matini”, decidió dejar las armas y tratar de reinsertarse en la política argentina, propósito que se logró a partir de 1983, reflotando al PRT que en 1970 había creado el ERP. El otro grupo, conducido por Enrique Gorriarán Merlo, se dirigió a Nicaragua y participó activamente en la Guerra Revolucionaria Sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza, aunque sólo para cambiar una dictadura por otra. Los miembros de esa fracción del ERP alcanzaron importantes cargos públicos y grados militares. Gorriarán Merlo, por ejemplo, fue el nexo entre la inteligencia cubana y la nicaragüense. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, llegaron a la Argentina bajo la fachada de un partido político llamado Movimiento Todos por la Patria (MTP) y atacaron el cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989. Fueron derrotados, juzgados y condenados. Sin embargo, tiempo después, a pesar de los muertos y heridos que dejaron, fueron amnistiados y la única persona que fue a prisión fue el jefe de las fuerzas legales que recuperaron el cuartel, el general Alfredo Arrillaga. La justicia argentina se sacó la venda de los ojos.

El oportunismo es otro de los factores que ha favorecido la difusión del relato y con ello la justificación de los juicios aberrantes. A varios sectores de la sociedad les conviene su vigencia para que tape sus propias culpas. Aprovechando los excesos cometidos por las FF. AA., encontraron la gran oportunidad de señalarlas con el dedo y condenarlas. La clase política y judicial; gremialistas; intelectuales y artistas comprometidos ideológicamente; la sociedad en general y hasta un sector de la Iglesia Católica Argentina erigieron a las FF. AA. como el chivo expiatorio para lavarse las manos como Poncio Pilato.  Algunos ejemplos: El Poder Judicial  argentino oculta, además de sus privilegios incompatibles con una república, que siempre tuvo inclinación a subordinarse al poder de turno; la izquierda se olvidó de su apoyo al terrorismo; el peronismo se olvidó que desde su riñón nacieron los Montoneros y la Triple A; el radicalismo se olvidó que su ala izquierda simpatizaba con el ERP y que es harto sospechosa de ser cómplice del ataque a La Tablada; algunos intelectuales y artistas comprometidos, luego de justificar la violencia aduciendo que fue provocada por los de arriba, pasaron a ser grandes pacifistas y defensores de los Derechos Humanos; algunos gremialistas se olvidaron que se hicieron muy ricos en la supuesta defensa de la clase obrera a la que ellos no pertenecen; un sector de la Iglesia Católica se olvidó que de su seno nació lo que Carlos Sacheri llamó La Iglesia Clandestina, una Iglesia que supuestamente uniría en un abrazo a Marx con Jesucristo y que cobijó a los curas del tercer mundo y a los teólogos de la liberación, por eso lo mataron; la sociedad argentina, en general, ya se olvidó que para fines de 1975, harta de bombas y con miedo, gritaba a viva voz que las fuerzas legales acabaran con los violentos. Hay que agregar que la clase política argentina también quería un golpe militar para que le cuidara su pellejo hasta que se dieran las condiciones para retomar el poder. Su cobardía no le permitió asumir su responsabilidad histórica y con hipocresía, sólo en privado manifestaron su apoyo al golpe.

A las FF. AA., en el afán de desprestigiarlas, se les negó cualquier mérito. Tuvimos muchos hombres que murieron defendiendo heroicamente la Patria, y también mártires, en la lucha contra la sedición; todos han sido olvidados y, peor aún, paralelamente, muchos terroristas han sido elevados a la categoría de héroes o han obtenido indemnizaciones o importantes cargos públicos. Todavía tenemos una estación de subte que lleva el nombre de unos de los principales responsables de la bomba que estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal y que dejó un saldo de 24 muertos y unos 70 heridos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue empeñado en rendirle honores a ese terrorista, lo que constituye una apología del crimen. En cuanto a los terroristas premiados con cargos públicos, el caso más indignante es el del terrorista Jorge Taiana como ministro de Defensa, cargo que mantuvo hasta fines de 2023. 

La última razón que ha incidido en la prisión de nuestros camaradas es la más grave: una política de defensa, inalterable desde 1983, que en el mejor de los casos roza la traición a la Patria. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirigía Horacio Verbitsky, luego del pacto con Néstor Kirchner, como ya se ha dicho, entre sus numerosos auspiciantes extranjeros se destaca la Embajada Británica en la República Argentina. Sospechosa relación entre un terrorista y un Estado. Gran Bretaña, después de la Guerra de Malvinas, que ganó a un costo que nunca imaginó, puso en marcha una política para desarmar material y espiritualmente a las FF. AA. argentinas. El armamento obsoleto no fue reemplazado; la industria del armamento se desactivó a la vez que se demonizó a las FF. AA. y a los cuadros se les dieron haberes con los que no podían mantener a sus familias provocando la baja de los mismos, en busca de un trabajo con una retribución digna.

En 2005, Verbitsky logró colocar como ministra de defensa a su compañera de militancia, Nilda Garré, peronista de izquierda que, en 1974, luego del ataque del ERP a los cuarteles de Azul, se opuso, como diputada, a las leyes que Perón impulsaba para combatir a las organizaciones terroristas. Nilda Garré, designó como directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, a la ciudadana británica Natalia Federman a la que se le otorgó la facultad de acceder a todos los legajos personales de los cuadros en forma irrestricta. Esos legajos fueron fotocopiados y sacados del ministerio a fin de estudiarlos para ver donde estuvieron destinados los causantes a fin de armar acusaciones que los llevaran a prisión. Para que una ciudadana extranjera pudiera trabajar en el ministerio, en esa área, se hizo necesario un decreto presidencial que Kirchner firmó sin dudar. Natalia Federman era hija de Andrés Federman, terrorista exiliado en Londres que, al regresar al país fue, durante 20 años, jefe de Prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. (Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, “El Pacto. La historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a someter la Justicia a un proyecto político que consagre la impunidad y sirva de herramienta de persecución a opositores”. Buenos Aires, 2020, pp. 83 y 84). El resultado de la política de Defensa está a la vista. Argentina, el 8º país más extenso del mundo, se encuentra indefensa.

Teniendo en cuenta la Guerra de Malvinas y sus implicancias; el tejido de relaciones que Gran Bretaña elaboró en nuestro país, ininterrumpidamente, desde el siglo XIX hasta hoy, incluyendo el citado apoyo al Centro de Estudios Legales y Sociales, todo parece indicar que la mencionada guerra ha tenido mucho que ver con el desarme de las FF. AA. y su condena. Ese estado de cosas nos lleva recordar la siguiente frase del general San Martín: “Lo que no concibo es que haya argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su Patria. Una tal felonía ni el sepulcro podrá redimir”.

(*) Teniente coronel (R)

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Desastre de la izquierda: Foucault y la subversión de la vida decente

Las culpas de Foucault, “el teórico de la destrucción de la escuela y de la autoridad”

A 40 años de la muerte del filósofo, su huella se ve en la idealización del delincuente, el abolicionismo penal y psiquiátrico, la decadencia de la escuela y, más en general, la detestación de la propia cultura. Las cualidades que la CIA vio en él reveladas por la desclasificación de un archivo

Por Claudia Peiró || Infobae

El degenerado filósofo francés Michel Foucault en 1984 (AFP PHOTO MICHELE BANCILHON)

El 25 de junio se cumplieron 40 años de la muerte del filósofo francés Michel Foucault. Un par de artículos de los deconstructores locales aludieron a la “vigencia” de su pensamiento. Vaya si tienen razón, pero no es para celebrarlo. No hubo ninguna referencia al daño que Foucault y sus seguidores le han hecho a la sociedad: inseguridad, abolicionismo penal, crisis de la salud mental, decadencia escolar; todo eso lleva su impronta.

El pasado martes 2 de julio, un joven funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, en el conurbano bonaerense, fue asesinado de una puñalada por un paciente esquizofrénico. Es una noticia recurrente, la de enfermos mentales y adictos que cometen o son víctimas de actos violentos por no estar bajo adecuado tratamiento. Precisamente un aspecto de la herencia foucaultiana es la abolición de la psiquiatría, que para el filósofo francés no era más que una herramienta de control social.

La Argentina ha sido el laboratorio por excelencia de toda la legislación deconstructivista inspirada en pensamientos como el de Foucault. Uno de sus experimentos es la Ley de Salud Mental promulgada en 2010, una norma que equipara en varios aspectos al psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o la asistente social, que dispone el cierre de las clínicas especializadas, que rodea a la práctica psiquiátrica de las peores sospechas -equiparando los tratamientos a la tortura- y cuyo órgano revisor está formado por ONG de Derechos Humanos… Esta ley, de clara inspiración foucaultiana, dificulta casi al punto de la imposibilidad la internación de pacientes psiquiátricos con los resultados a la vista.

No acaba ahí el legado de Foucault, reconocible en muchos otros disfuncionamientos institucionales que nos aquejan como sociedad. Al abolicionismo psiquiátrico se suma el penal. Y en la revista Causeur, la académica Georgia Ray lo describe como “el teórico de la destrucción de la escuela, del saber, de la autoridad, y de la detestación de la cultura occidental”.

Michel Foucault (1926-1980) surge como intelectual influyente a mediados de los 60. Fue el autor de una historia de la locura, otra de la sexualidad y de textos icónicos como Las palabras y las cosas, y especialmente la biblia progresista: Vigilar y castigar.

Un pensador de los márgenes, de la norma y de la anormalidad, que tenía “atracción fatal” por los locos, los enfermos, los parricidas, los presos, los delincuentes, los inmigrantes, las minorías sexuales, etcétera.

Cuando escuchen a alguien hablar de “condiciones de producción” de un discurso, sepan que están ante un influido por el pensamiento de este filósofo.

Foucault saltó al estrellato intelectual durante la rebelión estudiantil de mayo del 68, fue furor en la Argentina de los 80 y 90, y volvió a estar en el candelero desde los 2000 gracias a la “French Theory”, es decir, al momento en que las universidades estadounidenses descubren y radicalizan el pensamiento de una serie de intelectuales europeos promotores de todo tipo de demoliciones.

Es uno de los pensadores favoritos de la izquierda woke. Lo quieren porque “pensó contra su herencia social” -explica Georgia Ray- y “contra su herencia cultural (‘Occidente, palabra desagradable de utilizar’, decía)”. La extrema izquierda lo quiere particularmente porque “era un intelectual hostil a los programas colectivos, para él la verdadera liberación pasaba por el conocimiento de sí mismo”, es decir, un individualista en toda la regla.

Aunque nunca habló específicamente del tema, “es una figura tutelar del neofeminismo rabioso y otros grupúsculos liberadores del género”. Es el caso de Judith Butler y su doctrina queer.

Esencialmente se le debe a Foucault “una determinada concepción del poder” y una “búsqueda obsesiva de todas las formas de dominación y obligación o coerción”. “La idea de que el poder no es una superestructura, sino una maraña de micro-poderes organizados en una fina red”, dice Ray.

Pero no hay que pensar que sólo las corrientes de izquierda repararon en Foucault y su discurso reivindicativo de minorías marginadas -locos y delincuentes- que implicaba un abandono de la clase trabajadora como protagonista y destinataria del cambio social.

Ese discurso también resultó atractivo para la CIA que, como dice la filósofa francesa Stéphanie Roza en el libro “¿La izquierda contra la Ilustración?” (2020), que advirtió “que Foucault le propina golpes fatales a la vieja izquierda, es decir, a los proyectos tradicionales, colectivos, de transformación del orden social en favor de los dominados, de todos los dominados”.

En un archivo desclasificado en 2010 pero elaborado en 1985, sobre Michel Foucault y otros, los analistas de la central de inteligencia estadounidense se congratulaban por el hecho de que los intelectuales franceses se estaban des-marxificando y veían en ello un hecho auspicioso en el marco de la Guerra Fría que los enfrentaba al Este hegemonizado por la Unión Soviética en todos los ámbitos, no sólo en lo material sino también en lo cultural, en el plano de las ideas.

El documento desclasificado de la CIA: "La defección de los intelectuales de izquierda"

El informe, titulado “Francia: la defección de los intelectuales de izquierda”, describía el giro que a fines de los años 70 y comienzos de los 80 protagonizaron varios destacados pensadores franceses: “Existe un nuevo clima intelectual en Francia, una especie de antimarxismo y antisovietismo que hará difícil para cualquiera movilizar una opinión intelectual significativa contra las políticas de los Estados Unidos”.

Claro que el giro a la derecha de los dos principales exponentes de esta corriente, llamados “nuevos filósofos”, Bernard Henry-Lévy y André Glucksman, fue algo evidente para todos desde el inicio. En cambio Michel Foucault es visto hasta hoy como un intelectual anti-sistema; en palabras de Stephanie Roza, “lo más top de la subversión, el nec plus ultra de la radicalización, (el filósofo) que deconstruye todas las normas, que va al fondo”.

Sin embargo, la CIA consideraba, al contrario de lo que cree el progresismo, que el pensamiento de Michel Foucault reforzaba el orden social.

Es el eterno karma de la izquierda: termina siendo funcional al sistema, como sucede hoy con todo el espectro local, desde el trotskismo tradicional hasta el que opera bajo banderas peronistas: la agenda que promueve -feminismo, transgenerismo, ambientalismo, antinatalismo, animalismo, etc, etc- no contradice al sistema; en realidad, lo refuerza.

Foucault, filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo, influyó fuertemente en las ciencias sociales y lo sigue haciendo con sus estudios sobre el poder y las instituciones sociales que lo garantizan, como la psiquiatría, la medicina, el sistema carcelario, etcétera.

Uno de sus libros más conocidos, Vigilar y castigar (1985), afirma que el establecimiento de instituciones tales como cárceles, asilos, hospitales y escuelas implicó la transición de un concepto meramente punitivo del poder a otro disciplinario orientado a reprimir o impedir determinados comportamientos considerados asociales. Se eliminaban así las posibilidades de transgresión y se creaba un entorno que permitía corregir y regular -vigilar y castigar- la conducta de cada individuo.

Las consecuencias de este pensamiento las conocemos. Más aún, las padecemos. Sus seguidores se lanzaron a la demolición de todas esas instituciones. En el libro Seguridad: la izquierda contra el pueblo (2002), el periodista y ensayista francés Hervé Algalarrondo señalaba a Michel Foucault como uno de los inspiradores del ultra garantismo o abolicionismo penal. Denunciaba que la izquierda no combate la inseguridad pese a que ésta afecta antes que nada a los pobres, a los trabajadores, porque, inspirada en Foucault, ha idealizado al delincuente, al que se pone al margen de la sociedad: “Para la intelligentsia, el nuevo proletariado son los delincuentes”. Según esta visión, todos los que cometen delitos están en rebeldía contra una ley y un orden “injustos”. Si el objetivo del poder es, como dice Foucault, vigilar a locos y delincuentes, entonces, éstos son los sujetos del cambio, los que desafían el poder.

El libro de Hervé Algalarrondo que acusa a la izquierda de idealizar al delincuente y no sentir compasión por las víctimas

Algalarrondo denuncia que el progresismo “reserva su compasión para los delincuentes y no tiene ni una palabra de consuelo o aliento para los que trabajan, los que estudian o los que padecen por la delincuencia”. Ni hablar de los policías caídos en cumplimiento del deber

Vean lo que decía Michel Foucault en Vigilar y castigar: “A los que roban, se los encarcela; a los que violan, se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica (sic) y el curioso proyecto de encerrar para enderezar?”

Para medir hasta qué punto estas ideas no son lejanas ni ajenas a nuestro medio, recordemos el entusiasmo con el que algunos se lanzaron a la epopeya de vaciar las cárceles con la excusa de la pandemia, una iniciativa reveladora de que también el progresismo local ha encontrado en los delincuentes un nuevo proletariado. Éstos son víctimas de la sociedad y la seguridad es un reclamo reaccionario.

En los años 70, los presos políticos batallaban por no ser encarcelados junto a delincuentes comunes. En los 2000, los que se dicen herederos de aquellas corrientes militan en las cárceles…

Esta obsesión por los márgenes conlleva el riesgo de la pérdida del ideal de igualdad y universalidad -los mismos derechos para toda la humanidad- en nombre de la reivindicación de minorías que fragmentan la lucha en una infinidad de causas: ecologistas, tecnófobos, veganos, etnicistas, etc.

El degenerado Michel Foucault en una manifestación callejera. A su lado, con abrigo claro, Jean-Paul Sartre

Si se indaga en el origen de estas fracturas, aunque no sea el único responsable, Foucault, por su encendida defensa de los prisioneros, los locos, los homosexuales y los inmigrantes, ocupa el podio de íconos de las minorías, hoy convertidas en lobbies. Estas tendencias con frecuencia acaban cuestionando los derechos humanos -por occidentales y colonialistas-, criticando hasta al feminismo (tradicional) -también occidental- y el universalismo, como signos de dominación imperialista. La raza, el género u orientación sexual, o la condición colonial son puestas por delante y por encima de la desigualdad socioeconómica. Y la lucha se fragmenta en infinidad de “colectivos” identitarios con objetivos limitados.

Pensemos que tuvimos un 15% del presupuesto dedicado a “políticas de género” en un país en el que las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres desde hace tiempo.

Para Roza, “el abandono de toda perspectiva de emancipación colectiva en provecho de la promoción del individuo, tiene algo de eminentemente liberal”. La filósofa también dice que el “ombliguismo” reivindicativo “interseccional” -término muy de moda que alude a quienes padecen varias formas simultáneas de dominación o discriminación- se combina muy bien con el neoliberalismo.

Pero tal vez la herencia más pesada de Foucault sea la destrucción de la escuela.

Dice Georgia Ray que Foucault “preparó la escuela de hoy, la del saber lúdico, del enseñante enseñado”.

Para él la escuela era un lugar de entrenamiento físico. No sin ironía, Ray dice que hoy los alumnos “ya no tienen que hacer fila y hasta pueden degollar a sus profesores”, en alusión al horrendo asesinato de Samuel Paty por un estudiante musulmán.

Marc Le Bris, maestro francés autor de un brillante ensayo sobre la decadencia de la escuela -”Y tus hijos no sabrán leer ni contar”, cuyo diagnóstico vale también para nosotros-, y culpaba esencialmente al Mayo francés por la crisis educativa.

Marc Le Bris

Le Bris, que en su juventud participó entusiasta de ese movimiento, desarrolló luego, a la par del ejercicio de la profesión, una mirada muy crítica sobre las consecuencias de aquella revuelta a la que culpa por la destrucción de un sistema educativo que supo ser de excelencia.

Cuestiona a la “nueva pedagogía”, esencialmente constructivista, que Mayo del 68 contribuyó a instalar y al modo en que ese movimiento dio por tierra con elementos que eran “constructores de sociedad” y que la escuela transmitía, como la disciplina y las más elementales normas de cortesía.

Muchos de los protagonistas de la revuelta del 68 se siguen considerando hoy “anti-sistema”, aunque ya son parte de la elite. Entonces se dan raras inversiones, dice Le Bris, como que un fiscal se ponga de parte del delincuente. O que se hable del maestro “explotador” del niño, como el patrón explota al obrero.

Estas tendencias desconstructivas de la Escuela y del rol del maestro se han extendido a otras regiones del mundo, como bien lo sabemos en Argentina.

“Actualmente en Francia, ni el juez ni el procurador quieren que el delincuente vaya preso. Y hoy vale más ser delincuente que víctima porque la víctima del delincuente corre el riesgo de ser rápidamente menospreciada. Hemos invertido los valores y hoy vivimos en una sociedad en la cual la gente ‘instalada’ en el sistema se sueña revolucionaria, o en todo caso progresista, y entonces prefiere al delincuente antes que a la víctima y donde un maestro o cualquiera que deba ejercer una autoridad es fácilmente condenado”, decía Le Bris. Todo parecido con lo que vivimos en Argentina en los últimos años no es casual.

En materia educativa, estas corrientes pregonan la libertad y la autonomía del niño. “Se impuso una metodología obligatoria cuyo nombre es constructivismo y según la cual el niño construye por sí mismo sus saberes”. Es por entonces que “se empieza a hablar de ‘ritmos de progresión’, que no serían iguales para cada niño y por lo tanto el contenido debe organizarse por ‘ciclos’ y no por grados, se cuestionan las calificaciones, que no deben ser cuantitativas sino cualitativas”, decía Le Bris. ¿Te suena, no?

“Desde 1968, los maestros nos esforzamos por hacer lo que creíamos complacía a los niños: darles libertad, dejarlos entrar en ruidoso tropel a la clase, dejar que se interrumpan unos a otros e incluso que nos interrumpan a los docentes, dejarlos escribir sin respetar los renglones, etc. Porque se tomó a los niños por adultos, se consideró que no toleran la autoridad, cuando es todo lo contrario, la necesitan”, decía, aludiendo a otro resultado de la acusación contra la escuela como institución opresiva..

La otra herencia del 68 es la idea de que la escuela formateaba burguesitos; idem la universidad. Hoy llevado a su máxima expresión: la ciencia misma es burguesa, capitalista, eurocéntrica, machista, misógina, etc. Le Bris señala al sociólogo Pierre Bourdieu, como otro gran responsable de esta debacle por su teorización de la escuela como reproductora de “burgueses”.

El sociólogo Pierre Bourdieu

Decía Le Bris: “Como si hubiese conocimientos que son burgueses y otros que no… Se decía: hay que evitar la transmisión idiotizante de los conocimientos, que los pequeños proletarios no se dejen engañar… Pero los ‘conocimientos’ son la cultura de la humanidad. Y la humanidad tiene una sola cultura, no una proletaria y otra burguesa. Salvo que se crea que el hijo del obrero tiene que limitarse a saber de mecánica y que el Cid o la Divina Comedia no son para él. ¿Realmente piensan que el obrero no quiere que sus hijos aprendan las ciencias ‘burguesas’? ¿Medicina, matemática, física burguesas? Por favor, quieren, como todo el mundo, la mejor ciencia, los mejores conocimientos, la mejor educación para sus hijos”.

“Hay que dejar de pensar que la selección escolar es un concepto fascista cuando es un elemento democrático: se hace sobre los conocimientos adquiridos”, afirmaba Le Bris. “Una igualdad mal entendida lleva a negar la selección por el mérito e impide a los niños correr hacia lo mejor, como los futbolistas hacia el arco”, decía también, acusando a otro eslogan del 68: “abajo la selección”. O la consigna que le daban durante su formación como docente: “Los alumnos tienen más para enseñarnos a nosotros que nosotros a ellos”.

“Bourdieu dice que la escuela reproduce la estructura social y que está para eso. Que está al servicio del capitalismo, de la clase dominante. Es mentira. Yo tuve compañeros que eran hijos de campesinos bretones y se convirtieron en grandes ingenieros, en gerentes de grandes empresas francesas”. La escuela tradicional permitió “la elevación de los mejores en base al mérito escolar”, sostiene.

Ahora en cambio, estamos des-ilustrando, mediocrizando incluso a los hijos de los burgueses, concluye.

Georgia Ray señala lo que quizás engloba toda la herencia de Foucault: “La destrucción de la cultura occidental, que seguimos llamando deconstrucción por ‘coquetería estructuralista’”.

“En lugar de transmitir los conocimientos adquiridos, nos interesamos en las condiciones de posibilidad de esas cosas que ahora diseccionamos con escalpelo. Lo interesante ya no es nuestra propia historia, nuestra literatura, nuestras ciencias y nuestras artes, sino la estructura de nuestros saberes, la forma en que son elaborados…”

Decía Foucault: “Hubiera querido que consideráramos nuestra propia cultura como algo tan extraño a nosotros como la cultura de los Arapesh o los Nambikwara”.

“El ruego de Foucault se cumplió -constata Ray- porque ya estamos en eso: nuestra cultura se nos ha vuelto, en apenas 50 años, totalmente extraña”.

“En tiempos de libre acceso al conocimiento, casi nadie sabe ya gran cosa; en nombre de la comprensión de las condiciones de producción, la cultura ha sido vaciada de sustancia”, es su triste conclusión.

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