lunes, 17 de noviembre de 2025
viernes, 18 de abril de 2025
lunes, 15 de mayo de 2023
El Salvador: Una politica correccional ejemplar
Castigos, tortura y muerte: las voces de los sobrevivientes que relatan el terror en las cárceles de Nayib Bukele
Un comerciante que estuvo preso sin pruebas durante el régimen de excepción narra cómo custodios y policías mataron a golpes a uno de sus trabajadores en una prisión salvadoreña
A José Zavaleta aún le cuesta recordar. “¡Por Dios!, ¡por Dios!, ¡por Dios…”, exclama varias veces durante el relato que lo lleva, de nuevo, a las semanas que estuvo en la cárcel por acusaciones de asociaciones ilícitas. Intenta mantener la serenidad, pero es imposible: su voz se quiebra y da paso al llanto varias veces cuando recuerda las humillaciones o cuando cuenta cómo vio a uno de sus trabajadores agonizar después de la golpiza que custodios y policías les dieron el día que llegaron a la cárcel.
“Nos hicieron un pasillo donde se formaron dos filas de agentes, policías incluidos, para darnos el recibimiento; derecha e izquierda, dos filas. Nosotros, sólo en bóxer, teníamos que pasar en medio de ese pasillo, ya prácticamente agonizando, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con las esposas, hincados dos horas afuera del penal. Horrible, físicamente las fuerzas se terminan”, cuenta José su entrada al penal de Izalco, una de las cárceles que se han convertido en emblema del régimen de excepción decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, el cual ha suspendido varias garantías constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso y bajo cuyo amparo unos 68.000 salvadoreños han ido a parar a las prisiones.
“Levántate perro, maldito…”, alcanzó a oír José cuando ya su vista sólo le devolvía imágenes borrosas de las patadas y garrotazos que la fila de custodios hacía llover sobre él y sus compañeros.
Como los demás, José había intentado correr, con la cabeza agachada y las manos sobre la nuca, para evitar los golpes. Fue en vano. Un garrotazo le dio en la pierna y lo hizo caer.
“Empezó el golpeo de parte de los agentes, patadas, garrotazos, puñetazos por todas partes del cuerpo, sólo zumbaban los garrotazos, fiusss, fiusss, fiusss, y los macanazos, plum, plum, plum… Yo tuve mala fortuna, con una patada que me dieron en la pierna derecha me atrofiaron el muslo, me doblé y caí hincado”, cuenta. Si no murió ahí mismo, dice José, es porque él juega fútbol: “Si yo hubiera llegado en otras condiciones físicas quizá hubiera muerto como los demás compañeros que han fallecido, porque fallecieron muchos.”
Uno de los que murió después de aquella golpiza fue Marco C. (Algunos nombres que aparecen en esta historia se han cambiado a petición de las víctimas, quienes temen represalias por haber contado lo que pasó en la cárcel). Marco tenía dos meses de trabajar para José Zavaleta cuando los capturaron, a ellos y a otros dos trabajadores.
Cuando vio a José tirado en el suelo por el dolor en la pierna, Marco C. se interpuso entre su jefe y el custodio que lo molía a garrotazos. El trabajador se llevó la peor parte.
A José y a sus empleados los detuvieron en marzo de 2022, cuando el régimen de excepción apenas empezaba. José tiene una flotilla de vehículos en los que reparte insumos y hace viajes desde los suburbios populares en el este de San Salvador, la capital. Trabaja con tiendas, escuelas y restaurantes de la zona. El día que la policía lo fue a arrestar, José Zavaleta intentó llamar a sus clientes para que dieran referencias de él al oficial de la policía salvadoreña que dirigía el operativo de captura. De nuevo, fue en vano: “Le hables a quien le hables te vamos a llevar, esto es régimen (de excepción)”, recuerda José que le dijo el oficial. Y se lo llevaron.
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 y la Asamblea Legislativa, que él controla, lo ratificó a las pocas horas. El origen del régimen es una matanza de 87 personas perpetrada por las pandillas MS13 y Barrio 18 luego de que un pacto de gobernabilidad que mantenían con Bukele y sus funcionarios se rompió. Bukele ha negado el trato con los pandilleros, pero autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado lo han desmentido en documentos oficiales en los que acusan a dos funcionarios cercanos al presidente de administrar el pacto para obtener beneficios electorales y reducir las cifras de homicidios en el país. A cambio, el gobierno salvadoreño benefició a líderes de la MS13 blindándolos de la extradición a Estados Unidos o, simplemente, sacándolos de la cárcel.
Durante los 14 meses que ha durado el régimen de excepción organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y gobiernos europeos han condenado los abusos cometidos en las cárceles de Bukele, como los que relata José Zavaleta. El gobierno salvadoreño ha hecho oídos sordos y ha mantenido la narrativa de que el régimen de excepción ha traído paz a El Salvador aunque las cifras de violencia siguen siendo confusas. Los funcionarios, además, insisten en que todos los capturados durante el régimen son “terroristas”, como la legislación salvadoreña define a los pandilleros.
Lo cierto es que testimonios como el de José Zavaleta, el comerciante preso, o el de la familia de Karla Raquel García Cáceres, una joven que se vio obligada a abortar en la cárcel, se reproducen por decenas en informes de organismos no gubernamentales y en publicaciones de prensa. A finales de febrero, el gobierno reconoció que 32 personas habían muerto estando en custodia del estado, sin embargo, Cristosal, una de las organizaciones que ha seguido más de cerca los abusos durante el régimen, cifró en 132 las muertes hasta principios de marzo pasado.
No hay información de que el asesinato de Marco C., el empleado de José Zavaleta, en el penal de Izalco esté registrado.
Cuatro días en el desierto
Marco C. tenía apenas dos meses de haber empezado a trabajar en la flotilla de José, pero el tiempo que habían pasado juntos fue suficiente para que el hombre pusiera el cuerpo para proteger a su jefe. Recuerda José lo que ocurrió el día que llegaron a la cárcel y un pasillo formado por dos filas de guardias los recibió con una paliza: “Él (Marco C.) puso su cuerpo para cubrirme y cayó sobre mí, que en paz descanse… Igual, le pasó la misma factura: lo golpearon, lo golpearon… A como pudimos dijimos “Ey, ya, déjennos”, y empezamos a caminar moribundos al lugar que teníamos que llegar, a la celda… Solo recuerdo que veíamos luces, como que estábamos en un desierto… vomitando, vomitando, solo echábamos una liguilla como saliva, como moquillo, todos golpeados, todos moreteados… Marco Tulio me dijo: cómo iba a dejar que solo a usted le cayera…”. Dice José que él, Marco y los demás pasaron en agonía cuatro días.
Cuenta José que durante esos cuatro días él y sus compañeros temblaban por la fiebre y los fríos, tirados en el suelo de la celda. Nadie les dio comida. Cuando recuperó la conciencia, José sintió que alguien hacía caer gotas de agua maloliente en su boca y rostro. Después supo que eran los “muchachos”, como los reos civiles llaman a los pandilleros en las cárceles: “Algunos de esos muchachos, de la poca agua sucia que había al fondo en una pila… como podían llegaban con el agua entre sus manos y nos frotaban a los que estábamos delirando de la fiebre…”
Nadie murió de inmediato en la celda, pero Marco C. no estaba bien: empezó a sangrar del ano y a manchar el bóxer blanco con el que el gobierno de El Salvador viste a los presos. José asegura que varias veces dijeron a los custodios que Marco sangraba, pero nunca lo llevaron a la enfermería. “No había atención médica alguna, para nada… No había nada, ni agua para tomar. En los cuatro días que estuve en agonía no recuerdo haber comido nada, solo recuerdo que me llegaban a mojar los labios los compañeros de celda… Los custodios solo ofrecían garrote y gas”.
Cuando salió de la crisis tras la golpiza, José empezó a tomar conciencia de la precariedad. El siguiente golpe le llegó cuando se dio cuenta de la comida que los guardias llevaban a la celda.
“Eran unos pocos de tortillas de taco, pachas (delgadas) y largas, untadas con frijoles licuados, más agua que frijoles… Llegaban a dejar las tortillas tiradas ahí en las celdas, por las rejas… y caímos como que éramos perritos, como que éramos animalitos de la calle…”, relata José. Alguna vez, dice, vio a un compañero lamiendo del suelo restos de frijoles. En esta parte de su narración, José se detiene. Cuando vuelve a hablar su voz está rota: “Cuando uno está en su casa tiene sus frijolitos hechos por su esposa, tiene su comidita caliente, su cafecito caliente…”
Marco C. duró vivo unas semanas. El ano siguió sangrándole. Cuando llevaba un mes y medio en el penal de Izalco sufrió una crisis y lo llevaron a un hospital donde una familiar logró darle medicamentes para una condición renal crónica de la que padecía. Según la mujer relató luego a periodistas salvadoreños, los custodios le quitaron el medicamento y advirtieron a Marco que lo golpearían si su pariente no se iba. El hombre regresó a Izalco y siguió sangrando.
El día que los capturaron, los policías llevaron a José, a Marco C. y a los demás a una delegación policial en las afueras de San Salvador. Los metieron en una carceleta junto a otra cincuentena de presos. “Dormíamos entrelazados, parados, amontonados unos con otros. Los policías salían con la misión de traer 10 personas por viaje y cuando regresaban decían: “¡Misión cumplida, jefe, 20!” “¡Misión cumplida, jefe, 15!””, recuerda José. Infobae ha publicado pruebas de que el gobierno de Bukele impuso cuotas de capturas a la Policía desde que inició el régimen de excepción.
José pensó que solo estaría 72 horas preso. Se equivocó. A las cuatro de la madrugada del tercer día lo llegaron a sacar de la carceleta y lo aventaron junto a decenas de otros capturados a un camión de la policía que los llevó de San Salvador a Izalco, un viaje de dos horas que José hizo de pie, con las manos amarradas.
“Ahí empezó todo. Me oriné en el bóxer”. Las lágrimas de José vuelven en esta parte del relato.
Cuando llegaron al penal de Izalco, los custodios obligaron a los reos a arrodillarse durante dos horas, bajo el sol, en un patio de la cárcel. Luego los hicieron entrar a una habitación donde los desnudaron y los obligaron a ponerse en cuclillas durante otro rato. Después, dice José, “empezó la tortura”. Después, José, Marco C. y los demás entraron el recinto de celdas donde los esperaba el pasillo formado por guardias y policías que los esperaban con garrotes.
El 18 de abril de 2022, José Zavaleta sufrió una crisis provocada por su condición diabética. Lo sacaron del penal de Izalco y lo trasladaron a un penal menos hacinado en Santa Ana, en el occidente el país, donde sólo hay reos condenados y las condiciones son mejores. Ahí, por primera vez en días, José pudo comer pollo y tortas de carne molida que intercambió por bolsitas de café instantáneo que su esposa le había llevado. A finales de ese abril, José salió libre con medidas sustitutivas tras pagar una fianza.
José supo que a Marco C. también lo sacaron de la cárcel en Izalco para llevarlo a otra, en Quezaltepeque, donde murió el 28 de mayo de 2022. Su familia lo enterró en un cementerio en Ilopango, al este de San Salvador
Ha pasado casi un año desde que salió, pero el terror que vivió en una de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador sigue fresco en José Zavaleta. “¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Aún no supero el maltrato, el daño físico, psicológico, emocional, y ni hablar lo económico, lo material… Me arruinaron la vida. Aún no me levanto, no me repongo…!
jueves, 8 de diciembre de 2022
El Salvador: Trata muy mal a los delincuentes, pobrecitos...
Torturas, violaciones, desapariciones forzosas y muertes: los abusos en El Salvador denunciados por HRW
La ONG señaló que existen razones para cuestionar la efectividad del estado de excepción decretado por Nayib Bukele, debido a que en el pasado las pandillas se han beneficiado del encarcelamiento masivo para reclutar nuevos miembros
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que las fuerzas de seguridad de El Salvador están cometiendo abusos generalizados de Derechos Humanos desde la adopción del estado de emergencia contra la violencia de las pandillas en marzo de este año.
Un informe publicado este miércoles junto a la organización salvadoreña en defensa de Derechos Humanos Cristosal documenta detenciones masivas arbitrarias y torturas, así como muertes en custodia o desapariciones forzadas.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han maltratado a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas de los Derechos Humanos en nombre de la seguridad pública”, lamentó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
“Para poner fin a la violencia de las bandas y a las violaciones de Derechos Humanos, el Gobierno de El Salvador debe sustituir el estado de excepción por una política de seguridad eficaz y respetuosa con los derechos que otorgue a los salvadoreños la seguridad que tanto merecen”, agregó la directora regional de la ONG.
Asimismo, criticaron que el presidente del país, Nayib Bukele, haya respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad, promoviendo “una retórica deshumanizante contra los detenidos y sus familias”.
También señalaron que existen razones para cuestionar la efectividad de estas medidas, ya que, en el pasado, las pandillas se han beneficiado del encarcelamiento masivo para reclutar nuevos miembros.
HRW y Cristosal han entrevistado a más de 1.100 personas, entre víctimas de abusos, familiares, abogados, testigos y funcionarios gubernamentales.
Con esta documentación, las organizaciones han descubierto que los agentes han cometido violaciones similares de forma repetida en distintas partes del país.
En muchos casos, las detenciones parecen basarse en la apariencia y origen social de los detenidos, sin contar en ocasiones con órdenes de registro o arresto.
Además, la ONG acusa a las autoridades de El Salvador de cometer desapariciones forzadas según el Derecho Internacional, ya que han notificado numerosos casos en los que los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos.
Policías y soldados han realizado cientos de redadas, particularmente en barrios de bajos ingresos, desde que se adoptó el estado de emergencia. Las autoridades han arrestado a más de 58.000 personas, de los cuales más de 1.600 han sido niños.
Así, la población en prisiones ha aumentado en nueve meses de 39.000 a 95.000 personas, más del triple de la capacidad oficial, critican las organizaciones de DDHH.
En este contexto, al menos 90 personas han muerto en custodia policial en circunstancias que todavía no se han investigado.
Por ello, HRW y Cristasol han instado a las autoridades del país a adoptar medidas respetuosas de los derechos para desmantelar las pandillas y proteger a la población.
En esta línea, las organizaciones han pedido a Estados Unidos y la Unión Europea, así como los gobiernos de América Latina, a generar presión multilateral.
“La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para ayudar a garantizar que los salvadoreños estén a salvo de los crímenes atroces de las pandillas, las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y otros abusos de poder”, agregó Goebertus.
Más allá de esto, han solicitado a las instituciones financieras que suspendan los préstamos que beneficien a los organismos gubernamentales que están involucrados en los citados abusos, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el sistema penitenciario.
(Con información de Europa Press)
domingo, 8 de mayo de 2022
miércoles, 8 de septiembre de 2021
viernes, 25 de junio de 2021
miércoles, 12 de mayo de 2021
-
China arrasa los mares: cómo opera la flota de pesca ilegal que depreda con apoyo oficial y su actividad en Argentina Se trata de una ... -
¿Se viene un nuevo eje castro-chavista de la mano del neo kirchnerismo? Por Enrique Guillermo Avogadro - Tribuna de Periodistas Mierda ... -
Chile reclamó a la Argentina por el mapa de la plataforma continental y generó otro cortocircuito diplomático El gobierno de Piñera envió ...