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Geopolítica y Chile

Chile juega con Europa

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Chile: Embajador trasandino ruega que usemos la logística adversaria

Gonzalo Uriarte: “Chile está preparado para ser la puerta de Argentina hacia el Pacífico”

En diálogo con DEF, el embajador de Chile en Argentina se refirió a la ambiciosa agenda de reformas del gobierno de José Antonio Kast y al presente y futuro del vínculo bilateral. El intercambio comercial entre los dos países se encuentra en pleno crecimiento, mientras se busca profundizar la integración energética, la conexión interfronteriza y la cooperación en materia de seguridad

• El embajador pide que usemos su infraestructura para conectarnos con el Pacífico
• El chileno no ofrece nada de ceder en su ayuda a las fuerzas de ocupación de Malvinas
• La desesperación tapada de "oportunidades de negocios" es una constante en la entrevista
• Argentina no debe ceder un ápice a esta desesperación

Por Mariano Roca || Infobae + Addendum



En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones (Foto: Fernando Calzada)

Con un modelo económico orientado a las exportaciones y una extendida red de tratados de libre comercio que le permiten acceder a mercados que representan más del 89 % del PBI global, en las últimas cuatro décadas, Chile mantuvo una economía abierta al mundo. En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones: “Un Banco Central autónomo, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica, apertura comercial y respeto por los contratos y la ley”.

“Los distintos gobiernos han introducido cambios sociales, tributarios y regulatorios, pero han mantenido ese núcleo, porque reduce la incertidumbre y facilita la inversión de largo plazo”, señala el diplomático, acreditado ante el Gobierno argentino desde abril de este año. “El desafío actual es complementar esa apertura con mayor productividad, predictibilidad, competencia, innovación y cohesión social”, completa Uriarte, al tiempo que destaca los múltiples proyectos de integración y cooperación con Argentina.

El nuevo gobierno de Chile y una ambiciosa agenda de reformas económicas

-¿Cuáles son las claves del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el presidente José Antonio Kast?
-La primera clave es recuperar competitividad mediante una reducción gradual del impuesto corporativo del 27 % al 23 %. La segunda es entregar mayor certeza jurídica, incluyendo invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares. La tercera es acelerar permisos y establecer mayores responsabilidades del Estado cuando una autorización ambiental favorable sea posteriormente anulada.

-¿Cuáles son los incentivos que plantea el gobierno en materia impositiva y tributaria para impulsar mayores inversiones?

-Los incentivos combinan una menor carga corporativa con instrumentos específicos. Además de la reducción del impuesto corporativo a la primera categoría, se contempla un crédito tributario por contratación de trabajadores, especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas; una exención temporal del IVA para determinadas viviendas nuevas; invariabilidad tributaria para grandes proyectos y mecanismos de declaración o repatriación de capitales. El objetivo es disminuir el costo de invertir, contratar y financiar nuevos proyectos. Naturalmente, estos incentivos deben aplicarse preservando la sostenibilidad fiscal y evitando tratamientos arbitrarios entre empresas.

La relación bilateral con Argentina, un vínculo en ascenso y con enorme potencial

-Chile es el cuarto socio comercial de Argentina. ¿Cómo se puede potenciar el intercambio y cuáles son los sectores con mayor potencial?

-El intercambio bilateral alcanzó aproximadamente 8150 millones de dólares en 2025, su nivel más alto de la última década. Para potenciarlo, debemos reducir barreras no arancelarias, digitalizar las aduanas, armonizar normas técnicas y mejorar la conectividad terrestre y aérea. Los sectores con mayor potencial son energía, minería y proveedores mineros, alimentos, agroindustria, economía del conocimiento, servicios profesionales, turismo y logística. Es ahí donde debemos poner el esfuerzo conjunto. También existe una oportunidad estratégica: combinar las capacidades productivas argentinas con la infraestructura portuaria y la red de acuerdos comerciales de Chile para acceder conjuntamente a los mercados del Asia-Pacífico. Chile está preparado para ser la puerta de acceso de los productos argentinos hacia el Pacífico, con los beneficios que ello traería para ambos lados de la cordillera.

-El sector energético es un capítulo central en el vínculo bilateral. Usted acompañó, en junio, a la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, y al canciller Francisco Pérez Mackenna, en su visita a Vaca Muerta.

-La integración energética puede avanzar en tres direcciones. Primero, contratos estables de largo plazo para el suministro de gas argentino mediante los gasoductos existentes. Segundo, una interconexión eléctrica bidireccional que combine el gas argentino con la capacidad renovable chilena. Tercero, estudiar seriamente una plataforma logística entre Vaca Muerta y los puertos del Biobío, que permita procesar o exportar hidrocarburos hacia el Pacífico. No es un proyecto inmediato, pero su potencial estratégico para ambos países es considerable.

-La minería es un sector en el que Chile tiene una larga historia y que Argentina quiere potenciar a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ¿Qué importancia tiene el Tratado de Integración y Complementación Minera?

-El Tratado Minero, firmado en 1997, es fundamental porque ofrece un marco jurídico específico para yacimientos, infraestructura y servicios que atraviesan la cordillera. El RIGI mejora las condiciones de inversión dentro de Argentina; mientras que el Tratado resuelve la dimensión propiamente binacional. Su reactivación debe traducirse en procedimientos más rápidos, reuniones permanentes de la Comisión Administradora y una participación efectiva de proveedores y comunidades de ambos lados de la frontera.

-Los corredores bioceánicos son otro foco de atención para una mejor integración entre los dos países y a nivel regional. El proyecto del túnel de Agua Negra vuelve al centro de la agenda. ¿Cuáles son las perspectivas de avanzar en este y otros proyectos, y cómo podrían financiarse?

-El túnel de Agua Negra conserva un alto valor estratégico porque conectaría la región chilena de Coquimbo con la provincia de San Juan y completaría un corredor entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, debemos ser realistas: antes de iniciar la construcción, es necesario actualizar los estudios técnicos, geológicos, ambientales, de demanda y de costos. El esquema de financiamiento, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017, constituye un antecedente, pero debe ser revisado. Probablemente se requerirá una combinación de aportes públicos, financiamiento multilateral y participación privada en accesos, terminales y servicios logísticos. Mientras tanto, debemos modernizar también los pasos fronterizos actualmente operativos, haciéndolos más simples. Debemos mirar las fronteras europeas y seguir su ejemplo.

-La agenda de la seguridad ha estado presente desde el primer momento en el gobierno del presidente Kast. ¿Cómo pueden colaborar Argentina y Chile en el combate al crimen organizado transnacional?

-Chile y Argentina deben pasar de la cooperación declarativa a una cooperación operacional. Eso significa intercambiar inteligencia en tiempo real, elaborar mapas conjuntos de riesgo, coordinar controles en pasos fronterizos y puertos, rastrear flujos financieros y beneficiarios finales, y fortalecer la cooperación entre policías, fiscalías, aduanas y unidades de inteligencia financiera. También debemos actuar conjuntamente frente al tráfico de drogas, armas y personas, el contrabando y el ciberdelito. El Compromiso Regional de Santiago, acordado el pasado 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, y al cual se han unido recientemente Paraguay y Uruguay, ofrece un marco regional adecuado. Ahora debe traducirse en metas verificables, operaciones coordinadas y mecanismos permanentes de evaluación. De igual manera, en octubre tendremos un nuevo seminario binacional argentino-chileno sobre combate al crimen trasnacional; esa será la segunda ocasión en que se reúnan autoridades y policías de nuestros dos países, para buscar caminos de mejora para combatir de manera eficiente el crimen que traspasa la frontera.

De la protección de la Antártida a una elección clave en la ONU

-Argentina y Chile comparten la condición de países signatarios del Tratado Antártico y una visión sobre la protección del ecosistema del continente. ¿Cuál es la postura de su gobierno?

-La posición de Chile es preservar la Antártida como un continente dedicado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional, fortaleciendo el Sistema del Tratado Antártico. Con Argentina, tenemos una relación histórica y capacidades complementarias. Podemos profundizar la investigación conjunta sobre cambio climático, océanos y glaciares; coordinar logística, búsqueda y rescate y respuesta ante emergencias ambientales; y avanzar en la protección de ecosistemas marinos, particularmente mediante la propuesta conjunta de un área marina protegida y una gestión sostenible del kril. En esta materia, nuestros países trabajan de manera conjunta hace décadas, pues ambos creemos en la conservación de la Antártida. Somos países complementarios, y eso se aprecia en el trabajo conjunto de nuestros científicos y militares. (NdA: no, ustedes son un estado parasitario nuestro)

-Por último, el gobierno de José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet en la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Podría aclararnos la posición oficial de su país?

-La posición oficial es clara: Chile retiró el patrocinio de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet y dejó de realizar gestiones diplomáticas para promoverla, al considerar que no existían condiciones suficientes para sostener una candidatura regional competitiva. No obstante, la candidatura continúa formalmente respaldada por Brasil y México. Asimismo, nuestro gobierno ha señalado que, mientras ella permanezca en competencia, Chile no apoyará otra candidatura. En consecuencia, Chile respetará el procedimiento institucional: corresponde al Consejo de Seguridad recomendar un nombre y a la Asamblea General efectuar el nombramiento. 

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1. La paradoja del destino: Brasil para el capital, Argentina para los pobres

Esta asimetría no es accidental sino el resultado de capas superpuestas de historia, geografía económica y redes sociales sedimentadas.

Por qué Brasil para los negocios:

La explicación estructural parte de Itaipú. La represa binacional —construida bajo el Tratado de 1973, firmado en plena dictadura de Stroessner con Brasil— ancló la economía paraguaya al ciclo de inversión brasileño de un modo que no tiene equivalente en el lado argentino. Las regalías de Itaipú representan históricamente entre el 10 y el 20% de los ingresos del Estado paraguayo según el período. Pero más importante aún es el fenómeno brasiguayo: entre 300.000 y 500.000 ciudadanos brasileños —cifras que varían según la fuente y el período— colonizaron las tierras del oriente paraguayo (Alto Paraná, Canindeyú, Amambay) desde los años 60 en adelante, primero con apoyo tácito de Stroessner, que vio en esa colonización una válvula de presión para el MST brasileño y una fuente de divisas. Hoy controlan entre el 30 y el 40% de la tierra agrícola productiva del país. El capital agroindustrial brasileño —junto con capitales locales vinculados al Partido Colorado— es el núcleo duro del modelo exportador de soja que convirtió a Paraguay en el cuarto exportador mundial del grano. Campo Grande, Foz do Iguaçu y São Paulo son las plazas financieras naturales de ese circuito. Argentina quedó fuera estructuralmente.

A esto se suma la política tributaria paraguaya —flat tax del 10% sobre renta empresarial, régimen de maquila desde 1997— que hace a Paraguay competitivo para el capital brasileño que busca producir barato y exportar. Argentina nunca desarrolló un instrumento equivalente de seducción del capital paraguayo.

Por qué Argentina para la emigración pobre:

El mecanismo es el inverso del anterior. La misma expansión brasiguaya que trajo capital brasileño desplazó a los campesinos paraguayos de sus tierras en el oriente —un proceso documentado por académicos como Ramón Fogel y Marcial Riquelme. Ese campesinado desplazado, guaraní-hablante, con escasa educación formal, tiene tres destinos: Asunción, Argentina o, en menor medida, España. Argentina resulta preferible por razones de red social y barrera lingüística: el castellano, aunque no es la lengua materna, es la segunda lengua de casi todos los paraguayos; el portugués, en cambio, sería aprender desde cero. En Buenos Aires existe una diáspora paraguaya de aproximadamente 550.000-700.000 personas (según el censo 2022 y proyecciones), concentrada en el Gran Buenos Aires, particularmente en La Matanza, Merlo y el Conurbano Sur. Esta red actúa como sistema de amortiguación: hay pariente, hay trabajo informal en construcción o servicio doméstico, hay comunidad. La informalidad argentina absorbe mano de obra no calificada con mayor facilidad que el mercado formal brasileño. El acceso a salud y educación en Argentina —con todas sus deficiencias— es más poroso para el migrante que el sistema brasileño, que exige documentación y registro más riguroso.

Existe además una dimensión menos discutida: la explotación laboral de paraguayos en talleres textiles del barrio Once y en el trabajo doméstico no registrado en Buenos Aires es, paradójicamente, funcional al migrante porque le permite ingresar sin papeles. Brasil tiene controles más estrictos.

2. Conflictos de baja intensidad y problemas fronterizos pendientes

El Pilcomayo: Es el conflicto más técnicamente serio y menos visible. El río es límite internacional entre Argentina (Formosa) y Paraguay (Presidente Hayes y Boquerón), pero tiene la característica geomorfológica de ser un río con carga sedimentaria extraordinaria que migra su cauce de forma constante. Esto genera disputas permanentes sobre soberanía territorial. La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Pilcomayo existe desde el Tratado de 1939 y fue reforzada en 2004, pero los conflictos locales —incluyendo fricciones entre comunidades indígenas de ambos lados— no están resueltos. Los problemas de pesca y acceso al agua afectan además a comunidades Qom y Nivaclé cuyas territorialidades preexisten a la frontera.

El narcotráfico y la permeabilidad fronteriza: El PCC (Primer Comando da Capital) brasileño utiliza Paraguay como plataforma logística y tiene presencia en la frontera argentino-paraguaya, particularmente en Misiones y Formosa. El tráfico de efedrina, cocaína y marihuana (Paraguay es el mayor productor de cannabis de Sudamérica) hacia Argentina es un conflicto de baja intensidad con episodios de violencia esporádica. La débil presencia estatal argentina en esa frontera es un problema estructural reconocido.

Yacyretá: la herida abierta: La represa binacional sobre el Paraná, acordada en 1973 y operativa desde 1994, es denominada en Paraguay "la obra de la vergüenza" —una frase que el expresidente Rodríguez utilizó públicamente. El reclamo paraguayo tiene varias capas: primero, la deuda histórica de Argentina por royalties no pagados o subestimados; segundo, la inundación de territorios paraguayos (incluyendo Encarnación, cuya zona baja quedó bajo el lago artificial) sin compensación adecuada; tercero, la asimetría en la negociación del precio de la energía. La revisión del Tratado de Yacyretá es un tema que reaparece periódicamente con potencial de escalada.

Contrabando y subfacturación: La frontera seca entre Misiones/Corrientes y Paraguay es un vector continuo de contrabando de cigarrillos (marca paraguaya Palermo, entre otras), electrónicos, combustible subsidiado y agroquímicos. La subfacturación en el comercio bilateral perjudica a Argentina en términos de recaudación. Esto genera tensiones de baja intensidad entre aduanas, fuerzas de seguridad y actores económicos locales con intereses en el statu quo.

Acuífero Guaraní: El acuífero transfronterizo más grande del mundo —compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— tiene un régimen de gestión acordado en el Acuerdo del Acuífero Guaraní de 2010, ratificado tardíamente por algunos países. Las tensiones en torno a la sobreexplotación y la posible privatización del acceso son un conflicto latente de largo plazo.

3. Competencia económica: áreas y diferenciales de productividad

La competencia directa entre Argentina y Paraguay es más intensa de lo que la asimetría de tamaño sugeriría, precisamente porque Paraguay ha logrado converger en ciertos sectores agroexportadores.

Soja y granos: Es el frente de competencia más visible. Paraguay exporta aproximadamente 6-7 millones de toneladas de soja anuales, con costos de producción significativamente menores que en Argentina: menor presión impositiva (sin retenciones, sin SIRA, sin cepo cambiario), menor costo de la tierra en relación a la productividad y acceso a capital brasileño que opera con escala. Argentina tiene ventajas en la industria del crushing —el complejo aceitero del Gran Rosario es el mayor polo de procesamiento de soja del mundo— y en la calidad de los puertos. Paraguay, sin salida al mar, depende de la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde Argentina tiene posición dominante. Esto crea tanto competencia como interdependencia: Paraguay necesita a Argentina para exportar, pero Argentina no puede bloquear el tránsito sin violar tratados internacionales.

Carne vacuna: Ambos países compiten en los mismos mercados (China, la Unión Europea, Israel). Paraguay tiene ventajas en costo de producción (tierra más barata, menor carga regulatoria) y en los últimos años ha ganado cuota de mercado en China. Argentina mantiene ventaja en reconocimiento de marca (especialmente en Europa y Medio Oriente), pero sus restricciones internas a la exportación —que han reaparecido cíclicamente— le dan a Paraguay una ventaja de confiabilidad como proveedor.

Azúcar: Paraguay tiene industria azucarera competitiva orientada al MERCOSUR. Compite con las provincias del NOA argentino (Tucumán, Jujuy, Salta), aunque la competencia es más directa con Brasil que con Argentina.

Maquila y manufactura liviana: El régimen de maquila paraguayo (Ley 1064/97) atrae inversión de Brasil, Argentina, Corea y Taiwán para producir en Paraguay y exportar. Esto representa competencia para zonas industriales argentinas en bienes con alta intensidad de mano de obra. Los costos laborales en Paraguay son sustancialmente menores.

Electricidad: Paraguay es el mayor exportador neto de electricidad per cápita del mundo. El diferencial de costo energético —producto de Itaipú y Yacyretá— es una ventaja competitiva estructural para la industria paraguaya que Argentina no puede replicar. De hecho, Argentina compra energía a Paraguay en sus déficits estacionales.

Diferenciales que favorecen a Argentina: mayor valor agregado industrial, infraestructura portuaria, capital humano calificado, industria farmacéutica, agroindustria de procesamiento, sector de servicios profesionales y tecnología.

4. La posición cultural de Paraguay hacia Argentina: ambivalencia estructural

La relación cultural paraguaya con Argentina es uno de los vínculos más cargados de tensión psicológica en el sistema regional sudamericano. Puede describirse como una ambivalencia estructural con raíces históricas profundas.

La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) como trauma fundacional:

No es posible entender la cultura política paraguaya sin este acontecimiento. Paraguay perdió en esa guerra entre el 60 y el 70% de su población —las estimaciones varían, pero hay consenso académico en que fue el mayor desastre demográfico proporcional de una nación en la historia moderna— y fue ocupado militarmente por Argentina, Brasil y Uruguay durante cinco años. Argentina no solo participó en la guerra sino que el presidente Bartolomé Mitre fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas. El historiador paraguayo Julio César Chaves y, más recientemente, trabajos revisionistas como los de Milda Rivarola han documentado cómo esta guerra se convirtió en el mito fundacional de la identidad paraguaya moderna: un pueblo pequeño y resistente frente a potencias agresoras.

En el imaginario paraguayo —cultivado sistemáticamente por el sistema educativo desde el siglo XIX y reforzado por el stronismo— Argentina no es un hermano neutro sino un participante en el mayor trauma nacional. Esto no implica odio cotidiano, pero sí una reserva estructural frente a las intenciones argentinas.

El Guaraní como frontera identitaria:

El 90% de los paraguayos habla Guaraní —co-idioma oficial desde la Constitución de 1992— y más del 60% lo usa como primera lengua en el hogar. Este hecho lingüístico-cultural es el marcador más poderoso de diferencia frente a Argentina y Brasil por igual. El Guaraní no es solo un idioma: es el vehículo de una identidad mestiza jopara que Paraguay reivindica como única en América. Frente al castellano porteño —percibido a menudo como arrogante y culturalmente imperialista— el Guaraní funciona como barrera simbólica de resistencia.

La ambivalencia cotidiana:

Al mismo tiempo, Paraguay consume masivamente cultura argentina: el fútbol (River y Boca tienen más hinchas en Paraguay que cualquier club local), la televisión, la música, la moda. Buenos Aires es la ciudad de referencia para la clase media paraguaya que quiere modernidad, medicina de calidad o educación universitaria. Esta dependencia cultural genera resentimiento: se admira lo que se siente que humilla. El término peyorativo bolita —usado en Argentina para paraguayos y bolivianos— es conocido por todos los paraguayos que emigraron y opera como recordatorio permanente de la jerarquía implícita en la relación bilateral.

El rol del Partido Colorado:

El stronismo (1954-1989) consolidó una narrativa nacional en la que Brasil era el garante de la estabilidad (Itaipú fue firmada en ese período) y Argentina era el vecino con aspiraciones hegemónicas. Durante décadas, el Partido Colorado mantuvo una posición de mayor cercanía con Brasil que con Argentina, en parte porque el régimen militar argentino tuvo relaciones complejas con Stroessner —a pesar de la ideología compartida— y en parte porque el exilio opositor paraguayo se refugiaba en Buenos Aires, lo que hacía a Argentina sospechosa.

Yacyretá como símbolo contemporáneo:

Si la Guerra de la Triple Alianza es el trauma histórico, Yacyretá es el agravio contemporáneo. La inundación de barrios enteros de Encarnación, la relocalización forzada de comunidades, la percepción de que Argentina negoció el precio de la energía en condiciones desfavorables para Paraguay, todo ello alimenta una narrativa de explotación que el Colorado Party utiliza cuando le conviene.

5. La élite paraguaya: estructura, actores y puntos de acceso

La élite decisional paraguaya tiene una arquitectura peculiar que combina un partido político hegemónico con actores económicos transnacionalizados y una clase técnica emergente.

El Partido Colorado (ANR) como estructura de poder total:

La Asociación Nacional Republicana ha gobernado Paraguay durante casi todo el período 1947-presente, con la única interrupción del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), que terminó en un impeachment controvertido. El Colorado no es solo un partido: es un sistema de distribución de recursos, empleos públicos, contratos y favores que penetra hasta el nivel municipal. Cualquier estrategia argentina que ignore al Colorado está ignorando la principal correa de transmisión del poder en Paraguay. Las facciones internas del Colorado —que compiten ferozmente entre sí— son la política real del país.

Los actores económicos clave:

Horacio Cartes (presidente 2013-2018): magnate del tabaco, bebidas (Grupo Cartes) y finanzas, con presencia en casi todos los sectores de la economía formal e informal. Sancionado por el Departamento de Estado de EEUU en 2023 bajo la Ley Global Magnitsky por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Hezbollah, lo cual complica su papel público pero no ha eliminado su influencia en las redes del Colorado. Es el nodo más importante de la facción dominante del partido.

Santiago Peña (presidente desde 2023): economista formado en Columbia University, exfuncionario del FMI y exministro de Hacienda de Cartes. Representa la tecnocracia pragmática del Colorado: pro-mercado, favorable al capital extranjero, con agenda de modernización del Estado dentro de los límites del sistema.

La ARP (Asociación Rural del Paraguay): representa a los grandes ganaderos y terratenientes, muchos de ellos familias tradicionales con apellidos históricos (Argaña, Franco, Gill). Es el sector económico con más peso en la política agraria.

FEPRINCO (Federación de la Producción, la Industria y el Comercio): paraguas de las principales cámaras empresariales. Es el interlocutor natural para acuerdos de inversión y comercio.

Los brasiguayos y el agronegocio transnacional: aunque no son "élite paraguaya" stricto sensu, tienen tal peso en la economía real que ninguna decisión sobre política agraria o de tierras se toma sin considerar sus intereses. Son, en la práctica, un actor de veto.

La Iglesia Católica: conserva influencia en política social y educativa superior a la media regional. El Cardenal y los obispos del interior son mediadores sociales relevantes.

Las Fuerzas Armadas: menos autónomas que en el pasado, pero con presencia en la frontera y en empresas del Estado. El complejo militar-empresarial tiene menor peso que en Argentina o Brasil.

Cómo Argentina debería acercarse a esta élite:

El punto de entrada más eficaz no es el Estado-a-Estado en abstracto, sino la resolución de agravios concretos con efecto simbólico alto. Yacyretá es el caso paradigmático: una renegociación generosa y transparente del precio de la energía —o un fondo de compensación visible— tendría un efecto diplomático desproporcionado respecto de su costo económico. La élite colorada necesita narrativas nacionales de "victorias" frente a Argentina que pueda usar internamente; Argentina debería dárselas calculadamente.

6. Agenda de acciones para el gobierno argentino

Las siguientes acciones están ordenadas por urgencia y factibilidad, no por importancia estratégica.

Gestión de agravios históricos y simbólicos

Renegociar el Tratado de Yacyretá con criterios de equidad explícita y publicidad. No hace falta ceder en todo: hace falta que Paraguay pueda mostrar que ganó algo tangible. Un fondo de desarrollo fronterizo financiado con royalties adicionales, canalizado hacia Encarnación y la región del Itapúa, tendría alto rendimiento diplomático. Paralelamente, explorar gestos de memoria histórica vinculados a la Guerra de la Triple Alianza —sin renunciar a la versión argentina de los hechos, pero reconociendo el sufrimiento paraguayo— en el marco de la diplomacia cultural.

Infraestructura y conectividad como vector de influencia

La Hidrovía Paraguay-Paraná es el talón de Aquiles logístico paraguayo y la palanca argentina más subutilizada. Una política argentina de facilitación del tránsito —tarifas competitivas, modernización de puertos de transbordo en Corrientes y Resistencia, ventanilla única bilateral— reduciría la dependencia paraguaya de los puertos brasileños y crearía interdependencia conveniente. El Puente Ayolas-Ituzaingó (en estudio) y la mejora del corredor vial Posadas-Encarnación-Asunción son proyectos con retorno estratégico.

Diplomacia económica focalizada

Crear un instrumento bilateral de inversión específico para PyMEs argentinas interesadas en el régimen de maquila paraguayo, en lugar de dejar ese espacio solo al capital brasileño. Establecer una mesa binacional permanente con FEPRINCO y la Cámara de Comercio Argentina-Paraguaya. Proponer acuerdos de doble imposición y protección de inversiones con estándares modernos.

Política migratoria como herramienta de soft power

La diáspora paraguaya en Argentina —600.000 personas aproximadamente— es el puente más directo entre ambas sociedades y el más descuidado por la diplomacia argentina. Una política migratoria que facilite la regularización, el reconocimiento de títulos y el acceso a servicios (en lugar del patrón actual de tolerancia informal y discriminación cotidiana) tendría un efecto directo sobre la percepción de Argentina en Paraguay. Los migrantes que envían remesas y regresan son embajadores o detractores según el trato recibido.

Cooperación técnica y educación como inversión de largo plazo

Expandir las becas del MINCYT y del CONICET para investigadores y estudiantes paraguayos, con énfasis en áreas de interés mutuo (agroecología, agua, energía). Posicionar universidades argentinas —especialmente del NEA, UNaM, UNNE— como alternativa regional a las brasileñas para la clase media paraguaya. La cooperación técnica en estadística pública (el INDEC puede colaborar con la DGEEC paraguaya) y en política agropecuaria tiene bajo costo y genera presencia institucional duradera.

Inteligencia diplomática y mapeo de élites

Argentina carece históricamente de una diplomacia paraguaya sofisticada. La embajada en Asunción debería ser una plaza de primer nivel —no un destino secundario— con capacidad de mapear las facciones del Colorado, identificar empresarios con intereses en Argentina y desarrollar relaciones con la nueva tecnocracia del gobierno Peña. El acceso al presidente Peña es relativamente más fácil para Argentina que para Brasil, precisamente porque su formación internacional lo hace receptivo a interlocutores técnicos. Ese canal debería explotarse.

Posicionamiento frente a la expansión china

China está avanzando en Paraguay desde que Taiwán perdió el reconocimiento diplomático paraguayo, aunque Paraguay es uno de los últimos países que mantiene relaciones con Taipei (lo cual complica la relación directa). Más relevante es la presencia china en infraestructura y financiamiento regional. Argentina debería coordinar con Paraguay —sin postura ideológica rígida— para que la entrada de capital chino no desplace infraestructura que afecta intereses argentinos, particularmente en la Hidrovía.

Nota de síntesis: La relación Argentina-Paraguay está crónicamente subgestionada desde Buenos Aires. La asimetría de tamaño genera en Argentina una inatención estructural que Paraguay percibe como arrogancia y que empuja a Asunción hacia Brasilia. La ventana de oportunidad actual —gobierno paraguayo técnico y pragmático, momento de reposicionamiento regional de Argentina— es real pero acotada. El vector de entrada más eficaz es la combinación de resolución de agravios concretos (Yacyretá, migración) con inversión en conectividad física, que crea dependencias recíprocas más durables que cualquier declaración de intención.

Geopolítica: El análisis de una Unión Transatlántica

Geopolítica: La Unión Transatlántica, la gran amenaza

por Theatrum Belli




Negociada en completo secreto desde julio de 2013 por Estados Unidos y la Unión Europea, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) busca establecer una amplia zona de libre comercio. Su objetivo: crear un bloque euroatlántico bajo control estadounidense. Revelaciones sobre una monstruosidad.

Apenas se habla de ello, a pesar de que presenciamos uno de los acontecimientos más importantes de principios del siglo XXI. Y una de las mayores amenazas. ¿De qué se trata? Un proyecto de "acuerdo transatlántico de libre comercio" del que depende en gran medida el futuro mismo de Europa. Es también el acuerdo comercial bilateral más importante jamás negociado, ya que pretende establecer, mediante una desregulación generalizada, una gigantesca zona de libre comercio que abarca un mercado de más de 800 millones de consumidores, la mitad del PIB mundial y el 40 % del comercio mundial. En resumen, se trata de crear la mayor zona de libre comercio del mundo mediante la unión económica y comercial de Europa y Estados Unidos. La completa "liberalización" del comercio es, como sabemos, un objetivo de larga data de los círculos financieros y liberales. La primera ronda de negociaciones, conocida como la "Ronda Uruguay", concluyó en abril de 1994 con los Acuerdos de Marrakech, que un año después condujeron a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, el proyecto del acuerdo comercial transatlántico se ha estado desarrollando discretamente entre bastidores durante más de veinte años, tanto en Washington como en Bruselas. Sus etapas son fácilmente discernibles.

Nueva agenda transatlántica

Ya el 22 de noviembre de 1990, un año después de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos y Europa adoptaron una primera "Declaración Transatlántica" en la que se comprometían a "promover los principios de la economía de mercado, rechazar el proteccionismo y fortalecer y abrir aún más las economías nacionales a un sistema multilateral de comercio". En diciembre de 1995, se celebró una cumbre entre Estados Unidos y Europa, que concluyó que era necesario institucionalizar la relación transatlántica mediante una declaración conjunta de compromiso político. Esta se convirtió en la "Nueva Agenda Transatlántica" (NAT), patrocinada por Bill Clinton, Jacques Santer, entonces presidente de la Comisión Europea, y Felipe González. También en 1995, se creó una coalición de importantes empresas privadas y multinacionales, conocida como el "Diálogo Empresarial Transatlántico" (TABD), que de inmediato inició una intensa labor de cabildeo para iniciar las negociaciones. Tres años después, en mayo de 1998, en la cumbre entre Estados Unidos y Europa celebrada en Londres, se firmó la primera Asociación Económica Transatlántica.

El proyecto se reanudó en junio de 2005 durante la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea en Washington, mediante una declaración solemne a favor de una «Nueva Asociación Económica Transatlántica». El 30 de abril de 2007, George W. Bush, presidente de Estados Unidos, Angela Merkel, entonces presidenta del Consejo Europeo, y José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, establecieron el «Consejo Económico Transatlántico», bajo el liderazgo conjunto de Karel De Gucht, comisario europeo de Comercio, y el estadounidense Michael Forman. Este nuevo organismo tenía como objetivo negociar el mercado transatlántico en todos sus aspectos legislativos relacionados con la producción, el comercio y la inversión. Se acordó que se reuniría anualmente. En mayo de 2008, una resolución del Parlamento Europeo aprobó oficialmente el proyecto. Establecía la eliminación de todas las barreras comerciales, así como la liberalización de la contratación pública, la propiedad intelectual y la inversión.

Tras ser elegido, Barack Obama decidió concretar el proyecto. Los europeos no se quedaron atrás. El 2 de febrero de 2009, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el estado de las relaciones transatlánticas, en la que se exigía la creación efectiva de un gran mercado transatlántico inspirado en el sistema liberal y que implicara la completa libre circulación de personas, capitales, servicios y mercancías. El texto especificaba que esta asociación transatlántica se basaba en valores fundamentales compartidos, como la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho , y que debía seguir siendo la piedra angular de la acción exterior de la Unión. El mismo documento celebraba la creciente presencia de organizaciones de origen estadounidense en Bruselas, destacaba la importancia de la OTAN como piedra angular de la seguridad transatlántica, abogaba por la progresiva integración de los mercados financieros y se declaraba a favor de eliminar los obstáculos que dificultan la inversión transatlántica y la prestación de servicios financieros. Directrices inequívocas, por lo tanto. El proceso podría entonces comenzar, con la Comisión Europea intensificando sus esfuerzos a partir de enero de 2011.

Francia silenciosa

En febrero de 2013, el Consejo Europeo también votó a favor de un acuerdo comercial integral entre la UE y EE. UU. El 13 de febrero, Obama firmó una declaración con José Manuel Barroso y Herman Van Rompuy en la que se adoptaba el principio de un acuerdo transatlántico de asociación comercial y de inversión. François Hollande, supuestamente en representación de Francia, guardó silencio y dejó que los asuntos siguieran su curso. El 12 de marzo, la Comisión Europea aprobó el borrador del mandato para la celebración de dicho acuerdo con Estados Unidos. El 14 de junio de 2013, los gobiernos de los 27 Estados miembros de la UE encomendaron oficialmente a la Comisión Europea negociar con el gobierno estadounidense la creación de un gran mercado común transatlántico, denominado Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión ( ATCI ). Unos días después, el 17 de junio, el Consejo de la Unión Europea adoptó un informe sobre las directrices para la negociación de esta asociación, que José Manuel Barroso calificó como "la más importante del mundo".

Las mentiras de la Comisión Europea

Las primeras negociaciones oficiales se iniciaron en Washington el 8 de julio de 2013, tras la cumbre del G8 celebrada el mes anterior en Irlanda del Norte. Hasta el momento, las negociaciones han estado lideradas por Karel De Gucht, quien actualmente enfrenta cargos por fraude fiscal en Bélgica, con la asistencia de Ignacio García Bercero, español y director de la Comisión Europea para el Desarrollo Sostenible y el Comercio Bilateral. Los socios esperan alcanzar un acuerdo para 2015. ¿Cuál es el objetivo? Se dice que la eliminación de las barreras comerciales transatlánticas aportaría entre 86.000 y 119.000 millones de euros anuales a la economía europea, y entre 65.000 y 90.000 millones a Estados Unidos, lo que podría suponer un aumento medio de la renta de 545 euros por hogar europeo en quince años. Tras un ritual bien ensayado, se asegura que el acuerdo beneficiará a todos, que tendrá un efecto positivo en el empleo, etc. Aplicadas a la fecha objetivo de 2027, tales promesas carecen de sentido. En 1988, la Comisión Europea ya había declarado que la creación del mercado único europeo, prevista para 1992, crearía entre 2 y 5 millones de empleos. Aún los estamos esperando. Respecto a los efectos del acuerdo comercial transatlántico, los analistas más optimistas hablan de unas pocas décimas de punto porcentual del PIB (entre el 0,27 % y el 0,48 %), o incluso una "riqueza adicional" de 3 céntimos por persona y día a partir de 2029. Además, el proyecto se basa en las exportaciones como medio para estimular el crecimiento. Por lo tanto, será un obstáculo para cualquier deslocalización de las actividades productivas. El aumento previsto de las exportaciones, por otro lado, provocará un fuerte aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que se suponía que la Unión Europea las estaba reduciendo. Pero lo que más sorprende a los observadores es la extraordinaria opacidad que rodea las discusiones hasta la fecha. Ni el público ni sus representantes han tenido acceso al mandato negociador. La clase política en su conjunto se ha refugiado en un silencio atónito. Dado que los tratados otorgan a la Comisión Europea competencia exclusiva en materia comercial, ni siquiera se ha consultado al Parlamento Europeo. Muchos se apresuran a referirse a estas conversaciones a puerta cerrada como «negociaciones comerciales secretas».

Las corporaciones multinacionales en el centro de las negociaciones:

Los ciudadanos han permanecido completamente desinformados, a diferencia de los "tomadores de decisiones" pertenecientes a grandes grupos privados, multinacionales y diversos grupos de presión, quienes participan regularmente en los debates. Las multinacionales han estado en el centro de las negociaciones desde el principio. Están presentes a través de diversos grupos o grupos de presión, como el Consejo Empresarial Transatlántico (TBC), organización surgida en 1995 a raíz del "Diálogo Económico Transatlántico", o la Red de Política Transatlántica (TPN), fundada en 1992, que reúne a un centenar de parlamentarios europeos y estadounidenses, así como a corporaciones transnacionales como Boeing, Siemens, IBM, Microsoft y otras. Sin olvidar la patronal europea Business Europe (de la que forma parte Medef), la Cumbre Empresarial Europea y representantes de los sectores bancario, químico y otros. Al igual que con el establecimiento del TLCAN en 1994 (la zona de libre comercio que une a Canadá, Estados Unidos y México), el objetivo declarado, como hemos visto, es desregular el comercio entre los dos mercados más grandes del mundo. El proyecto aspira a la "eliminación total de aranceles sobre productos industriales y agrícolas ", pero sobre todo, propone "lograr los máximos niveles de liberalización de la inversión".La eliminación de aranceles no tendrá efectos macroeconómicos significativos. Estados Unidos ya es el principal socio comercial de la Unión Europea, y viceversa. Actualmente, se comercian diariamente bienes y servicios por valor de unos 2.700 millones de dólares entre ambos continentes. La inversión directa, por su parte, asciende a 3,7 billones de dólares. En total, el comercio alcanzó los 670.000 millones de dólares en 2012, de los cuales el comercio entre filiales del mismo grupo representó más de la mitad. Sin embargo, los aranceles siguen siendo significativos en al menos dos sectores: el textil y el agrícola. Su eliminación provocará una pérdida de ingresos para los agricultores, una caída de las exportaciones agrícolas francesas, una mayor industrialización de la agricultura europea y una afluencia masiva de soja y trigo estadounidenses a Europa. En general, la eliminación de aranceles también perjudicará a Europa, ya que el tipo arancelario medio es del 5,2 % en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos es de tan solo el 3,5 %. Si se eliminan los aranceles, Estados Unidos obtendrá una ventaja un 40 % mayor que la de la UE. Esta ventaja será especialmente pronunciada en ciertos sectores: los aranceles sobre equipos de transporte son del 7,5 % en Europa, frente al 0 % en Estados Unidos. Por lo tanto, su eliminación perjudicará directamente a la industria automotriz europea. Además, la debilidad del dólar frente al euro también beneficiará a Estados Unidos en detrimento de la producción europea, que se verá incentivada a deslocalizarse, agravando aún más el desempleo. Mucho más importante es la eliminación prevista de las llamadas «barreras no arancelarias» (BNA), es decir, todas las normas y regulaciones que los negociadores consideran perjudiciales y superfluas por constituir «obstáculos» al libre comercio. En otras palabras, se trata de las normas constitucionales, legales y regulatorias que, en cada país, podrían obstaculizar el libre comercio, establecido como una libertad fundamental: normas sociales, salariales, ambientales, sanitarias, financieras, económicas y políticas de producción, etc. Para lograrlo, los acuerdos que se están negociando actualmente buscan una «armonización progresiva de las regulaciones y el reconocimiento mutuo de las normas y estándares existentes ». El propio José Manuel Barroso afirmó que «el 80 % de los beneficios económicos previstos del acuerdo provendrán de la reducción de la carga regulatoria y la burocracia». Por lo tanto, los riesgos regulatorios son enormes.

De hecho, esta "armonización" representa una tremenda regresión:

Para liberalizar el acceso al mercado, se supone que la Unión Europea y Estados Unidos deben "converger" sus regulaciones en todos los sectores. El problema radica en que Estados Unidos se encuentra actualmente fuera del marco del derecho internacional en materia ambiental, social y cultural, negándose a implementar convenios laborales clave, el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las convenciones de la UNESCO sobre diversidad cultural, etc. En casi todos los casos, sus regulaciones son menos estrictas que las europeas. Dado que, obviamente, no tienen intención de fortalecer su legislación y el objetivo es alinearse con el "máximo nivel de liberalización existente " , la "convergencia" se producirá mediante la armonización de las normas europeas con las suyas. En realidad, esta "armonización" se logrará mediante la imposición por parte de Estados Unidos de sus normas comerciales a Europa. "De hecho, estas negociaciones solo abordan lo que los europeos podrían conceder, nunca lo que Estados Unidos mantiene". ( Jean -Michel Quatrepoint ). Sin embargo, estas diferentes normas a ambos lados del Atlántico reflejan diferentes opciones sociales. Bajo su apariencia técnica, las normas y regulaciones corresponden a preferencias colectivas que reflejan el concepto de protección ciudadana, a opciones socioculturales, a realidades históricas, geográficas, lingüísticas y, a veces, incluso constitucionales, a tradiciones regionales y a dinámicas de poder social. Son estas opciones sociales las que se pretende eliminar en favor de un modelo único, reduciendo las normas al mínimo común denominador. Su abolición, por lo tanto, supondría una transformación general de las sociedades que iría mucho más allá del mero comercio. Si prevalecen las normas estadounidenses, los países europeos experimentarán una regresión formidable.

Reubicaciones protegidas:

En el sector agrícola, se espera que la apertura del mercado europeo provoque una afluencia masiva de productos de bajo coste procedentes de la agroindustria estadounidense: carne de vacuno tratada con hormonas, canales rociadas con ácido láctico, aves de corral lavadas con cloro, carne tratada con clorhidrato de ractopamina, OGM (organismos genéticamente modificados), animales alimentados con harina animal, productos que contienen pesticidas cuyo uso está actualmente prohibido, aditivos tóxicos, etc. Consideradas durante mucho tiempo "demasiado restrictivas" por los estadounidenses, todas las normas sanitarias europeas podrían ser condenadas como "barreras comerciales ilegales ". En materia medioambiental, se desmantelarían las regulaciones que rigen la industria agroalimentaria. Las empresas farmacéuticas podrían bloquear la distribución de medicamentos genéricos. Los servicios de emergencia podrían verse obligados a privatizarse. Lo mismo podría ocurrir con el agua y la energía. En cuanto al gas de esquisto, la fracturación hidráulica se convertiría en un derecho inexpugnable. Además, dado que las "indicaciones geográficas protegidas" no están reconocidas en Estados Unidos, las denominaciones de origen controladas (AOC) francesas se verían directamente amenazadas. La creación cultural y audiovisual está protegida en Europa por diversos mecanismos de ayuda pública, pero también por regulaciones de distribución (cuotas), que Estados Unidos pretende desmantelar para inundar Europa aún más masivamente con sus productos. Una liberalización del sector audiovisual beneficiaría a los gigantes digitales estadounidenses. Por ello, Francia logró el acuerdo de que los contenidos audiovisuales —pero no la cultura en sentido amplio (teatros, óperas, museos, archivos, bibliotecas, sitios patrimoniales, etc.)— quedaran excluidos del acuerdo por el momento, una postura apoyada por otros trece países europeos. Pero ¿por cuánto tiempo? En una entrevista con el International Herald Tribune, José Manuel Barroso ya criticó duramente la intención de Francia de excluir al sector audiovisual del mandato para las negociaciones comerciales con Estados Unidos, calificando esta postura de «totalmente reaccionaria ». El informe del 17 de junio de 2013 también especifica que la Comisión Europea podría volver a plantear el asunto durante las negociaciones, lo que deja la puerta abierta a un cambio. "Está muy claro", declaró Karel De Gucht, " que podemos presentar al Consejo nuevas propuestas sobre un mandato adicional, sobre cualquier tema, incluido el audiovisual".De Gucht también indicó que se reservaba el derecho a "debatir" cuestiones culturales si los estadounidenses se lo solicitaban. Sin embargo, para los estadounidenses, las industrias culturales también abarcan el patrimonio y cualquier cosa que pueda buscarse en Google. En materia cultural, los museos nacionales podrían perder así su derecho de preferencia sobre los tesoros artísticos nacionales a manos de coleccionistas privados. En el ámbito de la propiedad intelectual, hay mucho en juego, especialmente en las áreas de armamento y aeronáutica. En materia social, todas las protecciones relacionadas con la legislación laboral podrían verse cuestionadas. En cuanto a las regulaciones laborales y de empleo, el informe del 17 de junio afirma que deben respetarse "siempre que, al hacerlo, no anulen ni comprometan los beneficios derivados del acuerdo", lo que equivale a proclamar un principio vaciándolo inmediatamente de su contenido. De hecho, como señaló la Confederación Europea de Sindicatos, "no hay garantía de que se creen empleos, en lugar de que los beneficios se paguen a los accionistas en forma de dividendos, lo que reduce aún más la parte de los salarios". Y, por supuesto, se protegerá la deslocalización.

Control de población:

En cuanto a los servicios públicos, el acuerdo establece que "abarcará los monopolios públicos, las empresas públicas y las compañías con derechos especiales o exclusivos, con el fin de lograr la apertura de la contratación pública a todos los niveles: administrativo, nacional, regional y local ". Hospitales, escuelas, universidades y seguridad social también están incluidos, por supuesto. En última instancia, el actual régimen europeo de ayudas estatales deberá alinearse con el modelo estadounidense. Estados Unidos, por su parte, está decidido a proteger sus mercados de contratación pública, de los cuales solo el 30% está actualmente abierto a empresas extranjeras (en virtud de la Ley de Compras Estadounidenses de 1933), en comparación con el 95% de los mercados europeos. En el ámbito financiero, el acuerdo exige la "liberalización completa de los pagos corrientes y los movimientos de capital", a pesar de que abarca nada menos que el 60% de la actividad bancaria mundial. Pero ¿qué puede significar un acuerdo de libre comercio cuando sus términos pueden verse constantemente distorsionados por la infravaloración del dólar frente al euro? En el simposio sobre el "Proyecto del Mercado Transatlántico", organizado el 16 de septiembre de 2013 en París por la Fundación Res Publica, el economista Jean-Luc Gréau destacó la importancia del marco monetario en este asunto: "¿Podemos crear un mercado común transatlántico sin al menos un marco monetario estable, con las monedas estadounidense y europea vinculadas? En otras palabras, ¿podemos siquiera considerar la posibilidad de un SGA (Sistema Monetario Atlántico) ? No lo creo". También se prevé la cooperación transatlántica en el ámbito del control de la población (vigilancia de datos personales en Facebook y Gmail, chips RFID, tarjetas de crédito, cámaras, biometría, etc.). Ricardo Cherenti y Bruno Poncelet resumen el programa de la siguiente manera: "Desmantelamiento de las conquistas sociales, reducciones salariales, mayor flexibilidad laboral, ataques a la solidaridad social, concesión de privilegios fiscales y creciente deuda nacional que justifican una gobernanza verticalista".Pero hay algo peor. Uno de los temas más polémicos en las negociaciones se refiere al establecimiento de un mecanismo de arbitraje de controversias entre Estados e inversores privados. Este mecanismo, denominado "protección de la inversión" (Solución de Diferencias entre Inversores y Estados, ISDS), permitiría a las empresas multinacionales y privadas demandar a los Estados o autoridades locales ante un tribunal ad hoc si modifican su legislación de forma que se considere perjudicial para sus intereses o que pueda restringir sus beneficios —es decir, cuando sus políticas de inversión se vean cuestionadas por políticas públicas— para obtener una indemnización por daños y perjuicios. La controversia se arbitraría a discreción de jueces o expertos privados, al margen de los tribunales públicos nacionales o regionales. El importe de la indemnización sería potencialmente ilimitado (lo que significa que no habría límite a las sanciones que un tribunal podría imponer a un Estado en beneficio de una empresa multinacional), y la sentencia dictada sería definitiva e inapelable.

Una ofensiva al borde del éxito:

La idea no es nueva. Ya figuraba en el borrador del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), negociado en secreto entre 1995 y 1997 por los Estados miembros de la OCDE, y fue una de las principales razones de su rechazo, tras la decisión de Lionel Jospin de retirar el apoyo de Francia. Desde esta perspectiva, el TTIP puede considerarse una versión modificada del AMI . Parece que, esta vez, la ofensiva está a punto de triunfar. Un mecanismo de este tipo ya se ha integrado en el acuerdo comercial que Europa negoció recientemente con Canadá (CETA). De este modo, las empresas multinacionales obtendrían un estatus jurídico equivalente al de los estados o naciones, mientras que los inversores extranjeros obtendrían la facultad de eludir la legislación y los tribunales nacionales para obtener una compensación de los contribuyentes por las políticas gubernamentales destinadas a proteger la calidad del aire, la seguridad alimentaria, las condiciones laborales, las cotizaciones a la seguridad social y los salarios, o la estabilidad del sistema bancario. En la práctica, recurrir a árbitros privados para resolver una disputa entre un Estado y un inversor obviamente solo disuadirá a los Estados de mantener los servicios públicos, seguir protegiendo los derechos sociales y garantizando la protección social, o intentar controlar las actividades de las corporaciones multinacionales. La justicia se haría a favor del Banco Mundial y su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), sin ninguna consideración por los intereses de los países y sus ciudadanos. Al cuestionarse así la capacidad legislativa de los Estados, las normas sociales, fiscales, sanitarias y ambientales ya no se derivarían de la legislación, sino de acuerdos entre grupos privados, corporaciones multinacionales y sus abogados, consagrando la primacía del derecho estadounidense. Esto conduciría a una privatización total de la justicia y el derecho, mientras que la Unión Europea quedaría expuesta a un aluvión de demandas de indemnización por parte de las 14.400 multinacionales que actualmente poseen más de 50.800 filiales en Europa. Gracias a mecanismos de este tipo, empresas extranjeras ya han interpuesto demandas contra el aumento del salario mínimo en Egipto o contra la limitación de las emisiones tóxicas en Perú. La multinacional Lone Pine ha solicitado al gobierno canadiense 250 millones de dólares en concepto de "reparaciones" por las ganancias que no pudo obtener debido a la moratoria a la extracción de gas de esquisto implementada en el Valle del San Lorenzo. En 2012, la OMC ya había impuesto sanciones de varios cientos de millones de euros a la Unión Europea por su negativa a importar organismos genéticamente modificados (OGM). Actualmente, hay más de 450 procedimientos de este tipo en curso en todo el mundo.

Desmantelar la Unión Europea

El Wall Street Journal reconoció con ingenuidad que el acuerdo comercial transatlántico "es una oportunidad para reafirmar el liderazgo global de Occidente en un mundo multipolar". Este liderazgo no ha sido impuesto por Estados Unidos a través de la OMC. Si bien la OMC lanzó un ambicioso programa de liberalización comercial en Doha, Qatar, en 2001, la organización, cuyo nuevo presidente, el brasileño Roberto Azevêdo, sucede al francés Pascal Lamy, se ha enfrentado a la resistencia de las economías emergentes (China, Brasil, India, Argentina) y de los países en desarrollo durante más de una década. El único resultado logrado fue el acuerdo alcanzado en Bali el pasado diciembre. Por ello, Estados Unidos ha adoptado una nueva estrategia, de la cual el TTIP es fruto. El establecimiento de un gran mercado transatlántico es, para ellos, una forma de aplastar la resistencia de terceros países, a la vez que incorpora a Europa a un bloque cuyo peso económico será tal que impondrá los intereses de Washington al mundo entero. Por lo tanto, se trata claramente de que Estados Unidos intente mantener su hegemonía global privando a otras naciones del control sobre su comercio, en beneficio de multinacionales controladas en gran medida por sus élites financieras. Al mismo tiempo, pretenden contener el ascenso de China, ahora la principal potencia exportadora mundial. La creación de un gran mercado transatlántico les ofrecería un socio estratégico capaz de derribar los últimos bastiones industriales europeos. Les permitiría desmantelar la Unión Europea en favor de una unión económica intercontinental, es decir, anclar definitivamente a Europa a un gran bloque "oceánico", separándola de su parte oriental y de cualquier vínculo con Rusia. Dada la preocupación de los estadounidenses por el impacto negativo de la recesión económica europea en las exportaciones estadounidenses y, por consiguiente, en el empleo en Estados Unidos, es comprensible que deseen concluir el acuerdo lo antes posible. Cabe destacar que Estados Unidos también lanzó en 2011 un importante Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) . Inicialmente integrado por ocho países (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Malasia, Brunéi y Vietnam), a los que se unió Japón en diciembre de 2012, su principal objetivo es contrarrestar la expansión económica y comercial de China. Como declaró sin rodeos Bruce Stokes, del German Marshall Fund de Estados Unidos, el objetivo es «garantizar que el capitalismo de estilo occidental siga siendo la norma global y no el capitalismo de Estado chino».Desde la adhesión de Japón, el TPP ha representado nada menos que un tercio del comercio mundial y el 40% del PIB mundial. Esto significa que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), junto con el TLCAN, abarcan en conjunto el 90% del PIB mundial y el 75% del comercio mundial. A largo plazo, el objetivo es claramente establecer normas comerciales globales. Carla Hills, negociadora principal del ATCI durante la presidencia de George W. Bush, lo describió como un "catalizador necesario" para un "nuevo orden comercial ". Si bien bilateral, un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos marcaría un paso hacia el retorno al reconocimiento de la primacía de las normas comerciales multilaterales. José Manuel Barroso también afirmó que dicho acuerdo "establecerá la pauta, no solo para el comercio y la inversión transatlánticos, sino también para el desarrollo del comercio en todo el mundo". Karel De Gutch confirmó que el objetivo es, en efecto, "desarrollar normas que se propongan globalizarse". 

Una alianza tan fuerte como la OTAN

Barack Obama, por su parte, no dudó en comparar la asociación transatlántica con una "alianza económica tan fuerte como la alianza diplomática y militar" representada por la OTAN. La comparación es bastante acertada. De hecho, es una OTAN económica, colocada, al igual que su contraparte militar, bajo la tutela estadounidense, la que el TTIP pretende crear para diluir la integración europea dentro de una vasta entidad interoceánica carente de fundamento geopolítico, para convertir a Europa en el patio trasero de Estados Unidos, consagrando así a Europa como mercado en detrimento de Europa como potencia. El objetivo final es político. Mediante una integración económica forzada, se espera establecer una "nueva gobernanza" común para ambos continentes. Tanto en Washington como en Bruselas, no es ningún secreto que el mercado transatlántico es solo un paso hacia la creación de una estructura política global, que se denominaría la Unión Transatlántica. Así como se suponía que la integración económica de Europa conduciría a su unificación política, el objetivo final sería crear un gran bloque político y cultural unificado que se extendiera desde San Francisco hasta las fronteras de la esfera de influencia rusa. Con el continente euroasiático así dividido en dos, podría crearse una verdadera federación transatlántica, dotada de una asamblea parlamentaria integrada por miembros del Congreso estadounidense y del Parlamento Europeo, y que represente a 78 estados (28 europeos y 50 americanos). Dado que la Comisión Europea en Bruselas ya ha anexado las soberanías nacionales, es la soberanía europea la que se transferiría a Estados Unidos. Las naciones europeas seguirían rigiéndose por las directivas europeas, pero estas serían dictadas por los estadounidenses. Se trata, como podemos ver, de un proyecto de inmensa ambición, cuya realización marcaría un punto de inflexión histórico; un proyecto sobre cuyos méritos nunca se ha consultado a ningún pueblo. «Si este proyecto triunfa », declaró Noël Mamère, «reducirá a Europa a la condición de un elemento subordinado en un bloque occidental dominado por el libre comercio, el neoliberalismo y el dólar ... Nos convertiríamos en auxiliares de Estados Unidos, como ya lo somos militarmente desde la reincorporación de Francia a la OTAN». “La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) ”, añadió Jean-Luc Mélenchon, “ es una anexión de Europa por parte de Estados Unidos … En efecto, anuncia la disolución de la Unión Europea en el mercado único estadounidense”. La verdad nos obliga a admitir que no se equivocan. Con la ATCI, el objetivo a largo plazo es que el mundo se rija por la economía y, al mismo tiempo…«Reconstruir un mundo unipolar basado en un imperio euroatlántico bajo control estadounidense». Una monstruosidad.

Europa ya ni siquiera quiere resistirse 

Queda por ver si las negociaciones tendrán éxito y si el acuerdo comercial transatlántico se materializará. Sin embargo, por el momento, es difícil imaginar qué podría impedir su realización. Y hay aún menos motivos para esperar que esto lleve a que Europa quede subyugada a Estados Unidos, dado que las élites gobernantes europeas son claramente víctimas voluntarias de esta anexión. La increíble tibieza de las reacciones europeas ante el escándalo del espionaje estadounidense en Europa, en el marco del programa PRISM de la NSA, revelado por el caso Snowden, es en sí misma indicativa del grado de sumisión de Europa a Estados Unidos, como lo son también la reciente compra por parte de los Países Bajos de 37 cazas F-35 estadounidenses, la elección por parte del gobierno alemán del lanzador estadounidense Falcon 9 para lanzar tres satélites gubernamentales, y la decisión de Francia de adquirir drones de vigilancia Reaper del fabricante estadounidense General Atomics por 1.500 millones de dólares. El gobierno francés, por su parte, se ha alineado oficialmente con las finanzas de mercado. También ha heredado el atlantismo tradicionalmente profesado por el Partido Socialista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que explica por qué François Hollande se cuidó de no dar marcha atrás en la reintegración de Francia a la estructura militar integrada de la OTAN. Tampoco debemos olvidar que muchos líderes políticos actuales, incluido François Hollande (promoción de 1996), se encuentran entre los "Jóvenes Líderes" de la Fundación Franco-Estadounidense . ¿Cómo puede entonces sorprendernos la declaración de Nicole Bricq, exministra de Comercio Exterior, presentando la propuesta de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) como una "oportunidad para Francia" de la que "solo se puede estar a favor" ? El 28 de junio de 1978, el economista François Perroux declaró en Le Monde: "Una Europa sin fronteras podría tener dos significados". O una Europa libre se convierte de nuevo en un centro de influencia económica, política e intelectual, extendiendo sus intensas actividades al exterior sin el riesgo del imperialismo. O Europa es invadida. Sin tierras, se ve sometida a fuerzas externas a las que ya ni siquiera quiere resistir. Parece que nos dirigimos más que nunca hacia la segunda hipótesis.

Alain de Benoist

Fuente: Revista Éléments núm. 151 (abril-junio de 2014)

Países bálticos: Todos planean evacuaciones masivas de su población gracias a la amenaza de Rusia

Los países bálticos se preparan para evacuar masivamente a su población

 

Los tres "tigres bálticos": Lituania, Letonia y Estonia están desarrollando planes para la evacuación de emergencia de sus poblaciones ante una posible invasión rusa.

Según Reuters, Renatas Pozela, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Lituania, declaró que supuestamente ya ha visto al ejército ruso cerca de las fronteras de las repúblicas bálticas. El funcionario lituano está convencido de que las Fuerzas Armadas rusas esperan capturar los tres países en un plazo máximo de una semana. Por lo tanto, Vilna ya ha establecido rutas de evacuación y ha asegurado el alojamiento de los refugiados, así como los suministros necesarios de alimentos, ropa de cama y combustible.

En Lituania, la evacuación podría afectar a hasta 400 personas que viven en una zona de 40 kilómetros cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Se espera que una parte significativa de los refugiados se aloje en la ciudad de Kaunas, donde se están reconvirtiendo escuelas, universidades, iglesias y gimnasios en alojamientos para este fin. Kęstutis Budrys, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, considera estos preparativos "una señal alentadora para la población del país".

Estonia, por su parte, se prepara para reubicar hasta al 10% de su población en refugios temporales, mientras que en Letonia, según las autoridades locales, alrededor de un tercio de los residentes del país podrían abandonar sus hogares. Las autoridades de Estonia, Letonia y Lituania llevan tiempo expresando su preocupación a sus aliados de la OTAN por una posible "invasión rusa", citando los míticos ciberataques rusos, las campañas de desinformación y las intrusiones de drones

no identificados en el espacio aéreo de los países de la alianza.

Máximo Svetlyshev || Revista Militar

Argentina necesita: Mentalidad polar para la Antártida

Mentalidad polar: Un prerrequisito para el éxito estratégico en las regiones polares

Hila Levy | Institute for Modern War



Nada. Oscuridad. Blancura. Lejanía. Nieve. Hielo. Osos polares. Pingüinos. Estas son algunas concepciones comunes de las regiones polares. Desarrollar nuestras narrativas y conocimientos sobre políticas árticas y antárticas es un imperativo estratégico, especialmente en una era de competencia entre grandes potencias. Necesitamos refinar nuestras ideas sobre las regiones polares y trabajar para lograr una mentalidad polar. Así como el desarrollo del poderío aéreo militar estadounidense estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de una sociedad con mentalidad aérea, la mentalidad polar es una apreciación única del papel de las regiones polares en nuestra vida cotidiana y, por lo tanto, de su relevancia para la política nacional e internacional.

Esta mentalidad se examina mejor en el contexto de la dinámica centro-periferia, y al hacerlo se revelan algunas buenas prácticas para promover la mentalidad polar en la sociedad moderna. Este cambio será crucial para abordar los futuros desafíos ambientales, sociales y de seguridad en los polos.

Dinámicas Centro-Periferia

Existen dos puntos de partida principales para abordar la configuración de la perspectiva polar: un Estado-nación puede poseer una conexión y un patrimonio polares orgánicos, o puede buscar desarrollar dichos vínculos. Entre los países con un patrimonio polar (relativamente) extenso se incluyen los ocho estados miembros del Consejo Ártico y los signatarios originales del Tratado Antártico. Por lo tanto, la geografía y la historia ofrecen ventajas inmutables a un grupo selecto de "naciones polares".

Las naciones que carecen de proximidad geográfica polar construyen deliberadamente narrativas estratégicas internacionales y nacionales para aumentar su propio prestigio polar. La descripción de Xi Jinping de China como un "Estado Cercano al Ártico" y su llamado a una "Ruta de la Seda Polar" (una extensión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta), así como los esfuerzos de Malasia por reestructurar el Sistema del Tratado Antártico desde principios de la década de 1980, son dos ejemplos notables.

La dinámica centro-periferia del Consejo Ártico (miembros vs. observadores) y del Tratado Antártico (partes consultivas vs. no consultivas) es evidente. El Consejo Ártico está diseñado para seguir siendo un club exclusivo. El Sistema del Tratado Antártico es algo más flexible, pero requiere unanimidad para otorgarle estatus consultivo (toma de decisiones). Sin una alta inversión científica y logística, el sistema permanecerá cerrado a todos, salvo a las naciones con mayores recursos. Si, por otro lado, un país desea reducir esta brecha u operar al margen del sistema, estas estructuras intergubernamentales tienen poca importancia.

Aprovechando la mentalidad polar

Los países del centro cuentan con un amplio abanico de recursos al que recurrir para definirse como naciones polares, o incluso como "grandes potencias polares". Sin embargo, no todos los países invierten por igual en los vínculos científicos, históricos y culturales que fortalecerían el discurso nacional sobre su propia estrategia polar nacional. En la búsqueda de los intereses nacionales (ya sean definidos de forma estricta o amplia), las percepciones nacionales y extranjeras de las prioridades son importantes.

Algunas naciones incorporan activamente su legado polar para fomentar la mentalidad polar. Noruega, con su sólido legado de exploración en ambos polos, exhibe de forma destacada sus vínculos polares, nombrando innumerables lugares, barcos e incluso cráteres marcianos y lunares en honor a sus héroes Fridtjof Nansen y Roald Amundsen. El siglo de soberanía de Noruega sobre el archipiélago de Svalbard también le otorga una prominencia descomunal entre las naciones que buscan acceso a estaciones de investigación en el Ártico.

El Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Reino Unido organizó en 2016 un concurso para elegir el nombre de su futuro buque de investigación polar. El actual RRS Sir David Attenborough fue entonces infamemente elegido para ser nombrado "Boaty McBoatface" en una encuesta viral que llegó a cientos de miles de personas en todo el mundo, atrayendo la atención mundial al trabajo del British Antarctic Survey. El British Antarctic Survey aparece con frecuencia en los medios británicos, y los investigadores polares reciben regularmente honores nacionales, como títulos de caballero o nombres geográficos.

Ciudades polares como Tromsø (Noruega), Rovaniemi (Finlandia), Hobart (Australia), Ushuaia (Argentina) y Christchurch (Nueva Zelanda), entre otras, cuentan con museos polares nacionales, sedes de institutos de investigación y festivales que atraen tanto a turistas como a residentes. La ciudad de Christchurch incluso cuenta con su propio documento de estrategia antártica para toda la ciudad, de 2018, basado en una Estrategia Antártica de Acceso similar de 2017 para el estado australiano de Tasmania. Los archivos y colecciones de museos y centros locales, como el Instituto de Investigación Polar Scott de la Universidad de Cambridge o el Gateway Antarctica de la Universidad de Canterbury, promueven narrativas heroicas de expediciones nacionales al Ártico o la Antártida, a la vez que facilitan la investigación en ciencias ambientales, ciencias sociales, artes y humanidades.

Los países que buscan penetrar en el núcleo polar no suelen contar con un siglo o más de historia polar. A pesar de ello, naciones como China han destacado explícitamente la importancia de las regiones polares en sus agendas nacionales e internacionales. Las "nuevas fronteras estratégicas" de China en el espacio, las profundidades marinas y las regiones polares han definido sus prioridades de investigación, presupuestos, estructuras organizativas y campañas de información para llegar a todos los ciudadanos. La búsqueda de China de destreza polar (por ejemplo, su incorporación al Consejo Ártico como observador) e infraestructura (por ejemplo, estaciones de investigación polar, rompehielos, satélites de monitoreo y aviones de hielo) está bien documentada en el ámbito internacional.

Mentalidad polar en una América polarizada

A diferencia de algunos de los enfoques mencionados anteriormente para la participación polar, Estados Unidos tiene trabajo por hacer. Si bien la seguridad polar es solo una de las muchas prioridades nacionales en pugna, la narrativa ártica estadounidense está dominada en gran medida por las opiniones nacionales sobre el estado de Alaska. Alaska, por supuesto, lucha con su propia percepción pública. Con una población de aproximadamente 730.000 habitantes, el estado más grande de Estados Unidos por territorio sigue siendo poco comprendido por gran parte del país. Pocos estadounidenses han visitado el estado, y más de la mitad de ellos llegan en crucero, compartiendo impresionantes imágenes de bahías glaciares, bosques costeros y migraciones de salmón durante el verano, pero rara vez cruzan el Círculo Polar Ártico. Muchos otros conocen Alaska a través de la cultura popular: Camioneros de Hielo, La Pesca Más Mortal y una serie de otros programas de telerrealidad que muestran las duras condiciones de vida y trabajo en la frontera del estado. Estos programas generalmente se enorgullecen de la remota inaccesibilidad del Ártico estadounidense.

Las delegaciones del Congreso de Alaska desempeñan un papel fundamental en la formulación de la política y la estrategia estadounidenses para el Ártico. El territorio de Alaska ocupa un lugar destacado en los debates sobre petróleo y gas, energía, recursos minerales, pesca y bases militares. Sin embargo, existen muchas tensiones subyacentes: entre las Corporaciones Nativas de Alaska, 229 tribus y aldeas reconocidas a nivel federal, intereses corporativos externos, grupos ambientalistas y entidades federales. El discurso sobre el Ártico puede ser víctima de la politización. Los legisladores quieren que el votante y el contribuyente promedio consideren a Estados Unidos una nación ártica en lo que respecta a la defensa nacional y la dotación de recursos militares. Sin embargo, esta conexión con un ecosistema frágil resulta incómoda para la explotación ambiental y los proyectos de desarrollo económico asociados.

En la Antártida, Estados Unidos es un líder científico y de gobernanza en el Sistema del Tratado Antártico. Sin embargo, es una potencia que mantiene el statu quo. Si bien el Programa Antártico de los Estados Unidos se encuentra entre los más grandes en cuanto a número de científicos y personal del continente, la inversión china en instalaciones y fondos de investigación ha aumentado sustancialmente en los últimos quince años. La realidad es que, tras la Guerra Fría, Estados Unidos no ha buscado realmente competir en la Antártida. Mientras que Chile y Argentina han buscado durante mucho tiempo superarse mutuamente en cuanto a cantidad de estaciones de investigación, Estados Unidos, que no reclama la Antártida (y se reserva el derecho de reclamarla), se conforma con la calidad de su sofisticada Estación McMurdo, de aspecto urbano, la bien ubicada Estación del Polo Sur y la pequeña Estación Palmer, en la península. El número de turistas estadounidenses en la Antártida está creciendo rápidamente (el 31,9 % de los pasajeros de cruceros en 2018-2019, seguido por los visitantes chinos, que representaron el 14,6 % en el mismo período), pero el gobierno estadounidense desempeña un papel limitado en la supervisión de las actividades turísticas comerciales, siempre que cumplan con los tratados.

Mantener el papel de Estados Unidos como gran potencia polar es un desafío a corto y medio plazo. Actualmente, solo hay un rompehielos pesado con capacidad antártica —el USCGC Polar Star— y un rompehielos mediano en el inventario operativo de la Guardia Costera estadounidense (otro rompehielos pesado está fuera de servicio y se utiliza para repuestos). Una sola unidad de la Guardia Nacional Aérea es responsable actualmente de los únicos diez aviones de esquí LC-130H operativos, que operan equipos obsoletos en condiciones extremas en rotaciones norte-sur en años normales. Rusia cuenta con más de treinta rompehielos medianos y pesados, y la capacidad de transporte marítimo y aéreo polar de China está creciendo rápidamente.

Tenemos buenas noticias. Estados Unidos cuenta con una Estrategia Nacional para la Región Ártica, de acceso público, desde 2013. La publicación de la Perspectiva Estratégica para el Ártico de la Guardia Costera estadounidense en 2019, la Estrategia para el Ártico de la Fuerza Aérea estadounidense en 2020, el Plan Estratégico para el Ártico de la Armada estadounidense en 2021 y, ahora, la Estrategia para el Ártico del Ejército, destacan la priorización de la defensa y la seguridad en al menos una región polar. En materia de adquisiciones, los líderes de defensa y el Congreso han llegado a un consenso sobre la necesidad de invertir y priorizar la seguridad polar, con financiación para aviones de esquí, el programa Polar Security Cutter y estudios portuarios en el Ártico. Sin embargo, sin la aceptación de toda la población, estos documentos, estrategias y contratos corren el riesgo de quedar obsoletos.

La inversión en capital humano es más difícil de medir. La Dirección de Educación y Recursos Humanos de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) tiene un amplio mandato para apoyar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas estadounidenses.