viernes, 21 de agosto de 2026

Suecia: El Acuerdo de Saltsjöbad

El Acuerdo de Saltsjöbad





La firma del acuerdo de Altsjöbad en 1938. August Lindberg (de LO) está sentado a la izquierda y Sigfrid Edström (de SAF) a la derecha.


El Acuerdo de Saltsjöbad fue un convenio colectivo firmado entre la Confederación Nacional de Empleadores Suecos (LO) y la Confederación de Empleadores Suecos (SAF) el 20 de diciembre de 1938, y que se convirtió en modelo para otros convenios. Las normas sobre huelgas se han llegado a considerar principios jurídicos generales para los conflictos entre las partes en el mercado laboral. El convenio consolidó así la norma del mercado laboral sueco («el modelo sueco») según la cual las partes del mercado laboral deben celebrar acuerdos sin injerencia del gobierno. El convenio sigue vigente y, desde el 1 de octubre de 2022, está en vigor un nuevo convenio colectivo complementario que se aplica a los sindicatos que decidan adherirse.

En 2007, LO, PTK y la Confederación de Empresas Suecas (sucesora de SAF) comenzaron a debatir la posibilidad de firmar un nuevo convenio, por iniciativa de la Confederación de Empresas Suecas. Sin embargo, las negociaciones se interrumpieron en marzo de 2009.


El Grand Hotel Saltsjöbaden fue el lugar donde comenzaron las negociaciones del Acuerdo de Saltsjöbaden en 1936, pero finalmente se firmó el 20 de diciembre de 1938 en Blasieholmen, Estocolmo.

Contenido

El Acuerdo de Saltsjöbad contiene regulaciones que abarcan principalmente cuatro áreas: un órgano de cooperación (la Junta del Mercado Laboral), procedimientos de negociación, despidos y acciones sindicales económicas y conflictos socialmente peligrosos. No obstante, las regulaciones relativas a los despidos fueron en gran medida anuladas por la Ley de Protección del Empleo de 1982.

El primer capítulo establece las regulaciones para un órgano central de negociación para la resolución de conflictos, la Junta del Mercado Laboral. La Junta estará compuesta por tres representantes de LO y tres de SAF. Dado que también funciona como órgano de arbitraje, cuenta con un presidente imparcial, designado de común acuerdo por ambas partes. La Junta del Mercado Laboral estuvo activa hasta principios de la década de 1970, pero durante su período de actividad no gestionó más de 60 conflictos.

El siguiente capítulo trata sobre un procedimiento de negociación conjunta. Existen normas que establecen que las controversias deben negociarse tanto a nivel local como central antes de acudir a los tribunales o ser tratadas en el Tribunal Laboral. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección del Empleo (LAS) en 1974, se aplican los plazos establecidos en la LAS en lugar de los del procedimiento de negociación para la resolución de conflictos laborales. Con la Ley de Cogestión (MBL), se añadieron normas sobre la interpretación de la parte del empleado, que no figuran en el texto del convenio.

El tercer capítulo establecía las formas de notificación y consulta en caso de despido y suspensión temporal del empleo, manteniendo el derecho del empleador a rescindir el contrato, pero dejó de aplicarse con la entrada en vigor de la LAS en 1974.

El cuarto capítulo contiene normas sobre la limitación de la acción sindical económica. Estas normas se refieren principalmente a la interpretación del concepto de "trabajo de protección", es decir, el trabajo que puede realizarse incluso durante un conflicto sindical, y cuya interpretación ha sido determinada por la Junta del Mercado Laboral.

En el último capítulo, las partes se comprometen a que la Junta del Mercado Laboral decida qué conflictos se consideran peligrosos para la sociedad. La junta nunca ha detenido ningún conflicto por considerarlo peligroso para la sociedad, posiblemente debido a que su presidente no participa en estos casos y, por lo tanto, resulta difícil obtener la mayoría necesaria para tal solicitud.

Antecedentes

Desde la Gran Huelga de 1909, el mercado laboral se había caracterizado por un conflicto no regulado entre las partes, con SAF y LO como principales actores. Tras varias investigaciones, se elaboraron planes de gran alcance para la intervención social mediante legislación de prohibición, algo que tanto SAF como LO rechazaron. Después de que el proyecto de ley del gobierno socialdemócrata fuera rechazado por el Riksdag en 1935, en marzo de 1936 se iniciaron conversaciones entre SAF y LO, que finalmente culminaron en el Acuerdo de Saltsjöbad de 1938. Los capítulos sobre la acción sindical, en particular, se basaron en gran medida en las propuestas anteriores.

Para que el Acuerdo de Saltsjöbad pudiera implementarse, LO tuvo que modificar sus estatutos. Los nuevos estatutos incluían disposiciones que permitían a la secretaría retirar el apoyo en caso de conflicto a un sindicato miembro que se negara a aceptar su propuesta de solución, prohibir una huelga si involucraba a más del tres por ciento de los miembros de un sindicato o si existía el riesgo de que alcanzara tal magnitud mediante un cierre patronal, y que los sindicatos miembros de LO debían contar con una cláusula que estableciera que la junta directiva tenía derecho a decidir sobre los acuerdos y las acciones sindicales, incluso en contra de la voluntad expresa de los miembros.

Las reacciones a la firma no fueron del todo positivas. El Sindicato Sueco de Trabajadores del Transporte (Transporte), afiliado a LO, comentó que «por miedo a la muerte, uno se suicida» y calificó el cuarto capítulo, que regula las acciones sindicales, de «repugnante».

La firma marcó el comienzo de una era de consenso y cooperación en el mercado laboral, el llamado espíritu de Saltsjöbad, que lo caracterizó al menos hasta finales de la década de 1960, cuando el conflicto de LKAB marcó el inicio de una época de confrontación y menor consenso. A principios de la década de 1980, las partes comenzaron a buscar nuevamente soluciones consensuadas, lo que resultó en la firma del Acuerdo de Desarrollo entre LO, SAF y PTK. Esto también abandonó la idea de LO de poner fin a Saltsjöbadsavtalet.

Sucesor

En 2007, LO, PTK y la Confederación de Empresas Suecas (sucesora de SAF) comenzaron a debatir la posibilidad de firmar un nuevo convenio, por iniciativa de la Confederación de Empresas Suecas. En la invitación, la Confederación de Empresas Suecas señaló la falta de flexibilidad y su deseo de modificar la normativa sobre conflictos sindicales y derogar la Ley de Protección del Empleo. LO accedió al debate, pero también explicó que no deseaba modificar las normas sobre conflictos ni aceptar ningún deterioro de las disposiciones relativas a los motivos objetivos de despido. Además, LO quería que existiera una responsabilidad compartida en el sistema de convenios colectivos. PTK planteó prácticamente las mismas cuestiones que LO y declaró que la normativa vigente sobre empleo y conflictos sindicales funcionaba correctamente.

En marzo de 2009, la Confederación de Empresas Suecas rompió las negociaciones, declarando que se vieron «obligados a finalizar unas negociaciones estancadas que claramente no conducían a ninguna mejora sustancial en el funcionamiento del mercado laboral». Por su parte, la LO afirmó que «los directivos de la Confederación de Empresas Suecas han abusado de la crisis económica con fines cortoplacistas para fortalecer el poder de los empresarios en el mercado laboral y no han asumido en absoluto la responsabilidad de resolver los problemas comunes a largo plazo», y que «es muy lamentable que la Confederación de Empresas Suecas haya intentado exclusivamente afianzar la posición de poder de los empresarios tratando de limitar el derecho de huelga y abolir la protección del empleo». La presidenta del PTK, Mari-Ann Krantz, también se mostró sorprendida por la repentina ruptura.


El 4 de diciembre de 2020, PTK, Kommunal, IF Metall y la Confederación de Empresas Suecas (SN) firmaron un acuerdo preliminar principal sobre la modificación de la protección del empleo (normas de orden de turno, etc.) y la ampliación de las oportunidades de desarrollo de competencias y reestructuración. Este acuerdo fue precedido, el 16 de octubre, por un acuerdo entre PTK y SN, el denominado acuerdo Las. LO no participó, pero Kommunal e IF Metall finalmente entablaron negociaciones con SN y lograron ciertas mejoras para sus miembros, lo que allanó el camino para el nuevo acuerdo principal. Tras la aprobación de las enmiendas legislativas correspondientes (incluidas las del acuerdo LAS), el acuerdo final entre las partes se firmó el 22 de junio de 2022.

lunes, 17 de agosto de 2026

Chile: Embajador trasandino ruega que usemos la logística adversaria

Gonzalo Uriarte: “Chile está preparado para ser la puerta de Argentina hacia el Pacífico”

En diálogo con DEF, el embajador de Chile en Argentina se refirió a la ambiciosa agenda de reformas del gobierno de José Antonio Kast y al presente y futuro del vínculo bilateral. El intercambio comercial entre los dos países se encuentra en pleno crecimiento, mientras se busca profundizar la integración energética, la conexión interfronteriza y la cooperación en materia de seguridad

  • El embajador pide que usemos su infraestructura para conectarnos con el Pacífico
  • El chileno no ofrece nada de ceder en su ayuda a las fuerzas de ocupación de Malvinas
  • La desesperación tapada de "oportunidades de negocios" es una constante en la entrevista
  • Argentina no debe ceder un ápice a esta desesperación




Por Mariano Roca || Infobae + Addendum



En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones (Foto: Fernando Calzada)

Con un modelo económico orientado a las exportaciones y una extendida red de tratados de libre comercio que le permiten acceder a mercados que representan más del 89 % del PBI global, en las últimas cuatro décadas, Chile mantuvo una economía abierta al mundo. En conversación con DEF, el embajador del país trasandino en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, menciona la arquitectura institucional que ha trascendido a las distintas administraciones: “Un Banco Central autónomo, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica, apertura comercial y respeto por los contratos y la ley”.

“Los distintos gobiernos han introducido cambios sociales, tributarios y regulatorios, pero han mantenido ese núcleo, porque reduce la incertidumbre y facilita la inversión de largo plazo”, señala el diplomático, acreditado ante el Gobierno argentino desde abril de este año. “El desafío actual es complementar esa apertura con mayor productividad, predictibilidad, competencia, innovación y cohesión social”, completa Uriarte, al tiempo que destaca los múltiples proyectos de integración y cooperación con Argentina.

El nuevo gobierno de Chile y una ambiciosa agenda de reformas económicas


-¿Cuáles son las claves del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el presidente José Antonio Kast?
-La primera clave es recuperar competitividad mediante una reducción gradual del impuesto corporativo del 27 % al 23 %. La segunda es entregar mayor certeza jurídica, incluyendo invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares. La tercera es acelerar permisos y establecer mayores responsabilidades del Estado cuando una autorización ambiental favorable sea posteriormente anulada.

-¿Cuáles son los incentivos que plantea el gobierno en materia impositiva y tributaria para impulsar mayores inversiones?

-Los incentivos combinan una menor carga corporativa con instrumentos específicos. Además de la reducción del impuesto corporativo a la primera categoría, se contempla un crédito tributario por contratación de trabajadores, especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas; una exención temporal del IVA para determinadas viviendas nuevas; invariabilidad tributaria para grandes proyectos y mecanismos de declaración o repatriación de capitales. El objetivo es disminuir el costo de invertir, contratar y financiar nuevos proyectos. Naturalmente, estos incentivos deben aplicarse preservando la sostenibilidad fiscal y evitando tratamientos arbitrarios entre empresas.

La relación bilateral con Argentina, un vínculo en ascenso y con enorme potencial


-Chile es el cuarto socio comercial de Argentina. ¿Cómo se puede potenciar el intercambio y cuáles son los sectores con mayor potencial?

-El intercambio bilateral alcanzó aproximadamente 8150 millones de dólares en 2025, su nivel más alto de la última década. Para potenciarlo, debemos reducir barreras no arancelarias, digitalizar las aduanas, armonizar normas técnicas y mejorar la conectividad terrestre y aérea. Los sectores con mayor potencial son energía, minería y proveedores mineros, alimentos, agroindustria, economía del conocimiento, servicios profesionales, turismo y logística. Es ahí donde debemos poner el esfuerzo conjunto. También existe una oportunidad estratégica: combinar las capacidades productivas argentinas con la infraestructura portuaria y la red de acuerdos comerciales de Chile para acceder conjuntamente a los mercados del Asia-Pacífico. Chile está preparado para ser la puerta de acceso de los productos argentinos hacia el Pacífico, con los beneficios que ello traería para ambos lados de la cordillera.

-El sector energético es un capítulo central en el vínculo bilateral. Usted acompañó, en junio, a la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, y al canciller Francisco Pérez Mackenna, en su visita a Vaca Muerta.

-La integración energética puede avanzar en tres direcciones. Primero, contratos estables de largo plazo para el suministro de gas argentino mediante los gasoductos existentes. Segundo, una interconexión eléctrica bidireccional que combine el gas argentino con la capacidad renovable chilena. Tercero, estudiar seriamente una plataforma logística entre Vaca Muerta y los puertos del Biobío, que permita procesar o exportar hidrocarburos hacia el Pacífico. No es un proyecto inmediato, pero su potencial estratégico para ambos países es considerable.

-La minería es un sector en el que Chile tiene una larga historia y que Argentina quiere potenciar a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ¿Qué importancia tiene el Tratado de Integración y Complementación Minera?

-El Tratado Minero, firmado en 1997, es fundamental porque ofrece un marco jurídico específico para yacimientos, infraestructura y servicios que atraviesan la cordillera. El RIGI mejora las condiciones de inversión dentro de Argentina; mientras que el Tratado resuelve la dimensión propiamente binacional. Su reactivación debe traducirse en procedimientos más rápidos, reuniones permanentes de la Comisión Administradora y una participación efectiva de proveedores y comunidades de ambos lados de la frontera.

-Los corredores bioceánicos son otro foco de atención para una mejor integración entre los dos países y a nivel regional. El proyecto del túnel de Agua Negra vuelve al centro de la agenda. ¿Cuáles son las perspectivas de avanzar en este y otros proyectos, y cómo podrían financiarse?

-El túnel de Agua Negra conserva un alto valor estratégico porque conectaría la región chilena de Coquimbo con la provincia de San Juan y completaría un corredor entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, debemos ser realistas: antes de iniciar la construcción, es necesario actualizar los estudios técnicos, geológicos, ambientales, de demanda y de costos. El esquema de financiamiento, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017, constituye un antecedente, pero debe ser revisado. Probablemente se requerirá una combinación de aportes públicos, financiamiento multilateral y participación privada en accesos, terminales y servicios logísticos. Mientras tanto, debemos modernizar también los pasos fronterizos actualmente operativos, haciéndolos más simples. Debemos mirar las fronteras europeas y seguir su ejemplo.

-La agenda de la seguridad ha estado presente desde el primer momento en el gobierno del presidente Kast. ¿Cómo pueden colaborar Argentina y Chile en el combate al crimen organizado transnacional?

-Chile y Argentina deben pasar de la cooperación declarativa a una cooperación operacional. Eso significa intercambiar inteligencia en tiempo real, elaborar mapas conjuntos de riesgo, coordinar controles en pasos fronterizos y puertos, rastrear flujos financieros y beneficiarios finales, y fortalecer la cooperación entre policías, fiscalías, aduanas y unidades de inteligencia financiera. También debemos actuar conjuntamente frente al tráfico de drogas, armas y personas, el contrabando y el ciberdelito. El Compromiso Regional de Santiago, acordado el pasado 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, y al cual se han unido recientemente Paraguay y Uruguay, ofrece un marco regional adecuado. Ahora debe traducirse en metas verificables, operaciones coordinadas y mecanismos permanentes de evaluación. De igual manera, en octubre tendremos un nuevo seminario binacional argentino-chileno sobre combate al crimen trasnacional; esa será la segunda ocasión en que se reúnan autoridades y policías de nuestros dos países, para buscar caminos de mejora para combatir de manera eficiente el crimen que traspasa la frontera.

De la protección de la Antártida a una elección clave en la ONU


-Argentina y Chile comparten la condición de países signatarios del Tratado Antártico y una visión sobre la protección del ecosistema del continente. ¿Cuál es la postura de su gobierno?

-La posición de Chile es preservar la Antártida como un continente dedicado a la paz, la ciencia y la cooperación internacional, fortaleciendo el Sistema del Tratado Antártico. Con Argentina, tenemos una relación histórica y capacidades complementarias. Podemos profundizar la investigación conjunta sobre cambio climático, océanos y glaciares; coordinar logística, búsqueda y rescate y respuesta ante emergencias ambientales; y avanzar en la protección de ecosistemas marinos, particularmente mediante la propuesta conjunta de un área marina protegida y una gestión sostenible del kril. En esta materia, nuestros países trabajan de manera conjunta hace décadas, pues ambos creemos en la conservación de la Antártida. Somos países complementarios, y eso se aprecia en el trabajo conjunto de nuestros científicos y militares. (NdA: no, ustedes son un estado parasitario nuestro)

-Por último, el gobierno de José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet en la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Podría aclararnos la posición oficial de su país?

-La posición oficial es clara: Chile retiró el patrocinio de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet y dejó de realizar gestiones diplomáticas para promoverla, al considerar que no existían condiciones suficientes para sostener una candidatura regional competitiva. No obstante, la candidatura continúa formalmente respaldada por Brasil y México. Asimismo, nuestro gobierno ha señalado que, mientras ella permanezca en competencia, Chile no apoyará otra candidatura. En consecuencia, Chile respetará el procedimiento institucional: corresponde al Consejo de Seguridad recomendar un nombre y a la Asamblea General efectuar el nombramiento. 

Suecia: El Acuerdo de Saltsjöbad

El Acuerdo de Saltsjöbad La firma del acuerdo de Altsjöbad en 1938. August Lindberg (de LO) está sentado a la izquierda y Sigfrid Edström ...