¿Puede Argentina cortar el suministro de gas y petróleo a Chile por el caso Danstar?
Argentina no puede cortar automáticamente el gas y el petróleo a Chile por el caso Danstar, pero sí puede sancionar a empresas que colaboren materialmente con la explotación hidrocarburífera británica en Malvinas. De encontrarse material para Sea Lion entre la carga, puede ejecutar esta decisión con 30 días de anticipación.
La verdadera palanca argentina no está en interceptar un carguero, sino en Vaca Muerta, los permisos, las concesiones y el acceso al mercado energético argentino. Para una empresa, quedar alcanzada por la Ley 26.659 puede ser mucho más costoso que perder un negocio puntual con las islas.
La relación económica está completamente desbalanceada: mientras el comercio anual potencial Punta Arenas–Malvinas ronda apenas unas decenas de millones de dólares, ENAP comprometió miles de millones en compras de crudo argentino. Poner en riesgo lo segundo por lo primero sería, como mínimo, una curiosa decisión estratégica.
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La respuesta corta es: no de manera automática ni simplemente porque el Danstar navegue hacia las Malvinas. Pero... Argentina sí dispone de un conjunto bastante serio de herramientas legales para sancionar a empresas extranjeras que colaboren con la explotación hidrocarburífera británica en el archipiélago. Y, si una empresa chilena quedara comprendida en ese régimen, las consecuencias podrían llegar a afectar sus negocios energéticos con la Argentina.
El asunto, por lo tanto, es bastante más interesante que la imagen de una fragata interceptando un carguero en medio del Atlántico Sur. De hecho, la principal palanca argentina probablemente no esté en el mar. Está en Vaca Muerta, en los oleoductos, en los gasoductos y en el acceso al mercado energético argentino.
Y ahí aparece una paradoja difícil de ignorar: ¿tiene sentido que una empresa chilena contribuya, directa o indirectamente, a sostener actividades económicas británicas en Malvinas si Chile está construyendo simultáneamente una dependencia cada vez mayor del petróleo y el gas argentinos?
Qué es el caso Danstar
El Danstar es un carguero de bandera chilena operado por Easter Island Naviera. La empresa proyecta establecer un servicio regular, aproximadamente mensual, entre Punta Arenas y Puerto Argentino. El buque tiene capacidad para unas 1.400 toneladas y la ruta fue promovida activamente junto con la Falkland Islands Development Corporation, organismo encargado de impulsar el desarrollo económico de las islas bajo administración británica. La propia FIDC reconoce que el objetivo es aprovechar el crecimiento de la población, la infraestructura y las nuevas actividades económicas del archipiélago.
Según las estimaciones difundidas desde Punta Arenas, el mercado comercial involucrado rondaría los US$20 millones anuales. Conviene precisar el dato: no son US$20 millones de ganancia para Chile, sino el volumen potencial del intercambio comercial. Los productos mencionados incluyen alimentos, frutas y verduras, madera, materiales de construcción, maquinaria, repuestos y gas licuado.
Hasta ahí podría decirse: un barco lleva queso, madera, repuestos y alguna retroexcavadora. Nada particularmente revolucionario.
El problema comienza cuando aparece Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas Petroleum y Rockhopper pretenden desarrollar al norte de las Malvinas y que Argentina considera una explotación no autorizada de recursos de su plataforma continental.
No existe, hasta ahora, evidencia pública concluyente de que el primer viaje del Danstar vaya a transportar equipos destinados específicamente a Sea Lion. La propia información oficial de la FIDC presenta la ruta como un vínculo comercial general. Por eso sería incorrecto afirmar hoy que el Danstar es un buque logístico de Sea Lion.
Pero tampoco sería razonable fingir que el contexto no existe. El crecimiento previsto de la actividad petrolera multiplicará las necesidades logísticas de las islas. Y el canciller argentino Pablo Quirno acaba de establecer precisamente esa distinción: Argentina no pretende impedir un viaje que transporte productos de consumo, pero la situación sería diferente si el buque llevara insumos destinados a la explotación hidrocarburífera.
Esa diferencia es jurídicamente fundamental.
El primer nivel: el Decreto 256/2010
Desde 2010 está vigente el Decreto 256/2010. Su artículo 1 establece que todo buque que pretenda atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con destino a las Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur debe solicitar autorización previa. También alcanza a las mercaderías transportadas directa o indirectamente hacia esos destinos.
La reglamentación dispone que la solicitud debe informar, entre otras cosas, bandera, armador, ruta, destino y naturaleza de la carga, y que debe presentarse ante la Prefectura Naval Argentina.
Pero acá aparece otro tratado que no puede hacerse desaparecer por arte de magia: el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Su artículo 10 obliga a la Argentina a mantener, «en cualquier tiempo y circunstancias», el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de manera expedita y sin obstáculos por aguas argentinas hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
Por eso el asunto no es tan sencillo como «pasa por nuestras aguas, entonces lo detenemos». Hay dos regímenes jurídicos que deben interpretarse conjuntamente, además de las reglas de la CONVEMAR sobre navegación.
La postura prudente adoptada por Cancillería parece reconocer ese problema: no transformar un cargamento de alimentos en la batalla de Jutlandia versión patagónica.
El segundo nivel es mucho más serio: la Ley 26.659
Si aparece Sea Lion, cambia completamente el cuadro.
La Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, no se limita a sancionar a la petrolera que perfora. Su artículo 2 es deliberadamente amplio.
Prohíbe a las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la legislación argentina desarrollar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental, participar directa o indirectamente en sociedades que las realicen o contratar y efectuar operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento destinadas a posibilitar esas actividades.
La palabra relevante para el caso Danstar es «logísticas».
Si una empresa extranjera no lleva simplemente leche, madera o repuestos para automóviles a Puerto Argentino, sino equipos, materiales, combustible o servicios destinados a que Sea Lion pueda desarrollarse, el encuadre jurídico argentino cambia radicalmente.
Y las consecuencias no son decorativas.
El artículo 3 de la Ley 26.659 permite inhabilitar al infractor para operar en Argentina durante cinco a veinte años. Si posee concesiones hidrocarburíferas argentinas, éstas pueden revertir al Estado nacional o provincial. El artículo 4 dispone además la pérdida de beneficios fiscales y previsionales, mientras que el artículo 5 impide que el Estado nacional, las provincias y los municipios contraten con determinadas empresas involucradas en esas actividades.
La Ley 26.915 agregó, para los casos más graves de exploración y explotación no autorizada, sanciones penales, multas calculadas sobre cientos de miles de barriles de petróleo, suspensión de actividades e incluso decomisos.
En septiembre de 2026 el Gobierno reforzó además todo ese mecanismo mediante el Decreto 868/2026. Cancillería pasó a ser autoridad de aplicación; los organismos públicos deben informar posibles infracciones; los procedimientos sancionatorios fueron acelerados; y quienes pretendan obtener permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas en Argentina deben declarar bajo juramento que no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.
El mensaje jurídico es bastante fácil de entender, incluso sin ser abogado: no se puede hacer negocios con el petróleo argentino mientras se ayuda a explotar petróleo en Malvinas sin autorización argentina y esperar que ambas cosas vivan alegremente en compartimentos separados.
De hecho, el Gobierno ya está utilizando esta presión. En septiembre inició decenas de procedimientos contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a las actividades petroleras en Malvinas. Halliburton posteriormente confirmó que ninguna de sus filiales participaría en Sea Lion.
Es decir, la herramienta no es teórica.
Y acá entra el petróleo que Chile compra en Argentina
Mientras en Punta Arenas se discuten negocios potenciales por unos US$20 millones anuales con las Malvinas, Chile está construyendo una relación energética con Argentina de otra escala.
En diciembre de 2025 la empresa estatal chilena ENAP firmó contratos con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor para comprar petróleo de Vaca Muerta hasta junio de 2033.
Valor proyectado: casi US$12.000 millones.
Según la propia ENAP, esos contratos permitirán cubrir aproximadamente el 35% de su demanda anual de crudo y constituyen el mayor acuerdo comercial de la historia de la compañía.
US$12.000 millones contra un mercado potencial de US$20 millones anuales.
No hace falta ser von Neumann para detectar cierta asimetría.
Prorrateado groseramente sobre la duración del contrato, el acuerdo petrolero equivale a alrededor de US$1.600 millones por año. El mercado Malvinas-Punta Arenas estimado por sus propios promotores ronda los US$20 millones.
Y, nuevamente, esos US$20 millones ni siquiera son utilidad: son ventas.
Desde un punto de vista puramente económico, poner en riesgo una relación energética de miles de millones de dólares para capturar una fracción de un mercado de veinte millones parece un negocio que necesitaría una explicación bastante creativa ante cualquier directorio.
El gas refuerza todavía más esa dependencia. Durante 2025 las exportaciones argentinas a Chile rondaron los ocho millones de metros cúbicos diarios y ambos gobiernos continúan hablando de profundizar la integración energética. En junio de 2026 ministros chilenos viajaron a Vaca Muerta precisamente para avanzar hacia relaciones de suministro más estables y de largo plazo.
En castellano sencillo: Chile quiere que Argentina sea un proveedor energético cada vez más importante.
Perfecto.
Pero entonces resulta bastante razonable que Argentina pregunte qué recibe a cambio en cuestiones que considera estratégicas.
¿Puede entonces Argentina cerrar la canilla?
Acá aparece la parte incómoda para quienes esperan una respuesta de «sí» o «no».
Argentina tiene la capacidad material de causar un problema energético importante a Chile, pero hoy no dispone de una autorización jurídica general para cortar petróleo y gas simplemente como represalia política por el Danstar.
La reforma hidrocarburífera de 2024 liberalizó considerablemente las exportaciones.
El artículo 6 de la Ley 17.319, en su redacción vigente, establece que productores y comercializadores pueden exportar hidrocarburos libremente. La Secretaría de Energía sólo puede objetar una exportación dentro de treinta días y debe fundar esa objeción en razones técnicas o económicas relacionadas con la seguridad del abastecimiento argentino.
El Decreto 1057/2024 va incluso más lejos: su artículo 9 establece que una exportación que haya sido debidamente notificada y no objetada no puede ser interrumpida durante el programa autorizado.
Para el gas ocurre algo similar. El artículo 3 de la Ley 24.076 remite actualmente al régimen liberalizador de la Ley 17.319.
Y existe además un compromiso bilateral específico para los hidrocarburos líquidos. El vigesimocuarto Protocolo Adicional del ACE 16 establece que Argentina y Chile deben mantener un régimen de libre comercialización, importación, exportación y transporte, y su artículo 2 dice expresamente que las partes no podrán establecer nuevas restricciones al comercio bilateral de esos hidrocarburos.
Por lo tanto, que un presidente argentino se levante una mañana de mal humor y ordene «desde hoy no sale una gota de petróleo hacia Chile» sería jurídicamente bastante más complicado de lo que parece en X.
Podría producir incumplimientos contractuales, reclamos judiciales, controversias internacionales y daños a las propias empresas argentinas exportadoras.
Sería, para utilizar una categoría muy nacional, una magnífica oportunidad para pegarse un tiro en el pie mientras se explica que el objetivo era asustar al vecino.
Pero eso no significa que Argentina carezca de palancas
La diferencia está entre un embargo contra Chile y una sanción contra una empresa determinada.
Si Easter Island Naviera, ENAP o cualquier otra empresa chilena participara efectivamente en la logística de Sea Lion, habría que analizar caso por caso si reúne los requisitos subjetivos y objetivos de la Ley 26.659.
No alcanza con ser chileno. No alcanza con comerciar con habitantes de las islas. Y tampoco alcanza con que a alguien en Buenos Aires le resulte antipática una operación.
Hay que demostrar el vínculo concreto con la actividad hidrocarburífera no autorizada.
Pero una vez demostrado ese vínculo, Argentina dispone de instrumentos mucho más precisos que cortar indiscriminadamente la energía a diecinueve millones de chilenos.
Puede inhabilitar empresas, bloquear permisos, excluirlas de contrataciones públicas, hacer caer beneficios, afectar concesiones y cerrarles el acceso futuro a actividades hidrocarburíferas argentinas. El Decreto 868 hizo explícito además que una empresa que quiera obtener permisos o concesiones debe acreditar que ella y sus vinculadas cumplen la Ley 26.659.
Eso puede resultar considerablemente más eficaz que mandar una corbeta detrás del Danstar.
La verdadera amenaza argentina no es «le voy a disparar a su barco».
Es otra:
elija en qué mercado quiere trabajar.
El problema de racionalidad para Chile
Chile, naturalmente, tiene derecho a defender sus intereses comerciales.
Pero también tiene que calcular costos.
Supongamos que el negocio con Malvinas alcanza efectivamente los US$20 millones anuales. Supongamos incluso, siendo generosos, que Punta Arenas logra capturar todo ese mercado.
¿Justifica eso deteriorar una relación energética donde existen contratos petroleros por US$12.000 millones, una creciente provisión de gas argentino y una infraestructura física que vuelve a ambas economías cada vez más complementarias?
La pregunta resulta todavía más curiosa porque Chile no produce suficiente petróleo y gas para autoabastecerse, mientras que Argentina está entrando en una fase de excedentes estructurales impulsados por Vaca Muerta.
Hay momentos en que la geografía hace política exterior por uno.
Se puede discutir con el vecino. Se puede protestar. Se puede discrepar sobre derecho marítimo, tratados o soberanía. Lo que resulta menos comprensible es construir deliberadamente una dependencia estratégica de ese vecino mientras simultáneamente se exploran negocios que afectan uno de sus intereses territoriales más sensibles.
Todo por un mercado cuyo tamaño anual equivale aproximadamente a cuatro días del contrato petrolero firmado por ENAP.
Hay negocios que son geopolítica.
Y hay negocios que parecen una oferta de supermercado mal leída.
El delirio de Pizarro Ovalle tampoco ayuda
En ese ambiente aparecieron las recientes declaraciones de José Miguel Pizarro Ovalle, ex capitán del Ejército chileno, quien en un video viral llegó a plantear que Chile debería prepararse militarmente para ocupar Vaca Muerta si Argentina se negara a venderle petróleo, controlar los pozos y afrontar posteriormente un eventual conflicto con Perú.
Conviene aclararlo inmediatamente: Pizarro Ovalle no representa al Gobierno chileno ni a sus Fuerzas Armadas actuales. Sus afirmaciones son personales y no existe evidencia de que reflejen ninguna planificación oficial.
Su trayectoria, además, es peculiar. Pizarro Ovalle fue condenado en Chile por reclutar exmilitares para tareas de seguridad en Irak, condena que terminó confirmada por la Corte Suprema chilena.
Por eso sus declaraciones merecen probablemente más atención como síntoma del clima discursivo que como indicador de la estrategia militar chilena.
Pero la escena tiene una ironía difícil de mejorar.
Mientras Chile firma el mayor contrato petrolero de la historia de ENAP con empresas argentinas, un exmilitar chileno explica en redes sociales que, si Argentina alguna vez dejara de vender petróleo, la solución consistiría en invadir Neuquén y quedarse con Vaca Muerta.
No parece el argumento ideal para convencer a los argentinos de que la dependencia energética chilena de Vaca Muerta carece de cualquier dimensión estratégica.
Y después están las redes
En las últimas semanas también se percibe un endurecimiento notable del discurso argentino-chileno en redes sociales. Aparecen amenazas, fantasías militares, mapas, reivindicaciones territoriales, insultos y una curiosa abundancia de cuentas que parecen dedicadas casi exclusivamente a convencer a argentinos y chilenos de que deberían odiarse.
Conviene acá no confundir sospechas con pruebas.
No existe por ahora evidencia pública suficiente para afirmar que ese aumento de agresividad sea producto de una operación británica de bots o de influencers pagos.
Sí existe algo distinto y perfectamente documentado: el Reino Unido y las autoridades de las islas desarrollan desde hace años programas de diplomacia pública destinados específicamente al Cono Sur. En 2018, por ejemplo, la Embajada británica en Montevideo buscaba un asesor para las Malvinas cuya función incluía desarrollar vínculos con «influencers» en Uruguay y Chile. El Gobierno británico también organiza programas que llevan estudiantes sudamericanos a las islas con todos los gastos pagos y selecciona expresamente participantes activos en redes sociales que estén dispuestos a difundir allí su experiencia.
Nada de eso demuestra una operación clandestina. Es diplomacia pública, además bastante transparente.
Pero demuestra que Londres comprende perfectamente que la disputa por Malvinas también se juega en la opinión pública regional.
El propio canciller Quirno habló esta semana de «jugadores externos» y de sectores interesados en hacer pelear a Argentina y Chile.
Si existen bots coordinados, financiamiento encubierto o campañas pagas, eso requiere análisis forense de redes, patrones de publicación, fechas de creación, coordinación de mensajes y vínculos financieros. Hasta que exista esa evidencia, conviene llamarlo por su nombre: una hipótesis plausible que merece investigarse, no un hecho demostrado.
Entonces, ¿Argentina puede cortar el petróleo y el gas?
Por el simple viaje del Danstar con alimentos y mercadería general: no.
Si el Danstar u otra empresa chilena presta apoyo logístico concreto a Sea Lion: Argentina dispone de una base legal seria para abrir procedimientos sancionatorios contra los responsables que queden comprendidos en la Ley 26.659.
Si una empresa sancionada depende simultáneamente de permisos, concesiones, autorizaciones o negocios energéticos en Argentina, esas actividades pueden quedar gravemente afectadas.
Un corte general de petróleo y gas a Chile, en cambio, sería otra categoría de medida. El marco legal vigente favorece la libertad de exportación y existen tratados, contratos y garantías que impedirían utilizar esa herramienta de manera improvisada. Para convertir un embargo energético en una política jurídicamente sólida probablemente sería necesario un cambio legislativo, una medida específicamente fundada o circunstancias mucho más graves que las actuales.
Pero reducir la discusión a «Argentina no puede hacer nada» sería igualmente equivocado.
Argentina posee algo más valioso que la posibilidad de detener un barco: posee un mercado, recursos energéticos, infraestructura y un régimen de sanciones que pueden volver muy costoso colaborar con la explotación de recursos en Malvinas.
La política inteligente sería utilizar esa ventaja selectivamente.
No amenazar a Chile como país. No transformar una discusión comercial en una crisis militar. No cerrar gasoductos por Twitter.
Pero sí dejar una regla inequívoca para las empresas:
quien quiera participar del enorme negocio energético argentino debe saber que colaborar materialmente con la explotación británica de hidrocarburos en Malvinas tiene consecuencias.
Eso es mucho menos espectacular que mandar un destructor al Atlántico Sur.
Y probablemente bastante más efectivo.
