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Argentina: ¿Qué pasaría si vuelven los peronistas?

Argentina: La corrupción peronista y Shell

Argentina: El desarme psicológico que hizo la democracia durante 25 años

El desarme psicológico que hizo el peronismo en las Fuerzas Armadas

☠️ 95% noticias negativas de las Fuerzas Armadas
☠️ Los graduados ya sabían que iban a ser castigados por el solo hecho de ser militares
☠️ La banda de la Armada tenía PROHIBIDO salir del predio sin autorización del ministerio
☠️ Se invisibilizaban a las Fuerzas
☠️ Se censuraba a los militares
☠️ Se les pagaba mal
☠️ No se invertía en armamento

La venganza de la izquierda peronista a los militares que los derrotaron

Las verdaderas razones por las cuales los hombres que defendieron a la Patria están condenados

Escribe: Rodolfo Richter (*) || David Rey

Más de 2800 camaradas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Fuerzas de Seguridad, (FF. SS.), Fuerzas Policiales (FF. PP.), Servicio Penitenciario (SP) y civiles han estado o están en prisión falsamente acusados de crímenes de lesa humanidad. Esos hombres no fueron privados de su libertad por un afán de justicia sino por otra razón: un pacto espurio entre el terrorismo y la corrupción ocurrido hace más de 20 años.

Néstor Kirchner, luego de asumir la presidencia en 2003, con un exiguo 20% de los votos, se propuso conseguir un poder hegemónico y la impunidad para sus delitos de corrupción. Para tal fin debía colonizar la justicia. En esa circunstancia se le acercó el terrorista montonero Horacio Verbitsky que prometió apoyarlo. Era el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos con un presupuesto millonario en dólares (US$ 519.000 en 2000; US$1.946.084 en 2012 y US$ 2.600.000 en 2014), apoyada por ciertos sectores de la prensa y auspiciada por cuantiosas organizaciones extranjeras y por la Embajada Británica en la Argentina. A cambio, Kirchner le ofreció una política de Derechos Humanos sesgada e ideologizada; el reemplazo de la historia de la violencia de los 70 por un relato tendencioso y una campaña de desprestigio de las FF. AA. sin parangón en nuestra historia nacional. De esa manera se le dio un viso de legalidad a los juicios, mal llamados de lesa humanidad, y se consiguió el apoyo de la izquierda que se mantuvo en silencio ante los actos de corrupción. 

Néstor Kirchner, a pesar de que como gobernador de la provincia de Santa Cruz nunca se preocupó por los Derechos Humanos, fue presentado como el adalid de los mismos. También tuvo un golpe de suerte dado que, al asumir, el precio de los productos agropecuarios en el mundo, en especial de la soja, estaban por las nubes. Entró mucho dinero al país, una situación similar al fin de la Segunda Guerra Mundial. Kirchner no empleó ese dinero para que la Argentina diera un salto de calidad. No, lo empleó para establecer el poder hegemónico y enriquecerse.

Con relación al pacto con la izquierda, el paso fundamental fue la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, aplicando convenios internacionales que, al momento de cometerse los hechos, no existían. Esas leyes beneficiaban, en general, a los cuadros que habían obedecido órdenes, tanto de las fuerzas legales como de las organizaciones subversivas que pretendieron tomar el poder por las armas. Sin embargo, la anulación, con carácter retroactivo, se estableció solamente para los miembros de las fuerzas legales. 

Verbitsky y Kirchner, con la aplicación de métodos deleznables, colonizaron una parte importante del Poder Judicial con jueces que sostenían que había propósitos que estaban por encima de los principios del Derecho. Esa particular concepción, inaceptable para la civilización occidental, favorecía tanto a los fines corruptos como a los ideológicos.

La política de Derechos Humanos fue claramente sesgada, mandando al olvido a las víctimas inocentes del terrorismo, que no eran miembros de ninguna fuerza armada, a la vez que defendía como si fueran las verdaderes víctimas de una represión ilegal a los terroristas. De esa manera se estableció que los únicos culpables de la violencia de los 70 eran las FF. AA., las FF. SS. las FF. PP., el Servicio Penitenciario y civiles considerados cómplices. No faltó tampoco, como quedó demostrado, el infame negocio de los Derechos Humanos donde el Estado pagó cuantiosas sumas de dineros a terroristas o a sus familiares, como si hubieran sido víctimas de una represión ilegal. No hay tiempo para recorrer todos esos casos que están fehacientemente demostrados (Ver D’Angelo Rodríguez José Luis, “La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones”, CABA, El Tatú ediciones, 2º edición, 2023 y “Mentirás tus muertos, Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos”, CABA, El Tatú ediciones, 2015). 

El relato, que reemplazó a la historia de la violencia de los años 60 y 70, con una última acción militar en 1989, tiene como basamento argumental negar que en la Argentina hubo una Guerra Revolucionaria y que, por el contrario, sólo se trató de una represión sobre el pueblo. Con cuantiosos recursos del erario público se difundió esa falsedad. La historia real es otra:

El Tribunal que juzgó a las Juntas Militares, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en el fallo que dictó el 9 de diciembre de 1985, afirmó:

Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como guerra revolucionaria.

A su vez, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuando creó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el folleto Resoluciones del 5º Congreso y de los Comité central y Comité Ejecutivo Posteriores, Ediciones “El Combatiente”, 1973, dijo:

“… y hoy asistimos a algo más concreto: la guerra civil revolucionaria ha comenzado. A partir de esta realidad, es inútil que nos pongamos a discutir en qué lugar geográfico vamos a comenzar una guerra que ya empezó hace más de un año …”.

Y Montoneros, en el documento llamado “La Resistencia Peronista ataca”, de marzo de 1975, afirmó. 

“No hay política revolucionaria (…) sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo”.

La Guerra Revolucionaria comenzó a gestarse cuando Cuba empezó a exportar su revolución al resto de Latinoamérica. Así aparecieron en la Argentina las primeras organizaciones subversivas: Ejército de Liberación Nacional (ELN) o Uturuncos; Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL); Acción Revolucionaria Peronista; Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional; Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), organizado en Cuba; Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); Organización Comunista poder Obrero (OCPO) y otras.

Paulatinamente crecieron en importancia hasta que la mayoría de ellas fueron absorbidas por el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP), de ideología marxista leninista, y por Montoneros, que surgió del peronismo, pero pronto fue derivando hacia la izquierda hasta enfrentarse al mismo Perón. El ERP, brazo armado del PRT, fue fundado en 1970. En ese año, por su parte, Montoneros asesinó al ex presidente de la Nación Pedro Eugenio Aramburu, crimen que constituyó una verdadera declaración de guerra al Estado Argentino. Se puede considerar que en ese año comenzó la Guerra Revolucionaria en la Argentina y que las acciones delictivas anteriores fueron su preparación. Los hechos ocurridos son imposibles de desmentir. 1094 civiles inocentes asesinados, hombres, mujeres y niños, que hasta hoy se ocultan; 8 cuarteles militares atacados, 7 de ellos durante la vigencia de gobiernos constitucionales, lo que desmiente categóricamente que esas organizaciones luchaban por la democracia; numerosos puestos policiales o de gendarmería también atacados; la apertura de un frente rural en la provincia de Tucumán; un promedio de una bomba por día durante años; la preparación de cuadros subversivos en Cuba; la existencia de escuelas miliares clandestinas en varios puntos del país; la fabricación de armas, tanto por parte del ERP como de Montoneros: pistolas ametralladoras, granadas y  lanzacohetes; la capacidad militar del ERP, reconocida, en un momento, como la más importante de Latinoamérica; la creación de una organización supranacional llamada Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), formada por Tupamaros de Uruguay; Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia, Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, lo que explica la presencia de extranjeros en las organizaciones sediciosas argentinas; secuestros con rescates millonarios en dólares; robos de todo tipo: material médico, dinero, equipos de comunicaciones, armas y explosivos, etc.

También es de destacar algunos hechos que ocurrieron luego de que el ERP fuera derrotado militarmente en 1976. Sus principales cuadros se exiliaron produciéndose una división interna. Un grupo, liderado por Arnol Kremer, nombre de guerra “Luis Matini”, decidió dejar las armas y tratar de reinsertarse en la política argentina, propósito que se logró a partir de 1983, reflotando al PRT que en 1970 había creado el ERP. El otro grupo, conducido por Enrique Gorriarán Merlo, se dirigió a Nicaragua y participó activamente en la Guerra Revolucionaria Sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza, aunque sólo para cambiar una dictadura por otra. Los miembros de esa fracción del ERP alcanzaron importantes cargos públicos y grados militares. Gorriarán Merlo, por ejemplo, fue el nexo entre la inteligencia cubana y la nicaragüense. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, llegaron a la Argentina bajo la fachada de un partido político llamado Movimiento Todos por la Patria (MTP) y atacaron el cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989. Fueron derrotados, juzgados y condenados. Sin embargo, tiempo después, a pesar de los muertos y heridos que dejaron, fueron amnistiados y la única persona que fue a prisión fue el jefe de las fuerzas legales que recuperaron el cuartel, el general Alfredo Arrillaga. La justicia argentina se sacó la venda de los ojos.

El oportunismo es otro de los factores que ha favorecido la difusión del relato y con ello la justificación de los juicios aberrantes. A varios sectores de la sociedad les conviene su vigencia para que tape sus propias culpas. Aprovechando los excesos cometidos por las FF. AA., encontraron la gran oportunidad de señalarlas con el dedo y condenarlas. La clase política y judicial; gremialistas; intelectuales y artistas comprometidos ideológicamente; la sociedad en general y hasta un sector de la Iglesia Católica Argentina erigieron a las FF. AA. como el chivo expiatorio para lavarse las manos como Poncio Pilato.  Algunos ejemplos: El Poder Judicial  argentino oculta, además de sus privilegios incompatibles con una república, que siempre tuvo inclinación a subordinarse al poder de turno; la izquierda se olvidó de su apoyo al terrorismo; el peronismo se olvidó que desde su riñón nacieron los Montoneros y la Triple A; el radicalismo se olvidó que su ala izquierda simpatizaba con el ERP y que es harto sospechosa de ser cómplice del ataque a La Tablada; algunos intelectuales y artistas comprometidos, luego de justificar la violencia aduciendo que fue provocada por los de arriba, pasaron a ser grandes pacifistas y defensores de los Derechos Humanos; algunos gremialistas se olvidaron que se hicieron muy ricos en la supuesta defensa de la clase obrera a la que ellos no pertenecen; un sector de la Iglesia Católica se olvidó que de su seno nació lo que Carlos Sacheri llamó La Iglesia Clandestina, una Iglesia que supuestamente uniría en un abrazo a Marx con Jesucristo y que cobijó a los curas del tercer mundo y a los teólogos de la liberación, por eso lo mataron; la sociedad argentina, en general, ya se olvidó que para fines de 1975, harta de bombas y con miedo, gritaba a viva voz que las fuerzas legales acabaran con los violentos. Hay que agregar que la clase política argentina también quería un golpe militar para que le cuidara su pellejo hasta que se dieran las condiciones para retomar el poder. Su cobardía no le permitió asumir su responsabilidad histórica y con hipocresía, sólo en privado manifestaron su apoyo al golpe.

A las FF. AA., en el afán de desprestigiarlas, se les negó cualquier mérito. Tuvimos muchos hombres que murieron defendiendo heroicamente la Patria, y también mártires, en la lucha contra la sedición; todos han sido olvidados y, peor aún, paralelamente, muchos terroristas han sido elevados a la categoría de héroes o han obtenido indemnizaciones o importantes cargos públicos. Todavía tenemos una estación de subte que lleva el nombre de unos de los principales responsables de la bomba que estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal y que dejó un saldo de 24 muertos y unos 70 heridos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue empeñado en rendirle honores a ese terrorista, lo que constituye una apología del crimen. En cuanto a los terroristas premiados con cargos públicos, el caso más indignante es el del terrorista Jorge Taiana como ministro de Defensa, cargo que mantuvo hasta fines de 2023. 

La última razón que ha incidido en la prisión de nuestros camaradas es la más grave: una política de defensa, inalterable desde 1983, que en el mejor de los casos roza la traición a la Patria. El Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirigía Horacio Verbitsky, luego del pacto con Néstor Kirchner, como ya se ha dicho, entre sus numerosos auspiciantes extranjeros se destaca la Embajada Británica en la República Argentina. Sospechosa relación entre un terrorista y un Estado. Gran Bretaña, después de la Guerra de Malvinas, que ganó a un costo que nunca imaginó, puso en marcha una política para desarmar material y espiritualmente a las FF. AA. argentinas. El armamento obsoleto no fue reemplazado; la industria del armamento se desactivó a la vez que se demonizó a las FF. AA. y a los cuadros se les dieron haberes con los que no podían mantener a sus familias provocando la baja de los mismos, en busca de un trabajo con una retribución digna.

En 2005, Verbitsky logró colocar como ministra de defensa a su compañera de militancia, Nilda Garré, peronista de izquierda que, en 1974, luego del ataque del ERP a los cuarteles de Azul, se opuso, como diputada, a las leyes que Perón impulsaba para combatir a las organizaciones terroristas. Nilda Garré, designó como directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, a la ciudadana británica Natalia Federman a la que se le otorgó la facultad de acceder a todos los legajos personales de los cuadros en forma irrestricta. Esos legajos fueron fotocopiados y sacados del ministerio a fin de estudiarlos para ver donde estuvieron destinados los causantes a fin de armar acusaciones que los llevaran a prisión. Para que una ciudadana extranjera pudiera trabajar en el ministerio, en esa área, se hizo necesario un decreto presidencial que Kirchner firmó sin dudar. Natalia Federman era hija de Andrés Federman, terrorista exiliado en Londres que, al regresar al país fue, durante 20 años, jefe de Prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. (Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, “El Pacto. La historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a someter la Justicia a un proyecto político que consagre la impunidad y sirva de herramienta de persecución a opositores”. Buenos Aires, 2020, pp. 83 y 84). El resultado de la política de Defensa está a la vista. Argentina, el 8º país más extenso del mundo, se encuentra indefensa.

Teniendo en cuenta la Guerra de Malvinas y sus implicancias; el tejido de relaciones que Gran Bretaña elaboró en nuestro país, ininterrumpidamente, desde el siglo XIX hasta hoy, incluyendo el citado apoyo al Centro de Estudios Legales y Sociales, todo parece indicar que la mencionada guerra ha tenido mucho que ver con el desarme de las FF. AA. y su condena. Ese estado de cosas nos lleva recordar la siguiente frase del general San Martín: “Lo que no concibo es que haya argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su Patria. Una tal felonía ni el sepulcro podrá redimir”.

(*) Teniente coronel (R)

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La trastienda de cómo Milei dio un golpe a la "casta portuaria" y Kicillof perdió una inversión histórica

• Las verdaderas razones por las que Bahía Blanca pierde una de las iniciativas privadas más importantes de la historia Argentina no son solo políticas

iProfesional | Por Antonio D'Eramo




Susbielles (al medio) y Elías (derecha): Los responsables de que la principal inversión de la historia del país no vaya al puerto de Bahía Blanca y se vaya al páramo de Punta Colorada (Río Negro).

Por la dimensión de la inversión que estaba en disputa, una obra de más de 30 mil millones de dólares que permitirá que la Argentina se transforme en el quinto productor de LNG del mundo, la decisión de YPF y Petronas de dejar de lado el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, con salida directa al Océano Atlántico y al mercado mundial, una estación portuaria de enorme trayectoria con una vía de acceso de 190 mts. de ancho de solera y 98 Km. de longitud, el cual permite la navegación de buques de gran porte y calado, por el puerto en Punta Colorado,  ubicado a pocos kilómetros de Sierra Grande, en la que casi todo está por hacerse, obedece no sólo a cuestiones técnicas e ideológicas o de modelos de administración que enfrentan al presidente, Javier Milei con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino a una cuestión más profunda y delicada que los accionistas y el management de las empresas privadas involucradas no estaban dispuestas a tolerar.

Las cajas negras de la política bonaerense de libre disponibilidad que se realizan a través de los Entes Públicos No Estatales que conforman los Consorcios de Gestión de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, y que son los verdaderos semilleros de dirigentes políticos del peronismo o del Frente de Todos que han recibido un tremendo revés con la decisión de YPF y Petronas de ignorar a la tradicional estación portuaria de Bahía Blanca y con ello a los planes de tener acceso a uno de los negocios más rentables que la humanidad ha creado: el petróleo y sus derivados.

Bien mirado se trata de un golpe gigantesco a lo que el presidente Javier Milei y sus seguidores libertarios suelen definir como la "casta" que rodea todo aquello que de beneficios económicos, políticos y sustente proyectos hegemónicos a futuro en nuestra Nación.

Pero, para comprender las razones profundas de la decisión empresarial que conmueve a toda una provincia, Buenos Aires, y a una ciudad, Bahía Blanca, que soñaba con contar, de manera lógica por la importancia de su posición geográfica, con un nuevo hub del sector energético hay que prestar atención a unas pocas frases del comunicado oficial de las compañías donde anunciaron la trascendental decisión.

En el documento se especifica que la "... zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta", hay que recordar que lo que se podría haber ahorrado en gasoductos hasta Bahía Blanca en el sur bonaerense, se podría amortizar con un menor trayecto de traslado de buques que deberán alcanzar el océano desde Río Negro.

Pero también se especificó que "...la existencia de una mayor profundidad marítima, disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos". Malas noticias para compañías dragadoras de primer nivel mundial que suelen facturar por la cantidad de lecho marino que remueven y que nadie puede auditar de manera certera.

Y señala el comunicado oficial, "...la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas y la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". Se habla también de las cuestiones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto y allí entraría la polémica por la firma tardía del gobierno de La Plata en el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI) nacional, cuestión por la cual ya corrieron ríos de tinta.

Pero, detengámonos en esta frase del comunicado, "la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". ¿Qué significa que en Bahía Blanca no hay personal capacitado? Se trata de una estación riquísima en historia portuaria y en técnicos y trabajadores altamente capacitados para operar. La respuesta hay que hallarla en la conducción del puerto de Bahía Blanca que, por estar dirigidos por entes de gestión no públicos, es similar a lo que sucede en el puerto de Quequén de Necochea o en el tradicional de Mar del Plata.

Los maneja una "casta portuaria" integrada por sindicalistas, empresarios del sector y políticos que hacen y deshacen contratos con operadores sin que nadie los controle, los audite y donde la Justicia local suele hacer oídos sordos a todos los reclamos de los que sufren injustas persecuciones empresarias.

Las cajas negras de los puertos bonaerenses

Para tener una idea de los montos recaudados por estos Entes, podemos citar como ejemplo al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que informa una recaudación anual de unos 100 millones de dólares, con una estructura de 90 empleados.

Bajo este modelo de gestión a cargo de Entes no Estatales que primero se impuso para dos puertos en Buenos Aires, en la actualidad se administran la totalidad de los puertos comerciales e industriales de conexión internacional transferidos de la Nación a la Provincia de Buenos Aires hace 30 años: La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Dock Sud, Coronel Rosales, San Pedro y Olivos que es una estación portuaria recreativa. Además de los ya mencionados, Bahía Blanca y Quequén.

Los Consorcios de Gestión presentan una particularidad paradójica e inconciliable: no son sociedades comerciales, razón por la cual carecen de los instrumentos de control interno y auditoría sobre su funcionamiento, ni tampoco la inclaudicable demanda de los accionistas de eficiencia y rentabilidad del capital invertido.

Tampoco son organismos del Estado, y, por lo tanto, en principio se encuentran excluidos de los mecanismos de control y fiscalización que auditan a la administración pública provincial. Esta figura híbrida, caracterizada como Ente Público No Estatal, carece de una legislación supletoria que se les aplique y se rigen esencialmente por su Estatuto y norma de creación; allí se diseña su objeto, su finalidad, su capacidad, quienes lo dirigen, la actividad para la que se los crea, lo que no pueden realizar etc.



El legislador provincial tomó algunos recaudos a la hora de crear estos Entes a los que se le confiaba a título gratuito la explotación de un capital -los puertos- valuados en miles de millones de dólares, por los que se exporta e importa una enorme cantidad de productos y commodities de nuestro país.

Debió también dotar a los Entes de suficiente autonomía para cumplir la condición de transferencia, pero a su vez imponerles límites a los encargados de la administración, pues de ellos depende, en una parte sustancial, el destino económico del país. Sin embargo, esta figura ha generado una cantidad de suspicacias: el capital -vale decir las instalaciones del Puerto- se les dispone a título gratuito, y de lo recaudado no aportan un solo peso ni a la Nación, ni a la Provincia. De manual: imposible que funcionen con transparencia y que cumplan con los fines para los que fueron creados.

Estas condiciones fueron  las que  rechazaron los ejecutivos de YPF y Petronas. De ninguna manera iban a negociar con personajes como el "turco" Elías, un empresario del puerto, devenido en editor de medios porque los Massot decidieron abandonar el tradicional negocio en sus manos, y que fue ligado a Hugo Moyano con firmas espejos en Panamá, como fuera mencionado en los Panamá papers por un trabajo periodístico muy destacable de Hugo Alconada Mon para el diario La Nación.

Pero Rubén Elías no es el único y el gremio SUPA tiene sus dirigentes de confianza en la mesa chica de Bahía Blanca como denunció la abogada Florencia Arrieto, que defendió a los directivos de la empresa ENERGEN, una pyme de combustible, que ganó una concesión de la posta inflamable y fue bloqueada y extorsionada durante cuatro meses para que venda. Arrieto explicaba "...para trabajar en el puerto de Bahía Blanca hay que pagarle un peaje al SUPA y el que no lo hace, no trabaja". Las denuncias las realizó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo.


Rubén Elías, dueño de los principales medios de la ciudad, mencionado como testaferro de Moyano y sospechado de provocar aprietes y bloqueos a empresas del puerto

Además como se señaló, Federico Susbielles, que continúa lamentándose por la decisión de YPF, llegó al poder por el Frente de Todos, desbancando a PRO de Héctor Gay, en una ciudad refractaria históricamente al peronismo, tras perder tres veces. Sólo lo logró cuando condujo el millonario Consorcio de Gestión portuaria. Luego de hacerlo, llegó a la intendencia de Bahía.

Conocida la decisión ofreció una conferencia de prensa y allí Susbielles, sostuvo, que Bahía Blanca está preparada para "comenzar a operar mañana" con la licuefacción y gasificación de los hidrocarburos de Vaca Muerta, porque la experiencia así lo demuestra, mientras que en la vecina provincia se debe montar toda una infraestructura que demandará muchos años y miles de millones de dólares. En ese sentido, dijo que esta decisión de YPF afecta a la ciudad, pero advirtió: "El tiempo dirá si esto es solo un daño a Bahía Blanca o para todos los argentinos".

Susbielles nada dijo del entramado político, sindical, empresarial, cuasi monopólico donde no entra nadie sino que se pacta con ellos. Los verdaderos dueños del puerto y la ciudad. Con esos antecedentes, la elección rionegrina de parte de YPF y Petronas se caía de maduro. Ahora, solo quedará el show de acusaciones cruzadas entre Kicillof y Milei. Al menos por esta vez. La casta perdió una batalla.

Argentina: Estrategia argentina y defensa nacional (por Eduardo Ganeau) (2/2)

Argentina: La Cámpora copó el órgano de control de la aviación civil y fue pura corrupción

 

Intervención de la ANAC: un reducto kirchnerista que puso en riesgo la seguridad aerocomercial y dejó al país al borde del aplazo

Una auditoría determinó que el sistema cumple apenas con el 37% de los requisitos de control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves; duro golpe a los cielos abiertos ya que Estados Unidos podría sancionar al país y bajar la categoría

Diego Cabot

LA NACION

El mercado aerocomercial, en plena discusión sobre la seguridad operacional
 

Fue uno de los reductos preferidos de La Cámpora, por varias razones: buenos sueldos, viáticos, viajes al exterior y penetración territorial al punto de tener representación en cada lugar donde hay un aeropuerto. Con semejantes características, los exjóvenes kirchneristas se frotaban las manos cuando empezaron a manejar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El año pasado los sorprendió una auditoría que mostró enormes irregularidades, el mundo aéreo tomó nota y la Argentina está a punto de bajar una categoría en materia aerocomercial. Hoy, el Gobierno intervino el organismo, urgido por los tiempos, para intentar frenar la mala nota. En medio quedó una factura por desidia, mala gestión, puestos políticos, acomodos y falta de conocimiento. Llegó la hora de pagarla, quizá, de la peor manera ya que un descenso en la nota del país (de categoría 1 a 2) sería un impacto bajo la línea de flotación de los mentados “cielos abiertos”.

Formalmente, lo que sucedió es la intervención del la dependencia oficial encargada de la seguridad operacional del sistema aéreo local. “Dispónese la intervención de la ANAC, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, por el plazo de 180 días corridos. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”, dice el decreto que se conoció ayer.

Pero más allá de la letra de la norma, en realidad lo que el Gobierno hizo es construir una suerte de contrafuego para intentar salvaguardar la calificación del sistema argentino antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos baje la nota, algo que ya le sucedió en 2002, después de una auditoría en la que quedó expuesta la baja calidad del la operación local. Entonces, fueron años de fuerte trabajo y finalmente, el sistema regresó a su anterior lugar en 2005.


Otros tiempos, Paola Tamburelli con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo CerianiGentileza Aerolíneas Argentinas

En la práctica, perder la categoría significa que se toma una foto actual que funciona como el universo de lo “permitido”, algo así como no innovar. No se puede sumar ningún servicio más, ni tampoco autorizar que ninguna empresa americana llegue al país, o que alguna Argentina quiera volar a Estados Unidos. Los servicios actuales, se mantienen, pero ni siquiera se puede cambiar el tipo de avión. Claro que tiene efecto sólo para el mercado americano pero tal es la influencia de la FAA que todos los organismos del mundo la toman como referencia. Un golpe letal a los cielos abiertos.

Veinte años después, todo el mercado nuevamente está al borde del abismo. Esta vez, se trata de pagar las consecuencias de la gestión de La Cámpora, que repartió amigos y funcionarios por todo el sector aerocomercial. De hecho, en la ANAC estaba Paola Tamburelli, un alfil de la organización kirchnerista, amante de los viajes al exterior, que pese a haber dejado la dirección, aún se mantiene en la nómina de empleados con la categoría A, la más alta en el escalafón del organismo. Aún está al resguardo de la motosierra, como muchos funcionarios de la gestión anterior, seguramente embelesada por el cargo público.

Hace tres meses, pidió licencia al organismo, para conservar el cargo. Se fue a trabajar al gobierno de Axel Kicillof, puntualmente, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Le otorgaron el beneficio y la silla hasta que regrese a la ANAC.

Un asterisco al asunto: la nómina de empleados de la ANAC es un formidable ayuda memoria de apellidos ilustres de la política que pasaron por el área de transporte. Jaime, por caso, Ricardo, exsecretario y condenado por corrupción, que se lee antes del nombre de una de sus hijas, Julieta, que trabaja en el organismo.

El antecedente más cercano es de 2005, cuando se levantó la categoría. De hecho, no son pocos los que en el sector recuerdan que entonces, el ascenso se dio por una razón práctica: el presidente George Bush (hijo) tenía que viajar al país en 2005 a la Cumbre de las Américas. Tal fue la alevosía de la coincidencia temporal que el entonces canciller Rafael Bielsa definió como “una afortunada coincidencia” el hecho de que este cambio aconteciera a pocos días del inicio de la reunión de mandatarios que ocurriría en noviembre de ese año.

La historia de este regreso al banquillo de los acusados y que involucra a Tambulelli ocurrió durante 2022, cuando se llevó a cabo la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizada por la Organización de Aviación Internacional (OACI), uno organismo de las Naciones Unidas. El tema, claro, fue el rutinario informe sobre el sistema aeronáutico, y tenía que evaluar el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina respecto de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo. Un dato más: la funcionaria camporista, como se dijo amante de los viajes al exterior, tenía una silla en la OACI, lugar al que viajaba con frecuencia y que sesiona en Montreal, Canadá.

¿Qué sucedió con ese informe? “Como resultado de esa evaluación, la ANAC, como autoridad aeronáutica, ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial”, reconoció el Gobierno en los considerandos del decreto.

La calificación fue una catástrofe. “Organización de la Aviación Civil” arrojó un nivel de cumplimiento de 41.67%, mientras que en “Operaciones”, asociada al cumplimiento de los estándares internacionales en relación con el control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el nivel de cumplimiento fue de 37,29%”, sentenció la norma.

Semejante nivel de incumplimiento generó que la FAA, autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, “haya realizado una inspección al sistema aeronáutico argentino, detectando novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país”, se lee en el decreto.

El asunto se convirtió en un tema de Estado. Ni bien llegó al gobierno Javier Milei se encontraron con un viaje inmediato y programado para febrero de la FAA. La canciller, Diana Mondino, fue la encargada de negociar una prórroga para que la noticia no llegue los primeros meses de mandato. Finalmente, se pasó a abril, cuando la FAA tomó los antecedentes receptados en la auditoría de OACI en 2022 y 2023 y llegó al país. Se fue con la hoja llena de anotaciones en rojo.

La gestión de Tamburelli quedó en el ojo de la tormenta. De hecho, un poco de memoria lleva inmediatamente a los últimos meses de del año pasado cuando engrosó la nómina de la entidad con medio centenar de cargos para empleados sin ninguna experiencia en la inspección, ni de aeronaves ni de aeropuertos. Algunos malpensados hablan de favores políticos, pero como se dijo, son sólo malpensados.

En una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que se presentó en febrero, quedaron expuestos enormes irregularidades en el organismo más importante para el mundo de los aviones. De hecho, para entender el tamaño del reducto camporista, los exjóvenes kirchnerista manejaron el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria que en diciembre de 2023 tenía $ 11.313.448.086 en una cuenta del Banco Nación.

Se daban los gustos en las oficinas de la ANAC, al punto que contrataban buenos servicios. Por caso, atendían bien a quienes pasaban por esos despachos. Mediante el expediente 2023-90324848 pagaban un abono a Señal de Ajuste SRL por el “servicio integral de ceremonial”. La factura era de 17,63 millones de pesos. Como para que no se vayan con el estómago vacío, mediante la orden de compra (directa) número 327-0010-OCA23, expediente 2023135748291, el 4 de diciembre le pagaron a Servicios en Gastronomía SRL la suma de 1.998.000 pesos.

A semejante herencia se sumó cierto malestar con Gustavo Marón, el administrador que nombró este Gobierno, a quién le pedían un poco más de velocidad, además de una conjunción con la actual política de cielos abiertos. Finalmente, asumirá María Julia Cordero, una funcionaria que ingresó a la administración pública de la mano de Nilda Garré cuando era ministra de Defensa. Gran parte de su carrera la hizo de la mano de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, designado por La Cámpora y Mariano Recalde cuando se estatizo la empresa. Cordero, conocedora de que le pueden realizar un test de cultura libertaria en sangre, olvidó incluir en el currículum aquel contacto cercano con el kirchnerismo. Apenas una mención: “Directora Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2016″. En ese momento, Dapena era subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.

Antes de que sea tarde, se optó por la tangente: intervenir el organismo. Dicen que tienen tiempo hasta septiembre para revertir el asunto, es decir, poco. Intentarán negociar una un plazo mayor antes de que el aplazado se imprima en el sistema aerocomercial local, un duro golpe a la política de cielos abiertos.

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