Argentina: La corrupción peronista desvía una inversión en Bahía Blanca

La trastienda de cómo Milei dio un golpe a la "casta portuaria" y Kicillof perdió una inversión histórica

• Las verdaderas razones por las que Bahía Blanca pierde una de las iniciativas privadas más importantes de la historia Argentina no son solo políticas

iProfesional | Por Antonio D'Eramo




Susbielles (al medio) y Elías (derecha): Los responsables de que la principal inversión de la historia del país no vaya al puerto de Bahía Blanca y se vaya al páramo de Punta Colorada (Río Negro).

Por la dimensión de la inversión que estaba en disputa, una obra de más de 30 mil millones de dólares que permitirá que la Argentina se transforme en el quinto productor de LNG del mundo, la decisión de YPF y Petronas de dejar de lado el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, con salida directa al Océano Atlántico y al mercado mundial, una estación portuaria de enorme trayectoria con una vía de acceso de 190 mts. de ancho de solera y 98 Km. de longitud, el cual permite la navegación de buques de gran porte y calado, por el puerto en Punta Colorado,  ubicado a pocos kilómetros de Sierra Grande, en la que casi todo está por hacerse, obedece no sólo a cuestiones técnicas e ideológicas o de modelos de administración que enfrentan al presidente, Javier Milei con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino a una cuestión más profunda y delicada que los accionistas y el management de las empresas privadas involucradas no estaban dispuestas a tolerar.

Las cajas negras de la política bonaerense de libre disponibilidad que se realizan a través de los Entes Públicos No Estatales que conforman los Consorcios de Gestión de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, y que son los verdaderos semilleros de dirigentes políticos del peronismo o del Frente de Todos que han recibido un tremendo revés con la decisión de YPF y Petronas de ignorar a la tradicional estación portuaria de Bahía Blanca y con ello a los planes de tener acceso a uno de los negocios más rentables que la humanidad ha creado: el petróleo y sus derivados.

Bien mirado se trata de un golpe gigantesco a lo que el presidente Javier Milei y sus seguidores libertarios suelen definir como la "casta" que rodea todo aquello que de beneficios económicos, políticos y sustente proyectos hegemónicos a futuro en nuestra Nación.

Pero, para comprender las razones profundas de la decisión empresarial que conmueve a toda una provincia, Buenos Aires, y a una ciudad, Bahía Blanca, que soñaba con contar, de manera lógica por la importancia de su posición geográfica, con un nuevo hub del sector energético hay que prestar atención a unas pocas frases del comunicado oficial de las compañías donde anunciaron la trascendental decisión.

En el documento se especifica que la "... zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta", hay que recordar que lo que se podría haber ahorrado en gasoductos hasta Bahía Blanca en el sur bonaerense, se podría amortizar con un menor trayecto de traslado de buques que deberán alcanzar el océano desde Río Negro.

Pero también se especificó que "...la existencia de una mayor profundidad marítima, disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos". Malas noticias para compañías dragadoras de primer nivel mundial que suelen facturar por la cantidad de lecho marino que remueven y que nadie puede auditar de manera certera.

Y señala el comunicado oficial, "...la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas y la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". Se habla también de las cuestiones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto y allí entraría la polémica por la firma tardía del gobierno de La Plata en el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI) nacional, cuestión por la cual ya corrieron ríos de tinta.

Pero, detengámonos en esta frase del comunicado, "la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada". ¿Qué significa que en Bahía Blanca no hay personal capacitado? Se trata de una estación riquísima en historia portuaria y en técnicos y trabajadores altamente capacitados para operar. La respuesta hay que hallarla en la conducción del puerto de Bahía Blanca que, por estar dirigidos por entes de gestión no públicos, es similar a lo que sucede en el puerto de Quequén de Necochea o en el tradicional de Mar del Plata.

Los maneja una "casta portuaria" integrada por sindicalistas, empresarios del sector y políticos que hacen y deshacen contratos con operadores sin que nadie los controle, los audite y donde la Justicia local suele hacer oídos sordos a todos los reclamos de los que sufren injustas persecuciones empresarias.

Las cajas negras de los puertos bonaerenses

Para tener una idea de los montos recaudados por estos Entes, podemos citar como ejemplo al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que informa una recaudación anual de unos 100 millones de dólares, con una estructura de 90 empleados.

Bajo este modelo de gestión a cargo de Entes no Estatales que primero se impuso para dos puertos en Buenos Aires, en la actualidad se administran la totalidad de los puertos comerciales e industriales de conexión internacional transferidos de la Nación a la Provincia de Buenos Aires hace 30 años: La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Dock Sud, Coronel Rosales, San Pedro y Olivos que es una estación portuaria recreativa. Además de los ya mencionados, Bahía Blanca y Quequén.

Los Consorcios de Gestión presentan una particularidad paradójica e inconciliable: no son sociedades comerciales, razón por la cual carecen de los instrumentos de control interno y auditoría sobre su funcionamiento, ni tampoco la inclaudicable demanda de los accionistas de eficiencia y rentabilidad del capital invertido.

Tampoco son organismos del Estado, y, por lo tanto, en principio se encuentran excluidos de los mecanismos de control y fiscalización que auditan a la administración pública provincial. Esta figura híbrida, caracterizada como Ente Público No Estatal, carece de una legislación supletoria que se les aplique y se rigen esencialmente por su Estatuto y norma de creación; allí se diseña su objeto, su finalidad, su capacidad, quienes lo dirigen, la actividad para la que se los crea, lo que no pueden realizar etc.



El legislador provincial tomó algunos recaudos a la hora de crear estos Entes a los que se le confiaba a título gratuito la explotación de un capital -los puertos- valuados en miles de millones de dólares, por los que se exporta e importa una enorme cantidad de productos y commodities de nuestro país.

Debió también dotar a los Entes de suficiente autonomía para cumplir la condición de transferencia, pero a su vez imponerles límites a los encargados de la administración, pues de ellos depende, en una parte sustancial, el destino económico del país. Sin embargo, esta figura ha generado una cantidad de suspicacias: el capital -vale decir las instalaciones del Puerto- se les dispone a título gratuito, y de lo recaudado no aportan un solo peso ni a la Nación, ni a la Provincia. De manual: imposible que funcionen con transparencia y que cumplan con los fines para los que fueron creados.

Estas condiciones fueron  las que  rechazaron los ejecutivos de YPF y Petronas. De ninguna manera iban a negociar con personajes como el "turco" Elías, un empresario del puerto, devenido en editor de medios porque los Massot decidieron abandonar el tradicional negocio en sus manos, y que fue ligado a Hugo Moyano con firmas espejos en Panamá, como fuera mencionado en los Panamá papers por un trabajo periodístico muy destacable de Hugo Alconada Mon para el diario La Nación.

Pero Rubén Elías no es el único y el gremio SUPA tiene sus dirigentes de confianza en la mesa chica de Bahía Blanca como denunció la abogada Florencia Arrieto, que defendió a los directivos de la empresa ENERGEN, una pyme de combustible, que ganó una concesión de la posta inflamable y fue bloqueada y extorsionada durante cuatro meses para que venda. Arrieto explicaba "...para trabajar en el puerto de Bahía Blanca hay que pagarle un peaje al SUPA y el que no lo hace, no trabaja". Las denuncias las realizó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo.


Rubén Elías, dueño de los principales medios de la ciudad, mencionado como testaferro de Moyano y sospechado de provocar aprietes y bloqueos a empresas del puerto

Además como se señaló, Federico Susbielles, que continúa lamentándose por la decisión de YPF, llegó al poder por el Frente de Todos, desbancando a PRO de Héctor Gay, en una ciudad refractaria históricamente al peronismo, tras perder tres veces. Sólo lo logró cuando condujo el millonario Consorcio de Gestión portuaria. Luego de hacerlo, llegó a la intendencia de Bahía.

Conocida la decisión ofreció una conferencia de prensa y allí Susbielles, sostuvo, que Bahía Blanca está preparada para "comenzar a operar mañana" con la licuefacción y gasificación de los hidrocarburos de Vaca Muerta, porque la experiencia así lo demuestra, mientras que en la vecina provincia se debe montar toda una infraestructura que demandará muchos años y miles de millones de dólares. En ese sentido, dijo que esta decisión de YPF afecta a la ciudad, pero advirtió: "El tiempo dirá si esto es solo un daño a Bahía Blanca o para todos los argentinos".

Susbielles nada dijo del entramado político, sindical, empresarial, cuasi monopólico donde no entra nadie sino que se pacta con ellos. Los verdaderos dueños del puerto y la ciudad. Con esos antecedentes, la elección rionegrina de parte de YPF y Petronas se caía de maduro. Ahora, solo quedará el show de acusaciones cruzadas entre Kicillof y Milei. Al menos por esta vez. La casta perdió una batalla.