Excelente artículo en el Wall Street Journal sobre el gasto insostenible en bienestar del Reino Unido:
— 7 millones de personas (más del 10% de la población del Reino Unido) ahora reclaman al menos un beneficio por enfermedad o discapacidad. Esto ha aumentado un 60% en los últimos 6 años.
— El Reino Unido gastará más de 100 mil millones de libras este año en beneficios por enfermedad y discapacidad. Se proyecta que esto aumente a 130 mil millones de libras al año para 2030.
— Ningún otro país occidental ha visto un aumento tan grande en las solicitudes de discapacidad. En EE.UU., 10,6 millones de personas reclaman algún tipo de pago federal por discapacidad, a pesar de que la población es 5 veces mayor.
— 1 de cada 7 coches nuevos vendidos en el Reino Unido están bajo el esquema Motability; sin embargo, solo el 10% de los coches están modificados para una discapacidad. En un concesionario, 25 de los 26 coches que vendieron en agosto estaban todos bajo el esquema Motability.
— Organizaciones benéficas, consultores, youtubers y tiktokers han surgido todos, diciendo a la gente cómo maximizar el acceso a los beneficios. Algunos de estos vídeos reciben cientos de miles de visitas. Más de 1.000 personas al día se inscriben para PIP.
— Según una encuesta del Gobierno de 2024, el 25% de la población en edad laboral del Reino Unido podría clasificarse teóricamente como discapacitada bajo los criterios actuales y acceder a estos beneficios.
— Un trabajador con salario mínimo que trabaja 40 horas por semana se llevaría a casa alrededor de 1.880 libras al mes después de impuestos; sin embargo, si se clasifica como demasiado enfermo para trabajar y reclama PIP, puede llevarse a casa 2.000 libras al mes libres de impuestos.
El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió que Rusia podría alcanzar capacidad para atacar hacia 2030. El mensaje se conoció semanas después de que el funcionario afirmara que Londres está preparado para defender militarmente las islas Malvinas.
Londres busca fortalecer sus Fuerzas Armadas y preparar a la población ante posibles sabotajes y ciberataques. El ministro de Defensa británico también había asegurado que el país puede proteger el archipiélago frente a la Argentina.
El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, advirtió que su país dispone de poco más de 1.000 días para prepararse ante un eventual conflicto bélico y reforzar sus capacidades militares frente a la amenaza que representa Rusia. El funcionario planteó que, hacia 2030, el crecimiento de las fuerzas rusas y de su economía de guerra podría habilitar a Moscú a lanzar un ataque contra territorio británico o sus aliados.
La advertencia fue publicada en un artículo en el diario The Telegraph, en el que Streeting sostuvo que el escenario internacional combina amenazas militares tradicionales con nuevas formas de agresión, como los ciberataques, el sabotaje y las operaciones destinadas a desestabilizar servicios esenciales. En ese marco, defendió el incremento del gasto en Defensa y la necesidad de fortalecer la cooperación con la OTAN y Estados Unidos.
Las declaraciones se conocen semanas después de que el mismo funcionario protagonizara un cruce con el Gobierno argentino por la soberanía de las islas Malvinas. En septiembre, Streeting aseguró que el Reino Unido tenía capacidad para defender militarmente el archipiélago y sostuvo que la Argentina no contaba con los recursos necesarios para tomarlo. Aunque ambas intervenciones responden a escenarios diferentes, las dos volvieron a poner el poder militar británico en el centro del debate.
La advertencia británica: 1.000 días para reforzar la Defensa
Streeting sostuvo que el cambio central no está necesariamente en la voluntad de los adversarios de atacar al Reino Unido, sino en las capacidades que podrían desarrollar en los próximos años. Según su evaluación, el fortalecimiento de las fuerzas rusas y el sostenimiento de una economía orientada a la guerra podrían modificar el equilibrio militar europeo antes de 2030.
“Para el 2030, la magnitud de sus fuerzas y su economía de guerra podrían situarlos en condiciones de atacar”, planteó el ministro, al justificar el plazo de poco más de 1.000 días para completar los preparativos junto con los aliados británicos.
Wes Streeting, ministro de Defensa de Reino Unido.
El funcionario también advirtió que los riesgos no se limitan a una invasión convencional. Entre las amenazas mencionó el terrorismo patrocinado por Estados, los sabotajes y las acciones hostiles capaces de alterar la vida cotidiana, debilitar la seguridad nacional y generar temor entre la población.
En ese contexto, defendió el aumento del presupuesto militar y afirmó que el Reino Unido necesita mejorar el equipamiento, los recursos y la dotación de sus Fuerzas Armadas. También remarcó la importancia de sostener la cooperación con Washington y con los integrantes de la OTAN para fortalecer la capacidad de disuasión.
Malvinas: el antecedente del cruce entre Londres y la Argentina
Las nuevas advertencias de Streeting se producen después de sus declaraciones sobre las islas Malvinas, realizadas en septiembre en una entrevista con el diario británico The Sun. En esa oportunidad, el ministro aseguró que el Reino Unido estaba preparado para defender militarmente el archipiélago y cuestionó las reivindicaciones de soberanía impulsadas por el presidente Javier Milei.
“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas, y nosotros sí tenemos la capacidad de defenderlas”, sostuvo entonces el funcionario, en referencia a la guerra que enfrentó a ambos países hace más de cuatro décadas. También afirmó que, desde la perspectiva británica, la cuestión quedó resuelta tras el conflicto de 1982.
La posición argentina es diferente: el país sostiene que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, forman parte de su territorio y reclama que el Reino Unido retome las negociaciones para resolver la disputa de soberanía.
El antecedente vuelve relevante el nuevo discurso de fortalecimiento militar de Londres, aunque no implica que el plazo de 1.000 días anunciado por Streeting esté relacionado con un eventual conflicto con la Argentina. El ministro presentó esa advertencia en el marco de la amenaza rusa y de la seguridad europea.
Unos 150 soldados británicos y 100 reservistas locales recrearon durante seis días una operación de la guerra de 1982. En paralelo, el gobierno argentino confirmó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Ciberataques, sabotajes y preparación de la población
La estrategia británica también contempla medidas de preparación civil ante posibles emergencias. El Gobierno lanzó una campaña para que hogares y empresas cuenten con suministros básicos que permitan afrontar interrupciones temporales de servicios, ya sea por ciberataques, fenómenos naturales o acciones hostiles.
Las recomendaciones incluyen disponer de alimentos, agua y elementos de primeros auxilios para cubrir tres días de necesidades básicas. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad de la población ante incidentes que puedan afectar la infraestructura y los servicios cotidianos.
Streeting advirtió que los ataques informáticos podrían volverse más frecuentes y sofisticados, en un escenario atravesado por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Por eso, sostuvo que la preparación del país no debe limitarse al equipamiento militar: también debe incluir la capacidad de respuesta de las instituciones, las empresas y los ciudadanos.
Así entrenó el ejército de Reino Unido para defender Malvinas
Unos 150 soldados británicos y un centenar de reservistas locales participaron de un ejercicio de seis días que recreó una operación de la guerra de 1982, según reveló el medio británico The Times. La reacción se da en medio de la creciente tensión entre ambos gobiernos por la soberanía del archipiélago y el avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.
En detalle, los ejercicios recrearon un desembarco y recuperación del territorio. La maniobra incluyó operaciones anfibias, desplazamientos nocturnos y prácticas de combate en terrenos rocosos, según informó el diario británico.
El ejercicio se extendió durante seis días y reunió a unos 150 integrantes de la Compañía B del Segundo Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y alrededor de 100 reservistas de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Según consignó The Times, el ejercicio recreó aspectos de la Operación Sutton, el desembarco que las fuerzas del Reino Unido llevaron adelante en mayo de 1982 para recuperar el control de las islas tras la ocupación argentina.
Imágenes de las prácticas del ejército de Reino Unido con soldados negros.
Desembarco, marcha nocturna y combate simulado
La maniobra comenzó con el traslado de un grupo de paracaidistas a bordo del buque patrullero HMS Medway hasta la costa de San Carlos, en la isla Soledad. Desde allí, los soldados utilizaron embarcaciones inflables para llegar a tierra y reunirse con el resto de la unidad.
Luego realizaron una marcha nocturna de aproximadamente 32 kilómetros hasta Goose Green, un punto estratégico durante la guerra de 1982. Una vez allí, ejecutaron una incursión simulada contra un centro de comunicaciones, con apoyo aéreo de aviones de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la unidad avanzó varios kilómetros y neutralizó a las fuerzas enemigas simuladas en la zona.
La operación continuó con el traslado de efectivos y equipos en helicópteros S-29 y un nuevo avance táctico hacia Wireless Ridge, una elevación estratégica ubicada a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Allí, las tropas practicaron combate a corta distancia en un terreno que combinaba turba, zonas pantanosas y sectores rocosos.
En plena tensión por Malvinas, el Gobierno dispuso comprar bajo secreto militar nuevo equipamiento para las FFAA
El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y el ministro Carlos Presti, impide conocer el tipo de material, el costo y el proveedor de la operación, que se inscribe en un plan de modernización por el que ya se adquirieron cazas F-16, blindados Stryker y helicópteros Black Hawk
El presidente Javier Milei sonríe junto al teniente general Carlos Presti, primer militar designado Ministro de Defensa durante la democracia
El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.
La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.
El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.
La medida no es aislada. Desde que asumió, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: cubrieron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.
El nuevo decreto, sin embargo, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no contiene ninguna referencia a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.
Modernización y reequipamiento
El decreto llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.
Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.
Javier Milei, Karina Milei y el exministro de Defensa Luis Petri, a bordo de un caza F-16 en la provincia de Córdoba
La adquisición estrella fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.
La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. Fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri y marcó un punto de inflexión en la política de defensa del gobierno libertario.
El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año.
Los F16 sobrevuelan la ciudad de Buenos Aires
En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.
La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.
El próximo capítulo
El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.
La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.
La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.
Rockhopper, empresa británica y socia de la israelí Navitas en el proyecto petrolero Sea Lion, comunicó este lunes que está tomando medidas para sustituir a dos contratistas que “han incumplido con sus obligaciones”. Como resultado, la acción de la compañía en la bolsa de Londres cerró el lunes con una caída del 15%.
Desde la cadena nacional del presidente Javier Milei del pasado 3 de septiembre, en la que anticipó el envío de un proyecto de Ley para agravar y ampliar las sanciones a las empresas que se desarrollan en el territorio argentino, la acción de Rockhopper acumula un rojo del 34%.
Rockhopper tiene una participación del 35% en Sea Lion, el bloque que iniciará producción de petróleo en 2028 y que es operado por la israelí Navitas. Según el mensaje enviado por las empresas, están tomando medidas “para sustituir a dos contratistas que han incumplido sus obligaciones y seguirá actuando para realizar los ajustes necesarios en el Proyecto, según sea necesario”.
En paralelo, el Gobierno informó procedimientos sancionatorios contra 40 entidades y 20 personas vinculadas con las empresas, sus accionistas, directivos y proveedores.
La aclaración de las empresas respecto a las contratistas se originó luego de que Halliburton, una de las mayores proveedoras del mundo (con participación en Vaca Muerta), confirme que ni ella ni sus subsidiarias llevarán a cabo trabajos en el proyecto Sea Lion.
Aún con la decisión de estas contratistas, y con la nueva postura del Gobierno argentino, Navitas y Rockhopper aseguraron que mantienen sus inversiones. “La sociedad aclara que continúa con el desarrollo del proyecto con el pleno apoyo del Gobierno de las Islas Malvinas y del Gobierno del Reino Unido, y que, en esta fase, estima que no se prevé que se produzca ningún efecto adverso significativo sobre el Proyecto”, dice el comunicado difundido este lunes.
Sea Lion ya tiene financiada y aprobada su primera etapa, que contempla 11 pozos. A su vez, el operador Navitas Petroleum avanza con una expansión: en agosto ejerció una opción para comprar un segundo buque de producción, almacenamiento y descarga, con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas áreas del yacimiento.
En los resultados financieros presentados el 30 de septiembre, las empresas celebraron la decisión del gobierno de las islas de extender por cinco años las licencias offshore existentes, con la posibilidad de una prórroga adicional de dos años.
La compañía señaló que esa decisión cuenta con el respaldo del Gobierno británico. Esa decisión fue cuestionada por la Cancillería argentina, que presentó una nota formal de protesta a la embajada del Reino Unido.
¿Qué cambió desde la cadena nacional?
El proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas anticipado por Milei el 3 de septiembre y enviado a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre amplía considerablemente el alcance de la legislación vigente sobre las actividades no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Además de extender las prohibiciones al aprovechamiento de cualquier recurso natural, y sancionar a dueños, socios o accionistas, el proyecto incorpora sanciones para los proveedores que aporten bienes o servicios.
También endurece y amplía las consecuencias para las compañías alcanzadas. Mantiene la posibilidad de inhabilitarlas por entre cinco y veinte años, pero establece que esa sanción implica la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos y concesiones, la pérdida de beneficios fiscales y la rescisión de contratos.
Las empresas reconocen un mayor riesgo
En el informe del 30 de septiembre, Rockhopper reconoció que las recientes medidas y advertencias del Gobierno argentino contra empresas e individuos vinculados al desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas generaron un escenario de mayor atención política y mediática. La disputa por la soberanía de las islas figura, además, entre los principales riesgos e incertidumbres que podrían afectar al grupo.
No obstante, la petrolera británica no dio indicios de que esas acciones vayan a frenar el desarrollo de Sea Lion. Por el contrario, destacó que el proyecto continúa avanzando hacia el inicio de la producción previsto para el primer trimestre de 2028.
La City de Londres no es Londres. Es un enclave medieval de una milla cuadrada con sus propias leyes, su propio gobierno, su propia fuerza policial y su propio alcalde —separado del Alcalde de Londres—. Funciona fuera de la ley británica por diseño. Es la capital global de la banca offshore, el lavado de dinero y el secreto financiero. Cada oligarca corrupto, cada agencia de inteligencia renegada, cada operación de dinero oscuro en la Tierra hace circular capital a través de ella. Ha funcionado de esta manera desde la era medieval. Presione a Gran Bretaña para que la anexe. Oblíguela a cumplir con las regulaciones bancarias modernas. Y observe cómo billones en dinero oscuro salen de las sombras y entran en mercados legítimos.
La Justicia ordenó la disolución de la empresa que opera el radar inglés en Tierra del Fuego
El Poder Judicial fueguino hizo lugar al pedido de la Inspección General de Justicia y ordenó la disolución de LeoLabs Argentina S.R.L. Sin personería jurídica, la filial de capitales británicos quedaría herida de muerte y el camino hacia el desarme definitivo del radar en Tolhuin parece irreversible. Agenda Malvinas
La justicia civil y comercial de Tierra del Fuego, ha validado que LeoLabs no puede seguir existiendo como empresa inscripta en el registro público de la provincia.
La trama del radar instalado en la estancia "El Relincho" ha sumado este martes el capítulo más determinante desde que Agenda Malvinas denunciara su instalación en junio de 2023. La justicia provincial resolvió fallar a favor de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Tierra del Fuego, ordenando la disolución de la sociedad LeoLabs Argentina S.R.L.
Esta decisión judicial responde a la acción iniciada en septiembre de 2024 por la IGJ (Disposición Nº 607/2024), donde se planteaba la “imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social”. En términos llanos: si la empresa no tiene permisos nacionales ni provinciales para operar por razones de seguridad nacional, su existencia como sociedad comercial pierde toda razón de ser según la Ley Nacional de Sociedades (Nº 19.550).
De la "operación de prensa" a la realidad judicial
Es necesario hacer memoria. En septiembre de 2024, desde este portal señalamos la actitud ambivalente del gobierno de Gustavo Melella. En aquel entonces, calificamos de "operación de prensa" el anuncio oficial del pedido de disolución, dado que observábamos que el Ejecutivo provincial intentaba fingir preocupación, tras haber sido cómplice necesario de la instalación del radar junto a la gestión de Alberto Fernández.
Sin embargo, lo que en 2024 era un anuncio con tintes de propaganda, hoy se ha transformado en un fallo judicial. La justicia civil y comercial ha validado que LeoLabs no puede seguir existiendo como empresa inscripta en el registro público de la provincia.
Sin empresa no hay defensa
La disolución de la sociedad tiene efectos jurídicos inmediatos:
1. Pérdida de la Habilitación: La IGJ procederá a quitarle la inscripción registral.
2. Indefensión Societaria: Sin una sociedad legalmente constituida, cualquier reclamo de la empresa ante el foro federal o internacional pierde sustento, ya que la "persona jurídica" ha dejado de existir en el ámbito local.
3. Aceleración del Desarme: Este fallo complementa la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de declararse competente para la demolición de las estructuras planteada por el municipio de Tolhuin. Si no existe la empresa, no existe titular legal que pueda oponerse a la remoción del campo de antenas de la filial británica e irlandesa de LeoLabs Inc.
El fin de la impunidad de los "socios locales"
El fallo también pone bajo la lupa a los actores locales que apañaron este proyecto. No podemos olvidar que LeoLabs Argentina S.R.L. contó con directores y apoderados —como Pablo Bilbao— vinculados directamente al poder político provincial (FORJA), quienes negaron sistemáticamente la capacidad militar del radar hasta que el propio Reino Unido los dejó en evidencia al anunciar acuerdos para monitorear satélites bélicos.
¿Qué sigue ahora?
A menos que la empresa logre tocar timbre en la embajada de EE.UU., una acción directa del gobierno nacional para frenar la medida, o una intervención federal de último minuto —algo jurídicamente complejo tras un fallo provincial firme sobre cuestiones registrales—, el Gobierno de la Provincia quedará obligado a dar de baja la matrícula de LeoLabs.
Desde Agenda Malvinas seguiremos de cerca como avanzan las acciones empresariales y políticas, para intentar frenar o activar el cumplimiento de esta sentencia. No basta con la disolución en los papeles; el pueblo de Tierra del Fuego exige ver cómo se desmantela, pieza por pieza, esta amenaza a nuestra soberanía nacional que nunca debió ser permitida.
El Reino Unido debe reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa
Por George Allison || UKDJ
Un comité parlamentario ha advertido que el Reino Unido debería empezar a planificar la reducción de su dependencia de Estados Unidos en capacidades clave de defensa y seguridad, argumentando que las ideas preconcebidas sobre la seguridad nacional están empezando a cambiar.
En su último informe sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, el Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional afirmó que el Reino Unido opera actualmente en una «era de incertidumbre radical», donde la competencia entre grandes potencias, las amenazas híbridas y las alianzas cambiantes están erosionando progresivamente las antiguas reglas. Si bien coincide en general con la evaluación del Gobierno sobre el panorama de amenazas, observa una clara brecha entre lo que se promete y cómo se cumplirá realmente.
El comité señaló que «no está clara la adecuación de la rendición de cuentas intergubernamental ni la financiación de los compromisos», e indicó que «también falta un plan detallado para el desarrollo de capacidades soberanas». También destacó lo que describió como “una clara falta de claridad sobre qué departamentos gubernamentales son responsables de qué aspectos de la seguridad nacional”, lo que plantea dudas sobre si el sistema actual puede ofrecer un enfoque coherente.
El Reino Unido, según el informe, aún tiene “dependencias estratégicas de Estados Unidos para capacidades esenciales en materia nuclear, de inteligencia y de defensa convencional”. Si bien reconoce que la relación con Estados Unidos sigue siendo fundamental, el comité es bastante directo al afirmar que es necesario hacer más para prepararse para un escenario en el que ese apoyo no esté garantizado de la misma manera.
Recomienda que el Gobierno “debe también desarrollar un plan claro, junto con otros aliados europeos, para una transición hacia un mayor liderazgo europeo en la OTAN”, incluyendo la preparación para un “escenario catastrófico” en el que Europa tenga que actuar sin el respaldo de Estados Unidos en una crisis. Además, señala que el Reino Unido debería “planificar un alejamiento de una relación bilateral con Estados Unidos tan dependiente” de Washington para áreas clave de capacidad de defensa, incluso si la cooperación continúa donde sea conveniente.
Además, el informe señala varias áreas débiles, sugiere que las deficiencias en la consulta podrían haber provocado que se prestara poca atención al impacto de los recortes al poder blando, y afirma que los planes para fortalecer la resiliencia civil aún están poco desarrollados. Por ejemplo, se ofrece poca información sobre cómo se protegerá mejor la infraestructura nacional crítica, qué hará exactamente la Academia de Resiliencia del Reino Unido o cómo se supone que funcionará en la práctica un enfoque de seguridad que involucre a toda la sociedad.
China también se menciona de forma más directa que antes. El comité afirma que el Gobierno debería reconocerla como una clara amenaza para la seguridad nacional, especialmente dada la dependencia de las cadenas de suministro y los materiales críticos, y ser más transparente sobre cómo se gestionan las consideraciones de seguridad al hacer negocios o firmar acuerdos.
En cuanto a la industria, se critica con bastante claridad que nadie parece haber definido adecuadamente qué significan realmente las "capacidades soberanas". Esta falta de claridad, según el informe, ya está dificultando la planificación y la inversión de las empresas. Se solicita una dirección más clara, especialmente en lo que respecta a la financiación y el apoyo a las pequeñas empresas que trabajan en defensa y seguridad.
Entre las recomendaciones se incluyen llamamientos a una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas dentro del gobierno y una mayor claridad en torno a los planes para alcanzar el 1,5% del PIB de gasto en seguridad y resiliencia para 2035.
