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miércoles, 24 de junio de 2026
lunes, 22 de junio de 2026
Argentina: Empresas podrán ser creadas y gestionadas por IA
Milei responde a Harari sobre dar personería jurídica a los agentes de IA: “No significa lanzar el día del juicio final de Terminator”
El presidente argentino defiende la creación de sociedades de responsabilidad limitada operadas de forma autónoma
Javier Milei en Buenos Aires (Argentina), el 25 de mayo.
Sebastian Hipperdinger (Europa Press vía Getty Images)
Mar Centenera || EL PAÍS
Javier Milei se muestra decidido a convertir Argentina en un paraíso para las empresas de inteligencia artificial (IA). En paralelo al proyecto legislativo que busca atraer inversiones multimillonarias en industrias experimentales, este jueves defendió la idea de crear un nuevo marco legal que permita otorgar personería jurídica con responsabilidad limitada a compañías administradas por sistemas de IA. El presidente argentino respondió a través de un comunicado oficial al historiador Yuval Noah Harari, crítico con la iniciativa que impulsa el Gobierno argentino. Para Milei, la modificación de la Ley General de Sociedades que quiere aprobar en el Congreso no supone “desencadenar el día del juicio final de Terminator” sino crear un marco legal que permita el desarrollo tecnológico y la innovación.
La idea de Milei entusiasma a magnates tecnológicos como Peter Thiel, quien desembarcó dos meses atrás en Buenos Aires, pero preocupa a pensadores de la talla de Harari, quien ha advertido que convertir Argentina en un espacio sin control para la IA es “extremadamente riesgoso”. Para el autor de Sapiens, reconocer legalmente a corporaciones no humanas significaría darles poder para intervenir de manera autónoma en el sistema financiero, económico y político sin rendir cuentas de sus acciones. “Cuando hablé en el Foro Económico Mundial en enero de este año, advertí que los gobiernos podrían algún día otorgar personería jurídica a los modelos de IA. Jamás imaginé que ese algún día llegaría tan solo cuatro meses después”, escribió Harari el lunes en una columna en el Financial Times en la que respondía a otra escrita por Milei bajo el título “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse”.
En su respuesta, el mandatario argentino calificó de “inesperada” la preocupación que expresa el historiador israelí. “Probablemente ninguna persona en el mundo pueda prever el futuro tan bien como él; y otorgarles a las empresas gestionadas por IA un marco jurídico parece ser una característica necesaria de ese futuro”, escribió Milei. En su opinión, la personería jurídica es “una de las herramientas más probadas en la historia del derecho comercial” y puede ser clave también para regular las corporaciones no humanas: “Una empresa autónoma que opere dentro de un marco jurídico capaz de disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad legal no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella. Y, en gran medida, esa es precisamente la razón por la que importa otorgarle personalidad jurídica".
Milei expresó sus dudas sobre la advertencia de Harari de la capacidad de la IA para encontrar vacíos legales o hacer trampas. “¿Acaso los seres humanos no hacen lo mismo? Y aun así, eso no es motivo para abolir las estructuras corporativas, y no creo que nadie lo haya sugerido en el caso de empresas dirigidas por personas”, señaló. El economista argentino destacó que en caso de verse perjudicado por una IA “preferiría tener un patrimonio contra el cual hacer valer un reclamo” que no tenerlo y destacó que las penas y sanciones serán las mismas que rigen ahora para las demás compañías.
El pensador israelí señaló que el miedo a ir a la cárcel tiene un efecto disuasor para los humanos que piensan en infringir la ley, un castigo que no sería aplicable para la IA. Para Milei, en cambio, un agente autónomo “preferiría mantenerse estrictamente dentro de la ley y minimizar los riesgos” si ve que el riesgo de no hacerlo es la quiebra.
El presidente argentino cita el clásico de Isaac Asimov, Yo, Robot, publicado en 1950, que incluye un relato sobre un candidato político sospechoso de ser un robot. “El robot trabaja las veinticuatro horas, es escrupulosamente honesto y nunca pierde la compostura. ¿Por qué no probar con el político robot? Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas de IA sean más adversas al riesgo que los seres humanos", compara Milei.
El proyecto para otorgar personería jurídica a empresas administradas por IA se complementa con otro que busca crear un régimen con generosos beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares en industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa también la flexibilización de la normativa que hoy limita la compra de tierras a extranjeros y un programa para usar inteligencia artificial en el desarrollo de políticas públicas que despertó dudas sobre la posible vulneración de datos personales. Las advertencias públicas a estos proyectos no alteran el rumbo decidido por Milei.
domingo, 21 de junio de 2026
miércoles, 17 de junio de 2026
domingo, 14 de junio de 2026
lunes, 25 de mayo de 2026
miércoles, 1 de abril de 2026
Argentina: Intereses chilenos mantienen paralizado el desarrollo minero del cobre
El vínculo de la familia más rica de Chile con el freno al desarrollo minero en Mendoza
A través de CCU, el grupo Luksic, el más poderoso de Chile, integra la estructura empresaria que litiga contra el avance del proyecto cuprífero Paramillos. Edu Gajardo || Minergy

Hay dos procesos judiciales frenando el avance de Paramillos en Uspallata. Uno de ellos tiene a los inversores chilenos como parte.
La familia chilena Luksic es uno de los grupos empresarios más influyentes de América Latina. Quiñenco, el grupo familiar, controla Antofagasta PLC (Antofagasta Minerals), uno de los mayores productores privados de cobre del mundo, con operaciones de escala global en Chile. En paralelo, es accionista central de Compañía Cervecerías Unidas (CCU), firma nacida en Chile que desde hace décadas opera en Argentina y que incluso fue sponsor oficial de la Selección Argentina de fútbol.
CCU, históricamente asociada al negocio cervecero en Chile y Argentina,
también opera en el segmento de bebidas sin alcohol y aguas. Y en esa línea es donde aparece Mendoza.
El 29 de abril de 2022, la compañía francesa Danone anunció
públicamente una alianza estratégica con CCU para el negocio de aguas en
Argentina. La operación, concretada el 28 de abril de ese año, implicó
el ingreso de la compañía controlada por el grupo Luksic con el 49% en
Aguas Danone de Argentina S.A. y en Aguas de Origen S.A., sociedades
vinculadas a marcas como Villavicencio, que produce en Mendoza.
Desde ese momento, el holding chileno pasó a integrar la estructura
empresaria, la misma que interviene en el conflicto judicial por el proyecto minero Paramillos, en Mendoza, muy cerca de PSJ Cobre Mendocino. Se trata de una disputa legal desde la firma francesa contra el estado mendocino.
El grupo chileno no llegó como un mero observador que heredó un conflicto preexistente. A través de Aguas de Origen S.A., se hizo parte en uno de los dos procesos que conforman el litigio por Paramillos y tuvo intervención formal en el otro. Esa participación directa en la discusión judicial agrega un elemento singular: mientras el holding es protagonista de la minería cuprífera de primera línea en Chile, integra en Argentina una estructura que cuestiona el avance de un proyecto de cobre en Mendoza.
El origen del conflicto: concesión y Declaración de Impacto Ambiental
La historia de Paramillos se remonta a fines de los años noventa. En 1999 se otorgó la concesión minera de Paramillos Sur I, II y III, en el departamento de Las Heras. En el año 2000 el proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La titularidad estaba por ese entonces en manos de Minera del Oeste S.R.L. (MIDO), que también controlaba Paramillos Norte I y II. El distrito presenta antecedentes geológicos favorables para cobre y oro.
En abril de 2005, MIDO firmó un contrato de exploración con opción a compra con Desarrollos de Prospectos Mineros S.A. (Deprominsa), subsidiaria del grupo canadiense Lundin, que hoy tiene el 50% de Vicuña. El acuerdo apuntaba a realizar tareas exploratorias en la zona.
En mayo de 2006, Aguas Danone de Argentina S.A., propietaria de los terrenos superficiales donde está el yacimiento, interpuso una acción de amparo contra la exploradora, alegando la falta de servidumbre minera y posibles afectaciones al recurso hídrico. El 11° Juzgado Civil hizo lugar al planteo y paralizó los trabajos. Desde entonces, el proyecto no logró avanzar en campañas exploratorias.
Compra de derechos y escalada administrativa
Además de lo mencionado, Danone adquirió en 2001 un total de 23 derechos mineros en Las Heras mediante cesión de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., incluyendo permisos de exploración y minas dentro y fuera de la zona de Villavicencio. Esa acción activo a los grupos antimineros mendocinos, pero a través de manifestaciones en medios de comunicación, la misma empresa se encargó de aclarar que no quería hacer minería, sino evitar que se hiciera en el subsuelo de su propiedad superficial.
Eso derivó en presentaciones judiciales alegando a la Dirección de Minería actuar sobre las propiedades, como establece el Código de Minería, por la inactividad de las propiedades, pero el organismo estatal mendocino nunca actuó contra la compañía, cuestión que derivó en que hasta hoy sigan con la titularidad de los derechos mencionados.
Desde entonces y a lo largo de los años, la compañía francesa desplegó una estrategia judicial y administrativa múltiple vinculada a Paramillos. En febrero de 2019 interpuso un recurso jerárquico contra las resoluciones que validaban la DIA del proyecto. En junio de 2023, el gobernador Rodolfo Suarez rechazó ese planteo mediante el Decreto 1046/2023, lo que derivó en una nueva Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Dos causas de fondo ante la Suprema Corte
Actualmente el conflicto se estructura sobre dos procesos diferenciados, ambos desde las compañías hacia el estado mendocino. El primero cuestiona la validez de la concesión minera otorgada en 1999. Se trata de una Acción Procesal Administrativa promovida exclusivamente por Aguas Danone de Argentina S.A., centrada en la legalidad del derecho minero.
El segundo eje es ambiental. Allí se impugna el Decreto 1046/2023, que rechazó el recurso jerárquico contra la Declaración de Impacto Ambiental de exploración. En esta causa actúan como coactoras Aguas Danone de Argentina S.A. y Aguas de Origen S.A. (Grupo Luksic), sociedad donde participa CCU.
En la acción contra la concesión minera, si bien Aguas de Origen no promovió la demanda principal, la Suprema Corte le dio vista en el incidente de acumulación y la empresa adhirió al planteo formulado por Danone. De este modo, la compañía vinculada al grupo Luksic es parte procesal en el frente ambiental y tuvo intervención formal en el expediente administrativo a favor de sus socios y en contra del Gobierno de Mendoza.
En el intertanto, la compañía francesa logró que parte de sus terrenos fueran designados como reserva y como sitio Ramsar.
La última resolución: causas separadas
En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió rechazar un pedido de acumulación formulado por Danone, que pretendía tramitar en conjunto la causa contra la concesión minera y la acción contra la DIA.
El Tribunal entendió que no se verifican los requisitos del artículo 28 de la Ley 3.918 para acumular procesos, al tratarse de actos administrativos distintos, con diferente objeto y en etapas procesales diversas. También sostuvo que no existe riesgo de sentencias contradictorias al tramitar ambos expedientes ante el mismo órgano jurisdiccional.
La consecuencia procesal es que cada causa continuará su curso por separado. La acción que cuestiona la concesión minera podrá avanzar sin quedar condicionada al desenlace del litigio ambiental.
Una tensión que cruza la cordillera
Dentro de los análisis que circulan en Mendoza también aparecen interrogantes sobre la posición estratégica que podría asumir el grupo chileno en este entramado societario. Danone posee derechos mineros sobre 23 propiedades en Las Heras, de las cuales es superficiaria, y si bien la firma francesa ha sido explícita en señalar que adquirió esos activos para evitar operaciones mineras en su superficie, algunos observadores no descartan que, en el marco de la sociedad con CCU, puedan existir lecturas de mayor alcance vinculadas al control territorial y al posicionamiento sobre activos estratégicos en la zona.
Mientras Antofagasta Minerals -controlada por la familia Luksic- desarrolla operaciones cupríferas que posicionan a Chile como líder mundial en producción de cobre, en Mendoza una empresa participada por el mismo holding integra la estructura societaria que sostiene una acción judicial contra el avance de Paramillos, un proyecto de cobre que dentro del escaso nivel de exploración que tiene el territorio mendocino, aparece como una de las propiedades con mayor potencial dados los indicadores que existen de la zona desde la época de los estudios realizados por Fabricaciones Militares. De hecho, hoy el Ejecutivo mendocino apunta a desarrollar un nuevo distro minero, el Distrito Minero Norte, justamente alrededor de PSJ, mismo territorio en el que se encuentra Paramillos.
Recordemos que PSJ Cobre Mendocino es el único proyecto cubicado en Mendoza y está en etapa de factibilidad para iniciar la construcción. Este proyecto podría ser el primero en volver a poner a la Argentina en el mapa mundial de producción de cobre, del cual salió con el cierre de Bajo de La Alumbrera.
En tanto, Paramillos, con buenos antecedentes geológicos, una DIA otorgada hace más de 25 años y un historial de interés internacional, permanece condicionado por un entramado judicial que continúa abierto. La reciente decisión de la Corte no define el fondo del conflicto, pero ordena el escenario procesal y mantiene separadas las discusiones sobre concesión y ambiente.
miércoles, 11 de febrero de 2026
sábado, 7 de febrero de 2026
lunes, 26 de enero de 2026
viernes, 2 de enero de 2026
viernes, 21 de noviembre de 2025
viernes, 31 de octubre de 2025
miércoles, 20 de agosto de 2025
martes, 29 de julio de 2025
Argentina: La desaparición del productor agropecuario

De pioneros a fantasmas: el exterminio del productor rural argentino
Por Mónica Ortolani || Aire Agro
En las últimas cinco décadas desaparecieron casi 300.000 unidades productivas, concentrando la tierra y debilitando la base del agro. El impacto de los derechos de exportación y un escenario económico que revive errores de los años 90 amenazan con profundizar esta tendencia.
Actualizo esta columna en el marco de los 116 años de la fundación mi amado Bigand. 1909, mismo año en el que llegaron mis bisabuelos, como los de tantos de quienes habitamos esta fértil tierra santafesina.
Inspirado en datos compartidos por el periodista Carlos Etchepare, exploraremos el proceso de desaparición de productores agropecuarios y sobre los peligros de repetir errores del pasado, especialmente los de los años 90. Finalmente, invitamos a reflexionar sobre cómo revertir esta tendencia.
¿Cómo evolucionó la cantidad de productores agropecuarios?
Si observamos el siguiente gráfico, en 1914 existían 310.000 unidades productivas, de un tamaño promedio de 540 hectáreas.
La intensificación de la ola inmigratoria, y los efectos del Grito de Alcorta, entre otros, permitió la supervivencia y florecimiento de pequeños productores llegando en 1970, al máximo de 545.000, con un tamaño promedio de 395 hectáreas.
Sin embargo, a partir de dicha década la desaparición fue sistemática hasta llegar, de acuerdo al último censo agropecuario en el año 2.018, a 249.000 unidades.
De la gráfica se desprenden tres conclusiones:
Desde 1.970, se extinguieron casi 300.000 productores agropecuarios
La mitad desapareció entre 1970 y 1988, y el resto a partir de ese año.
En promedio, se produjo un proceso de concentración de la tierra hacia 635 ha/productor
Resulta sorprendente, por no decir frustrante como generación, que 111 años después, existen 60.000 productores menos que en la era de nuestros ancestros.
¿Cuánto han tenido que ver los DEX en estas tendencias?
Los derechos de exportación en Argentina existen desde 1862, durante el gobierno de Mitre. Se crearon para recaudar y desacoplar precios internos. Al afectar al productor, funcionan como un impuesto que reduce el valor local de los bienes gravados.
Desde 1972 se introdujeron los “derechos especiales móviles”, limitados al 15% del valor FOB. El gobierno militar de 1976 eliminó casi todas las barreras impositivas a la exportación, pero fueron reintroducidas en 1982 por el ministro Roberto Alemann.
A partir de dicha fecha este gráfico de la Bolsa de Cereales Córdoba muestra su evolución
Si lo relacionamos con la estadística de desaparición de productores, podemos observar cómo desde 1982 hasta 1991, coinciden con máximos porcentuales de retenciones en maíz (31%), trigo (30%) y soja (41%). Costumbre fiscal sólo argentina, que se replica a partir del 2002, con máximos para soja del 35%, para el trigo 28,5% y 25% para el maíz.
Si bien nuestro actual presidente Javier Milei el 25 de enero por decreto 38/2005 redujo hasta el 30/06 las “retenciones” del 33% al 26% para la soja y del 12% al 9,5% para el maíz, y el trigo, renovando la misma para el cereal dorado.
Como puede observarse en el siguiente gráfico de la consultora 1816, para aprovechar esta ventana temporal, los exportadores declararon U$s 8.150 M, y se espera una liquidación cercana a los U$s 4.550 durante las tres primeras semanas de julio, mes en el que se generaría la mayor liquidación de divisas del agro de la historia, luego de setiembre de 2022 con el primer dólar soja.
Poniendo lupa en «los 90»
Es cierto que, a partir del 91, el plan de convertibilidad eliminó los DEX en trigo y maíz, manteniendo al poroto de soja al 6% que luego redujo al mínimo del 3,5%.
El tipo de cambio se empeñaba seguir atado en la convertibilidad, con dólar bajo para liquidar exportaciones, mientras los costos aumentaban en dólares, se abría la importación, se concentraron las industrias y dejó a muchas pymes en el camino, incluido 95.000 productores.
¿Estaremos en un «déjà vu» de los años 90?
Esta última semana el gobierno tomó medidas para contener la suba del dólar vía tasas:
- Intervino el mercado cambiario vendiendo dólar futuro
- Aspiró liquidez vía pases pasivos en bancos
- Inyectó $ 10 billones de desarme de LEFI y emitió LECAPS por 4705 billones convalidando tasas de hasta el 47,81%, (una suba de 10 puntos).
Entre tipo de cambio y tasas el gobierno eligió tasas, situación que afectará a la actividad productiva que necesita financiamiento para su capital de trabajo e inversiones.
El aumento de los costos en dólares, tipo de cambio retrasado y no competitivo como en los 90, convivieron con niveles de DEX de los más bajos de la serie (3,5% sólo en soja), y aún así han dejado casi 100.000 productores en el camino.
Lo expuesto refleja que es insostenible, ante un contexto similar a aquella década, mantener los actuales niveles de derechos de exportación expropiatorios, que extinguen no sólo a los productores sino también afecta a su cadena de suministros.
¿Qué ocurrió cuando se bajaron los DEX?
En el 2015 en la presidencia de Mauricio Macri, nuevamente se eliminan los derechos de exportación en trigo y maíz, y baja al 30% para el poroto de soja y el 27% para sus subproductos,
Sus efectos positivos se reflejan en estos datos resumidos que surgen de una valiosa infografía de la Fundación FADA.
Reflexión final
Los argumentos vertidos piden a gritos la eliminación de los derechos de exportación antes que sea demasiado tarde.
A nuestros gobernantes. Despierten. Están a tiempo de cambiar la historia, que los argentinos ya no queremos repetir. Invertir en la baja de DEX les compensará con mayor actividad económica y desarrollo. La historia también lo muestra.
Al campo argentino. Despertemos. Semejante renuncia y esfuerzo de nuestros bisabuelos, merecen otro destino. Desde 1970, época en la que nací, si bien fuimos testigos de una revolución verde y tecnológica inusitada, también vimos como el déficit fiscal, la devaluación, la inflación y asfixia fiscal a través de los derechos de exportación extinguieron al 54% de los productores agropecuarios.
Hoy tenemos el deber moral, el latido de nuestra sangre gringa de unir nuestras voces y frenar las causas de este exterminio, transformando nuestra gestión y nuestra amada Argentina.
Por nuestras raíces, por quienes hoy somos y también los que vendrán.
La vida es una rueda y hay que seguir girando para escribir juntos un capítulo con otro final.
Es éste mi por qué. Es mi latido, acompañar al campo, desde las personas y las finanzas, a sobrevivir y desarrollarse en la epopeya de producir en Argentina. Para vos. Por ellos, honrando su memoria y continuando su legado.
(*) La fotografía que abre esta nota es de mi abuelo Arduino Ortolani y sus hermanos en el campo -Siembra cosecha y transporte en equipo
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