Relaciones entre Perú y Ecuador: de la guerra fronteriza a una vecindad institucionalizada
Por EMcL
Situación actual
Las relaciones diplomáticas peruano-ecuatorianas atraviesan un estado muy favorable y considerablemente estable. La antigua cuestión territorial está jurídicamente resuelta, la frontera terrestre se encuentra demarcada y el límite marítimo también fue formalmente acordado. Los desacuerdos actuales se refieren a problemas propios de dos vecinos con una frontera extensa: delincuencia organizada, minería ilegal, contaminación fluvial, migraciones, infraestructura, controles aduaneros y apertura sanitaria de productos. No existe hoy una controversia oficial sobre soberanía territorial.
En junio de 2026, los vicecancilleres de ambos países calificaron expresamente la relación como «ejemplar», basada en la confianza, la cooperación y la integración. También confirmaron la preparación de un nuevo encuentro presidencial y del XVII Gabinete Binacional para el segundo semestre de 2026. Esa continuidad es importante porque muestra que la relación ya no depende demasiado de la afinidad ideológica entre presidentes: sobrevivió a gobiernos de izquierda, derecha, centro y a la recurrente inestabilidad política peruana. (Cancillería)
En términos argentinos, podría compararse con una relación que hubiera pasado de parecerse a la antigua rivalidad argentino-chilena —mapas incompatibles, hipótesis de guerra y zonas sin demarcar— a una cooperación fronteriza más semejante a la que hoy mantienen Argentina y Chile, aunque con un componente amazónico, criminal y ambiental mucho más intenso.
La geografía que hay que comprender
Perú y Ecuador comparten aproximadamente 1.529 kilómetros de frontera. La zona más poblada y transitada se encuentra cerca del Pacífico, entre la provincia ecuatoriana de El Oro y la región peruana de Tumbes. Allí están Huaquillas y Aguas Verdes, prácticamente una aglomeración urbana cortada por la línea internacional.
Más hacia el interior aparecen la sierra de Loja y Piura, y luego una frontera amazónica enormemente más aislada. El sector del Cenepa está al este de la Cordillera del Cóndor, en una zona de montañas abruptas, selva espesa, lluvias, ríos y comunicaciones extremadamente difíciles. No debe imaginarse como una llanura donde era sencillo marcar una línea con alambrados: durante décadas hubo lugares a los que sólo se podía acceder por helicóptero, río o largas marchas. (Proyectos INEI)
La frontera estaba delimitada jurídicamente, es decir, existían tratados y criterios para establecer por dónde debía pasar. Pero una sección no estaba demarcada materialmente, es decir, faltaban hitos colocados y verificados sobre el terreno. Esa diferencia entre delimitación y demarcación fue el espacio donde crecieron las interpretaciones nacionales rivales.
El origen remoto del problema
Perú y Ecuador heredaron de la disolución del Imperio español límites administrativos imprecisos. Durante los siglos XIX y XX cada Estado desarrolló mapas, documentos históricos y doctrinas jurídicas diferentes sobre sus territorios amazónicos.
El conflicto más importante anterior al Cenepa fue la guerra de 1941. Su desenlace condujo al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942, garantizado por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. El tratado estableció el marco de la frontera y se colocó la mayor parte de los hitos. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados en un sector de aproximadamente 78 kilómetros en la Cordillera del Cóndor, debido a diferencias sobre la geografía real y la manera de ejecutar la línea establecida. (congreso.gob.pe)
Ecuador sostuvo durante décadas que el Protocolo resultaba inejecutable en ese sector y mantuvo una reivindicación amazónica. Perú consideraba que el tratado era plenamente válido y que sólo restaba completar físicamente la demarcación. Hubo choques anteriores, especialmente en Paquisha en 1981, pero el episodio decisivo fue la guerra del Cenepa de 1995.
La guerra del Cenepa
Los combates comenzaron en enero de 1995 alrededor de posiciones militares ubicadas en la cuenca alta del río Cenepa. Fue una guerra limitada geográficamente, librada por destacamentos relativamente pequeños, pero empleó artillería, helicópteros, aviación, fuerzas especiales, minas y sistemas antiaéreos.
No hubo una declaración formal de guerra ni ataques generalizados contra las principales ciudades. Sin embargo, el enfrentamiento fue militarmente serio y demostró que los dos países podían escalar hacia una guerra mucho mayor. La dificultad del terreno también produjo una situación confusa: ambos gobiernos difundían mapas, coordenadas y partes militares contradictorios, mientras lugares como Tiwinza adquirían un valor simbólico muy superior a su importancia económica.
El resultado estrictamente militar fue ambiguo. Ecuador pudo presentar el desempeño de sus fuerzas como una victoria defensiva y Perú sostuvo que había preservado su soberanía. Ninguno logró transformar el combate en una solución política unilateral. Precisamente por eso, la salida dependió de los cuatro garantes del Protocolo de Río: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
Cómo terminó diplomáticamente la guerra
El final no fue un único tratado firmado inmediatamente después del último disparo, sino un proceso de tres años.
Primera etapa, febrero de 1995. La Declaración de Paz de Itamaraty, suscrita el 17 de febrero, consolidó el cese del fuego, dispuso la separación de las fuerzas y aceptó una misión internacional de observación. Aun después de esa declaración se produjeron incidentes, por lo que fue necesario reafirmar el cese del fuego y establecer una zona desmilitarizada. (peacemaker.un.org)
Segunda etapa, 1995-1998. La Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú, conocida como MOMEP, supervisó la retirada y separación de los ejércitos. Participaron militares de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, mientras diplomáticos de esos mismos países acompañaban las negociaciones. La MOMEP fue decisiva porque redujo el riesgo de que una patrulla, una posición militar o una acusación mutua reanudara la guerra. (oas.org)
Tercera etapa, 1998. Como las negociaciones volvieron a trabarse, Perú y Ecuador aceptaron que los cuatro países garantes formularan una solución obligatoria dentro del marco del Protocolo de Río. Los garantes emitieron su parecer y, el 26 de octubre de 1998, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad firmaron el Acta Presidencial de Brasilia. El acuerdo declaró resueltas de manera global y definitiva las diferencias y vinculó la solución fronteriza con comercio, navegación, desarrollo territorial, infraestructura y cooperación. (peacemaker.un.org)
Ésa fue una característica inteligente del arreglo: no se limitó a decir dónde pasaba la frontera. Transformó la paz en un paquete donde ambos gobiernos podían mostrar beneficios internos.
¿Quién obtuvo qué?
En el aspecto territorial central, prevaleció el marco jurídico defendido por Perú. La zona disputada de la Cordillera del Cóndor quedó reconocida bajo soberanía peruana y la demarcación se realizó de acuerdo con el Protocolo de 1942 y sus instrumentos complementarios.
Pero se creó una fórmula simbólica para Tiwinza. Perú otorgó al Estado ecuatoriano la propiedad privada —no la soberanía— de un terreno de un kilómetro cuadrado dentro del territorio peruano, destinado a actos conmemorativos y no militares. Ecuador obtuvo así un lugar donde recordar a sus combatientes; Perú conservó jurisdicción, soberanía y continuidad territorial.
Tiwinza, por lo tanto, no es un enclave ecuatoriano, no pertenece soberanamente a Ecuador y no interrumpe la frontera peruana. Se parece más a una propiedad estatal extranjera sometida a la legislación y soberanía del país donde se encuentra. La ambigüedad simbólica permitió que ambas dirigencias presentaran el acuerdo ante sociedades que todavía interpretaban el conflicto en términos de victoria y derrota. (congreso.gob.pe)
¿Los límites quedaron bien demarcados?
Sí. Desde el punto de vista jurídico y cartográfico, la cuestión territorial quedó resuelta.
Los trabajos de demarcación terrestre concluyeron el 13 de mayo de 1999, con la firma del acta de clausura en la confluencia de los ríos Yaupi y Santiago. La documentación de ese acto describe los hitos del sector oriental y deja constancia de que fueron colocados conforme al Protocolo de Río y a los acuerdos de Brasilia. (congreso.gob.pe)
Eso no significa que los 1.529 kilómetros estén señalizados como una frontera urbana. En áreas selváticas, los hitos necesitan verificación, mantenimiento y actualización de coordenadas; los ríos pueden modificar sus cauces; las minas antipersonales dejaron zonas peligrosas; y existen pasos informales utilizados por pobladores, contrabandistas, mineros y grupos criminales. Son problemas de administración de una frontera reconocida, no una controversia sobre dónde debe estar la frontera.
También quedó solucionado el límite marítimo. En 2011, ambos países intercambiaron notas diplomáticas que establecieron una línea de 200 millas náuticas, incorporaron un mapa común y registraron el acuerdo ante las Naciones Unidas. El tratado entró en vigor el 20 de mayo de 2011.
Por consiguiente, no queda pendiente una «segunda Cenepa» marítima o terrestre. Pueden existir disputas administrativas, ambientales o comerciales, pero no una frontera internacional jurídicamente abierta.
El comercio: de frontera militar a corredor económico
La guerra afectó inevitablemente el comercio local, la movilidad y la confianza empresarial en la zona fronteriza. Sin embargo, el efecto económico más visible no fue una caída permanente causada por la guerra, sino el crecimiento posterior facilitado por la paz.
En 1998, el intercambio comercial bilateral rondaba los 300 millones de dólares. En 2024 alcanzó aproximadamente 2.595 millones, un aumento nominal del 765%. Para enero-septiembre de 2025 ya acumulaba 1.770 millones de dólares. Ecuador se convirtió en el principal socio comercial de Perú dentro de la Comunidad Andina, mientras el mercado peruano adquirió gran importancia para las manufacturas y exportaciones ecuatorianas. (Gobierno del Perú)
No corresponde atribuir todo ese crecimiento al acuerdo de paz. También influyeron la expansión de ambas economías, la Comunidad Andina, la eliminación de aranceles, la mejora del transporte y el crecimiento demográfico. Pero la paz eliminó un obstáculo central: ninguna empresa construye cadenas logísticas estables si las rutas pueden cerrarse por una movilización militar.
El paquete de 1998 incluyó un convenio para acelerar y profundizar el libre comercio, normas de tránsito de personas y vehículos y una estructura de promoción de inversiones fronterizas. Se crearon además comités y centros binacionales para evitar que cada camión o viajero debiera atravesar dos sistemas administrativos completamente desconectados. (comunidadandina.org)
La relación comercial tampoco carece de fricciones. Aparecen restricciones sanitarias, controles fitosanitarios, demoras aduaneras, contrabando y discusiones sobre determinados productos agrícolas. En 2025, por ejemplo, ambos gobiernos negociaron la reapertura del mercado ecuatoriano a la cebolla peruana y continuaron discutiendo el acceso de arroz y otros productos. Son conflictos normales dentro de una relación comercial densa, no síntomas de una ruptura diplomática. (Gobierno del Perú)
El avance diplomático después de 1998
La mayor transformación consistió en pasar de una diplomacia obsesionada con mapas y soberanía a una diplomacia orientada hacia la gestión conjunta.
Se estableció la Comisión de Vecindad, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, comités territoriales, mecanismos militares y policiales y encuentros presidenciales con gabinetes binacionales. Estos gabinetes reúnen simultáneamente a los presidentes y ministros de ambos países y producen planes con compromisos concretos en salud, educación, rutas, energía, seguridad, ambiente y comercio.
Para diciembre de 2025 ya se había celebrado el XVI Gabinete Binacional. Allí se adoptaron la Declaración y el Plan de Acción de Quito para 2025-2026, con énfasis en delincuencia organizada, narcotráfico, armas, minería ilegal, infraestructura, turismo y recuperación ambiental de la cuenca Puyango-Tumbes. (Gobierno del Perú)
Esto muestra hasta dónde cambió la relación. En 1995, el problema eran soldados peruanos y ecuatorianos disputando posiciones en la selva. En 2026, los dos Estados intentan coordinar a sus fuerzas para impedir que mineros ilegales, narcotraficantes y traficantes de armas utilicen esa misma selva.
Los problemas que todavía generan tensión
El principal desafío contemporáneo es la debilidad estatal en algunos sectores fronterizos. Las amenazas ya no proceden del ejército vecino, sino de actores no estatales que cruzan la frontera y aprovechan las diferencias regulatorias.
La minería ilegal puede operar de un lado, transportar insumos desde el otro y contaminar ríos que atraviesan ambos países. El narcotráfico utiliza caminos selváticos, puertos y pasos clandestinos. El contrabando aprovecha diferencias de precios e impuestos. La trata de personas y la migración irregular obligan a coordinar controles. La circulación de explosivos y armas puede vincular la minería ilegal con organizaciones criminales.
La cuenca Puyango-Tumbes constituye otro punto sensible. Actividades mineras desarrolladas aguas arriba en Ecuador pueden afectar la calidad del agua utilizada aguas abajo en Perú. El tema genera reclamos locales, pero ambos gobiernos lo están tratando mediante una hoja de ruta, una secretaría técnica y la proyectada creación de un comité binacional de cuenca. (Gobierno del Perú)
Estas cuestiones pueden producir acusaciones, cierres temporales, protestas o incidentes policiales. Sin embargo, paradójicamente, también generan incentivos para una cooperación más estrecha: ningún país puede resolver unilateralmente un río contaminado o una red criminal que opera a ambos lados.
¿Qué posibilidades hay de un nuevo conflicto armado?
La probabilidad de una guerra interestatal entre Perú y Ecuador es muy baja.
La primera razón es jurídica: no existe una reclamación territorial oficial pendiente. La segunda es material: la frontera terrestre está demarcada y la marítima acordada. La tercera es institucional: hay comisiones, gabinetes, contactos militares y mecanismos para gestionar incidentes. La cuarta es económica: el comercio, el turismo y las inversiones aumentan el costo de una ruptura. La quinta es política: ninguna fuerza importante de gobierno en Perú o Ecuador sostiene actualmente un programa para revisar el acuerdo de 1998.
Esta valoración no significa que el riesgo sea literalmente cero. Podría producirse un choque localizado entre patrullas, una persecución transfronteriza mal coordinada, una incursión vinculada con minería ilegal o una crisis diplomática por contaminación, migrantes o delincuencia. Pero lo más probable es que un incidente de ese tipo se canalice mediante cancillerías, mandos militares y comisiones fronterizas antes de transformarse en una confrontación entre Estados.
El mayor peligro en la frontera ya no es una guerra Perú contra Ecuador, sino una violencia transnacional que obligue a Perú y Ecuador a actuar juntos. Los acuerdos de 2024, 2025 y 2026 colocan precisamente al crimen organizado, el tráfico de armas, la minería ilegal y el narcotráfico en el centro de la cooperación bilateral. (El Peruano)
Balance
El proceso peruano-ecuatoriano es uno de los casos más exitosos de resolución de conflictos territoriales en América Latina. No porque haya borrado las memorias nacionales —en Ecuador y Perú todavía existen narraciones divergentes sobre quién ganó militarmente el Cenepa—, sino porque consiguió separar esas memorias de la política exterior cotidiana.
Perú obtuvo el reconocimiento definitivo de la línea fronteriza que defendía. Ecuador obtuvo una salida honorable, el símbolo de Tiwinza, garantías de navegación, integración fronteriza e inversiones. Los garantes proporcionaron una fórmula jurídicamente obligatoria y una presencia militar que evitó la reanudación de las hostilidades. Finalmente, el comercio y la cooperación convirtieron una frontera concebida como línea defensiva en un espacio de circulación.
La síntesis sería ésta: el Cenepa terminó militarmente sin un vencedor indiscutible, pero diplomáticamente terminó con una frontera aceptada; desde entonces, la relación avanzó mucho más de lo que retrocedió, y una nueva guerra territorial resulta hoy altamente improbable.
