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jueves, 29 de febrero de 2024

Venezuela: Lista de los principales torturadores del régimen

Estos son los principales torturadores del régimen de Venezuela identificados por la ONU

La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso venezolano incluyó a 118 funcionarios en el listado. Aquí, los 12 más poderos


El primer programa de "Sebastiana Sin Secretos", a través del canal de YouTube "Hasta Que Caiga la Tiranía"

Los delitos de violación de derechos humanos y lesa humanidad no prescriben, por lo que la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso Venezuela ha identificado a 118 funcionarios en toda la estructura de delitos atroces contra cientos de víctimas, de las que el Estado venezolano es responsable.

En el primer programa de Sebastiana Sin Secretos, a través del canal Hasta Que Caiga la Tiranía, transmitido este domingo, se expone el caso de 12 de los principales militares señalados en los informes de la Misión.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Ascendido por Nicolás Maduro de número 1 a Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ocupa el cargo de Jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección Generfal de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Denunciado por varias víctimas por tortura.

Está sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos), la UE (Unión Europea) y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), por la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, secuestrado y torturado lo que le causó la muerte el 29 de junio 2019, al momento de ser llevado ante el juez militar, Mayor Mickel Enrique Amézquita Pion.

Granko Arteaga,

Los casos en los que aparece reseñado Granko Arteaga, entre muchos otros, es el del Mayor Isaías Falcón Juárez, los coroneles (GNB) Oswaldo Valentín García Palomo y José Rommel Acevedo Montañez, así como el del civil Antonio José Labichuela Barrios.

También Granko es referenciado por la violación de DDHH de los sargentos del Levantamiento Cotiza. La Misión de Determinación señala a Granko por su responsabilidad en violaciones de DDHH y crímenes.

Antonio José Benavides Torres

Es un Mayor General (GNB), excomandante general de la Guardia Nacional. Es hoy diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional. Fue sancionado por la Unión Europea el 12 enero 2018. Sancionado por la OFAC el 9 de marzo 2015. Además, está sancionado por Canadá, Panamá y Reino Unido.

Mayor General Antonio José Benavides Torres

La Misión de Determinación lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. Está como muchos castrenses al servicio de la revolución bolivariana.

Abel Reinaldo Angola García

Este Teniente de Navío es un caso emblemático aunque no es de más alta graduación. Es Inspector Jefe de la DGCIM. Es emblemático entre los identificados por las víctimas como torturador de la DGCIM.

Teniente de Navío Abel Reinaldo Angola García

Aparece mencionado en varios casos, que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU indica, entre ellos el Caso Nr. 13 del capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien estuvo detenido durante cinco años con violación a sus derechos humanos, al debido proceso, tortura física y psicológica. También, aparece en el caso del Mayor (Av) Isaías Lenin Falcón Juárez.

Carlos Enrique Terán Hurtado

Carlos Enrique Terán Hurtado fue jefe de Investigaciones de la DGCIM

Ascendido a General de División en julio 2022. Fue el Director de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, desde noviembre 2019 hasta marzo 2021. Está sancionado por la Unión Europea y señalado por torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Aparece referenciado en los casos del CN De La Sotta Quiroga, coroneles García Palomo y Acevedo Montañez, así como Labichuela. Es un personaje clave para el caso de las hermanas Andreína y Yolimar Alemán Castellano, que permanecieron en secuestro de la DGCIM durante mucho tiempo.

Carlos Luis Sánchez Vargas

General Carlos Luis Sánchez Vargas

General de División. Director de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP) de la Policía del estado Zulia CPBEZ en el 2015. Director General de los Servicios de Vigilancia del Despacho del Viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2016. Inspector General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en 2018. Es referencia en muchos casos por parte de La Misión de la ONU, por lo sucedido con la OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) en Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa de Maracaibo, Zulia. Además, en la muerte de dos hermanastros y ejecuciones extrajudiciales.

Carmen Teresa Meléndez Rivas

La Almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas junto a Nicolás Maduro

Almirante en Jefe. Fue Ministra de la Defensa del 2013 a octubre 2014. También fue Ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde octubre 2014 a marzo 2015. Ocupó el cargo de gobernadora del estado Lara, por el oficialista PSUV, desde 2017 al 2020. Actualmente es la alcaldesa de Caracas. Está sancionada por la OFAC desde 2017, así como por Canadá y Panamá.

La Misión la señala por los niveles de Cadena de mando, destacando que la Policía le reportaba al Ministerio del Interior, cuando ella fue la titular de ese despacho, y que a su vez reportaba al Presidente de la Republica. La señalan en el caso de: Marchas, colectivos armados y tortura el 12 de febrero de 2014. Además, porque condecoró, con la Orden Francisco de Miranda al funcionario militar que disparó a los manifestantes del 12 feb 2014 donde fue asesinado Bassil DaCosta. La señalan por su Responsabilidad por violaciones y crímenes porque tendría conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales.

Diosdado Cabello Rondón

Diosdado Cabello, diputado y segundo del PSUV

Actual diputado de la Asamblea Nacional. Está sancionado por el TIAR, la UE desde 22 enero 2018. El Fiscal de Estados Unidos anuncio cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción en su contra. Fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y actualmente es vicepresidente del partido de gobierno PSUV. El motivo por el que es referencia para la ONU es por lo relacionado a la independencia de los jueces y fiscales, otros grupos estatales de seguridad y vigilancia localizados. Lo mencionan en los casos de Leopoldo López, Gilbert Caro, detención de tres personas con la Operación Tun Tun, así mismo el Caso de Víctor Navarro y otras ocho personas.

El diputado Cabello desde su programa Con el Mazo Dando y desde otras instancias políticas se ha dedicado a crear una cadena de odio y ha sido determinante en la revolución bolivariana.

Se le menciona en los casos de Geraldine Chacón y Gregory Hinds, de la Fundación Embajadores Comunitarios. Y aparece en los casos de Juan Requesens, el concejal Fernando Alban, Twiteros del terror, Luis De La Sotta, Luis Bandres, Capitán Rafael Acosta Arévalo, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo, entre otros. Y por la cadena de mando del SEBIN.

Edward Ojeda Sojo

Vicealmirante Edward Ojeda Sojo

Contralmirante y Comandante de la Octava Brigada de los Comandos del Mar hasta octubre 2028. Fue ascendido a Vicealmirante en el 2019. Está referenciado en los casos del CN Luis De La Sotta, entre otros. Se le menciona en el caso del asesinato del joven David José Vallenilla Luis, el 22 de junio 2017. Además, en casos de Ejecución extrajudicial.

Eduardo Serrano Diaz

General Eduardo Serrano Díaz

General de División. Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Un hombre clave para el poder político. Aparece señalado en el caso de las OLP del 10 de mayo 2016, cuando murieron 9 personas en supuestos “enfrentamientos”.

Fabio Enrique Zavarce Pabón

Mayor General (GNB) Fabio Enrique Zavarse Pabón

Tiene el grado de Mayor General de la Guardia Nacional, pero es referenciado por la Misión por su actuación desde que era General de División. Fue Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI 41) en el 2017. Está sancionado por la OFAC y Gobierno de Panamá desde el 2018. Está referenciado por los Planes y Políticas de Seguridad desde el 2014 con el Plan Guaicaipuro. Además, por la muerte en protesta de Juan Pablo Pernalete Llovera, el 26 de abril de 2017 y el asesinato de Miguel Castillo.

Franklin Horacio García Duque

Franklin Horacio García Duque

General de División GNB del Comando Regional No1 de la GNB en Táchira en el 2014. Está sancionado por la OFAC, así por los gobiernos de Canadá y Panamá. La Misión de la ONU lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014.

Indican que bajo su mando se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Gustavo Enrique González López

General en Jefe Gustavo Enrique González López, director del SEBIN

Es General en Jefe. Señalado como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), cargo que ocupa actualmente. Fue Ministro de Relaciones Interiores en el 2019. Sancionado por la OFAC, también por Canadá, Unión Europea, Panamá, Suiza y Reino Unido.

La Misión lo referencia por los casos de Antonio Ledezma, Juan Carlos Requesens y de ciudadanos privados de libertad por declaraciones en medios sociales percibidas como críticas al Gobierno. Se le incluye por represión política selectiva, la represión en un contexto de seguridad y control social, FAES y CICPC.

jueves, 8 de septiembre de 2022

China: Las masivas violaciones a los DD.HH. de la minoría Uigur en la mira de la ONU

Las 6 atrocidades que reveló el informe de la ONU sobre los abusos del régimen chino en Xinjiang

La ONU publicó el largamente esperado reporte sobre las violaciones de derechos humanos contra las minorías étnicas, en el que advierte de posibles “crímenes contra la humanidad”
Infobae


Centro de reclusión en Xinjiang, que el régimen llama de reeducación (Reuters)

El informe de la ONU publicado el miércoles sobre los abusos en Xinjiang señaló que China “ha cometido graves violaciones de los derechos humanos” en sus políticas de “lucha contra el terrorismo”, con detalle en las atrocidades cometidas contra los uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes.

A continuación, los principales argumentos de la ONU.

Detenciones masivas arbitrarias

El informe de la ONU describe un “patrón de detenciones arbitrarias a gran escala” en Xinjiang, donde individuos sospechosos de terrorismo son retenidos en instalaciones de alta seguridad sin el debido proceso y por un periodo de tiempo indefinido.

Tener demasiados niños, llevar velo o barba o no usar pasaporte son citados como comportamientos que pueden llevar a las autoridades a identificar individuos en riesgo de “extremismo” y marcarlos para una posible detención. Recientemente hay indicios de un cambio a penas de prisión formales “como principal método de encarcelamiento a gran escala y privación de libertad”, según el informe.

Un dispositivo de reconocimiento facial instalado por el régimen chino para conceder a los residentes el acceso a su recinto en una puerta en Urumqi, Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Reuters)

Muchos fueron detenidos sin que sus familias fueran informadas, agrega.

Torturas y violaciones

El informe asegura que se han hallado acusaciones “creíbles” de torturas y agresiones sexuales, incluidas violaciones, en los centros de detención de Xinjiang.

Antiguos internos entrevistados por la ONU describen haber sido golpeados en “sillas de tigre” -usadas por la policía china para inmovilizar a los interrogados-, haber sido forzados a seguir tratamientos médicos sin explicaciones y haber sufrido violaciones y “exámenes ginecológicos invasivos”. “La negación generalizada de todas las acusaciones por parte del gobierno, así como sus ataques humillantes y sexistas a aquellos que han dado un paso adelante para compartir sus experiencias (...) aumentaron la indignidad y el sufrimiento de los supervivientes”, dice la ONU.

Silla de Tigre (imagen: Human Rights Watch)

La evidencia es abrumadora, basada en testimonios de las víctimas.

“Ex detenidos entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) habían pasado periodos de tiempo, generalmente, de entre dos meses y 18 meses, en centros de ocho lugares geográficos diferentes, incluidas las prefecturas autónomas de Ili, Aksu, Bayingol, Hotan, Karamay y Urumqi. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional”, señala el texto.

Y añade: “Estas denuncias señalan que los malos tratos tuvieron lugar durante los interrogatorios o como forma de castigo por (supuestas) infracciones. Los relatos incluían haber sido golpeados con bastones, incluso con porras eléctricas, mientras estaban atados de pies y manos en la llamada ‘silla de tigre’; haber sido sometidos a interrogatorios con agua en la cara; haber sido sometidos a aislamiento prolongado; y haber sido obligados a sentarse inmóviles en pequeños taburetes durante períodos prolongados”.

Silla de Tigre (ilustración: Russell Christian/Human Rights Watch)

Y algunos ex detenidos también hablaron de diversas formas de violencia sexual, incluidos algunos casos de violación, que afectaron principalmente a las mujeres.

Tratamiento médico forzado

Otro aspecto señalado es el referido al tratamiento médico forzado: “Casi todos los entrevistados describieron que se les administraban regularmente inyecciones, pastillas o ambas cosas, así como que se les recogían regularmente muestras de sangre en las instalaciones del centro de formación profesional”.

“Los entrevistados fueron coherentes en sus descripciones de cómo los medicamentos administrados les hacían sentir somnolientos. Un entrevistado, por ejemplo, describió el proceso de la siguiente manera: ‘Recibíamos un comprimido al día. Parecía una aspirina. Nos ponían en fila y alguien con guantes nos revisaba sistemáticamente la boca para asegurarse de que la tragábamos’. Aunque la frecuencia de estas intervenciones y tratamientos médicos variaba según los entrevistados, tanto las inyecciones como la administración de lo que se describía como ‘pastillas blancas’ se producían al principio de su internamiento y a lo largo de su estancia en los centros de formación profesional. Ninguno de los entrevistados fue debidamente informado sobre estos tratamientos médicos, ni se sintió en condiciones de rechazarlos. En tales circunstancias, no puede inferirse un consentimiento informado”, advierte el informe.

Esterilizaciones y abortos

La ONU indica haber hablado con mujeres que dicen haber sido “forzadas a abortar o a insertarse dispositivos intrauterinos anticonceptivos”.

El informe considera creíbles estas alegaciones y señala la aguda caída de la natalidad en Xinjiang desde 2017, basado también en un libro blanco de Pekín que vinculaba tener muchos hijos con el extremismo religioso.

“Hay indicaciones creíbles de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de políticas de planificación familiar”, afirma el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirmó que recibió presiones del régimen chino para que no se publique el reporte (Reuters)

Supresión de la libertad religiosa

El informe critica las “excepcionalmente amplias interpretaciones de extremismo” de China, que criminaliza actividades “conectadas a disfrutar la vida cultural y religiosa”.

Vestir hiyab o dar a los niños nombres musulmanes son señalados como indicios de “extremismo religioso” que “pueden conducir a graves consecuencias para estas personas”, dice el informe.

El Alto Comisionado apunta también informes “profundamente preocupantes” sobre la destrucción de mezquitas y cementerios en la región.

Trabajos forzados

La ONU encontró también señales de “elementos de coerción” en algunos programas de empleo en Xinjiang, en línea con las largas denuncias de trabajos forzados proferidas por Estados Unidos y otros países occidentales.

El informe cita comunicados del gobierno que hablan de transferir a internos de centros vocacionales a fábricas y se pregunta si “tales programas pueden considerarse totalmente voluntarios”.

El informe, que no llegó a hablar de genocidio, es de todas formas contundente. “Estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas (...) al menos entre 2017 y 2019″, advierte el informe.

CALCULO DE LA POBLACIÓN AFECTADA

En esta investigación, la ONU no ofrece cifras concretas del número de personas que llegaron a estar en estos campos, donde en los últimos años se ha afirmado que un millón de personas llegaron a estar internadas.

No obstante el análisis de distintas fuentes de información -incluyendo de tipo oficial- le permite calcular que entre el 10 % y el 20 % de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.

(Con información de AFP) 

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