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Países Bajos: El problema GONGO

El problema GONGO en los Países Bajos

Países Bajos enfrenta un problema democrático cada vez mayor que apenas se discute: el auge de lo que podríamos llamar la mafia GONGO. GONGO significa Government-Organized Non-Governmental Organizations: organizaciones que se presentan como vigilantes sociales independientes, pero que dependen en gran medida de subsidios gubernamentales. Forman cada vez menos un contrapoder y cada vez más una extensión del mismo ecosistema administrativo que se supone que deben controlar.

El mecanismo es tan simple como efectivo. El gobierno otorga subsidios. Con ese dinero de los impuestos, estas organizaciones construyen burocracias extensas, producen informes, proporcionan los datos en los que se basa la política, asesoran sobre permisos y inician procedimientos judiciales para imponer regulaciones aún más estrictas. Eso a su vez genera más políticas, más funcionarios, más subsidios y más influencia. Un círculo de retroalimentación que se fortalece a sí mismo, en el que casi todos dentro del sistema ganan, excepto el contribuyente.

En expedientes como el del nitrógeno vemos cómo organizaciones subsidiadas aportan datos científicos, asesoran a los gobiernos, influyen en permisos, inician procedimientos judiciales y luego se sientan a negociar el resultado.

Se vuelve aún más problemático cuando algunas de estas organizaciones no solo demandan a empresas, sino que luego también negocian con esas mismas empresas sobre la retirada de procedimientos judiciales a cambio de concesiones amplias, compensaciones ambientales o acuerdos financieros.

De esta manera, se difuminan las fronteras entre la defensa de intereses, la influencia en políticas y la negociación privada. Incluso cuando tales acuerdos son legalmente permitidos, surge la apariencia de que los procedimientos no se llevan a cabo exclusivamente en interés general, sino también como medio de presión para imponer objetivos políticos o financieros.

Con ello, se difumina la línea entre la defensa de intereses independiente, la formación de políticas y el ejercicio de poder político. Quien paga, manda. Cuando el gobierno, los receptores de subsidios, los formuladores de políticas y los lobistas forman cada vez más parte de la misma red, desaparece la distancia institucional que una democracia sana precisamente necesita.

Las víctimas son predecibles: agricultores que no obtienen permisos, constructores que deben paralizar proyectos, emprendedores que invierten en una incertidumbre jurídica permanente y ciudadanos que pagan impuestos cada vez más altos para financiar una red en expansión de organizaciones dependientes de subsidios. Así, el modelo de consenso holandés se transforma de un sistema de checks and balances en un cártel administrativo cerrado.

Esto no es un ataque a la naturaleza, el medio ambiente o las organizaciones sociales. Todo lo contrario. Una sociedad libre necesita precisamente ONG potentes e independientes. Pero la independencia comienza con la independencia financiera. Quien es pagado en gran medida por el gobierno no puede posiblemente ejercer un control totalmente independiente sobre ese mismo gobierno.

Los libertarios han advertido sobre esto durante décadas. El poder siempre se concentra cuando el dinero, la regulación, la ciencia, la justicia y el lobby confluyen en el mismo ecosistema. Por eso, la solución es clara: total transparencia sobre la financiación, una estricta separación entre la concesión de subsidios y el lobby político, ningún subsidio estructural del gobierno para organizaciones que intentan influir activamente en las políticas, y un estado de derecho en el que los representantes populares elegidos determinen el rumbo, no una red cerrada de gobierno, grupos de acción subsidiados y organizaciones de intereses.

Una sociedad libre vive del verdadero contrapoder. En cuanto ese contrapoder se vuelve financieramente dependiente del Estado, se transforma de perro guardián en mascota doméstica. Y en cuanto esa mascota también participa en escribir las reglas, llevar a cabo los procedimientos y determinar las negociaciones, el control democrático está fundamentalmente desequilibrado.

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Incendios, delitos ambientales e impunidad: el caso de Chubut

La Voz del Chubut




Los incendios forestales que se repiten año tras año en la Patagonia, y hoy golpean con fuerza a Chubut, no son solo una catástrofe ambiental y social: son también la expresión más visible de una estructura de impunidad frente a los crímenes ambientales en la Argentina. Cientos de evacuados, viviendas destruidas, bosques nativos arrasados y ecosistemas dañados de forma irreversible contrastan con la ausencia de responsables identificados y sancionados.

En materia penal, los incendios intencionales constituyen delitos graves. El Código Penal argentino tipifica el delito de incendio y otros estragos (artículos 186 a 189), agravado cuando pone en peligro la vida, los bienes de terceros o afecta bosques, áreas protegidas e infraestructura pública. A ello se suman posibles delitos ambientales, como el daño agravado a bienes de uso público, la afectación de la biodiversidad, la contaminación del aire y del suelo, y la violación de normativas de protección del bosque nativo (Ley 26.331). En determinados contextos, estos hechos pueden vincularse además con asociaciones ilícitas, especulación inmobiliaria o apropiación ilegal de tierras.

Sin embargo, la norma rara vez se traduce en justicia efectiva. La investigación judicial de los incendios suele quedar atrapada en una combinación de falta de recursos técnicos, escasa voluntad política, fragmentación de competencias y una mirada que reduce el problema a “desastres naturales”, aun cuando existen indicios reiterados de intencionalidad. La ausencia de querellantes, la lentitud de las causas y la dificultad para seguir la ruta del dinero refuerzan este escenario.

La impunidad también se vincula con el manejo opaco de los fondos públicos destinados a la prevención y combate del fuego. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Federal de Manejo del Fuego reciben partidas millonarias, pero los incendios avanzan sin aviones suficientes, brigadistas mal pagos y comunidades expuestas. La falta de control sobre el destino de esos recursos debilita la capacidad de respuesta del Estado y abre interrogantes que rara vez llegan a los tribunales.

En Chubut, como en otras provincias, el desafío es romper el círculo vicioso: incendios, emergencia, reconstrucción precaria y olvido judicial. Investigar quién prende fuego, quién se beneficia, quién omite controles y quién no investiga es una condición básica para proteger el ambiente, que la Constitución reconoce como un derecho colectivo. Sin justicia ambiental, los incendios dejan de ser una tragedia inevitable para convertirse en un negocio impune.

Dr. Gustavo Gomez – Ex Fiscal Federal

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