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Argentina: Intereses chilenos mantienen paralizado el desarrollo minero del cobre

La familia chilena Luksic es uno de los grupos empresarios más influyentes de América Latina. Quiñenco, el grupo familiar, controla Antofagasta PLC (Antofagasta Minerals), uno de los mayores productores privados de cobre del mundo, con operaciones de escala global en Chile. En paralelo, es accionista central de Compañía Cervecerías Unidas (CCU), firma nacida en Chile que desde hace décadas opera en Argentina y que incluso fue sponsor oficial de la Selección Argentina de fútbol.

CCU, históricamente asociada al negocio cervecero en Chile y Argentina, también opera en el segmento de bebidas sin alcohol y aguas. Y en esa línea es donde aparece Mendoza. El 29 de abril de 2022, la compañía francesa Danone anunció públicamente una alianza estratégica con CCU para el negocio de aguas en Argentina. La operación, concretada el 28 de abril de ese año, implicó el ingreso de la compañía controlada por el grupo Luksic con el 49% en Aguas Danone de Argentina S.A. y en Aguas de Origen S.A., sociedades vinculadas a marcas como Villavicencio, que produce en Mendoza.

Desde ese momento, el holding chileno pasó a integrar la estructura empresaria, la misma que interviene en el conflicto judicial por el proyecto minero Paramillos, en Mendoza, muy cerca de PSJ Cobre Mendocino. Se trata de una disputa legal desde la firma francesa contra el estado mendocino.

El grupo chileno no llegó como un mero observador que heredó un conflicto preexistente. A través de Aguas de Origen S.A., se hizo parte en uno de los dos procesos que conforman el litigio por Paramillos y tuvo intervención formal en el otro. Esa participación directa en la discusión judicial agrega un elemento singular: mientras el holding es protagonista de la minería cuprífera de primera línea en Chile, integra en Argentina una estructura que cuestiona el avance de un proyecto de cobre en Mendoza.

El origen del conflicto: concesión y Declaración de Impacto Ambiental

La historia de Paramillos se remonta a fines de los años noventa. En 1999 se otorgó la concesión minera de Paramillos Sur I, II y III, en el departamento de Las Heras. En el año 2000 el proyecto obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La titularidad estaba por ese entonces en manos de Minera del Oeste S.R.L. (MIDO), que también controlaba Paramillos Norte I y II. El distrito presenta antecedentes geológicos favorables para cobre y oro.

En abril de 2005, MIDO firmó un contrato de exploración con opción a compra con Desarrollos de Prospectos Mineros S.A. (Deprominsa), subsidiaria del grupo canadiense Lundin, que hoy tiene el 50% de Vicuña. El acuerdo apuntaba a realizar tareas exploratorias en la zona.

En mayo de 2006, Aguas Danone de Argentina S.A., propietaria de los terrenos superficiales donde está el yacimiento, interpuso una acción de amparo contra la exploradora, alegando la falta de servidumbre minera y posibles afectaciones al recurso hídrico. El 11° Juzgado Civil hizo lugar al planteo y paralizó los trabajos. Desde entonces, el proyecto no logró avanzar en campañas exploratorias.

Compra de derechos y escalada administrativa

Además de lo mencionado, Danone adquirió en 2001 un total de 23 derechos mineros en Las Heras mediante cesión de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., incluyendo permisos de exploración y minas dentro y fuera de la zona de Villavicencio. Esa acción activo a los grupos antimineros mendocinos, pero a través de manifestaciones en medios de comunicación, la misma empresa se encargó de aclarar que no quería hacer minería, sino evitar que se hiciera en el subsuelo de su propiedad superficial.

Eso derivó en presentaciones judiciales alegando a la Dirección de Minería actuar sobre las propiedades, como establece el Código de Minería, por la inactividad de las propiedades, pero el organismo estatal mendocino nunca actuó contra la compañía, cuestión que derivó en que hasta hoy sigan con la titularidad de los derechos mencionados.

Desde entonces y a lo largo de los años, la compañía francesa desplegó una estrategia judicial y administrativa múltiple vinculada a Paramillos. En febrero de 2019 interpuso un recurso jerárquico contra las resoluciones que validaban la DIA del proyecto. En junio de 2023, el gobernador Rodolfo Suarez rechazó ese planteo mediante el Decreto 1046/2023, lo que derivó en una nueva Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Dos causas de fondo ante la Suprema Corte

Actualmente el conflicto se estructura sobre dos procesos diferenciados, ambos desde las compañías hacia el estado mendocino. El primero cuestiona la validez de la concesión minera otorgada en 1999. Se trata de una Acción Procesal Administrativa promovida exclusivamente por Aguas Danone de Argentina S.A., centrada en la legalidad del derecho minero.

El segundo eje es ambiental. Allí se impugna el Decreto 1046/2023, que rechazó el recurso jerárquico contra la Declaración de Impacto Ambiental de exploración. En esta causa actúan como coactoras Aguas Danone de Argentina S.A. y Aguas de Origen S.A. (Grupo Luksic), sociedad donde participa CCU.

En la acción contra la concesión minera, si bien Aguas de Origen no promovió la demanda principal, la Suprema Corte le dio vista en el incidente de acumulación y la empresa adhirió al planteo formulado por Danone. De este modo, la compañía vinculada al grupo Luksic es parte procesal en el frente ambiental y tuvo intervención formal en el expediente administrativo a favor de sus socios y en contra del Gobierno de Mendoza.

En el intertanto, la compañía francesa logró que parte de sus terrenos fueran designados como reserva y como sitio Ramsar.

La última resolución: causas separadas

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió rechazar un pedido de acumulación formulado por Danone, que pretendía tramitar en conjunto la causa contra la concesión minera y la acción contra la DIA.

El Tribunal entendió que no se verifican los requisitos del artículo 28 de la Ley 3.918 para acumular procesos, al tratarse de actos administrativos distintos, con diferente objeto y en etapas procesales diversas. También sostuvo que no existe riesgo de sentencias contradictorias al tramitar ambos expedientes ante el mismo órgano jurisdiccional.

La consecuencia procesal es que cada causa continuará su curso por separado. La acción que cuestiona la concesión minera podrá avanzar sin quedar condicionada al desenlace del litigio ambiental.

Una tensión que cruza la cordillera

Dentro de los análisis que circulan en Mendoza también aparecen interrogantes sobre la posición estratégica que podría asumir el grupo chileno en este entramado societario. Danone posee derechos mineros sobre 23 propiedades en Las Heras, de las cuales es superficiaria, y si bien la firma francesa ha sido explícita en señalar que adquirió esos activos para evitar operaciones mineras en su superficie, algunos observadores no descartan que, en el marco de la sociedad con CCU, puedan existir lecturas de mayor alcance vinculadas al control territorial y al posicionamiento sobre activos estratégicos en la zona.

Mientras Antofagasta Minerals -controlada por la familia Luksic- desarrolla operaciones cupríferas que posicionan a Chile como líder mundial en producción de cobre, en Mendoza una empresa participada por el mismo holding integra la estructura societaria que sostiene una acción judicial contra el avance de Paramillos, un proyecto de cobre que dentro del escaso nivel de exploración que tiene el territorio mendocino, aparece como una de las propiedades con mayor potencial dados los indicadores que existen de la zona desde la época de los estudios realizados por Fabricaciones Militares. De hecho, hoy el Ejecutivo mendocino apunta a desarrollar un nuevo distro minero, el Distrito Minero Norte, justamente alrededor de PSJ, mismo territorio en el que se encuentra Paramillos.

Recordemos que PSJ Cobre Mendocino es el único proyecto cubicado en Mendoza y está en etapa de factibilidad para iniciar la construcción. Este proyecto podría ser el primero en volver a poner a la Argentina en el mapa mundial de producción de cobre, del cual salió con el cierre de Bajo de La Alumbrera.

En tanto, Paramillos, con buenos antecedentes geológicos, una DIA otorgada hace más de 25 años y un historial de interés internacional, permanece condicionado por un entramado judicial que continúa abierto. La reciente decisión de la Corte no define el fondo del conflicto, pero ordena el escenario procesal y mantiene separadas las discusiones sobre concesión y ambiente.

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