Chile: el falso problema del desfinanciamiento de la Defensa
Esteban McLaren
Las recientes advertencias sobre un supuesto desfinanciamiento de la Defensa Nacional merecen ser examinadas con menos dramatismo y mayor perspectiva. Que el mecanismo creado por la Ley 21.174 no haya funcionado como se esperaba puede constituir un problema administrativo. No demuestra, sin embargo, que Chile haya abandonado a sus Fuerzas Armadas ni que deba comprometer nuevos recursos para conservar indefinidamente todas las capacidades acumuladas durante las últimas décadas.
Los datos contradicen la imagen de una defensa históricamente postergada. Entre 2001 y 2025, Chile destinó aproximadamente US$116.000 millones a gasto militar, medidos en dólares constantes de 2024. En el mismo período, Argentina gastó cerca de US$112.000 millones; Perú, US$66.000 millones, y Bolivia, menos de US$15.000 millones. Es decir, entre los países frente a los cuales se estructuraron tradicionalmente buena parte de nuestras hipótesis estratégicas, Chile fue el que más recursos acumulados destinó a la defensa durante el último cuarto de siglo. En 2025 seguía gastando alrededor del 1,5% del PIB, frente al 0,6% de Argentina, el 0,8% de Perú y el 1,2% de Bolivia. Se trata de cálculos realizados a partir de la serie del SIPRI en dólares constantes.
El gasto, por cierto, no equivale automáticamente a capacidad militar. El propio SIPRI advierte que se trata de una medida de los recursos absorbidos por el sector, no de un indicador directo de su eficacia. Pero tampoco es razonable sostener que un país que gastó más que sus principales referentes estratégicos, que adquirió F-16, submarinos, fragatas, carros Leopard y sistemas avanzados de vigilancia, haya sufrido un abandono presupuestario comparable al de otras fuerzas de la región.
Chile realizó durante años una inversión extraordinaria para construir una ventaja militar cualitativa. Esa política puede haber sido justificable en su momento. El error sería convertirla en una obligación perpetua, como si cada sistema adquirido debiera ser reemplazado por otro equivalente y toda reducción del inventario representara una decadencia nacional.
La Defensa no puede improvisarse, pero tampoco puede quedar exenta de prioridades, restricciones y evaluaciones de costo. Ningún ministerio dispone de un derecho adquirido a conservar todas sus estructuras. Las necesidades militares deben definirse a partir de los riesgos actuales, no de las adquisiciones realizadas hace veinte años ni de escenarios heredados de las crisis fronterizas de la segunda mitad del siglo XX.
Chile no enfrenta hoy una amenaza convencional inmediata que justifique mantener, a cualquier precio, una fuerza diseñada para disputar simultáneamente la superioridad terrestre, naval y aérea frente a sus vecinos. Sus misiones más plausibles son el control del territorio y del espacio marítimo, la protección de infraestructura crítica, la vigilancia de fronteras, la ciberdefensa, la presencia antártica, el apoyo ante catástrofes y la contribución a operaciones internacionales. Todas requieren fuerzas profesionales. No todas exigen preservar cada avión, fragata, submarino o brigada acorazada existente.
La discusión de fondo no es si Chile debe tener Fuerzas Armadas. Debe tenerlas. La pregunta es qué tamaño, composición y nivel de disponibilidad resultan proporcionales a sus riesgos y a sus necesidades sociales. Allí es donde el argumento del desfinanciamiento comienza a perder fuerza.
Chile ha avanzado más que la mayoría de América Latina en esperanza de vida, escolarización, estabilidad institucional e infraestructura. Encabeza la región en desarrollo humano. Pero compararse únicamente con América Latina produce una peligrosa complacencia. Cuando se lo contrasta con los países europeos a los que pretende asemejarse, la distancia continúa siendo enorme.
El ingreso por habitante, ajustado por poder adquisitivo, ronda los US$28.000, poco más de la mitad del promedio de los países con desarrollo humano muy alto. Cuando el índice de desarrollo humano se corrige por desigualdad, Chile pierde un 17,6% de su valor. Hay comunas con indicadores comparables a los del norte de Europa y otras cuyas condiciones se aproximan a las de países considerablemente más pobres. Esa fractura territorial y social no es compatible con la imagen de una nación que ya hubiera completado su transición al desarrollo.
La educación ofrece otro contraste incómodo. El 41% de los adultos jóvenes cuenta con estudios superiores, mientras el promedio de la OCDE alcanza el 48%. La diferencia no parece inmensa hasta que se examina quién accede, quién termina y quién paga. Entre los jóvenes cuyos padres poseen educación superior, el 68% alcanza ese nivel; entre aquellos cuyos padres no completaron la enseñanza media, solo lo consigue el 25%. Apenas el 47,7% del financiamiento de la educación terciaria proviene de fuentes públicas, una de las proporciones más bajas de la OCDE. El gasto estatal por estudiante universitario es de aproximadamente US$4.500, frente a más de US$15.000 en el promedio de la organización. Más grave todavía, el 57% de los adultos presenta competencias de comprensión lectora en los niveles más bajos, frente al 27% en la OCDE.
En salud, la cobertura formal es amplia, pero la protección financiera y la igualdad de acceso siguen lejos del estándar europeo. Los hogares financian directamente alrededor de un tercio del gasto sanitario, una de las proporciones más elevadas de la OCDE. Solo el 44% de los chilenos declara estar satisfecho con la disponibilidad de atención de calidad, frente al 64% del promedio de la organización. La existencia de cobertura no elimina las listas de espera, las diferencias territoriales, el precio de los medicamentos ni la distancia que separa la atención recibida según el ingreso del paciente.
Y esto es apenas una parte. Chile todavía debe reducir la desigualdad, garantizar pensiones suficientes, ampliar el acceso a la vivienda, mejorar la educación inicial, fortalecer la salud pública, aumentar la participación laboral femenina, reducir la contaminación, asegurar el agua, adaptar las ciudades al cambio climático y cerrar las brechas digitales y territoriales. Son, en términos concretos, los compromisos de la Agenda 2030: terminar con la pobreza, garantizar salud y educación de calidad, avanzar hacia la igualdad de género, ofrecer trabajo digno, reducir las desigualdades, construir ciudades sostenibles, proteger los ecosistemas y fortalecer las instituciones. El propio reporte chileno de avance para 2023-2025 reconoce progresos, pero también numerosos ámbitos pendientes.
Frente a esas carencias, no debería escandalizar que la inversión militar disminuya. Lo sorprendente sería asumir que el bienestar de los ciudadanos debe adaptarse al inventario de las Fuerzas Armadas, y no al revés.
Una revisión seria de la defensa debería identificar capacidades indispensables, capacidades deseables y capacidades prescindibles. Esto implica aceptar decisiones que durante años fueron evitadas: reducir unidades, consolidar bases, revisar dotaciones, extender racionalmente la vida de ciertos sistemas y vender aquellos activos cuyo costo de operación no se corresponda con su utilidad estratégica.
La eventual venta de una parte de la flota de F-16, de aeronaves de alerta temprana o de otros sistemas de alto costo no debería considerarse una humillación. Puede ser una decisión responsable si preserva un núcleo disuasivo suficiente y libera recursos permanentes en mantenimiento, entrenamiento, personal e infraestructura. Vender activos produce ingresos por una sola vez; reducir una estructura sobredimensionada genera, además, ahorros recurrentes. Ambos deberían destinarse con reglas transparentes a inversiones sociales verificables, no a cubrir gasto corriente indiscriminado.
Chile necesita hospitales capaces de atender oportunamente, universidades accesibles sin que la deuda determine el futuro de una familia, escuelas que reduzcan las diferencias de origen, viviendas dignas, ciudades menos segregadas y una red de protección que no abandone a las personas cuando envejecen, enferman o pierden su empleo. Necesita también fuerzas militares modernas, pero no necesariamente las más grandes ni las más costosas que pueda financiar.
El verdadero riesgo estratégico de Chile no consiste hoy en disponer de algunas fragatas menos o de una flota de combate más pequeña. Consiste en consolidar una sociedad partida, donde la seguridad, la educación, la salud y la vejez dependen demasiado del ingreso y del lugar de nacimiento.
Durante veinticinco años el país financió una defensa superior a la de sus vecinos relevantes. Esa inversión produjo resultados y otorgó un margen de seguridad que no debe desconocerse. Precisamente por ello, Chile puede permitirse revisar su estructura militar sin alarmismo. No se trata de desarmar al país, sino de reconocer que la seguridad nacional también se construye con cohesión social, capital humano, salud, infraestructura, instituciones confiables y un desarrollo que alcance a todos.
Antes de crear otro mecanismo automático para garantizar recursos a la Defensa, corresponde preguntarse cuánto necesita realmente Chile y qué otras obligaciones continúan desfinanciadas. Las Fuerzas Armadas están para servir al país. El país no existe para financiar indefinidamente a las Fuerzas Armadas.
