A un año de implementado el estado de emergencia en el sur de Chile, el Gobierno asegura que la violencia en la zona bajó
El conflicto mapuche es uno de los temas más complejos en la agenda del presidente Boric que, inicialmente, rechazaba esta medida de fuerza
Infobae
La Macrozona Sur de Chile cumple un año bajo control militar en el marco de la declaración de estado de emergencia por el conflicto mapuche que azota la zona a diario con ataques incendiarios a maquinaria y predios, así como cortes de ruta y tiroteos.
Este martes, la región de la Araucanía y dos provincias del Biobío cumplen 12 meses bajo este régimen, que ya fue renovado en 23 ocasiones y que avala el despliegue de las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar el orden público.
Esta medida, la cual -inicialmente- el presidente Gabriel Boric rechazaba y que estuvo vigente durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, permitió una “considerable disminución” de la violencia en la zona, aseguran desde el Ejecutivo.
“Hasta el 2021 no hubo ningún año en que no aumentaran los hechos de violencia rural en la Macrozona Sur. El 2021, por cifras, fue el que más hechos de violencia registró. En 2022 logramos bajarlos y, en 2023, seguimos con tendencia a la baja”, comentó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, antes de precisar que la reducción de los actos vandálicos fue del 30%.
No obstante, ello no significa que el conflicto esté resuelto. Muy por el contrario, el funcionario remarcó que “siguen ocurriendo hechos graves” y, por tanto, “no se puede bajar los brazos”.
Uno de los casos más recientes de esta disputa territorial entre el Estado, las comunidades radicales indígenas y las empresas forestales que explotan las tierras tuvo lugar esta misma madrugada. Según informó el coronel de la policía Oscar Sandoval, una vivienda fue incendiada y, en las cercanías, se encontró una proclama alusiva a la causa mapuche.
También, la última semana, desconocidos quemaron otra residencia y un hogar y, luego, dispararon contra la casa de un redactor ultraderechista de la nueva constitución y contra la camioneta de su padre.
En agosto pasado, sin embargo, la policía dio un fuerte golpe contra una de las principales organizaciones radicales que operan en la zona -la Coordinadora Arauco Malleco- al detener a su líder Héctor Llaitul. El sujeto está acusado de hurto, atentado contra la autoridad y múltiples delitos de robo.
De todas formas, a pesar de estos avances, el tema sigue siendo una de las cuestiones más complejas en la agenda de Boric, que convocó a los parlamentarios de la zona para analizar el estado de emergencia y debatir cómo continuar con su gestión, dado que esta semana vence la última prórroga.
“Los diputados de la Araucanía fuimos citados por el Presidente Gabriel Boric a Cerro Castillo. Solicitaré personalmente estado de sitio para nuestra región. El terrorismo ya no resiste medias tintas”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Mauricio Ojeda, del ultraderechista Partido Republicano.
Esta propuesta, que restringe la libertad de locomoción y el derecho a reunión, es vista como “excesiva” por el oficialismo pero ya cuenta con el apoyo de varios parlamentarios de derecha que, inclusive, han amenazado con no renovar las extensiones del régimen vigente.
A la par de estas medidas, Boric anunció en noviembre la creación de una comisión que determine cuántos son los territorios ancestrales demandados por los mapuches de La Araucanía y cuántos de ellos podrían ser restituidos. De todas formas, este proceso se extenderá más allá del 2026 y nunca contemplará la devolución de todas las tierras.
(Con información de AP y EFE)
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